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En una escala del 1 al 10, el optimismo sobre un avance en las conversaciones irano-estadounidenses en Islamabad sigue siendo inferior a la media, ya que Teherán y Washington continúan en la fase de intercambio de condiciones y exigencias. La agencia oficial iraní, Irna, reveló el viernes que la República Islámica presentó el jueves por la noche a Estados Unidos, a través del mediador pakistaní, una nueva propuesta para reanudar las negociaciones, las cuales se supone pondrán fin a la guerra de forma duradera. Irna no dio detalles sobre el contenido de la oferta iraní mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se ponía en contacto con sus homólogos saudí, qatarí, turco, egipcio, iraquí y azerbaiyano. Según los medios iraníes, les habría informado de una próxima y nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos, justo cuando el presidente Donald Trump anunciaba, ante los periodistas en la Casa Blanca, que no estaba satisfecho con el nuevo documento iraní. «Quieren un acuerdo porque ya no tienen capacidades militares, pero no estoy satisfecho con sus propuestas. Veremos qué pasa», declaró, antes de precisar: «Me piden que acepte cosas que no puedo aceptar». El nuevo documento presentado constituye una contrapropuesta a la que Washington había presentado a Irán a principios de la semana. El sitio estadounidense de noticias, Axios, recuerda así que el lunes el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, envió a la otra parte, también a través del mediador pakistaní, enmiendas a las propuestas iraníes rechazadas anteriormente por el presidente Donald Trump. Teherán se decía dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz, pero proponía posponer a una fecha posterior las conversaciones sobre el tema nuclear, a pesar de que este asunto es central tanto para Estados Unidos como para Israel. Steve Witkoff, por lo tanto, reintrodujo el asunto nuclear en el texto que debe ser estudiado. Según Axios, entre las modificaciones introducidas al documento iraní, está la exigencia de que Teherán se comprometa a no transferir uranio enriquecido fuera de sus instalaciones nucleares dañadas, ni a reanudar actividades en dichos sitios, durante toda la duración de las negociaciones. Teherán, por su parte, estrangulado por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos, se niega a reanudar las conversaciones mientras no se levante el asedio estadounidense. ¿Cuál de los dos se verá obligado a hacer concesiones? Por el momento, cada una de las dos partes parece mantenerse firme en sus posiciones, bajo la mirada preocupada de los líderes israelíes que temen una cierta flexibilidad estadounidense que Donald Trump ha descartado afirmando que la opción militar todavía no está excluida. Tel Aviv sigue a favor de una operación militar «quirúrgica» capaz de dar el golpe de gracia al régimen de los mulás —uno de los primeros objetivos de la guerra lanzada el 28 de febrero— y de aniquilar para siempre el programa nuclear iraní. Por el momento, Teherán y Washington continúan diciendo que están a favor de las conversaciones, pero persisten en el intercambio de amenazas. A través de la voz del jefe de su poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, Irán rechazó nuevamente el viernes cualquier política «impuesta bajo amenaza», al tiempo que se declaró abierto al diálogo con Estados Unidos. «De ninguna manera aprobamos la guerra, no queremos la guerra, no queremos que continúe. La República Islámica nunca ha eludido las negociaciones (...) pero ciertamente no aceptaremos que nos impongan» una política, declaró el Sr. Ejei en un video difundido en el sitio web del poder judicial, Mizan Online. Indicó que Irán «no está en absoluto dispuesto a renunciar a sus principios y a sus valores frente a un enemigo malévolo para evitar la guerra o impedir que continúe». Estimando que Estados Unidos «no había conseguido nada» durante la guerra, insistió en que Teherán no «cedería» durante las negociaciones. El miércoles, el presidente Donald Trump advirtió de que a los iraníes les «conviene volverse inteligentes, ¡y rápido!», aludiendo a la posibilidad de prolongar el bloqueo marítimo «durante varios meses», según un alto funcionario de la Casa Blanca. Sanciones estadounidenses Mientras tanto, la presión estadounidense aumenta. El viernes, por tanto, pocas horas después de recibir el texto de las nuevas propuestas iraníes, Washington volvió a imponer sanciones contra seis individuos y más de 20 entidades, todos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y a la estructura financiera iraní. Pero al mismo tiempo, Washington redujo ligeramente su presencia militar en la región. Uno de los tres portaaviones estadounidenses desplegados en Oriente Medio, el USS Gerald Ford, desplegado para la guerra en Irán, abandonó la región, indicó un funcionario estadounidense el viernes, quedando posicionados allí otros dos de estos buques. El