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Al día siguiente de la operación del 7 de octubre, bautizada “Diluvio de Al-Aqsa” por el movimiento Hamas, la respuesta israelí se desarrolló hasta abarcar una represalia colectiva contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, hasta convertirse en una guerra de desplazamiento y exterminio. La Autoridad Nacional, con sede en Ramala, adoptó entonces la exigencia de una protección internacional y enarboló un lema de una sola palabra, “Baqun”—Nos quedamos—, para enfrentar lo que describe como barbarie israelí, respaldada por algunos Estados occidentales, y para resistir la limpieza étnica orientada al desierto del Sinaí. Si Egipto y Jordania no hubieran adoptado una postura firme en apoyo de la Autoridad Nacional y de su presidente, Mahmoud Abbas, detrás de este lema, que hoy sigue vigente en todos los foros políticos e internacionales y estructura la actividad cotidiana palestina, los acontecimientos habrían tomado un rumbo muy distinto. Esto es precisamente lo que se evidenció en las elecciones locales y municipales celebradas recientemente en Cisjordania y en una única ciudad del territorio de Gaza: Deir al-Balah. Deir al-Balah, la superviviente Hacia ella se dirigieron las oleadas humanas procedentes de la ciudad de Gaza, en el norte, y de Rafah y Jan Yunis, en el sur, tras campañas de destrucción sistemática. La ciudad se transformó en una masa humana compacta de sobrevivientes hacinados, y pese a los bombardeos y la devastación que la golpearon, la densidad de su población prevaleció sobre la guerra de exterminio. La ciudad debe su nombre al monasterio fundado por San Hilarión, fallecido en el año 372 d.C., primer monasterio cristiano del territorio de Gaza, rodeado por un bosque de palmeras. Tras su nombre cananeo, “al-Daroum” o “al-Daron”, pasó a llamarse Deir al-Balah, y ha atravesado los siglos sin desaparecer del mapa de la humanidad desde el siglo XIV antes de nuestra era, como lo atestiguan sus vestigios culturales, su fortaleza y las tumbas de quienes la fundaron, habitaron y edificaron. La insistencia de la Autoridad Nacional en preservar la unidad geográfica de Palestina llevó a que la organización de elecciones en esta ciudad fuera la única opción que pudo arrancarse al presidente del “Consejo de la Paz”, Donald Trump, con el objetivo de demostrar que el proceso de solución de dos Estados seguía vivo. Esta victoria parcial que el lema “Baqun” ha logrado sobre el terreno constituye hoy la base sobre la cual se apoyan los procesos electorales emprendidos para regenerar la legitimidad palestina este año. Un problema constitucional El debate interno se intensificó sin apagarse en torno al decreto presidencial que modifica la “ley 23” de 2025 sobre elecciones, cuyo núcleo es la siguiente disposición: los candidatos de una lista deben reconocer su aceptación de participar en elecciones locales dentro de dicha lista y su compromiso con la Organización para la Liberación de Palestina como representante legítimo y único del pueblo palestino, con su programa político nacional y con las decisiones pertinentes de la legalidad internacional. Sobre esta base, las facciones del islam político y de la izquierda nacionalista, Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que en su momento dirigió el doctor George Habash, se unieron para rechazar su participación en las elecciones. Mientras que parte de la élite palestina continuó cuestionando su legitimidad y minimizando su alcance. Este debate, sin embargo, no es nuevo. La enmienda no es más que la corrección de un error estratégico anterior de la Autoridad Nacional, que había permitido, en elecciones generales desde los años noventa, la participación de fuerzas extremistas que declararon la guerra a los Acuerdos de Oslo y trabajaron para derrocar a la propia Autoridad, a la que no han dejado de acusar de traición. Ese objetivo persiste hasta hoy, en nombre de su rechazo absoluto al programa nacional proclamado en 1988 y al documento de declaración de independencia palestina. Dado que la situación política palestina aún no ha alcanzado la madurez necesaria para proclamar una Constitución, que sería la referencia primaria de legitimidad de toda autoridad electa, el documento de independencia y el reconocimiento mayoritario de la OLP como representante legítimo y único siguen siendo la base jurídica y constitucional, en espera de una futura Constitución del Estado de Palestina. Los resultados Ante la ausencia de listas partidarias y de facciones en las elecciones municipales, aumentó el peso de las familias y clanes, que representan las estructuras activas de la sociedad palestina. Su capacidad de acción se fortaleció en paralelo al debilitamiento de la Autoridad y de sus aparatos de seguridad durante este periodo. Esto no ocultó, sin embargo, la afiliación de las listas electorales a uno u otro de los dos polos, Fatah o Hamas, en un contexto de retroceso de las fuerzas independientes fuera de esta división. Si bien los resultados en Deir al-Balah y en Cisjordania favorecieron a Fatah, la medida clave no es tanto quién ganó como el nivel de participación, que alcanzó el 56 % en Cisjordania frente al 53,7 % en 2017. Esto indica que el llamado al boicot no logró reducir la participación, pese a la extrema debilidad que sufre la Autoridad Nacional bajo la ocupación israelí y sus medidas represivas y humillantes. Otra lectura sugiere que Fatah, afectado por un deterioro en su desempeño organizativo y en el de sus cuadros dentro de las instituciones y ministerios, no fue el factor determinante, sino más bien la corriente popular