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Por Michel Hajji Georgiou - Publicado sep 4, 2026 - 23:28
De Hassan Rifaï queda la imagen de un jurista respetado, sereno, una referencia en derecho administrativo y constitucional, que argumentaba con voz calmada y trémula para señalar los desvíos y extravíos de los políticos con respecto al régimen democrático parlamentario y a la Constitución. Sin embargo, el exdiputado y exministro, fallecido el 3 de septiembre de 2025, era también un hombre rebelde. Un inconforme. Incluso a los cien años. ¡Sobre todo a los cien años! Lo había sido desde niño, arengando a las multitudes en Baalbeck contra el Mandato, y lo siguió siendo a lo largo de toda su carrera como abogado y parlamentario. A los cien años, completamente desencantado de la República y de sus filibusteros, su cólera contenida no se había apaciguado. “¡El Líbano es un país imposible!”, le decía al autor de estas líneas en una entrevista realizada algunos años antes de su muerte y que nunca fue publicada. Pero cuidado. Hassan Rifaï no era nihilista ni alguien que negara todo por principio. Había luchado toda su vida por una determinada idea del Líbano. Concretamente, por el Gran Líbano, unido y plural. Y sabía valorar en su justa medida la experiencia libanesa, con todo lo positivo que había tenido. Pero el ser humano lo había decepcionado. Y, sin embargo, era precisamente al ser humano a quien buscaba. Nunca lo encontró en la escena pública libanesa. En todo caso, no al servicio de la República. Rifaï era un hombre de derecho, siempre elegante, irreprochable, todo lo que se espera de un hombre de su estatura moral e intelectual. Pero también era intransigente. Implacable, incluso. Sin duda, su apego a su país y a su régimen democrático lo había llevado a reconocer una sola fidelidad: un determinado código de valores y una determinada idea de la República. Por eso se mostraba crítico frente a todos los errores y todas las desviaciones, empezando por los que cometían sus propios amigos políticos. No perdonaba a nadie. Ni a las comunidades ni a los clanes, ni a los líderes religiosos, él mismo era laico, y mucho menos a los dirigentes políticos. Nadie escapaba a su escrutinio, y Rifaï encontraba un cierto placer en desmontar los mitos y las ideas preconcebidas que convertían a tal o cual presidente de la República o primer ministro en un líder excepcional. Sus criterios eran objetivos: la coherencia entre los actos y los principios democráticos. Por ello, nadie encontraba verdaderamente gracia ante sus ojos. La conclusión era terrible: ninguno de los dirigentes, en la historia del país, había respetado realmente la democracia parlamentaria libanesa. Ninguno. No porque pusiera a todos al mismo nivel. Tenía suficiente distancia crítica para reconocer las virtudes y los defectos de unos y otros. Le gustaba citar a Léon Duguit: “El derecho constitucional no tiene más salvaguarda que la buena fe de los hombres que lo aplican”. Había hecho de esa frase casi su credo republicano. Y su veredicto era implacable: esa buena fe, sencillamente, no la había encontrado. Demasiados políticos y muy pocos hombres de Estado. Y, sobre todo, demasiada mentira e hipocresía. Un día, un alto dirigente le aconsejó: “No construya carreteras para la gente. De lo contrario, dejarán de venir a verlo”. A pesar del respeto que sentía por aquel aliado político, la frase lo había desconcertado y escandalizado. Encerraba toda una concepción del poder: no resolver nunca de manera definitiva el problema de aquel a quien se pretende representar, porque al desaparecer su necesidad desaparecería también la razón misma de su dependencia. El proyecto del Estado quedaba así postergado indefinidamente. O, en cualquier caso, si existían personas de bien, el sistema no les permitía llegar a puestos de responsabilidad. Rifaï era un rebelde, sí, pero con el rigor y la precisión de un orfebre del derecho administrativo y constitucional. Y probablemente eso era lo que lo distinguía dentro del mundo político libanés. Fue lo suficientemente rebelde, en cualquier caso, como para pagar un precio por ello. En agosto de 1982 fue víctima de un intento de asesinato después de haberse opuesto al diktat israelí. En Taif, en 1989, estuvo prácticamente condenado al ostracismo por haber advertido de inmediato los defectos existentes y las trampas