mayor portaaviones del mundo se encuentra actualmente en la zona de mando estadounidense para Europa, según este responsable, que estimó en una veintena el número de buques de la marina estadounidense que permanecen desplegados en Oriente Medio. Este recuento incluye los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George Bush. ¿Significa esto que Estados Unidos ha renunciado a los ataques contra Irán? La respuesta es, obviamente, negativa; este redespliegue bien podría ser una simple táctica militar. El hecho es que el presidente estadounidense no tiene intención de solicitar la autorización del Congreso para continuar la guerra contra Irán. De hecho, el viernes marca el vencimiento del plazo de 60 días tras el cual, en principio, Donald Trump debe solicitar dicha autorización. Ante los periodistas en la Casa Blanca, anunció que no lo iba a hacer. De todos modos, los demócratas se encuentran impotentes para hacer respetar esta obligación constitucional, ya que no tienen mayoría en el Congreso. Cuando se le preguntó si preveía nuevos ataques contra Irán, se limitó a responder: «¿Por qué se lo iba a decir?” Escalada continua en el sur del Líbano En el frente libanés, la escalada continúa en el sur del Líbano, donde el ejército israelí ha bombardeado sin descanso numerosos lugares atribuidos a Hezbolá y ha llevado a cabo amplias operaciones con explosivos que no han perdonado sitios históricos y arqueológicos. El ejército israelí hizo volar un antiguo monasterio y una escuela regentada por monjas en Yaroun, así como el sitio histórico de Chamah, que alberga el maqam de Chamoun as-Safa, además de una fortaleza histórica. Se llevaron a cabo violentas incursiones contra un gran número de pueblos, entre ellos Habbouche, a cuyos habitantes se les había pedido antes que evacuaran el lugar. Una decena de personas murieron en esta localidad. Hezbolá respondió lanzando a su vez drones explosivos y cohetes contra posiciones israelíes en la nueva zona de amortiguamiento establecida por Tel Aviv en la frontera. Esta nueva ola de violencia, convertida en algo cotidiano, fue seguida de un vasto movimiento de éxodo hacia Saida y Beirut, pues numerosos sureños temen una ampliación del conflicto. Mientras el ejército israelí reconocía tener dificultades para contrarrestar la amenaza de los drones explosivos de Hezbolá, la formación proiraní anunciaba haber logrado enviar refuerzos al sur del Líbano. Durante una entrevista con un grupo de periodistas, entre ellos la AFP, el director de relaciones con los medios de este grupo, Youssef el-Zein, reveló que estos refuerzos no utilizaron las carreteras controladas por el ejército libanés, precisando que «los otros accesos al sur del Litani no han sido cerrados». «Estamos convencidos de que el ejército es un ejército nacional», que «no entrará en confrontación con Hezbolá», afirmó. Para el responsable, si Israel ha podido infiltrarse en profundidad en territorio libanés es porque «la resistencia había entregado sus armas al sur del Litani» y «sus infraestructuras, incluidos los túneles, fueron destruidas». Pero aseguró que Hezbolá había podido «reconstituir sus fuerzas» después de la última guerra con Israel y que estaba «preparado para una larga batalla». Preguntado sobre el uso reciente por parte de Hezbolá de drones explosivos de fibra óptica contra el ejército israelí, Youssef al Zein dijo que se trataba de una «táctica» del grupo. «Conocemos la superioridad del enemigo, pero al mismo tiempo nos aprovechamos de sus puntos débiles», dijo. El Sr. Zein, que sustituyó a Afif Naboulsi, asesinado en un ataque israelí en Beirut en noviembre 2024, indicó que esos drones fueron «fabricados en el Líbano». Los ataques perpetrados con ayuda de estos drones han dejado dos muertos y varios heridos en los últimos tres días. A nivel político, el pulso continúa entre el Estado y Hezbolá. El bloque parlamentario de esta formación, presidido por el diputado Mohammad Raad, volvió a rechazar en términos muy duros cualquier diálogo directo entre el Líbano e Israel, criticando lo que denominó «la política destructiva de un poder en declive» y jactándose de haber «logrado establecer una nueva ecuación militar frente a Israel». Las perspectivas de un inicio de conversaciones entre Beirut y Tel Aviv fueron revisadas durante la entrevista que el presidente Joseph Aoun mantuvo el viernes con el embajador de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, quien se había reunido previamente con el primer ministro libanés, Nawaf Salam. Estas dos entrevistas se producen al día siguiente del anuncio hecho por el presidente Trump, según el cual, las negociaciones libano-israelíes deberían comenzar en un plazo de dos semanas. Pero la postura del Líbano permanece inalterada: no habrá conversaciones mientras Tel Aviv no ponga fin a estos ataques contra las localidades e infraestructuras libanesas en el sur del país. El presidente Aoun reiteró esta condición ante el diplomático.