fataísta, previa a la estructura formal del movimiento y que constituye su base real. Esta corriente sigue estando fuertemente presente en todas las configuraciones del escenario palestino, más allá de las dificultades organizativas y las fallas de sus aparatos. La cuestión central no es la victoria de Fatah, sino la capacidad de la Autoridad Nacional, bajo una presión extrema, de materializar su lema “Baqun”, que quita el sueño al gobierno más radical que haya conocido Israel y demuestra el fracaso del proyecto de limpieza étnica y desplazamiento que ha sido explícitamente planteado. En cuanto a las elecciones en Deir al-Balah, que representan el vínculo entre Cisjordania y Gaza y un modelo vivo de los sobrevivientes del genocidio, los “Baqun” de la Franja de Gaza, la contienda se disputó por quince escaños en el consejo municipal, con la participación de cuatro listas. La lista “Nahdat Deir al-Balah”, cercana a Fatah, obtuvo seis escaños; “Mustaqbal Deir al-Balah” logró cinco; la lista independiente “Paz y Construcción” consiguió dos, al igual que “Deir al-Balah Tajma’una”, cercana a Hamas, que también obtuvo dos. La importancia de reactivar el proceso electoral, con todas sus limitaciones, radica en que sigue siendo la única vía para revitalizar el sistema político palestino y permitir al ciudadano ejercer su derecho al voto como parte de su derecho a la autodeterminación. Esto es aún más relevante considerando que, antes de que termine el año, deberían celebrarse elecciones del Consejo Nacional, del Consejo Legislativo y también presidenciales. Si la Autoridad Nacional logra completar la fase más peligrosa y compleja del proceso electoral, la nave de Palestina podrá finalmente encontrar puerto en Gaza.

La semana pasada estuvo marcada por las dilaciones en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, donde no se registró ningún avance importante pese a dos propuestas iraníes transmitidas a Washington por el mediador pakistaní. Hasta ahora, muchos analistas sostenían que era Irán quien jugaba con el tiempo, debido al cierre de facto del estrecho de Ormuz, frente a un Donald Trump presionado por terminar la guerra antes de tener que rendir cuentas ante el Congreso tras 60 días de conflicto, tal como establece la Constitución estadounidense. Pero desde entonces, la situación dio un giro: ahora es el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes el que ejerce presión sobre Teherán. Las consecuencias son visibles en la fuerte devaluación de la moneda nacional y en un colapso económico que las autoridades iraníes apenas logran ocultar, pese a su retórica triunfalista. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense logró sortear esta semana el obstáculo del Congreso al considerar que, debido al alto el fuego vigente desde el 7 de abril, los días de guerra no deben contarse como 60 sino como 38. ¿Será entonces que el tiempo juega ahora más en contra de los iraníes que de los estadounidenses? Mientras la semana comenzó con un rechazo estadounidense a una primera propuesta iraní, los negociadores de Teherán enviaron el viernes una segunda propuesta a Estados Unidos a través del mediador pakistaní. Las condiciones planteadas siguen siendo casi idénticas a las primeras: un plazo de un mes para resolver los principales asuntos pendientes, un cese definitivo de las hostilidades en todos los frentes, especialmente en el Líbano, una postergación de las conversaciones sobre el programa nuclear, la reapertura del estrecho de Ormuz, compensaciones por los daños de guerra y el desbloqueo de fondos iraníes congelados. “Irán todavía no ha pagado un precio suficientemente alto” Donald Trump respondió con escepticismo a esta propuesta, aunque la respuesta oficial estadounidense todavía no ha sido anunciada. Ante periodistas en la Casa Blanca, afirmó no estar “satisfecho”. Luego, en su red Truth Social, escribió: “Irán todavía no ha pagado un precio suficientemente alto”. Y aunque los últimos días estuvieron marcados por una espera cautelosa en el frente de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, los tambores de guerra no desaparecieron por completo. Hacia finales de la semana, el propio ejército iraní consideró “probable” una reanudación de los combates con los estadounidenses, acusándolos nuevamente de no respetar ningún acuerdo. Por su parte, el sitio estadounidense Axios difundió información según la cual el Comando Central estadounidense para Medio Oriente preparó un plan de ataques breves y de gran intensidad contra Irán, en caso de que fuera necesario para destrabar las negociaciones. Los israelíes, descontentos desde el inicio de esta tregua en los combates, tampoco se quedan atrás: el jueves, el ministro de Defensa Israel Katz afirmó que su país podría volver a actuar contra Irán. Costo exorbitante en todos los niveles Esta semana también marcó la reaparición de otro actor clave en Medio Oriente que hasta ahora había permanecido discreto: el presidente ruso Vladimir Putin, quien recibió el fin de semana pasado al ministro iraní de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi y mantuvo esta semana una conversación telefónica con Donald Trump. El Kremlin anunció que Putin expuso a Trump las graves consecuencias que tendría una nueva campaña militar contra Irán. En cualquier caso, esta guerra iniciada el 28 de febrero tiene un costo en todos los niveles. A escala mundial, el aumento del precio de los combustibles obliga a gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para limitar los daños y afecta a todos los sectores. Un ejemplo evidente esta semana fue el de una aerolínea estadounidense que dejó toda su flota en tierra. Para Estados Unidos, este conflicto ya ha costado 25 mil millones de dólares, según estimaciones del Pentágono. También representa un costo para Irán, que comienza a mostrar señales de agotamiento. Y, de manera indirecta, para China, que importaba gran parte de su petróleo iraní a precios preferenciales. Otra consecuencia de la guerra en Irán es la aceleración de las detenciones de opositores y las ejecuciones. Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció 21 ejecuciones y cerca de 4 mil arrestos en Irán desde el inicio del conflicto anterior. Los informes sobre el temor de los Guardianes de la Revolución ante un posible nuevo levantamiento popular debido a las dificultades económicas se multiplican en los medios. También dentro de Irán, destacó esta semana un informe publicado por Reuters que muestra el control cada vez mayor de los Guardianes de la Revolución sobre el país, mientras el líder supremo aparece debilitado. La escena libanesa, víctima del choque de agendas Paralelamente a la espera en el expediente iraní, la escena libanesa permanece al rojo vivo en varios niveles. Sigue marcada por las tensiones entre el sector que continúa ligado a la influencia iraní y las autoridades oficiales libanesas que intentan liberar al país de esa tutela, bajo el riesgo de enfrentar presiones estadounidenses cada vez más insistentes. Estas tensiones quedaron reflejadas esta semana en el fracaso de una reunión prevista en el Palacio Presidencial de Baabda entre el presidente Joseph Aoun, el presidente del Parlamento Nabih Berry, también líder de Amal, aliado chiita de Hezbolá, y el primer ministro Nawaf Salam, con el objetivo de discutir las modalidades de las negociaciones directas entre Líbano e Israel, iniciadas durante la primera semana de marzo. La vacilación vino de Berry, quien anteriormente había expresado su preferencia por negociaciones indirectas, considerando en una entrevista con el diario Asharq Al Awsat que “no está justificado negociar bajo el fuego israelí”. Aoun, por su parte, enfrenta una intensa presión estadounidense para concretar una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Sin embargo, continúa rechazando la idea mientras no exista un alto el fuego total, y según fuentes de Baabda citadas por MTV, prefiere que la “foto” buscada por Washington venga a coronar un eventual acuerdo y no a precederlo. Frente a las presiones internas, el presidente declaró claramente esta semana que rechazaría “un acuerdo humillante para Líbano”. Del lado estadounidense, la impaciencia comienza a hacerse sentir. Donald Trump mencionó en una de sus declaraciones intempestivas que una reunión entre Aoun y Netanyahu tendría lugar “en dos semanas”. Pero la presión más insistente provino de un comunicado emitido el jueves por la embajada de Estados Unidos en Beirut, en el que se subraya “la posibilidad para Líbano de obtener garantías concretas de plena soberanía, recuperación total de su territorio, seguridad fronteriza, apoyo humanitario y ayuda para la reconstrucción” por parte de Washington si acepta dicha reunión. El texto habla de una “oportunidad histórica”. No hay duda de que Joseph Aoun se encuentra en el centro de todas las tensiones, al igual que el primer ministro Nawaf Salam. Ambos son blanco frecuente de campañas de difamación cada vez más organizadas y violentas por parte del “público de la Resistencia”. Esta semana, un informe de los servicios de inteligencia israelíes, difundido por medios israelíes, habló de “potenciales” amenazas contra la vida del presidente libanés debido a su compromiso con negociaciones directas con Israel. Una amenaza “que Baabda toma en serio”, según fuentes citadas por medios libaneses, pero que “no hará retroceder al presidente en su iniciativa para salvar al Líbano”. “Angry Birds” y violencia en el sur Joseph Aoun se aferra así a sus principios para atravesar la tormenta, que también se intensifica desde el interior. El bloque parlamentario de Hezbolá publicó esta semana un comunicado particularmente virulento en el que denuncia “la decadencia” de las autoridades libanesas por apoyar negociaciones con Tel Aviv, acusándolas de “someterse a los dictados” estadounidenses. Las tensiones también se trasladaron al terreno virtual: un video animado satírico publicado por la cadena LBCI, que mostraba a dirigentes de Hezbolá, especialmente a su secretario general Naïm Qassem, como personajes de “Angry Birds”, provocó una fuerte indignación entre el “público de Hezbolá” y desató una ola de insultos. Ese mismo sector se lanzó contra el patriarca maronita Bechara Raï, víctima de una campaña de desprestigio que cruzó todas las líneas rojas posibles y que fue condenada por los tres principales polos del poder. La tensión dentro de la base de Hezbolá se explica, en particular, por la situación en el sur del país: la semana fue extremadamente violenta, con un aumento de ataques aéreos, bombardeos, demolición de pueblos enteros y víctimas mortales. Aunque Israel también parece atrapado en un callejón sin salida, los daños de su lado son mínimos en comparación con los sufridos por Hezbolá y la población libanesa. El domingo, el ejército israelí volvió a emitir un llamado para evacuar once nuevos pueblos. También destacó esta semana una solicitud de Netanyahu a Trump, durante una conversación telefónica, para ampliar las operaciones en el Líbano. Solicitud que fue rechazada por el presidente estadounidense, quien no quiere poner en peligro las negociaciones en ambos frentes. Trump “aconsejó” al primer ministro israelí dejar de destruir edificios en el Líbano porque eso “perjudica la imagen de Israel”.

