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A medida que van perfilándose, de forma gradual y cautelosa, los contornos —y quizás también los silencios— del acuerdo marco alcanzado entre Washington y la República Islámica de Irán, emergen de manera cada vez más explícita dos parámetros fundamentales que podrían calificarse de «periféricos» al proceso político global en curso: por un lado, las disensiones internas iraníes dentro del poder y las grietas que afloran ahora públicamente en la estructura del régimen; y por otro, la construcción progresiva por parte de Estados Unidos, con paciencia y meticulosidad, de lo que parece ser un nuevo orden político-militar-securitario en la región, destinado a recortar las alas al régimen de los mulás y reducir su influencia extraterritorial a su mínima expresión. El primero de estos dos parámetros complica, e incluso dificulta, lo que algunos denominan, de manera imprecisa, «el diálogo y las negociaciones» entre Washington y la República Islámica. Varios medios iraníes, así como fuentes fidedignas que siguen de cerca la evolución de la situación interna en Irán, vienen haciéndose eco desde hace varios días de serias fisuras que sacuden el aparato político del régimen de los mulás en sus más altos niveles. En este sentido, se confirma que el ala radical del poder no ha perdido su influencia preponderante, y así lo demuestra a través de sus virulentas críticas públicas contra el llamado campo «moderado» o pragmático, que logró conseguir el visto bueno al acuerdo marco con Estados Unidos. La contestación de los radicales se ha traducido en ataques frontales contra el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, cuya entrevista en la televisión estatal iraní fue interrumpida y cortada abruptamente hace unos días antes de que llegara a su fin. El otro «símbolo» de las negociaciones con Estados Unidos, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, fue abucheado por peregrinos iraníes durante su reciente visita a Karbala, en Irak. Estos contratiempos llevaron a principios de semana al presidente iraní, Massoud Pezechkian, a denunciar públicamente la campaña contra los negociadores iraníes. Sin embargo, las críticas no se limitan a la figura de los negociadores, sino que abarcan de manera más amplia y profunda las orientaciones del presidente iraní y los miembros del Consejo Superior de Seguridad Nacional, quienes dieron luz verde al acuerdo marco firmado con Estados Unidos. Dato significativo: los ataques contra el presidente Pezechkian y los negociadores provienen de instancias radicales de alto rango que representan la columna vertebral del régimen. El sitio libanés al-Janoubiya, que refleja el punto de vista de la oposición chií libanesa y que generalmente está muy bien informado sobre la situación en Irán, señala que 63 de los 84 miembros del «Consejo de Expertos del régimen» publicaron recientemente un comunicado en el que exigen a los negociadores de la República Islámica que se atengan a las «líneas rojas» definidas por el «walih el-faqih», el Guía Supremo. Al-Janoubiya indica además que la «dirección de las escuelas religiosas» (las «hawzat»), dependiente del walih el-faqih, publicó también por su parte un comunicado advirtiendo al presidente iraní, a los negociadores y a los miembros del Consejo Superior de Seguridad Nacional contra cualquier «laxismo» en la aplicación de las «líneas rojas» mencionadas en el documento firmado con Washington. Estas tensiones internas explicarían el hecho de que la delegación iraní presente en Doha, que debía reunirse con los negociadores estadounidenses para conversaciones de carácter técnico, rechazara cualquier negociación directa. Los delegados iraníes dialogaban así con los mediadores pakistaníes, mientras que los representantes estadounidenses intercambiaban posiciones con los responsables qataríes. Estas negociaciones indirectas a través de los mediadores paquistaní y catarí desembocaron en la adopción de una medida simbólica: el desbloqueo de 3.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, cuando Teherán reclamaba inicialmente el desbloqueo de 12.000 millones, para luego conformarse con exigir los 6.000 millones congelados en Catar, algo que tampoco logró obtener. Además, los 3.000 millones desbloqueados el miércoles se destinarán a la compra de productos humanitarios, probablemente en el mercado estadounidense… El nuevo orden estadounidense El segundo elemento que marca esta agitada partida de ajedrez en la región es el nuevo orden estadounidense —político, militar y de seguridad— que parece ir tomando forma progresivamente en el Levante y, de manera más amplia, en el conjunto de la región. Las señales de este dispositivo estadounidense se han hecho claramente visibles en los últimos días y semanas. La sucesión de hechos en este ámbito es especialmente significativa: en vísperas de la firma por parte del Líbano e Israel del acuerdo marco bajo los auspicios de Washington, el Secretario de Estado Marco Rubio se reunía en Baréin con los miembros de la conferencia ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo; al término de dicho encuentro, los estados del Golfo y Rubio publicaron un comunicado conjunto en el que respaldaban sin ambigüedades las orientaciones del gobierno libanés en relación con las negociaciones directas con Israel (la Unión Europea también expresó, de forma independiente a las gestiones estadounidenses, su pleno apoyo a la línea de conducta del gobierno libanés). Con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Golfo, el Líbano firmó así su acuerdo marco con Israel, uno de cuyos principales efectos es mantener a Irán al margen del proceso de salida de la crisis y del fin del estado de guerra en el Líbano, consolidando de este modo la opción soberanista adoptada por Beirut. La dinámica impulsada por el presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y su gobierno podría implicar una participación militar estadounidense, a través de expertos y oficiales de alto rango, en la ejecución del proceso gradual de despliegue del ejército libanés y de retirada de las fuerzas del Estado hebreo del sur del Líbano. Hecho significativo: la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó a principios de