En una serie de artículos, nos proponemos arrojar luz sobre la situación actual a la luz del pasado, lejos de discursos apasionados, ideológicos o románticos que pasan por alto las realidades. Dejamos al lector la tarea de sacar las conclusiones pertinentes. Ya es hora, en este contexto de guerra, de contrarrestar seriamente la estéril retórica de la resistencia. No mediante una contrarretórica, sino con un enfoque en profundidad, promoviendo la cultura del Estado de derecho, que solo podría construirse a través de la soberanía. Los primeros tres artículos presentaban una relectura de los acontecimientos relativos al ascenso del Hezbolá desde el Acuerdo de Taif, pasando por la Operación «Rendición de Cuentas», el «Entendimiento de julio» (1993), hasta la víspera de su segunda guerra con Israel. Etapa 5: Del «Entendimiento de abril» a la guerra de desgaste Tras el «Entendimiento de abril de 1996», el Hezbolá, alentado por Irán y Siria, prosiguió sin descanso su guerra de desgaste, lanzada en 1991 contra el ejército israelí y el Ejército del Sur del Líbano (ALS). El objetivo declarado era liberar la «zona de seguridad» de la ocupación israelí, pero al mismo tiempo servía a otro objetivo: torpedear las conversaciones de paz de las que Irán había sido excluido. Paralelamente, la posición de Washington ha permanecido inalterada desde las conferencias de Madrid y Oslo, cuyo objetivo era instaurar una paz definitiva en Oriente Medio. Para iniciar y mantener este proceso, las sucesivas administraciones estadounidenses no cesaron de impedir cualquier represalia israelí a gran escala contra los ataques del Hezbolá, apostando por el proceso de paz sirio-israelí. El resultado de esta guerra de desgaste fue bastante duro para todas las partes. Entre 1996 y 2000, Israel perdió 193 hombres, el ALS 175 y el Hezbolá 375. El punto culminante de las bajas israelíes se produjo en febrero de 1997, con la colisión de dos helicópteros que transportaban tropas del Sayeret Matkal (unidad de élite del ejército israelí) hacia el sur del Líbano. El accidente causó 73 muertos, el balance más grave de la historia de este ejército. Provocó una conmoción que llevó a la opinión pública israelí a cuestionarse el coste humano de la «zona de seguridad». En septiembre del mismo año, 16 soldados israelíes de la unidad de élite Shayetet 13 cayeron en una emboscada tendida por el Hezbolá en Ansariya (a 20 km al sur de Sidón). Doce de ellos perdieron la vida allí. El incidente confirmó así la destreza táctica del Hezbolá, reforzado y dirigido directamente por oficiales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Sumado al del accidente de los dos helicópteros, alimentó en Israel la sensación de una guerra sin perspectivas claras. Una de sus consecuencias fue el nacimiento del movimiento ciudadano «Arba Imaot» (las cuatro madres), fundado por madres en duelo por soldados caídos. La cuestión militar se trasladó así a un debate social y moral en el que la retirada del Líbano se impuso como exigencia política. La campaña de «Arba Imaot» obligó a los responsables y a los candidatos israelíes a las elecciones a posicionarse públicamente sobre una salida incondicional del Líbano. Shimon Peres, luego Benjamin Netanyahu y finalmente Ehud Barak, antes y después de asumir el cargo como Primeros Ministros, solo tenían un discurso: la retirada del Líbano. En enero de 1998, Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de la época, declaró que «Israel está dispuesto a aceptar la resolución 425 del Consejo de Seguridad de la ONU (1) a condición de que sea posible alcanzar un acuerdo con el Líbano que garantice los procedimientos de seguridad exigidos por Tel Aviv». Un mes después, afirmó: «Lo que debemos hacer es abandonar el Líbano. Lo que debe hacer el mundo es amenazar a los sirios si apoyan ataques contra nosotros». En las filas del ALS había inquietud. Esta última presentía el abandono israelí, especialmente porque las fuerzas de Tel Aviv se habían reducido significativamente en la zona de seguridad. La elección de Ehud Barak en mayo de 1999, tras hacer campaña a favor del retorno de las tropas, marcó una aceleración del proceso de retirada: Barak había prometido traer de vuelta a sus hombres en julio de 2000. Etapa 6: Para Damasco y Baabda, la retirada israelí era un «complot sionista» A principios de enero de 2000, Bill Clinton reunió a Ehud Barak y Faruk al-Sharaa, ministro sirio de Asuntos Exteriores, en la ciudad de Shepherdstown (EE. UU.). Fue la única negociación directa sirio-israelí de la historia, la cual terminó en fracaso. Durante la reunión, los servicios de inteligencia occidentales e israelíes supieron que Damasco había autorizado a Teherán a rearmar al Hezbolá y aumentar sus capacidades ofensivas mediante entregas inmediatas e intensas de equipos y municiones en el aeropuerto de Damasco, que camiones sirios transportaban a los depósitos del Hezbolá en el Líbano, bajo la mirada benevolente del presidente libanés Émile Lahoud, totalmente subordinado al régimen de Hafez al-Asad. A pesar de ello, Ehud Barak ordenó a su ejército no atacar los depósitos abastecidos por los sirios y, sobre todo, no atacar a estos últimos. Esperaba que las conversaciones de paz con Damasco se reanudaran más adelante. Poco después, el ejército israelí, tras haber intentado asesinar al líder