“La memoria está en peligro. Sus libros y los nuestros corren un riesgo inminente”. Así reaccionó Rasha el-Ameer, escritora y editora libanesa, ante la imagen de la biblioteca de Azza Baydoun, investigadora dedicada a las causas de las mujeres en Bint Jbeil, en el sur del Líbano. No hay certeza sobre el estado de la casa. Tampoco sobre el destino de la biblioteca. Lo único que circula, de una mirada a otra, es la inquietud y, con ella, preguntas sin respuesta: ¿quién sabe realmente? ¿Qué queda? ¿Qué desapareció? Es precisamente en esa inquietud donde la pérdida toma forma, en ese intervalo marcado por la falta de certeza. La espera queda suspendida entre imágenes satelitales imprecisas y una memoria que ya anticipa la catástrofe. La desaparición no necesita ser confirmada para imponerse como experiencia interior; la pérdida se siente incluso antes de comprobarse. La pérdida se multiplica en hipótesis y escenarios posibles, uno más insoportable que el otro. ¿Qué significa la desaparición de una biblioteca y, más aún, de una biblioteca personal, construida pacientemente, habitada durante años, moldeada con el paso del tiempo hasta convertirse en una forma de herencia íntima? Quien posee una biblioteca, y somos muchos, quizá innumerables, en este país, sabe que no se trata simplemente de un conjunto de libros. Es un tiempo estratificado. Las capas de nuestras lecturas, las dispersiones de nuestra atención, nuestros abandonos y nuestros regresos. Los libros nos sostienen tanto como nosotros los sostenemos. Conservan las huellas de nuestro paso: un trazo de lápiz, una nota al margen, una señal discreta dejada en una página prometida a una relectura y muchas veces abandonada a medio camino. Componen una arquitectura viva de la memoria, que a veces olvidamos hasta que vuelve a llamarnos. La biblioteca es el lugar donde se construye una relación lenta con el conocimiento, una temporalidad que va en contracorriente de la urgencia. En ese sentido, es profundamente íntima, valiosa e irremplazable. Su pérdida golpea aquello más concreto de la experiencia interior: la única materialidad capaz de acompañar los meandros de nuestra vida psíquica. En Cristallisation secrète de Yoko Ogawa (2009, Actes Sud), las cosas desaparecen gradualmente, borrándose del mundo antes de borrarse de las mentes. Una autoridad regula el proceso, impone el ritmo y vigila su ejecución. Los habitantes olvidan, se adaptan, hasta que la ausencia deja de percibirse como una anomalía. Aquí, la desaparición responde a otros mecanismos. Ninguna autoridad única la decreta, ningún tiempo permite asimilarla. Las cosas desaparecen a medida que el mundo que las sostenía se deshace. Los libros desaparecen junto con las casas, con las habitaciones, con los gestos que les daban vida. Todo ocurre en una simultaneidad brutal, a una velocidad que supera el pensamiento e impide cualquier distancia. A lo largo de la historia, la destrucción de libros nunca ha sido resultado del azar. Atacar una biblioteca es atacar aquello que concentra: conocimiento, memoria, continuidad. Dos términos permiten comprenderlo: biblioclasm , la destrucción de libros; libricidio , la destrucción deliberada de libros y bibliotecas. Se trata de una ejecución de los libros, una violencia dirigida contra la memoria misma, destinada a borrar sus huellas e interrumpir su transmisión. Atacar los libros no consiste solamente en retirarlos de circulación. También implica reducir el campo de lo pensable, estrechar el horizonte de lo que todavía puede imaginarse. Así, siglo tras siglo, los libros han sido objetivos de destrucción. Desde las bibliotecas antiguas desaparecidas hasta las hogueras europeas, desde los archivos destruidos en los conflictos contemporáneos hasta los fondos documentales aniquilados, se repite una misma lógica: controlar el conocimiento es moldear el relato, decidir qué será dicho, qué será borrado y qué quedará para siempre fuera de alcance. Cada biblioteca destruida reduce nuestra capacidad de comprender, releer y desplazar el sentido. Y, sin embargo, la historia no es solamente la de la destrucción. También es la de una obstinación. En momentos de peligro, hubo quienes intentaron salvar los libros ocultándolos, enterrándolos o trasladándolos a otros lugares. En la antigua China, frente a las hogueras, algunos eruditos eligieron esconderlos. En otros lugares, ciertos textos fueron preservados en cuevas, sellados entre muros, para reaparecer siglos después. A veces solo sobrevivían como palimpsestos: un texto escrito sobre otro, en capas superpuestas, como si la memoria, amenazada de borrarse, buscara otra forma de persistencia, un desvío para sobrevivir. Estos relatos no anulan la desaparición. Dan testimonio de aquello que se le enfrentaba: un gesto, un intento, una resistencia. En otros contextos, la pérdida se concentró en un solo instante. El incendio de la biblioteca de Sarajevo no destruyó únicamente un edificio; arrasó con la memoria de toda una ciudad. Un acontecimiento localizable, fechado, al que todavía es posible volver. La guerra civil libanesa produjo otra configuración. No existe un momento único que concentre el proceso. Las bibliotecas se deshicieron progresivamente: por el saqueo, la dispersión y el desplazamiento. Con el colapso de las instituciones, los bienes culturales se fragmentaron: libros vendidos, robados, abandonados en casas desiertas. La memoria se disolvió en elementos dispersos, sin un marco que los conectara, sin una trayectoria identificable. Hoy, este proceso vuelve a repetirse con una intensidad mayor. Bibliotecas personales desaparecen en un silencio casi absoluto. Llorar una biblioteca parece indecente en un mundo donde mueren niños y pueblos enteros se derrumban. Los libros desaparecen sin archivo, sin huella, a veces incluso sin la certeza de su desaparición, simplemente porque los lugares que los albergaban ya no existen o dejaron de ser accesibles. Las bibliotecas privadas se asemejan a reservas de memoria, semillas de lo que fuimos y quizá de lo que podríamos llegar a ser. Cada una contiene un orden singular, una sensibilidad, una trayectoria. La disposición de los libros nunca es neutra; da forma a una relación íntima con el conocimiento. Cuando