semana, con una amplia mayoría, un proyecto de resolución presentado por el Partido Demócrata que imponía al presidente Donald Trump severas restricciones a una posible participación militar estadounidense en el Líbano. Este papel estadounidense fue además abordado con los dirigentes libaneses durante la visita que el comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, realizó a Beirut a comienzos de semana. Otros tres desarrollos significativos ilustraron, por su parte, el proceso estadounidense en marcha: - La oleada de arrestos en Irak de diputados, altos cargos políticos y empresarios cercanos al régimen iraní, así como la decisión adoptada hace 48 horas por el gobierno iraquí de fijar a las milicias pro-iraníes el plazo límite del 30 de septiembre para entregar sus armas al Estado. - La celebración esta semana en Baréin, por parte del comandante del Centcom, de una reunión regional ampliada de seguridad y defensa con altos responsables militares del Líbano, Siria, Baréin, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar y Yemen. - El anuncio hace veinticuatro horas por parte del Departamento del Tesoro estadounidense de la decisión adoptada por los estados miembros del Centro de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (TFTC) de imponer medidas contra las fuentes de financiación de Hezbolá (entre ellas Qard el-Hassan). Frente a esta dinámica estadounidense, el régimen iraní intenta aferrarse a dos cartas de triunfo que busca preservar: el mantenimiento de su papel preponderante en el Líbano (seriamente cuestionado por la posición firme del poder libanés al respecto) y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, haciendo caso omiso de las normativas y del Derecho internacional en este ámbito. En este sentido, un alto funcionario estadounidense indicó al sitio Axios que los negociadores de EE. UU. comunicaron a los delegados iraníes presentes en Doha que la obstinación de Irán en imponer un derecho de paso a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz corre el riesgo de hacer naufragar el acuerdo marco entre Washington y Teherán. Asunto(s), por tanto, que habrá que seguir de cerca…

Reunidos el pasado 29 de mayo por iniciativa del movimiento de los Focolares, 35 representantes y miembros de movimientos eclesiales pudieron expresarse públicamente sobre sus identidades particulares y su misión. Al tomar la palabra ante la asamblea reunida en la catedral de la Resurrección, Jean Barbara, antiguo presidente de Charis y presidente de una constelación de comunidades unidas bajo la bandera “Espada del Espíritu” (“la espada del Espíritu es la palabra de Dios”, Efesios 6:17), expuso el punto de vista del cardenal Josef Ratzinger sobre los movimientos eclesiales. Citó un documento poco conocido del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, redactado en 1998 a petición de Juan Pablo II y titulado El lugar teológico de los movimientos eclesiales , en el que define los movimientos como un “lugar teológico” complementario de las parroquias. En aquel momento, la Iglesia, aunque siempre había alentado a los movimientos de apostolado laical a comprometerse activamente en su seno, todavía no había definido la teología de estos movimientos. El cardenal Ratzinger señaló en su estudio que, en 1970, al salir de un “invierno” en el que el agotamiento de los cristianos era evidente, había ocurrido algo que nadie había previsto: en toda la Iglesia católica, la experiencia de la efusión del Espíritu se extendía como un reguero de pólvora y alcanzaba a millones de fieles. La Iglesia asistía a la multiplicación de nuevos grupos de oración y movimientos. Incluso se hablaba de una “nueva Pentecostés”. Sin embargo, en 1998 los grupos de oración y las comunidades ya conocían su cuota de enfermedades infantiles, constataba el “Cardenal Panzer”. Por ello, se había vuelto necesario que la Iglesia reflexionara sobre cómo vincular adecuadamente los nuevos movimientos y las estructuras permanentes de la Iglesia. En otras palabras, era necesario determinar correctamente su “lugar teológico”. Se habían realizado diversos intentos para resolver la cuestión. Se sostenía que la Iglesia era institucional mientras que los movimientos eran carismáticos, que la Iglesia era cristológica mientras que los movimientos eran pneumatológicos y, finalmente, que la Iglesia era jerárquica mientras que los movimientos eran proféticos. Sin embargo, el cardenal Ratzinger sostenía que la Iglesia institucional era igualmente carismática, pneumatológica y profética que los movimientos en cuestión, aunque de una manera diferente. Por su parte, abordó esta problemática desde dos perspectivas históricas precisas: distinguiendo las dimensiones local y universal de la Iglesia, que algunos identifican respectivamente con su rostro petrino y su rostro mariano, y revisando el papel de los movimientos eclesiales en la historia de la Iglesia. Desde los inicios de la Iglesia, demostró el cardenal Ratzinger, evocando las figuras apostólicas y episcopales de san Pablo y de Santiago, primer obispo de Jerusalén, estas dos estructuras han coexistido. Por supuesto, existía cierta interconexión entre ellas, pero podían distinguirse claramente: por un lado, los ministerios eclesiales locales, que adquirieron progresivamente formas permanentes a través de los colegios episcopales y sacerdotales; por otro, el ministerio apostólico a través de los movimientos eclesiales. Concluyó afirmando que la dimensión universal, es decir, el elemento que trasciende los ministerios locales, es tan indispensable como estos últimos. Como apoyo a este argumento, Ratzinger trazó un panorama de los diversos movimientos apostólicos en la historia de la Iglesia, desde la aparición de la vida eremítica en el siglo IV con san Antonio el Grande, hasta el nacimiento, en el siglo XIX, de congregaciones misioneras principalmente femeninas en continentes apenas alcanzados por el cristianismo, pasando por el movimiento monástico con san Basilio, el monacato misionero que prosperó entre los siglos VI y IX y contribuyó a la evangelización de las islas británicas y de los pueblos germánicos, las órdenes mendicantes del siglo XIII, que contribuyeron ampliamente a la cristianización de Europa, y los movimientos