militar del Hezbolá en el sur del Líbano, llevó a cabo intensas represalias. El reducido gabinete de seguridad israelí autorizó una serie de ataques aéreos contra el Hezbolá, pero con la prohibición formal de atacar objetivos sirios. Esto le valió a Ehud Barak elogios de Martin Indyk, embajador de Estados Unidos en Israel y antiguo subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Medio. Además, Barak no perdía oportunidad en público ni en privado para hacer saber que buscaba una estrategia de retirada del Líbano. En contrapartida, los líderes del régimen de Asad llevaron a cabo una campaña enérgica entre sus aliados libaneses, afirmando que la propuesta de retirada israelí era un «complot sionista» destinado a asediar a Siria exactamente igual que Irak lo estaba por parte de Estados Unidos. En los meses siguientes, Émile Lahoud multiplicó sus intervenciones para denunciar lo que consideraba una peligrosa maniobra táctica de Israel. Consideraba que una retirada del Líbano sin una retirada del Golán era una trampa. El 9 de marzo de 2000, declaró: «Los planes declarados de Israel de retirarse del Líbano están destinados a sabotear el proceso de paz». Añadió que cualquier retirada israelí sería «el fruto del apoyo libanés a la resistencia (Hezbolá) y de la unidad de la posición libaneso-siria», y no de una verdadera voluntad de paz. La paradoja del régimen de Émile Lahoud es que apoyaba a fondo la guerrilla liderada por el Hezbolá para liberar el sur, ignorando el proceso de paz. No quería una retirada israelí, porque el mantenimiento de la ocupación israelí permitía en aquella época alcanzar tres objetivos: la justificación de la ocupación siria del Líbano, el discurso de resistencia del Hezbolá y mantener a Israel en el «atolladero libanés» mientras no se devolviera a Siria los Altos del Golán. En esa época, la hegemonía del Hezbolá sobre las instituciones del Estado estaba aún en fase embrionaria, a pesar de que esta formación ya gozaba de un importante potencial militar. Eran los sirios quienes controlaban totalmente el Estado en el Líbano. (1) La resolución 425 del Consejo de Seguridad de la ONU fue votada después de la invasión israelí del sur del Líbano, tras las operaciones de guerrilla de las organizaciones armadas palestinas contra Israel desde territorio libanés. Estas duraban desde 1969. La resolución 425 estipula la retirada inmediata e incondicional de Israel del Líbano y el despliegue de 3.000 hombres de la FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano) en aquella época. (continuará) Ver también sobre el mismo tema: Hezbolá-Israel, una guerra sin fin ¿al servicio de quién? (3) Hezbolá-Israel, una guerra sin fin ¿al servicio de quién? (2) Hezbolá-Israel, una guerra sin fin ¿al servicio de quién? (1)

Resulta llamativo ese empeño iraní en proclamar que la «República Islámica» negocia en nombre del Líbano y en atribuirse el mérito del alto el fuego en ese país. Lo atestigua la declaración del ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien, en una llamada telefónica al presidente Nabih Berri, le comunicó que «el cese de las agresiones israelíes contra el Líbano está cubierto por nuestro acuerdo con los americanos». No es casualidad que Araghchi eligiera llamar precisamente a Berri, como si quisiera dar a entender que el presidente del Parlamento se ha convertido en el último refugio del Irán en el Líbano. Esta postura iraní revela una quiebra sin parangón, tanto más cuanto que no existe en realidad ningún alto el fuego genuino. Lo único que ocurre es que Israel prostá su guerra contra el Líbano, una guerra que el Hezbollah originalmente provocó. En esta fase, Israel concentra sus operaciones en los territorios situados al sur del Litani, desb ordándose ocasionalmente hacia la Bekaa oeste para ejecutar golpes puntuales. En suma, no hay alto el fuego sino la continuación de una guerra que el Estado hebreo libra atendiendo a ciertas exigencias estadounidenses. El Estado hebreo preserva por el momento Beirut, conformemente a los deseos del presidente Donald Trump, quien alberga cálculos particulares respecto del Líbano y desea tratarlo como un país que dice «amar». Esta actitud parece responder a motivaciones personales más que a consideraciones relativas al Irán, y obedece ante todo al deseo de ver prosperar cualquier negociación entre el Líbano e Israel. Cabe señalar a este respecto que Trump insistió personalmente en acoger la última ronda de conversaciones preliminares entre el Líbano e Israel en la Casa Blanca, y no en el Departamento de Estado. La posición iraní sobre el Líbano da la medida de las ilusiones en que la «República Islámica» permanece encerrada. La más arraigada de ellas es la convicción de que el Líbano sigue sometido a su voluntad. Teherán se niega a reconocer que el Líbano ha tomado otro rumbo. Lo que reúsa admitir es que la decisión política libanesa ya no está bajo su tutela, en particular desde su salida de Siria. La «República Islámica» hace caso omiso de que el Líbano necesita desembarazarse de las armas del Hezbollah y, más aún, alcanzar arreglos de seguridad con Israel para hacer posible el retorno serio de los desplazados del Sur a sus aldeas, o a lo que queda de ellas. Ignora igualmente que el Líbano no puede vivir bajo la amenaza de una bomba de relojera que tiene por nombre más de