desaparecen, no son solamente volúmenes los que se pierden, sino también ese orden, esa relación, esa historia silenciosa. En The Infinity in a Reed , Irene Vallejo cuenta la historia de los libros como una larga cadena de rescates. Los textos atravesaron el tiempo porque alguien, cada vez, decidió cargarlos, copiarlos, rescatarlos del fuego, del olvido y de la negligencia. Lo que hoy vacila es esa misma cadena. La fragilidad de los libros no es nueva. Lo que se resquebraja es el gesto que los resguardaba. Cuando una biblioteca desaparece, es todo un movimiento de transmisión el que se rompe. La posibilidad de abrir un libro en otro lugar, más tarde, de otra manera, se desvanece con ella. La pérdida alcanza aquello que todavía podría haber continuado. Entramos entonces en ese espacio excavado por la ausencia: un vacío del relato, un vacío de la memoria, un vacío del sentido que nunca llegó a existir. Y en ese vacío, la voz de Rasha el-Ameer regresa, ya no como comentario, sino como elegía: “La memoria está en peligro”. Hacemos duelo porque sabemos, con una precisión inquietante, aquello que pudo haber desaparecido.

La actualidad principal de este sábado no se refiere al conflicto entre Teherán y Washington, sino a una de sus consecuencias, es decir, la crisis emergente entre Europa y los Estados Unidos, que planean disminuir sensiblemente su presencia militar en Alemania. Washington prevé de hecho retirar alrededor del 15 % de los 36.000 soldados destinados en Alemania, es decir, casi 5.000 militares, una retirada que el Pentágono estima poder concluir en «los próximos seis a doce meses», según su portavoz, Sean Parnell. Este plan, anunciado así por el Pentágono, sería la primera consecuencia del pulso entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los países de la OTAN, a los que este último ha reprochado en varias ocasiones su pasividad en la guerra que le enfrenta desde el 28 de febrero a Irán. Donald Trump había expresado en la semana su irritación hacia el canciller alemán, tras un acalorado intercambio entre ellos sobre la guerra en Irán. El viernes, también había criticado a Italia y a España, por la misma razón. ¿Sería la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania el primer paso hacia una desvinculación estadounidense total de la Alianza Atlántica? Aún es prematuro responder a esta pregunta. Porque, si bien Berlín tomó nota el sábado de la decisión estadounidense y pidió a Europa que refuerce su seguridad, la OTAN, por su parte, tiene previsto dialogar con Washington para «entenderla mejor». Según el Wall Street Journal, esta decisión sorprendió a varios países europeos, e incluso a responsables militares estadounidenses que no pensaban que el presidente estadounidense fuera a cumplir sus amenazas. Sin embargo, Alemania parecía esperarlo, tal y como anunció el ministro alemán de Defensa. «Se esperaba que tropas de Estados Unidos se retiraran de Europa y también de Alemania», comentó Boris Pistorius. «Nosotros, los europeos, debemos asumir más responsabilidades por nuestra seguridad», añadió. La OTAN «trabaja» por su parte con Estados Unidos para «entender mejor» la decisión de Washington, declaró el sábado una portavoz de la alianza. Donald Trump llegó a este anuncio después de que el canciller Friedrich Merz estimara el lunes que «los estadounidenses (no tenían) visiblemente ninguna estrategia» en Irán y que Teherán «humillaba» a la primera potencia mundial. «Cree que está bien que Irán se dote de un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla!», había replicado Donald Trump el martes. Sin responder directamente, Friedrich Merz había abogado el jueves por «una asociación transatlántica fiable». El viernes, Donald Trump también había dicho que contemplaba una reducción de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España, estimando que Roma «no ha sido de ninguna ayuda» a Washington y que Madrid «ha sido odioso». También arremetió indirectamente contra Alemania y sus importantes exportaciones de automóviles al anunciar que quería aumentar al 25 % «la próxima semana» los aranceles sobre los vehículos importados a Estados Unidos desde la Unión Europea. Una desvinculación estadounidense de la OTAN tendría, sin embargo, consecuencias desastrosas para Europa, tanto en el plano de la defensa como en el financiero. Estados Unidos es el principal contribuyente financiero de la Alianza. Su retirada de la misma obligaría a los países miembros a revisar su estrategia de defensa, en particular en el ámbito nuclear, y a liberar sumas colosales para compensar un eventual cierre del maná financiero y del material de defensa estadounidenses. Este acontecimiento se ha producido mientras los esfuerzos para reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington, en Islamabad, siguen estancados, después de que Donald Trump afirmara el viernes no estar satisfecho con las nuevas propuestas iraníes. ¿Reanudación de la guerra? Este inmovilismo hace temer sobre todo una reanudación del conflicto militar, considerada muy probable por Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando de las fuerzas armadas Jatam Al-Anbiya, citado por la agencia de noticias Fars. Según él, las fuerzas armadas iraníes están perfectamente preparadas para cualquier nuevo ataque estadounidense, mientras que el presidente estadounidense parece priorizar más bien las presiones económicas, a través del bloqueo impuesto a los puertos estadounidenses. Estas siguen siendo menos costosas que la opción militar para Estados Unidos, pero ruinosas para Irán, que sufre una alta tasa de inflación y cuyo comercio petrolero está literalmente bloqueado. Teherán, cuyos depósitos de petróleo ya están saturados, ha empezado además a reducir su producción petrolera. Paralelamente, su líder supremo, Mojtaba Jamenei, instó, en un mensaje escrito, a las empresas del país a evitar en la medida de lo posible los despidos. Ante este callejón sin salida, algunos analistas no descartan que los iraníes intenten romper el asedio estadounidense a través de una operación militar que perturbaría los planes de Washington, en un momento en que Donald Trump acababa de tranquilizar al Congreso asegurando que la guerra ha terminado y que se dispone