misioneros del siglo XIX, que emprendieron la misión mundial en América, África y Asia. En resumen, el cardenal Ratzinger señalaba la existencia de una continuidad histórica entre la vida eremítica, el monacato, las órdenes mendicantes, las congregaciones misioneras y los movimientos actuales. La respuesta del Espíritu Santo Basándose en ambas perspectivas, Ratzinger observó que en la Iglesia siempre son necesarios ministerios y misiones que no estén únicamente vinculados a la Iglesia local; que los movimientos apostólicos aparecen necesariamente bajo formas siempre nuevas a lo largo de la historia, porque son la respuesta del Espíritu Santo a las situaciones cambiantes que atraviesa la Iglesia, y finalmente que, cuando estos movimientos son acogidos por los obispos y sacerdotes dentro de las estructuras diocesanas y parroquiales, representan un verdadero don de Dios, tanto para la nueva evangelización como para la actividad misionera. Al concluir su presentación, Jean Barbara declaró: “Los movimientos eclesiales existen y encuentran su lugar en la Iglesia porque nos situamos en la continuidad histórica de la obra apostólica universal del Espíritu Santo, del movimiento monástico, de las órdenes religiosas y hasta nosotros. Somos los sucesores de los monjes… y de otras órdenes religiosas, con una misión universal. Ciertamente, numéricamente solo somos un pequeño grupo, pero a los ojos del Señor, lo que cuenta no es el número”. Al final de la reunión, monseñor Antoine Bou Najem ofreció un emotivo testimonio de lo que debe al movimiento de los Focolares. Al evocar el retiro preparatorio para su ordenación que realizó en Loppiano, el centro del movimiento en Italia dijo: “Fue en Loppiano donde comprendí, profundamente inspirado por la experiencia comunitaria, que el sacerdocio es un servicio antes que una autoridad, una entrega de sí mismo antes que un cargo”. Por su parte, monseñor Paolo Borgia pidió espontáneamente a los fieles y a los movimientos eclesiales que no olvidaran mencionar a los sacerdotes y a los obispos en sus oraciones. “No crean que no las necesitan”, afirmó, insistiendo en que la jerarquía religiosa necesita del apoyo y de las oraciones de los laicos. “El combate más grande” El cardenal indio Iván Días (1936-2017) relata que, algunos meses antes de convertirse en el papa Juan Pablo II, el 9 de noviembre de 1976, el cardenal Karol Wojtyla decía: “Hoy estamos ante el combate más grande que la humanidad haya visto jamás. No creo que la comunidad cristiana lo haya comprendido totalmente. Hoy estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la Anti-Iglesia, entre el Evangelio y el Anti-Evangelio”. Y el antiguo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos cuestionaba una poderosa corriente de secularización, relativismo e indiferencia que somete al mundo a una dura prueba, asfixia y apaga la fe de decenas de millones de personas. Considerada providencial por Juan Pablo II, la proliferación de los movimientos eclesiales después del Concilio Vaticano II es uno de los fenómenos más destacados e inesperados del catolicismo contemporáneo. En el Líbano y en el mundo, hoy forman parte del paisaje eclesial. Arraigados en la oración y en la Eucaristía, estos movimientos son una de las “armas” que deberían finalmente sacudir los cimientos de la “Anti-Iglesia” y del relativismo.

Después de cuarenta días de guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, y, simultáneamente, entre Israel y Hezbolá en el Líbano, el 8 de abril de 2026 entró en vigor un primer acuerdo marco de alto el fuego entre Washington y Teherán. Unas horas más tarde, una serie de operaciones aéreas israelíes masivas alcanzó más de 30 posiciones de Hezbolá en el Líbano en un lapso de diez minutos, dejando más de 300 muertos y 1150 heridos. Fueron algunos de los ataques más letales del conflicto, con la aviación israelí lanzando exactamente 160 bombas. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, inicialmente previsto para quince días y que no incluía al Líbano, fue prolongado el 21 de abril por tiempo indefinido. Este contemplaba, además del cese de las hostilidades entre ambas partes, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones diplomáticas. Estas conversaciones desembocaron el 17 de junio de 2026 en el memorando de entendimiento, válido por 60 días, que incluía el fin de la guerra en el Líbano y fue firmado por Donald Trump y Masoud Pezeshkian con el objetivo de establecer un cese duradero de las hostilidades. Mientras tanto, y bajo una fuerte presión estadounidense, un acuerdo complementario relacionado con el Líbano entró en vigor el 17 de abril de 2026, nueve días después del inicio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y del mortal ataque israelí simultáneo. Esta tregua, negociada entre Trump, Netanyahu y Joseph Aoun, establecía el cese de los combates durante diez días. Fue posteriormente prorrogada; finalmente desembocó en el acuerdo marco libanés-israelí firmado en Washington el 26 de junio de 2026. La ilusión del alto el fuego Desde el 17 de abril, e incluso después del acuerdo marco del 26 de junio, el alto el fuego en el Líbano mostró rápidamente sus límites en el terreno. En efecto, las hostilidades no cesaron: entre violaciones repetidas, expansión geográfica de los ataques y desastre económico, el sur del Líbano siguió siendo escenario de una confrontación de alta intensidad hasta el 26 de junio, y posteriormente de intensidad media a baja. En el mismo “puesto” de Hezbolá mencionado en la leyenda anterior, un cartel muestra a un combatiente haciendo el saludo militar, con la bandera libanesa y la de Hezbolá. Una escena extremadamente rara, incluso casi impensable, ya que la bandera nacional suele estar ausente en las manifestaciones de Hezbolá, y mucho menos exhibida frente a la bandera amarilla del grupo proiraní. (AFP) Para ilustrar mejor la postura de la Casa Blanca respecto al alto el fuego entre Israel y Hezbolá, este último no fue incluido directamente en las negociaciones. Donald Trump, consultado a principios de junio de 2026 en el Despacho Oval, afirmó que “un alto el fuego en el Líbano es diferente de un alto el fuego en otros lugares del mundo”. Esta declaración refleja su voluntad de separar la