un millón de desplazados del Sur que lo han perdido todo. Lo más esencial del panorama libanes escapa a la visión iraní: de un lado, los sufrimientos de la gente del Sur; del otro, la voluntad israelí de alterar la naturaleza misma del suelo sureño. La manera en que Israel destruyó un túnel de dos kilómetros construido por el Hezbollah en Qantara es el testimonio vivo de ello — no se trató de demoler una obra subterránea, sino de reconfigurar físicamente el territorio. Incapaz de mantener todo el Líbano bajo su control y tras la derrota militar sufrida por el Hezbollah, el Irán concentra ahora su atención en Nabih Berri, quien se esfuerza en estos días por diferenciarse de las posiciones del presidente de la República Joseph Aoun y del presidente del Consejo de Ministros Nawaf Salam. Berri satisface los deseos iraníes so pretexto de preservar la unidad comunitaria, en lugar de adoptar la posición nacional libanesa que imponen conjuntamente las circunstancias internas, regionales e internacionales. Se parapeta tras fórmulas como su apoyo a las negociaciones indirectas con Israel, sin preguntarse cómo tales negociaciones podrían lograr la recuperación del territorio mediante un repliegue israelí de aproximadamente el cinco por ciento de las tierras libanesas aún ocupadas. ¿Tendrá éxito la maniobra iraní, que utiliza al presidente del Parlamento para vincular el Líbano con las negociaciones estadounidense-iraníes convertidas a su vez en conversaciones indirectas? La respuesta es que semejante maniobra está condenada al fracaso, habida cuenta de la realidad sobre el terreno, donde Israel destruye diariamente lo que queda de aldeas de mayoría chií con el propósito de establecer una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano. En definitiva, quien siga la lógica iraní, sea Nabih Berri o cualquier otro actor, no hace sino servir a la lógica de la ocupación y a su consolidación, nada más. No es ningún secreto que el Hezbollah se alimenta de la ocupación: su conducta lo confirma, puesto que hizo todo lo posible por propiciar su regreso. Fue él quien desencadenó deliberadamente la «guerra de apoyo a Gaza» el 8 de octubre de 2023, cuyos resultados son bien conocidos, entre ellos el asesinato de Hassan Nasrallah y de prácticamente todos los cuadros dirigentes del partido, sin necesidad de volver sobre la operación de los localizadores ni sobre lo que reveló del conocimiento que Israel tenía de la estructura interna del Hezbollah y de los lugares de residencia de sus dirigentes. Ni el Hezbollah ni el Irán, que lo respalda, han extraído lección alguna de las consecuencias de la «guerra de apoyo a Gaza». La «guerra de apoyo al Irán», desencadenada el 2 de marzo de 2026, no ha hecho sino agravar la situación: Israel amplió su ocupación. La pregunta que persiste es cómo un hombre como Nabih Berri, dotado de toda su experiencia política, puede seguir una política iraní que ha llegado a un calejón sin salida total en lugar de respaldar la posición nacional encarnada por Joseph Aoun y Nawaf Salam. Es difícil comprender la actitud del presidente del Parlamento en un momento en que el Líbano necesita más que nunca afirmar su ruptura con el Irán, en lugar de seguir pagando el precio de los desvíos de la «República Islámica» desde el primer día de su fundación en 1979. ¿Acaso el presidente del Parlamento libanes no ha tomado nota de que el Irán acaba de lanzar la mayor parte de sus misiles y drones… en dirección a los países del Golfo árabe, y no en dirección a Israel?

Cuando funcionarios israelíes amenazan con tratar el sur del Líbano como a Gaza, la declaración no es únicamente imprudente sino políticamente reveladora, pues pone de manifiesto hasta qué punto la escalada regional se ha entrelazado con los cálculos de política interior en Israel, al tiempo que refleja la propia parálisis estructural del Líbano. Semejante retórica merece ser desestimada por lo que es, a saber, una pose electoral disfrazada de doctrina estratégica, aunque tampoco puede separarse de una realidad bastante más cargada de consecuencias: el Líbano ha sido arrastrado, una vez más, a una guerra que no eligió, por un actor que no rinde cuentas ante el Estado y que no carga de manera responsable con el coste de sus decisiones. No existe comparación válida entre Gaza y el sur del Líbano, no porque la escala de la destrucción difiera, sino porque la arquitectura política que subyace a cada caso es fundamentalmente distinta. Gaza está gobernada por una autoridad que reivindica abiertamente la titularidad de su postura militar, mientras el Líbano permanece atrapado en una peligrosa inversión en la que el Estado soporta el peso de la guerra sin ejercer control soberano sobre los instrumentos que la generan. El enfrentamiento en curso a lo largo de la frontera sur no es, por tanto, un simple conflicto bilateral entre Israel y Hezbolá, sino la manifestación de una crisis más profunda en la gobernanza libanesa, donde la ausencia de una autoridad decisoria unificada ha convertido al país en una arena en lugar de en un actor. La conducta militar de Israel en el sur, en particular el objetivo sistemático de infraestructuras y redes de túneles, se presenta a menudo como una necesidad de seguridad, aunque en la práctica se asemeja a la aplicación forzosa, mediante un poder de fuego abrumador, de