a imponer un «largo» bloqueo a los puertos iraníes. «La pelota está actualmente en el tejado de Estados Unidos. Les hemos presentado un plan para poner fin de forma permanente a la guerra», anunció el sábado el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi. «Deben elegir entre la vía de la diplomacia o la continuación de un enfoque conflictivo. Irán, con el fin de garantizar sus intereses nacionales y su seguridad, está preparado para ambas opciones», añadió ante los embajadores y jefes de misiones diplomáticas en la capital iraní. Guerra de palabras e imágenes en el Líbano En el frente libanés, la abyecta campaña llevada a cabo por el ejército electrónico de Hezbolá contra el líder de la Iglesia maronita, el patriarca Béchara Raï, ha eclipsado un poco la violencia de los intercambios de disparos entre Israel y esta milicia en el sur del Líbano, donde, según el Ministerio de Salud, al menos 41 personas han muerto en menos de 24 horas. Ali Barakat, apodado el «cantante de Hezbolá», publicó en su cuenta de X imágenes humillantes del patriarca, supuestamente para reaccionar a un vídeo caricaturesco del líder de la milicia, Naïm Qassem, publicado por la cadena LBCI. Las imágenes, que supuestamente ilustraban el sometimiento del patriarca a Israel, fueron rápidamente difundidas por los partidarios de Hezbolá en las redes sociales, desatando reacciones encendidas en el Líbano. La campaña fue fuertemente denunciada por numerosos responsables oficiales, en particular los presidentes de la República, Joseph Aoun, y de la Cámara, Nabih Berry, así como por el muftí de la República, el jeque Abdel Latif Deriane. Al mismo tiempo, un retrato caricaturesco del presidente Aoun, que lo representa como un rabino israelí, seguía siendo ampliamente difundido en las redes sociales. Un comportamiento que refleja en última instancia la bancarrota total de un grupo que, para ocultar su incapacidad de ofrecer el más mínimo argumento sensato a la aventura suicida en la que ha arrastrado al país y a su rechazo a los esfuerzos liderados por las autoridades para poner fin a la espiral de violencia de la que es responsable, se refugia en campañas difamatorias, amenazas y acusaciones de traición.

La ley constitucional promulgada el 21 de septiembre de 1990 enriqueció el preámbulo de la Constitución libanesa con disposiciones fundamentales que establecen que el Líbano es una patria libre e independiente, la patria definitiva de todos sus hijos, unida dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente en su territorio, su pueblo y sus instituciones, y que su identidad y pertenencia son árabes. El inciso (c), por su parte, dispone que el Líbano es una República democrática parlamentaria. A partir de este punto preciso conviene analizar la efectividad del régimen parlamentario instaurado tras el Acuerdo de Taif, un régimen que, sin embargo, ha demostrado su incapacidad para construir el Estado y sus instituciones, y respecto del cual cabe preguntarse si representa fielmente al pueblo que lo ha elegido en repetidas ocasiones. Este ámbito adquiere una importancia creciente y se impone hoy como una tarea vital, intensiva y de largo aliento, en medio de una sucesión de acontecimientos trágicos marcados por guerras y crisis políticas reiteradas. El concepto de parlamentarismo nunca ha sido considerado incompatible con la diplomacia, que por naturaleza es una función soberana destinada a gestionar crisis políticas, económicas y sociales, sin que por ello la situación libanesa haya mejorado. El papel de los parlamentarios está hoy en entredicho frente a la crisis existencial que atraviesa el Líbano bajo los efectos de lo que constituye la cuarta o quinta guerra israelí consecutiva desde 1969, una guerra que pone en cuestión la credibilidad del poder legislativo como factor de estabilidad interna y externa, debido al incumplimiento de principios constitucionales universalmente reconocidos. La clase política libanesa se ha parapetado durante décadas tras la fachada de un clima democrático que le sirve de refugio para reproducir el reparto confesional del poder, el clientelismo y el confesionalismo, en contravía de otras sociedades políticas árabes u occidentales comprometidas con principios democráticos arraigados en leyes estables, basadas en la primacía del derecho y del Estado, así como en la exigencia de igualdad ciudadana, universalidad y justicia. El examen de las prácticas y comportamientos del proceso parlamentario desde la década de 1990 no revela ningún respeto por las normas comúnmente aceptadas en materia de producción legislativa, ya de por sí muy limitada de un año a otro, en un contexto marcado por la evidente ausencia de decretos de aplicación, y en el que la mayoría de los textos adoptados no satisface ni las exigencias de los derechos humanos ni las del Estado de derecho. La democracia gubernamental solo puede concebirse, en efecto, si el poder correspondiente se ajusta a la legitimidad constitucional, tanto interna como internacional, que lo regula. El respeto de la legalidad interna está definido por una Constitución que constituye el contrato social libremente aceptado por el pueblo en el conjunto de sus principios, reglas y mecanismos; un contrato que, cuando se cumple, otorga al Estado una credibilidad democrática sólida y lo dota de estabilidad y prosperidad. Nada de esto ha ocurrido en un Líbano permanentemente en suspenso, debido a los vicios inherentes a la tiranía de la mayoría, a la lentitud de la producción legislativa y a la ausencia de control del Parlamento sobre el poder ejecutivo, que generalmente opera en un esquema de consenso y fusión con aquel, de modo que las soluciones surgen únicamente en forma de compromisos partidistas o arreglos de carácter miliciano y totalitario. Más grave aún, los ciudadanos desconocen la mayor parte del tiempo lo que realmente está ocurriendo. El trabajo de los diputados suele caracterizarse por una opacidad excesiva, en ocasiones incluso insalvable, o por una pobreza política en el análisis de los expedientes, según opiniones minoritarias pero calificadas dentro del Parlamento actual, presidido por Nabih Berri y prorrogado en su mandato, sin que las iniciativas parlamentarias estén