situación libanesa del expediente iraní, aunque los iraníes vinculan ambos conflictos, una conexión más acorde con la realidad y que debilita los acuerdos, a menos que las autoridades libanesas demuestren firmeza y solidaridad. Una asimetría de fuego persistente Hezbolá, así como su base de apoyo incondicional, continúa manifestando una negación patológica de una realidad mucho más sombría que la del imaginario colectivo. Entre el primer alto el fuego entre Líbano e Israel en abril y el 14 de junio de 2026, fecha del anuncio del memorando de entendimiento Washington-Teherán que incluía al Líbano, los datos recopilados demuestran un claro desequilibrio de fuerzas y de actividad militar sobre el terreno. Durante este periodo de 59 días, las fuerzas israelíes realizaron un total de 5056 ataques de todo tipo (principalmente: ataques aéreos, drones, artillería y otros) frente a 947 del movimiento chiita (misiles antitanques con carga tándem, drones, morteros y otros), lo que equivale a 5,34 ataques israelíes por cada ataque de Hezbolá (1). Esta disparidad se traduce en un promedio diario de 94 ataques israelíes, con picos de intensidad alarmantes, especialmente el 26 de mayo de 2026, cuando se registraron 203 ataques del ejército israelí en un solo día. Desde el inicio del conflicto, cifras alarmantes Si se retrocede al inicio del conflicto, no se ha publicado ningún recuento oficial preciso del número bruto de bombas lanzadas sobre el Líbano desde el 2 de marzo de 2026. Sin embargo, los institutos científicos y las autoridades gubernamentales libanesas han realizado registros. Entre el 2 de marzo y el 16 de abril de 2026, antes del primer alto el fuego entre Líbano e Israel, el CNRS libanés registró 8200 ataques israelíes de todo tipo (bombardeos aéreos, disparos de artillería e incursiones), incluidas 306 oleadas masivas de ataques aéreos solo durante las dos primeras semanas de marzo. Si se suma esta cifra a la registrada después del 17 de abril (2), el total desde el 2 de marzo hasta el 14 de junio asciende a 13,256 ataques israelíes. Finalmente, desde mediados de junio de 2026, los bombardeos continúan a un ritmo menor pero diario, entre 10 y más de 160 proyectiles por día, según la FINUL. Paralelamente, no se ha publicado ninguna cifra oficial global y precisa sobre el tonelaje de municiones (masa neta de explosivos o peso de las bombas) desde el inicio del conflicto, ni por parte del ejército israelí ni de Hezbolá. Sin embargo, los balances publicados por las Fuerzas de Defensa de Israel indican el uso de bombas guiadas de entre 250 y 900 kg durante los ataques aéreos, lo que representa, en términos aproximados de tonelaje total, 12,500 toneladas de municiones aéreas dirigidas contra el Líbano. Como comparación, durante la guerra de los 33 días de 2006, Israel lanzó sobre el Líbano 7500 toneladas de bombas. Para mayor precisión, los registros de la FINUL indican que, en jornadas de observación habituales, aproximadamente el 97 % de las trayectorias de explosivos y proyectiles observadas provenían de las fuerzas israelíes. Del lado de Hezbolá, el arsenal está constituido por cohetes, misiles antitanques y drones suicidas, más que por bombas aéreas pesadas. Desde el colapso del primer alto el fuego del 17 de abril, el partido proiraní lanzó varios miles de proyectiles, con picos de entre 100 y 200 proyectiles durante los días de mayor intensidad. La carga explosiva individual de estos cohetes (tipo Katyusha/Grad) suele estimarse entre 20 y 50 kg, lo que deja un tonelaje total al menos 18 veces inferior al de las municiones israelíes; esto sitúa la masa de municiones de Hezbolá dirigidas contra los israelíes en unas 700 toneladas. La innovación tecnológica de Hezbolá A finales de abril de 2026, Hezbolá alcanzó un nuevo nivel militar al desplegar masivamente drones kamikaze FPV (First Person View), guiados mediante cables ultrafinos de fibra óptica. Inspirados en las tácticas del conflicto ucraniano y ensamblados a bajo costo (entre 300 y 600 dólares por unidad), estos dispositivos fabricados con materiales no metálicos prescinden completamente de las ondas de radio y de la señal GPS. Esta característica técnica los vuelve estrictamente indetectables para los radares e insensibles a los sistemas israelíes de interferencia electrónica. Gracias a un flujo de video de alta definición ininterrumpido, transmitido mediante cables ultrafinos de fibra óptica que conectan los drones con sus operadores de Hezbolá, estos logran realizar ataques quirúrgicos de una precisión temible contra los vehículos blindados de las Fuerzas de Defensa de Israel, causando las mayores pérdidas humanas israelíes desde el mes de mayo y obligando al Estado Mayor israelí a replantear sus sistemas de protección terrestre. Estos “drones kamikaze” representaban, en efecto, más del 50 % de las operaciones de la milicia proiraní hasta el 26 de junio. Por su parte, la respuesta israelí se basó principalmente en el poder aéreo (60,5 % de los ataques) y en un uso intensivo de la artillería, dirigida prioritariamente contra infraestructuras, pero incapaz de hacer frente a los drones FPV. ¿Y el acuerdo marco libanés-israelí? Desde un punto de vista puramente táctico y técnico, a partir del 26 de junio se observa una reducción relativa de la intensidad de las operaciones militares. Las campañas masivas de ataques aéreos israelíes dieron paso a ataques aéreos y con drones más selectivos, así como a acciones terrestres limitadas que incluyen demoliciones de edificios e infraestructuras. Si Hezbolá parece también haber reducido o detenido sus ataques, el clima sigue siendo de extrema fragilidad, debido al factor iraní, que busca retrasar las negociaciones en curso en Bürgenstock, y al factor israelí, que prioriza la cuestión de seguridad y quiere vaciar de habitantes favorables a la milicia proiraní el sur de la línea amarilla. En conclusión, el “alto el fuego” es extremadamente frágil y Hezbolá está lejos de proclamar una victoria abierta, aunque se haya adaptado a nuevas tácticas y técnicas. Para el Líbano, ya debilitado por una crisis multidimensional, la aplicación de las cláusulas del acuerdo marco representa un verdadero desafío. (1) y (2): Fadi Hajji-Georgiou, investigación y desarrollo.