resoluciones internacionales que el Estado libanés no ha logrado o se ha negado a implementar. La referencia persistente a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es casual; subraya hasta qué punto Israel pretende ahora hacer cumplir, por vías unilaterales, obligaciones de las que el Líbano se ha sustraído. Esta dinámica no solo erosiona la ya frágil soberanía libanesa, sino que también coloca al Estado en la posición insostenible de ser simultáneamente juzgado y soslayado por actores externos que ya no distinguen entre las instituciones estatales y el grupo armado que opera junto a ellas. Lo que hace que este momento sea particularmente peligroso es la creciente brecha entre los discursos oficiales y las realidades vividas sobre el terreno. El ejército libanés ha señalado reiteradamente su conformidad con el marco destinado a desmilitarizar la zona al sur del río Litani; sin embargo, los desarrollos en curso sugieren bien un fallo de ejecución, bien una falta de voluntad política para hacer frente a las violaciones. Esta ambigüedad ha creado un vacío en el que proliferan las reivindicaciones contrapuestas, ofreciendo a Israel los argumentos para justificar la continuación de sus operaciones, al tiempo que deja a Hezbolá el margen necesario para sostener su propio discurso de disuasión y resistencia. En semejante entorno, la verdad se vuelve secundaria respecto a la utilidad, y los hechos se movilizan de forma selectiva para servir a agendas preestablecidas más que para orientar la política. Las consecuencias de esta disonancia no se limitan al campo de batalla; se extienden al tejido social y político del propio Líbano. El desplazamiento de las poblaciones del sur ha puesto al descubierto la magnitud del colapso infraestructural y la imposibilidad de sostener la vida civil en las condiciones actuales, mientras que las repetidas evacuaciones de habitantes, a menudo instadas por los propios actores que afirman defenderlos, revelan un patrón inquietante en el que las poblaciones son tratadas como variables prescindibles en un cálculo estratégico más amplio. La dimensión humanitaria de este conflicto, aunque invocada con frecuencia, permanece subordinada a los imperativos de mantener un teatro de confrontación que sirve a intereses más allá de las fronteras del Líbano. En el corazón de esta crisis yace una verdad más incómoda, que los responsables libaneses han sido reacios a articular con claridad: la erosión de la soberanía no es ya una preocupación abstracta sino una condición vivida, moldeada por el arraigo de un poder militar no estatal y su integración en un eje regional liderado por Irán. La presencia de actores de decisión que operan fuera del marco de los mecanismos de rendición de cuentas libaneses, y cuyas prioridades se alinean con objetivos estratégicos externos, ha transformado de hecho partes del país en prolongaciones de una contienda geopolítica más amplia. Esta realidad complica cualquier intento de negociar un alto el fuego o una distensión, pues plantea la pregunta fundamental de quién, exactamente, tiene la autoridad para comprometer al Líbano con la paz. Es en este contexto donde debe entenderse el debate sobre las negociaciones. La insistencia de algunos en que entablar conversaciones constituye una traición refleja una cultura política que ha confundido durante mucho tiempo la diplomacia con la debilidad y ha valorado el enfrentamiento perpetuo como emblema de la dignidad nacional. Sin embargo, la alternativa —continuar una guerra sin objetivo claro, sin el consentimiento del Estado y sin una vía viable hacia la resolución— apenas ofrece más que la promesa de una destrucción creciente. Las negociaciones, en este sentido, no son una concesión sino una necesidad, siempre que estén ancladas en una visión coherente de la autoridad estatal y respaldadas por la voluntad de abordar la causa profunda del actual callejón sin salida: la existencia de una entidad armada que opera con independencia del mando nacional. Los actores internacionales y regionales, en particular los del Golfo árabe, han hecho su posición cada vez más explícita. La ayuda financiera y el apoyo a la reconstrucción no fluirán hacia un sistema percibido como subordinado al control de las milicias, ni se extenderá el respaldo político a un Estado que no puede afirmar su propia primacía en los asuntos de guerra y paz. Esta condicionalidad, a menudo criticada como presión externa, es en realidad el reflejo de un consenso más amplio según el cual la estabilidad no puede construirse sobre la ambigüedad y la soberanía no puede aplicarse de forma selectiva. El Líbano se encuentra hoy en una encrucijada que ha bordeado en muchas ocasiones sin llegar a atravesarla plenamente. La elección no es entre la guerra y la paz en el sentido convencional, sino entre seguir existiendo como una arena fragmentada para potencias rivales o reconstituirse como un Estado capaz de tomar sus propias decisiones y de hacerlas cumplir. Mientras el monopolio de la violencia permanezca en disputa, cada alto el fuego será temporal, cada esfuerzo de reconstrucción provisional y cada reivindicación de soberanía incompleta. El camino a seguir no es ni fácil ni inmediato, pero comienza por un reconocimiento simple, a menudo esquivado: un país que no controla sus armas no controla su futuro.