articuladas mediante un fortalecimiento de la información, consultas mutuas o un trabajo técnico especializado en la redacción de proyectos de ley. Estos expertos trabajan dentro de las estructuras del poder ejecutivo, por lo que numerosos proyectos sometidos a la institución provienen de los gobiernos sucesivos más que de las propias asambleas legislativas. En el plano legislativo, la influencia de los parlamentarios libaneses sigue siendo extremadamente limitada en materia de política interna. La mayoría funciona esencialmente como una cámara de registro, avalando proyectos de ley que no han sido objeto de negociación previa antes de su firma por los gobiernos y que los diputados no pueden modificar. Las declaraciones del Ejecutivo sobre estos temas generan debate y, en ocasiones, una votación no vinculante que también responde a un ejercicio retórico de mera forma y de utilidad limitada. Rara vez estas discusiones llenan el recinto de la Cámara con algún grado de dinamismo, en una institución fragmentada en zonas de influencia donde las propuestas no se examinan con rigor y son objeto de votaciones formales carentes de valor simbólico para la sociedad civil. Estas votaciones no obligan al gobierno en sus políticas, y la cuestión del desempeño de las instituciones y su capacidad para asumir su papel en el desarrollo y la reforma sigue abierta. Las prerrogativas que en derecho corresponden al Parlamento enfrentan además otros desafíos insuperables en un país regido por prácticas confesionales que contradicen los fundamentos democráticos que el pueblo libanés debería aceptar y ejercer conforme a una lógica de representación popular directa y creíble. Así, el presidente del Parlamento se arroga en ciertos casos atribuciones que exceden el poder legislativo, mientras que el reglamento interno le otorga un margen considerable en detrimento de los propios parlamentarios, y el papel de los bloques parlamentarios sigue siendo limitado como referencia operativa. Las asambleas electas se ven con frecuencia obligadas a responder a las exigencias de grupos de presión o a delegar autoridad en el Ejecutivo, e incluso en el propio presidente de la Cámara, que actúa a discreción, sin que exista una verdadera relación entre los parlamentarios como representantes del conjunto del pueblo libanés. La clase política ha logrado así crear zonas de influencia en detrimento de la capacidad de los diputados para hacerse escuchar, incluso durante la aprobación de presupuestos generales o proyectos de reforma financiera que se estancan durante años. De este modo, el poder legislativo termina vulnerando los principios que la Constitución le exige garantizar. Las reacciones del Ejecutivo ante estas iniciativas parlamentarias oscilan entre la indiferencia y la crítica desde fuentes oficiales, no como un aporte constructivo, sino como una simple molestia dentro de una relación de conveniencia mutua destinada a gestionar crisis en el largo plazo, lo que puede constituir incluso un obstáculo real en la relación entre ambos poderes. El régimen parlamentario libanés se encuentra al borde del colapso. Las prórrogas reiteradas transmiten la imagen de una democracia desgastada, y es precisamente esto lo que puede anticiparse para los próximos dos años de vida de la actual asamblea, algo que, por lo demás, parece ser el deseo de los políticos en funciones al rechazar cualquier cambio razonable que permita mayor flexibilidad en beneficio de los libaneses. El cargo político en el Líbano es percibido como un botín que abre la puerta a privilegios interminables y heredables, así como a una forma de jerarquía de clase y arrogancia, dentro de un sistema donde todo termina negociándose en términos de cargos ministeriales aún más codiciados, distribuidos entre grupos políticos rivales que se disputan las carteras con mayores presupuestos. Esta falta de madurez democrática agrava la situación, ya que son escasos los avances tanto en el plano electoral como en el de la igualdad de todos los libaneses ante la ley y el derecho igual y no discriminatorio a beneficiarse de ella, ya sea en materia de opinión política o de interés general y bien común, como si la ley debiera prohibir toda propaganda en favor de la guerra y toda incitación al odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad interna o la violencia. Está bien establecido que la primera garantía de la democracia gubernamental reside en la efectividad del propio poder legislativo, ya que este se compone de asambleas elegidas, como lo establecen el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que expresan la voluntad del pueblo, fuente de la soberanía, en materia de decisiones sobre la guerra y la paz. El poder legislativo también garantiza, y debe garantizar como toda constitución digna de ese nombre, la independencia del poder judicial y el control del Ejecutivo bajo los mecanismos legales correspondientes, además de su propia independencia, en consonancia con el cuidado que el derecho internacional pone en proteger la libertad de expresión sin restricciones indebidas, al tiempo que asegura que su ejercicio respete el orden público, la libertad de los demás y el fortalecimiento de la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, excluyendo cualquier forma de racismo o fanatismo religioso. El poder legislativo constituye el regulador fundamental de las relaciones del Estado tanto en el ámbito interno como en el internacional. Esta forma de parlamentarismo, ausente en el Líbano, no integra el trabajo de las asambleas parlamentarias que representan directamente al pueblo, expresan sus aspiraciones y condiciones de vida, se comprometen con la legalidad internacional definiendo la necesidad de concluir tratados con alcance normativo y se obligan a proteger los derechos humanos tanto del individuo como del colectivo, impulsando así los procesos futuros mediante procedimientos conformes a los marcos legales internos e internacionales, eficaces y democráticos, en los que los representantes electos pueden contribuir de manera sustantiva. Hay en ello un elemento esencial de salud institucional basado en la coherencia normativa. Es a esto a lo que aspira, con todas sus fuerzas, la nueva República libanesa.