¿Se ha vuelto al punto de partida con la incertidumbre que rodea desde hace dos días una reanudación, anunciada previamente, de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha? Probablemente no, aunque la pregunta es legítima. La realidad parece más matizada, pero el camino está lejos de ser sencillo. Teherán y Washington no parecen estar dispuestos a aceptar nuevas concesiones, además de las que ya habían sido otorgadas en el marco del memorándum de entendimiento que firmaron el 18 de junio. Si Doha recibe hoy a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, así como a una delegación técnica iraní a la que se incorporará el miércoles el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, encargado de asuntos jurídicos e internacionales, Kazem Gharibabadi, las autoridades cataríes aseguran que, por ahora, no está prevista ninguna reunión directa de alto nivel con responsables iraníes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed el-Ansari, afirmó durante una conferencia de prensa celebrada durante la jornada que no había previsto ninguna reunión directa entre funcionarios estadounidenses e iraníes en los próximos días. Citado por agencias de prensa iraníes y yemeníes, Kazem Gharibabadi precisó al respecto que el primer ciclo de discusiones técnicas, en el marco de los grupos de trabajo designados, se llevará a cabo “cuando las condiciones estén dadas y después de que se haya llegado a un acuerdo sobre la fecha y el lugar”. Indicó que “se están realizando consultas al respecto a través de los países mediadores”. Kazem Gharibabadi debe reunirse especialmente el miércoles con responsables cataríes para abordar los seis mil millones de dólares en activos iraníes congelados, anunció el martes por la noche el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores. Una prioridad para la República Islámica, que enfrenta importantes dificultades financieras. El estrecho y los activos congelados Según Majed el-Ansari, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, presentes en el emirato, intercambiarán exclusivamente con los mediadores cataríes y los responsables locales con el fin de evaluar la aplicación del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio. Las discusiones abarcarán todos los expedientes regionales, incluidos Irán y Líbano. En otras palabras, los mediadores vuelven a actuar para intentar encontrar un terreno común entre Estados Unidos e Irán, que considera haber hecho suficientes concesiones en el marco del memorándum de entendimiento. La cuestión central actualmente es cómo se resolverán los puntos conflictivos del estrecho de Ormuz y de los activos congelados. Teherán se aferra a su derecho autoproclamado de controlar el estrecho, mientras que una posibilidad de ese tipo enfrenta una fuerte oposición árabe, estadounidense y europea. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar fue muy claro sobre el tema: Doha no está dispuesta a aceptar un control iraní del estrecho. Majed el-Ansari también confirmó que los fondos iraníes congelados, cuyo desbloqueo está previsto en el memorándum de entendimiento, todavía no han sido transferidos. Por su parte, Teherán mantiene un discurso intransigente, incluso amenazante. El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, advirtió que cualquier violación del memorándum de entendimiento por parte de Washington provocaría una respuesta inmediata. “Ninguna acción quedará sin respuesta”, declaró en una alusión a los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes cuando Teherán atacó a petroleros que atravesaron el estrecho de Ormuz utilizando el corredor previsto por el sultanato de Omán, en coordinación con Washington. Esmaïl Baghaï también insistió en la necesidad de que Estados Unidos “respete su compromiso de poner fin a la guerra en todos los frentes, especialmente en el Líbano”. Según él, Washington debe, si es necesario, obligar a Israel a respetar los términos del acuerdo. Pezeshkian denuncia los ataques contra los negociadores La importancia de un cese de las hostilidades en el frente libanés también fue destacada por el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, quien, durante una gira por la provincia de Qom, se encargó de precisar que el acuerdo con Washington fue alcanzado “en plena coordinación con el líder supremo Mojtaba Khamenei y con el apoyo del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”. Sin embargo, su discurso volvió a confirmar la existencia de dos corrientes enfrentadas en Irán. Según el sitio Iran International, Massoud Pezeshkian defendió al equipo encargado de las negociaciones con Estados Unidos cuando afirmó que este había coordinado todos los aspectos con Mojtaba Khamenei. “Desafortunadamente, algunos grupos se esfuerzan, como continuación de las operaciones psicológicas llevadas a cabo por medios hostiles, por debilitar este avance atacando al equipo negociador y cuestionando las decisiones nacionales”, declaró. Según Iran International, sus declaraciones se producen mientras su gobierno enfrenta una creciente presión por parte de facciones ultraconservadoras opuestas a un diálogo con Washington. El medio recuerda que varias figuras de la línea dura han acusado al presidente y a su equipo negociador de haber aceptado concesiones, al mismo tiempo que ponen en duda el respaldo del líder supremo a las principales decisiones de seguridad. Expectativa en el Líbano En el Líbano, donde el acuerdo marco con Israel también genera críticas, todavía se espera la implementación de las disposiciones de este documento, que contempla, entre otros puntos, una retirada israelí progresiva de los sectores actualmente ocupados en el sur del Líbano, donde deben desplegarse las fuerzas regulares, así como el desmantelamiento progresivo de las infraestructuras militares de Hezbolá. Israel, como se sabe, debe retirarse primero de “zonas piloto”, una acción coordinada con el Centcom, cuyo comandante, el almirante Brad Cooper, realizó el lunes una visita a Beirut y Tel Aviv. Al día siguiente de esta visita, el presidente libanés Joseph Aoun recibió al comandante en jefe del ejército, el general Rodolphe Haykal, para discutir el papel de las fuerzas armadas en la aplicación del acuerdo marco. Sobre el terreno, la situación sigue siendo volátil. La artillería israelí atacó las localidades de Hebbariyé, en el distrito de Marjeyoun, Beit Yahoun, en el de Bint Jbeil, y Majdel Zoun, en el distrito de Tiro. Esta localidad está ahora dividida en dos después de la destrucción mediante explosivos de un túnel de Hezbolá, que había provocado una enorme explosión. Al mismo tiempo, los medios israelíes informaron sobre una visita del primer ministro Benjamín Netanyahu y de su ministro de Defensa, Israel Katz, al sector controlado por el ejército israelí en el sur del Líbano. Dirigiéndose a los militares, Benjamín Netanyahu indicó que Tel Aviv “comenzó a desmantelar el eje iraní, atacando directamente a la República Islámica y estableciendo una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano”. Aseguró que el ejército permanecerá en el sur del país “mientras Hezbolá no sea desarmado y constituya una amenaza para Israel”. Sin embargo, señaló que el arsenal militar de esta organización “representa apenas el 8% de lo que era antes de la guerra” y que “9000 milicianos fueron eliminados”.