Estados Unidos y su aliado israelí amenazaron ayer con reanudar los ataques contra Irán para obligar a la República Islámica a volver a la mesa de negociaciones. A pesar de la tregua y de las primeras conversaciones, el 11 de abril en Islamabad, la diplomacia aún tiene dificultades para imponerse. Según el sitio estadounidense Axios , el presidente Donald Trump iba a ser informado por el comandante del Centcom (Mando Central de Estados Unidos), Brad Cooper, sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán. El objetivo es llevar a cabo una acción militar decisiva. Las opciones que le presentaría el jefe del Centcom incluyen una oleada de ataques dirigidos a infraestructuras, pero también la posibilidad de tomar el control del estrecho de Ormuz, posiblemente con la participación de fuerzas terrestres estadounidenses, según el sitio web que cita a dos fuentes cercanas al caso. El espectro de un retorno de los ataques ha empujado a algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, a emitir nuevas advertencias a sus ciudadanos, pidiéndoles que eviten viajar a Irán, Irak y el Líbano. Y ha animado a los que ya están allí a salir. Aunque hay un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, Estados Unidos impone un bloqueo a los barcos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por el que antes del conflicto transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo. Haciéndose eco de la información procedente de Washington, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Tel Aviv podría «tener que actuar de nuevo» contra Irán, para que no «vuelva a ser una amenaza para Israel». La respuesta iraní no se hizo esperar: las declaraciones incendiarias se sucedieron al final del día. Empezando por el líder supremo, quien afirmó que Estados Unidos había sufrido una «vergonzosa derrota» frente a su país: «Dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión liderada por los tiranos de este mundo en la región, y tras la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se abre un nuevo capítulo» para el Golfo y el estrecho de Ormuz, declaró el ayatolá Mojtaba Jamenei en un mensaje escrito. Herido en unos ataques, no ha sido visto en público desde su nombramiento. Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, denunció el bloqueo estadounidense en el que dijo ver una «prolongación de las operaciones militares» de EE. UU. El mismo tono victorioso mantuvo el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, Majid Moussavi, quien advirtió en la televisión estatal de que incluso una «breve» operación enemiga provocaría «ataques dolorosos, prolongados y extensos». Gran crisis energética La guerra de declaraciones no tardó en sembrar el pánico en los mercados. El repunte de las tensiones hizo saltar los precios del petróleo: el Brent superó brevemente el jueves los 126 dólares por barril, un nivel sin precedentes desde 2022, durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, las repercusiones del bloqueo de Ormuz se hacen sentir cada día un poco más en la economía mundial, entre escasez galopante, repuntes de inflación y revisiones a la baja del crecimiento. «El mundo se enfrenta a la crisis energética más grave de su historia», estimó el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. El secretario general de la ONU, António Guterres, también se alarmó por el «estrangulamiento» de la economía mundial a causa de la parálisis del estrecho. Y el Banco Central Europeo alertó sobre la «intensificación» de los riesgos para la inflación y el crecimiento en la zona del euro. Conversaciones libanés-israelíes «dentro de dos semanas» En el frente libanés, 15 personas murieron en ataques israelíes en el sur del país, mientras que el presidente Joseph Aoun condenó las «violaciones persistentes» por parte de Israel de la tregua que entró en vigor el 17 de abril. «Las violaciones israelíes persisten en el sur a pesar del alto el fuego, al igual que la demolición y el arrasamiento de casas y lugares de culto, mientras el número de víctimas aumenta día a día», denunció el presidente Aoun. A nivel político, la brecha sigue ensanchándose entre el presidente Aoun, decidido a llevar a cabo negociaciones directas con Israel, y Hezbolá, que se opone a ello y hace campaña en su contra. El presidente Trump anunció durante una conferencia de prensa, el jueves, la reanudación de las conversaciones entre libaneses e israelíes, en Washington «dentro de dos semanas», mientras que en Beirut, la embajada estadounidense subrayó en su cuenta X que el Líbano se encuentra hoy «en un punto de inflexión histórico». Según la cancillería, el próximo diálogo representa para el país «una oportunidad histórica, que permitirá a su pueblo tomar las riendas y construir una nación soberana e independiente». Para la embajada estadounidense, son las negociaciones directas las que permitirán al Líbano tener «sólidas garantías para el restablecimiento de la soberanía nacional, la preservación de su integridad territorial y la seguridad de sus fronteras». También pueden «garantizar apoyo humanitario y para la reconstrucción». Afirmando que Washington está dispuesto a apoyar al Líbano en esta tarea, la embajada anima al país a «ser el único dueño de su propio destino».