Hubo juicios en Núremberg (1945-46) y en Tokio (1946-48), e incluso en Estambul se levantaron horcas en julio de 1919 para ejecutar a Jóvenes Turcos responsables del genocidio armenio. Dicho esto, era legítimo preguntarse por qué el gobierno de Ahmed al-Chareh tardaba en poner en marcha la maquinaria judicial. ¿Acaso dudaba en sancionar los abusos cometidos contra todo un pueblo por la dinastía de los tiranos Al-Ásad y sus camarillas? La cuestión era aún más acuciante dado que más de una veintena de responsables —figuras de primera y segunda línea, si se me permite la expresión— habían sido apresados y se pudrían en las cárceles a la espera de juicio. Ahora bien, el pasado 26 de abril se abría en Damasco la primera audiencia pública con esta declaración del juez Fakhr al-Din al-Aryane: «Hoy, iniciamos los primeros juicios de la justicia transicional en Siria». Breve comparación ¿Quién no desearía para nuestra vecina Siria la celebración de juicios públicos que, al condenar a los criminales del régimen baazista, no impartieran venganza, sino justicia? Y para ello, ¿no habría que evitar seguir el ejemplo del modelo iraquí o del modelo libanés? Recordemos que en Irak se desarrolló en 2006 un simulacro de juicio, el famoso kangaroo trial de Sadam Huseín. Este último fue ejecutado a toda prisa tras su condena en el caso de Dujail y antes de que concluyera el juicio relativo al caso de Halabja de 1988, donde se utilizaron armas químicas contra la población civil. Por consiguiente, los kurdos, como tantos otros familiares de las víctimas, se vieron privados de una sana administración de la justicia, que ciertamente habría atenuado el sentimiento de absoluta iniquidad que sentían: un juicio en regla solo puede contribuir a la elaboración del duelo. En cuanto al Líbano, país de excepción que había vivido quince años de conflicto civil latente y ocupaciones extranjeras, se demostró ser más expeditivo y mucho más lacónico: la ley de amnistía de 1991 borró de un plumazo los horrores cometidos. A la espera de Bashar y Maher y los demás ¿Cabe creer que las cosas serán diferentes en Siria? En cualquier caso, los tribunales sirios no descansan los domingos, ya que en un día así se celebró en Damasco la primera audiencia de un proceso que sin duda dejará al descubierto los horrores del poder derrocado. Faltaban, sin embargo, a la cita dos invitados de renombre: el presidente derrocado Bashar al-Ásad y su hermano Maher. Se habían esfumado como tantos otros matarifes que se dan la gran vida ya sea en Rusia, en el Líbano, en Irak o en Irán, ¡e incluso en Alemania, Suecia y Bélgica, según nos dicen! Los criminales del régimen que escaparán a la justicia de su país se cuentan por miles. Algunos «chivos expiatorios» pagarán en lugar de quienes habían planificado y ordenado matanzas y torturas sistemáticas, esa marca registrada del sistema penitenciario sirio. ¿Justicia transicional y Estado de derecho? Se necesita un juicio, aunque solo sea por sus efectos catárticos. ¡Pero en absoluto una revancha dictada por la ley del talión! La «justicia transicional», que no dejó de subrayar el juez Al-Aryane, no debe tomar el cariz de un ajuste de cuentas; debe establecer la verdad de los hechos, indemnizar a las víctimas y preparar el camino para una reconciliación nacional. Pero, ¿es esto algo más que un deseo piadoso? De jóvenes, nuestros maestros nos prevenían contra las ilusiones y el idealismo. Porque, al igual que la caridad, la justicia en su aplicación no puede ser sino «parcial y sesgada». *Ciertos crímenes, como los cometidos contra personalidades políticas, religiosas o diplomáticas, no estaban sin embargo cubiertos por la ley de amnistía.