La importancia del acuerdo marco propuesto entre el Líbano e Israel no radica únicamente en que busca poner fin a una confrontación militar. Su verdadero alcance reside en el profundo cambio que refleja en la naturaleza misma de los acuerdos de posguerra. El documento se aparta de los acuerdos tradicionales de alto al fuego y va mucho más allá de regular las líneas de contacto o las modalidades de retirada. Sienta las bases de un nuevo modelo de resolución de conflictos, en el que la construcción del Estado pasa a formar parte del proceso de construcción de la paz, y en el que la soberanía adquiere un significado renovado, mucho más complejo que la simple protección de las fronteras. Mientras que los Acuerdos de Camp David, el Tratado de Paz entre Israel y Jordania firmado en Wadi Araba, así como el Acuerdo de Taif y los Acuerdos de Dayton surgieron tras grandes guerras con el propósito de reorganizar las relaciones políticas entre antiguos beligerantes, el acuerdo actual va un paso más allá. Busca redefinir la relación entre el propio Estado libanés y los instrumentos de la fuerza existentes dentro de su territorio, al tiempo que reconfigura el entorno de seguridad regional, pese a la oposición de Hezbolá, que pretende apoyarse en su patrocinador iraní para definir los contornos del orden de la posguerra. Resulta igualmente significativo que el documento no parta de la pregunta de por qué estalló la guerra. Plantea una interrogante muy distinta: ¿qué forma debe adoptar el Estado una vez terminada la guerra? Por ello presta mucha menos atención a las conocidas causas históricas del conflicto que al orden político llamado a surgir cuando cesen los combates. Más que escribir el epílogo de la guerra, escribe el prólogo de una nueva etapa política. Una lectura deconstructiva del texto revela que su cuestión central no son las fronteras, sino el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Prácticamente todas sus disposiciones giran en torno a devolver al Estado libanés la facultad exclusiva de decidir sobre la guerra y la paz, desarmar a los grupos armados que operan al margen de las instituciones oficiales y someter la seguridad nacional a la autoridad constitucional. De este modo, el acuerdo refleja una evolución notable del propio concepto de soberanía. Esta deja de limitarse a la protección de las fronteras o al fin de la ocupación y pasa a abarcar también el control exclusivo del Estado sobre el uso de la fuerza dentro de su territorio. La soberanía adquiere así una doble dimensión: se ejerce tanto sobre el territorio como sobre los instrumentos de la fuerza en el ámbito interno. Al mismo tiempo, el documento pone de manifiesto la habilidad negociadora del embajador Simon Karam y de su equipo diplomático. No reabre el expediente de las fronteras internacionales ni las considera un asunto susceptible de una nueva negociación. Parte, por el contrario, de la premisa implícita de que esas fronteras, salvo las cuestiones técnicas ampliamente conocidas, se sustentan en una legitimidad internacional ya consolidada conforme al derecho internacional, derivada del Acuerdo General de Armisticio libanés-israelí de 1949, teniendo además presentes las circunstancias históricas que dieron origen a dicho acuerdo, lo justificaron y le otorgaron legitimidad. De esta manera, los negociadores libaneses lograron separar la cuestión de la soberanía territorial, considerada un asunto jurídicamente resuelto, de las disposiciones de seguridad impuestas por las circunstancias de la guerra. Con ello evitaron que los resultados del conflicto se convirtieran en un pretexto para redefinir las fronteras del Estado libanés, cuyo papel en la estabilidad internacional sigue siendo especialmente relevante, o para reabrir la discusión sobre cualquier acuerdo definitivo que pudiera alcanzarse en el futuro. En ese sentido, este enfoque constituye un modelo internacional para la preservación del conjunto de los instrumentos jurídicos internacionales, cuyo alcance continúa determinado por su contexto histórico integral, es decir, por su entorno geoestratégico regional e internacional. La filosofía que sustenta la aplicación del acuerdo reviste una importancia comparable a la de su propio contenido. El documento no parte de la idea de que la paz surgirá simplemente con la firma del acuerdo. Reconoce implícitamente que las secuelas de la guerra seguirán presentes sobre el terreno y que durante el periodo de transición continuarán existiendo riesgos de violaciones e incidentes. Por ello adopta una lógica gradual, en la que cada retirada corresponde a un paso recíproco y cada avance sobre el terreno va acompañado de mecanismos de verificación y supervisión internacional. El gradualismo deja así de ser un simple procedimiento técnico para convertirse en una auténtica filosofía política que reconoce que el tránsito de la guerra a la paz constituye un proceso acumulativo y no un acontecimiento instantáneo. Se trata menos de proclamar el fin de la guerra que de administrar la transición hacia la paz. La modernidad de este acuerdo también se manifiesta en su propia arquitectura negociadora. La historia diplomática ha estado marcada, por lo general, por acuerdos alcanzados dentro de un único proceso de negociación que reunía directamente a las partes involucradas. En este caso, sin embargo, el acuerdo parece formar parte de una arquitectura regional mucho más amplia, en la que la vía libanesa-israelí avanza paralelamente a otros procesos de negociación que inciden en el entorno estratégico del conflicto. Si los indicios políticos apuntan a la existencia de entendimientos paralelos entre Washington y Teherán sobre asuntos regionales de mayor alcance, el éxito del acuerdo libanés ya no depende únicamente de la voluntad política de Beirut y Tel Aviv, sino también de la solidez de los equilibrios generados por esos entendimientos regionales. El mundo transita así de la lógica del “acuerdo único” a la de los “acuerdos simultáneos”, en la que cada proceso de negociación pasa a formar parte de una red más amplia de entendimientos. Aun así, el presidente Joseph Aoun ha afirmado: “Damos la bienvenida a cualquier ayuda que los Estados puedan brindar para poner fin a la guerra”. Pero existe una diferencia entre ayudarnos e intervenir en nuestros asuntos internos. Nosotros negociamos por nuestra cuenta y no aceptaremos que