El Líbano no se derrumbó por una falla en las cifras, sino porque se desplomaron los significados y los valores. De pronto, el dinero expoliado a la gente dejó de llamarse robo y pasó a denominarse “agujero financiero”. Ya no hubo responsables, solo “pérdidas”. Y ya no hubo víctimas, sino “depositantes” a quienes se les pide comprender la situación y participar en la absorción de los costos. No es solo una cuestión de lenguaje. Es el núcleo mismo de la disputa. Cuando un crimen se reduce a un término contable, el debate deja de ser ético y jurídico para volverse técnico. La cuestión se extrae del ámbito de la justicia para trasladarse al de la gestión, del “¿quién robó?” al “¿cómo se distribuye la pérdida?”. Ahí comienza el gran desplazamiento: las víctimas se transforman gradualmente en actores de la solución, y no en titulares de derechos. Lo ocurrido en el Líbano no fue una tormenta financiera pasajera. Fue el resultado de una trama urdida por un sistema completo: un Estado que se endeudó sin límites, un banco central que orquestó las ilusiones y bancos que acumularon beneficios faraónicos antes de cerrar sus puertas en la cara de sus depositantes. Sin embargo, las soluciones que hoy se proponen empiezan por los bolsillos de los ciudadanos y no por los focos del problema. Se presentan planes bajo títulos “realistas” o “salvadores” que, en esencia, no son más que una redistribución de las pérdidas, no un tratamiento de sus causas. Se les pide a los depositantes que acepten la eliminación de una parte de sus ahorros o su conversión en acciones de entidades cuyo valor sigue siendo incierto. Incluso las propuestas que parecen menos severas, como la idea de un fondo soberano donde se alojen los activos del Estado, no están exentas de riesgos, no por el concepto en sí, sino por quienes lo administrarían. Por eso, esta idea sigue siendo ambigua y peligrosa mientras no se acompañe de una condición básica: quién garantiza la transparencia y quién rinde cuentas. La contradicción fundamental radica en que quienes exigen transparencia y reforma judicial proponen, al mismo tiempo, confiar los activos del Estado a un sistema que hasta ahora no ha demostrado ninguna capacidad de transparencia ni de rendición de cuentas. En mi opinión, el problema no está solo en las soluciones, sino en el orden de las prioridades: ¿empezamos por la rendición de cuentas o la saltamos? ¿Cómo se puede hablar de “gobernanza” y de “gestión responsable” de los activos del Estado en un país que aún no ha logrado realizar una sola auditoría seria ni exigir responsabilidades a nadie por el colapso? ¿Cómo creer que lo que no pudo preservarse en los bancos se preservará en un fondo? ¿No implica esto trasladar la pérdida de los balances bancarios al cuerpo mismo del Estado, es decir, a toda la sociedad? Más grave aún es el hecho de eludir un principio fundamental: ninguna solución duradera puede construirse ignorando las responsabilidades. El debate, por tanto, no es solo económico, sino también jurídico. El Líbano no está fuera del mundo: está comprometido por convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, en particular la CNUCC, que sitúa sin ambigüedades la recuperación de los activos saqueados y la rendición de cuentas en el centro de cualquier proceso de reforma. Si hubo corrupción, no basta con gestionar sus consecuencias: hay que exponerla, responsabilizar a sus autores y recuperar los fondos desviados. Los Estados están obligados a esforzarse por recuperar los activos robados o transferidos por vías ilícitas, sin que sea posible eludir la determinación de responsabilidades: quién tomó las decisiones, quién se benefició, quién lo encubrió. Lo que se necesita es transparencia: toda reforma debe pasar por una auditoría efectiva, una justicia independiente y claridad en las cifras. No soy experta en finanzas, pero sé que hay una diferencia entre tratar las pérdidas y tratar sus causas. Dicho de otro modo, antes de pedirle a la gente que asuma las pérdidas, debe hacerse un esfuerzo serio por recuperar lo que fue transferido o aprovechado por vías ilegales. Y antes de cualquier reestructuración del sistema bancario, es necesario identificar a quienes abusaron de él. Pero lo más grave quizá no esté en el contenido de estas propuestas, sino en su timing. En un momento de guerra, de angustia existencial y de negociaciones cruciales abiertas a largas incertidumbres, se reabre el tema de los depósitos. No porque el momento sea adecuado, sino porque puede serlo para quienes quieren hacer pasar medidas que no resistirían un debate amplio. En momentos de atención dispersa, la capacidad de resistencia se debilita, las discusiones se acortan y lo que antes era inadmisible se vuelve aceptable bajo el pretexto de la “necesidad”. Las cuestiones existenciales requieren una conciencia colectiva, no un agotamiento colectivo. Necesitan un debate abierto, no la presión del tiempo y el miedo. Porque las soluciones impuestas en momentos de debilidad rara vez son justas. Esto no significa que este tema pueda postergarse indefinidamente. Pero hay una gran diferencia entre plantear una cuestión fundamental en el marco de un debate nacional abierto e introducirla en medio del caos del miedo y el cansancio, donde los ciudadanos se convierten en receptores pasivos. Las grandes cuestiones no solo requieren soluciones, sino condiciones equitativas para ser planteadas. Necesitan una conciencia colectiva, no un agotamiento colectivo. De lo contrario, cualquier solución, por técnica y equilibrada que parezca, llevará consigo la distorsión del momento en que nació. El problema no radica en la búsqueda de soluciones, sino en su naturaleza y en el orden de prioridades. Cuando un plan comienza por borrar derechos en lugar de consolidarlos, y por proteger al sistema en lugar de cuestionarlo, no resuelve la crisis: la reproduce bajo otra forma. Lo que hoy se exige no es un milagro financiero, sino un mínimo de justicia. Que las cosas se llamen por su nombre. Que se determinen las responsabilidades. Que se haga un intento serio por recuperar los fondos. De lo contrario, estaremos ante un espectáculo familiar: Un nuevo lenguaje, nuevos términos, una nueva fórmula… pero el mismo resultado. No un “agujero financiero”, sino una historia clara: fondos expoliados y un sistema que intenta convencer a sus propietarios de aceptar la pérdida como si fuera un destino.