añadidas a las reformas constitucionales. A partir de 1992, bajo la ocupación siria, padeció el ostracismo político por oponerse al aparato de seguridad que sostenía la tutela siria y a la política de Rafic Hariri. Pero era justo. Podía oponerse al confesionalismo político y, al mismo tiempo, reconocer que abolirlo en la etapa actual sería una catástrofe para el Líbano, y que una democracia reducida a la sola lógica de los números tocaría de una vez por todas las campanas fúnebres de la fórmula libanesa y de la presencia cristiana en el país. Podía compartir la idea de que los cristianos habían sido perjudicados por las reformas constitucionales de Taif, los sunitas también, sostenía, y al mismo tiempo recordar los excesos cometidos en el ejercicio del poder por los presidentes de la República entre 1943 y 1990, advirtiendo contra cualquier brote de nostalgia por esas prácticas bajo la consigna de los «derechos de los cristianos». Una deriva hacia un régimen presidencial o semipresidencial constituía, a su juicio, un peligro para los cristianos. La importancia del régimen parlamentario heredado de la Tercera República francesa residía precisamente en que el presidente de la República no era políticamente responsable ante la Cámara de Diputados. Eso lo situaba, según Rifaï, en una posición privilegiada. Por encima de la refriega, podía conducir la nave de la República a buen puerto sin quedar atrapado en las luchas de poder. Esa responsabilidad moral de preservar la Constitución y la República era, a sus ojos, mucho más importante que cualquier responsabilidad política. Pero todavía había que convencer de ello a los principales interesados. Rifaï podía reconocer la importancia de una descentralización administrativa y, al mismo tiempo, negarse a que esa reivindicación se convirtiera en un eslogan ideológico que encubriera una voluntad separatista. Recordaba, en ese sentido, que Beirut y el Monte Líbano habían sido privilegiados en la construcción del Gran Líbano, mientras que las regiones periféricas, en particular la suya, Baalbeck, habían sido despreciadas. Eso había contribuido a debilitar el sentimiento nacional libanés, que dependía, al fin y al cabo, de un bienestar basado en el respeto de la dignidad humana. La adhesión a la ciudadanía suponía que todos recibieran el mismo trato desde el punto de vista del desarrollo. Sin igualdad entre los ciudadanos, la soberanía solo podía tambalearse. Ese fue, por cierto, el sentido de su primera intervención en el Parlamento en 1968. Los acontecimientos posteriores dieron a aquella advertencia una gravedad singular. Los desequilibrios económicos, sociales y territoriales contribuyeron a alimentar las reivindicaciones de la izquierda y de sectores de la calle musulmana, en un país ya atravesado por tensiones comunitarias, injerencias extranjeras y el creciente poder de las organizaciones armadas. Contribuyeron así al debilitamiento progresivo del Estado, antes de la guerra, de las sucesivas ocupaciones y de la aparición de estructuras paraestatales. En definitiva, Hassan Rifaï encarna en cierto modo ese modelo libanés de personalidad cosmopolita, compleja, situada fuera de las trincheras comunitarias y partidistas, respetada de manera casi unánime, sobre todo fuera de los círculos políticos, pero consultada dentro de esos mismos círculos únicamente cuando resulta útil y por interés. Al Líbano no le gustan las mentes demasiado independientes e insumisas, aunque su sistema conserve todavía grietas que permiten que existan y se hagan escuchar. Se las tolera, pero deben permanecer al margen. De ello depende la supervivencia del Estado-zaamat y del Estado-jamaat, que prefiere recurrir invariablemente a protectores extranjeros antes que a personas capaces de generar, proponer y poner en práctica soluciones desde el interior. El sistema político libanés y sus protagonistas detestan la noción de responsabilidad, que les resulta profundamente angustiante, y prefieren la dependencia o, peor aún, la servidumbre. Ahora bien, Rifaï repetía, citando una vez más a Léon Duguit: “Donde está la responsabilidad, está el poder”. ¿Cabe sorprenderse, entonces, de que en el Líbano, donde la responsabilidad no está en ninguna parte, el poder tampoco esté en ninguna parte? O, más exactamente, de que esté siempre en otra parte?
¿Y terminó la batalla con un acuerdo no declarado?