nadie negocie en nuestro nombre”. El documento también redefine la función de la reconstrucción. Esta deja de presentarse simplemente como una respuesta humanitaria a los estragos de la guerra y pasa a formar parte de una ecuación política y de seguridad más amplia, que vincula la ayuda internacional con avances verificables en el restablecimiento de la autoridad del Estado y en la consolidación de su monopolio sobre las armas. De este modo, la asistencia económica se convierte en un instrumento para consolidar la estabilidad, más que en un simple medio para reparar la destrucción material. Sin embargo, el alcance más profundo del acuerdo trasciende sus disposiciones en materia de seguridad y plantea una cuestión de fondo sobre el futuro del propio sistema político libanés. Al reclamar que el Estado ejerza el control exclusivo sobre el uso de la fuerza, el documento abre implícitamente el camino para que las instituciones constitucionales ejerzan de manera exclusiva la autoridad sobre la toma de las decisiones nacionales. Cuestiones de semejante trascendencia solo pueden alcanzar una estabilidad duradera cuando dejan atrás la lógica de la calle y de las correlaciones de fuerza para trasladarse al ámbito de las instituciones. Por ello, cualquier oposición al acuerdo, independientemente de sus argumentos políticos o relacionados con la soberanía, debería encontrar su cauce natural dentro del Parlamento, como institución constitucional que representa la voluntad nacional y ejerce las funciones de legislación y supervisión. La oposición no constituye el reverso del Estado. Solo se convierte en un peligro para él cuando abandona el marco institucional para recurrir a las relaciones de fuerza sobre el terreno. Si el acuerdo pretende poner fin a la existencia de grupos armados ilegales que operan al margen de la autoridad del Estado, al mismo tiempo pone a prueba la capacidad de los libaneses para consolidar la unidad de la decisión política dentro de sus instituciones legítimas. En última instancia, este documento no puede entenderse simplemente como un acuerdo de seguridad entre dos Estados. Representa un intento por redefinir el propio concepto de soberanía, los mecanismos de construcción de la paz y la naturaleza del Estado en la etapa de la posguerra. Desplaza el debate de las fronteras hacia las instituciones, de la gestión del conflicto hacia la reconstrucción del Estado, y de una paz concebida como un alto al fuego hacia una paz entendida como un proceso político gradual. El éxito de este proyecto depende, en última instancia, de un factor que trasciende el propio texto del acuerdo: la capacidad de los libaneses para trasladar sus diferencias de las calles al terreno de la competencia democrática dentro del Parlamento. Solo entonces el monopolio estatal del uso de la fuerza podrá ir acompañado del monopolio estatal de la decisión política, permitiendo que el fin de la guerra marque verdaderamente la construcción del Estado y no simplemente una nueva tregua en la larga historia de los conflictos libaneses. Solo entonces el fin de la guerra podrá convertirse verdaderamente en el comienzo del Estado. Pero si los libaneses optan por hacer fracasar este proceso fuera del marco de sus instituciones, no solo habrán echado abajo un acuerdo. Tal vez habrán dejado escapar la última oportunidad histórica para reconstruir su Estado, como si, una vez más, el suicidio político terminara prevaleciendo sobre el instinto de supervivencia.

En 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1612, que establece la designación de las partes responsables de graves violaciones cometidas contra los niños en los conflictos armados y las guerras, ya se trate de Estados o de fuerzas de facto, como milicias o autoridades locales ilegítimas. En aplicación de esta resolución, se publica la “Lista de la vergüenza”, que registra a los Estados y a las organizaciones según el número y la naturaleza de las violaciones que cometen. El informe anual revela que las fuerzas armadas y de seguridad cometieron, durante el último año, treinta y ocho mil violaciones contra niños en todo el mundo. El informe de las Naciones Unidas abarca dieciséis países, entre ellos Afganistán, Malí, Haití, Myanmar, Somalia, Nigeria, Sudán, Irán e Israel. Se observa que las fuerzas armadas y de seguridad israelíes son responsables, por sí solas, de una cuarta parte de las violaciones registradas, con más de 12,425 violaciones cometidas contra cinco mil niños cuyos casos han sido verificados, mientras que otros cinco mil casos siguen siendo objeto de investigación. De este modo, las fuerzas de seguridad israelíes fueron señaladas como las principales responsables de estas violaciones y ocupan, por segunda vez, el primer lugar de la “Lista de la vergüenza”. La directora general de UNICEF, Catherine Russell, presentó su exposición sobre la cuestión precisando que: “Las cifras que figuran en este informe no reflejan el número real de violaciones cometidas contra los niños, porque el informe solo toma en cuenta los casos que pudieron ser verificados”. Muchas violaciones nunca son denunciadas por múltiples razones, entre ellas las dificultades de acceso a las zonas afectadas, el temor a represalias y otros factores”. El informe también muestra que el 70 % de las muertes y heridas son consecuencia del uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas. La presencia de Israel a la cabeza de esta “Lista de la vergüenza” no se limita a lo que ocurre en Palestina. Las violaciones cometidas contra los niños en el Líbano y Siria no son menos graves, como tampoco lo son aquellas que afectan al pueblo iraní, ya sometido a la brutalidad del régimen de los mulás. Sin embargo, estas violaciones constituyen un desafío mayor para todos los países del mundo civilizado, y especialmente para las democracias que reivindican el derecho internacional humanitario y las convenciones que ellas mismas contribuyeron a elaborar y promover. El derecho internacional establece, en efecto, que deben ser perseguidos no solo el autor principal y directo de los crímenes, sino también las partes que se convierten en cómplices del criminal, conforme a la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La complicidad es considerada así una forma de participación indirecta que incluye el apoyo material, el apoyo logístico y también el apoyo moral. Esta responsabilidad jurídica también concierne a las empresas que fabrican armas, así como a todas aquellas que participan, directa o indirectamente, en el suministro destinado al esfuerzo militar de los autores del crimen de genocidio, incluidas las empresas del sector tecnológico y de inteligencia artificial. En su intervención, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, declaró: “La inacción no surge de la ignorancia. Es una elección política consciente”. A la luz de este testimonio, resulta legítimo volver a examinar las posiciones de todos los Estados vinculados, de cerca o de lejos, con los crímenes perpetrados contra los niños en todo el mundo, dondequiera que vivan y cualesquiera sean las razones por las que su infancia haya sido vulnerada. La brecha sigue siendo enorme entre lo que establece el derecho internacional y el estado actual de la humanidad. Los enormes avances científicos alcanzados hasta ahora no implican necesariamente un verdadero progreso civilizatorio. La capital Las negociaciones sobre el estatuto de Jerusalén Este habían sido aplazadas hasta el final del período transitorio previsto por los acuerdos de Oslo, con una duración de cinco años. Cuando se acercó la fecha límite, al amanecer del tercer milenio, el primer ministro israelí Ehud Barak se negó a abrir las conversaciones sobre las cuestiones relacionadas con el acuerdo definitivo con el presidente palestino Yasser Arafat. La mediación impulsada por el presidente estadounidense Bill Clinton antes de abandonar la Casa Blanca tampoco permitió acercar a las dos partes, ya que ninguna aceptó las propuestas planteadas. Ariel Sharon eligió entonces otro camino: el de una provocación cuidadosamente organizada y coordinada con Ehud Barak, al ingresar en la explanada de la mezquita Al Aqsa. Esto provocó, en un primer momento, una amplia movilización popular palestina y luego un retorno a la lucha armada bajo la dirección de Hamás. Cuando Ariel Sharon asumió posteriormente el cargo de primer ministro, ordenó, el 15 de agosto de 2005, la retirada de la Franja de Gaza en el marco del llamado plan de “desconexión”. Presentó así un modelo de solución basado en el mantenimiento del proyecto del Gran Israel, retirándose únicamente de los centros urbanos palestinos, mientras continuaba paralelamente la judaización de Jerusalén Este, sometida a la legislación israelí de anexión desde el final de la guerra de junio de 1967. Este modelo continuó aplicándose con el objetivo de avanzar en la judaización de la capital del Estado de Palestina. Los habitantes de Jerusalén Este fueron colocados bajo un estatus jurídico particular que les prohíbe poseer una tarjeta de identidad palestina, al tiempo que también los priva de la nacionalidad israelí, a diferencia de los palestinos que viven dentro de Israel. El gobierno les otorgó, por tanto, una tarjeta con la denominación de “residente permanente”, que únicamente les permite votar en las elecciones municipales de Jerusalén, sin reconocerles el derecho a participar en las elecciones de la Knesset. En cada elección legislativa palestina, vuelve a surgir la misma batalla en torno al derecho de los habitantes de Jerusalén a votar por la Autoridad Nacional Palestina y su Consejo Legislativo. Las autoridades israelíes se oponen sistemáticamente a su participación en los comicios palestinos, aunque, según el derecho internacional, continúan siendo habitantes de un territorio ocupado llamados a beneficiarse de una protección internacional. Desde su primer mandato, el presidente Trump reconoció la anexión de Jerusalén por parte de Israel al trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a la ciudad, sin preocuparse por las consecuencias de una decisión semejante. Fue aún más lejos al cerrar la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. En mayo pasado, la Knesset aprobó en primera lectura un proyecto de ley para crear una “Autoridad del Patrimonio en Judea y Samaria”, denominación bíblica utilizada para referirse a Cisjordania. El texto aún debe ser aprobado en segunda y tercera lectura. Una vez que entre en vigor, todos los sitios arqueológicos de Cisjordania quedarán bajo la autoridad del gobierno israelí. Estos vestigios, presentes prácticamente en todas partes, abarcan períodos que van desde la época cananea hasta las épocas romana y otomana, lo que permitirá a esta autoridad restaurar, construir, comprar y vender sin encontrar obstáculos. Tal evolución permitiría a Israel apropiarse de cualquier zona situada en Jerusalén y, de manera general, en Cisjordania. Desde su perspectiva, la cuestión central sigue siendo la del Templo que consideran enterrado bajo la mezquita Al-Aqsa según su propia narrativa. Es dentro de esta perspectiva que el gobierno de Netanyahu multiplica las medidas destinadas a administrar el santuario, ocupando algunas de sus partes para desplegar allí soldados, así como la “Unidad de Guardianes del Templo”, encargada de proteger a quienes desean ingresar al recinto de la mezquita para realizar sus ritos religiosos. Las fuerzas israelíes han tomado posición así en cuatro edificios situados dentro del complejo de Al Aqsa: la cúpula del imán Al Ghazali, la cúpula de Salomón, la cúpula de Moisés y la Casa del Hadiz. Las fuerzas de seguridad también apartaron a treinta y siete guardianes y empleados con el objetivo de reducir el número de guardianes palestinos de cincuenta a veinte por equipo, al tiempo que retiraron los permisos de trabajo de treinta empleados del santuario residentes en Cisjordania. Paralelamente, la policía israelí lanzó una campaña de reclutamiento de nuevos voluntarios destinados a incorporarse a la “Unidad del Monte del Templo”, entre los extremistas judíos más radicales. Estas políticas, que afectan los acuerdos alcanzados con la Autoridad Palestina y con el Reino Hachemita de Jordania, depositario de la custodia de la mezquita Al-Aqsa desde los años veinte del siglo pasado, solo provocan por parte de Netanyahu una breve declaración en la que asegura que nada habría cambiado sobre el terreno. Sin embargo, a pesar de la debilidad de sus apoyos, el movimiento Paz Ahora sigue siendo la única organización que denunció este proyecto al declarar: “Si este proyecto de ley es aprobado por la Knesset, constituirá, en todos los aspectos, una medida de anexión acompañada de una amplia confiscación de tierras palestinas”.