Por Jad Akhawi - Publicado sep 4, 2026 - 15:00
La batalla de Ali al-Taher no fue simplemente un enfrentamiento militar por una colina estratégica en el sur del Líbano. A pesar de su superficie limitada, el sitio se convirtió en un punto de convergencia de cálculos militares, políticos y regionales, y dejó al descubierto uno de los aspectos centrales del conflicto que persiste en el Líbano: ¿quién controla el territorio, quién posee las armas y quién decide sobre la guerra y la paz? Lo más llamativo no es únicamente la entrada de Israel en el sitio, sino la insistencia de Hezbolá en negarse a entregarlo al Ejército libanés, a pesar de que este es la única institución legítima que debería asumir la responsabilidad sobre el territorio libanés, en particular en las zonas fronterizas directamente vinculadas con la seguridad y la soberanía del país. ¿Por qué se negó Hezbolá? Porque la entrega de Ali al-Taher al Ejército no habría sido entendida como una simple medida sobre el terreno. Habría tenido un significado político que iba mucho más allá de la propia colina. Una decisión de este tipo habría equivalido a un reconocimiento de facto de la autoridad del Estado libanés sobre las decisiones de seguridad y militares en el Sur, así como del principio de que ninguna otra fuerza armada puede actuar como si ejerciera la autoridad efectiva sobre el terreno. El sitio se convirtió así en una prueba de la autoridad del Estado, y no simplemente en una posición militar avanzada. ¿Quién mató a los combatientes? Este sigue siendo el episodio más oscuro del relato de la batalla. La versión israelí habla de combatientes muertos y de otros que huyeron, mientras que la información independiente sobre cuántas personas se encontraban allí, cuál era la naturaleza de su misión y cuál fue finalmente su destino sigue siendo incompleta. Las versiones contradictorias plantean además numerosas preguntas que no pueden resolverse únicamente a partir de comunicados militares. Y no se trata de un simple detalle operativo: ¿Murió la mayoría de los combatientes dentro del sitio? ¿Lograron retirarse a través de túneles y pasadizos? ¿O habían sido evacuados antes del inicio de la operación israelí? Cada uno de estos escenarios tiene un significado diferente. Si los combatientes permanecieron allí hasta el último momento, eso significaría que el sitio fue escenario de un enfrentamiento directo que terminó con una clara superioridad militar israelí. Si, en cambio, fueron evacuados con anterioridad, las preguntas pasarían a ser quién tomó esa decisión, por qué se tomó y si la evacuación formó parte de un entendimiento más amplio o fue simplemente una medida militar preventiva. Y si se llegara a establecer que un número importante de ellos abandonó el lugar antes de la entrada de las fuerzas israelíes, las preguntas centrales serían entonces: ¿cómo salieron, quién facilitó su salida y ocurrió con conocimiento de actores locales o internacionales? Hasta ahora no existen suficientes elementos públicos para determinar cuál de estos escenarios es correcto. Pero la falta de información no resta importancia a estas preguntas. Por el contrario, aumenta las dudas sobre lo ocurrido en las horas que precedieron a la toma del sitio. ¿Qué hay de la visita del embajador estadounidense a Israel? El momento merece atención. La escalada en torno a Ali al-Taher coincidió con movimientos diplomáticos estadounidenses vinculados con Israel, mientras surgían informaciones sobre conversaciones en torno al sitio y sobre la posibilidad de que finalmente fuera entregado al Ejército libanés. Esto no significa necesariamente que la decisión se haya tomado fuera del Líbano, ni que se haya alcanzado un acuerdo plenamente definido entre Washington, Tel Aviv y Beirut. Pero sí sugiere que el sitio ya no es visto como una cuestión militar estrictamente local. No hay base para afirmar que la visita del embajador estadounidense formara parte de un acuerdo secreto sobre Ali al-Taher. Tampoco puede asegurarse que todo lo ocurrido haya sido resultado de un entendimiento previo entre las partes implicadas. Sin embargo, está claro que Washington considera el futuro del sitio dentro de un expediente más amplio relacionado con el alto el fuego, la estabilización de la frontera, la prevención de cualquier presencia militar fuera de la autoridad del Estado libanés y la necesidad de impedir que las zonas fronterizas se conviertan en plataformas permanentes de confrontación. Ali al-Taher pasa así a formar parte de negociaciones que van mucho más allá de su geografía. El sitio puede ser pequeño en el mapa, pero está vinculado con grandes cuestiones relacionadas con los arreglos en el Sur, el papel del Ejército libanés, el futuro de las armas fuera del control del Estado y los límites de la influencia israelí en la región. La paradoja que puso en aprietos a Hezbolá La gran paradoja política es que Hezbolá se negó a entregar la colina al Ejército libanés, pero al final tampoco logró conservarla. Si la operación israelí terminara con la retirada de las fuerzas israelíes y la entrega del sitio al Ejército libanés, el resultado sería muy distinto de la situación que Hezbolá quiso imponer o preservar: Hezbolá se negó a entregar el sitio al Estado, Israel lo desalojó y después el Estado volvió para asumir la responsabilidad. En otras palabras, Hezbolá se negó a consagrar voluntariamente la autoridad del Ejército, pero podría encontrarse ante una realidad que la consagre por otros medios. Eso es lo que vuelve políticamente incómoda la situación, porque el resultado final podría parecer que logró, indirectamente, lo que Hezbolá se negó a hacer directamente. De ahí surge una pregunta evidente: ¿por qué entregar el sitio al Ejército no fue considerado la opción menos costosa para el Líbano? Esa medida podría haberse presentado como un fortalecimiento del papel del Estado, una forma de proteger el Sur y un medio para impedir que Israel utilizara la presencia de Hezbolá como pretexto para permanecer en el terreno o avanzar aún más. La negativa a entregar el sitio al Ejército, por el contrario, lo mantuvo dentro de la zona de confrontación y permitió a Israel presentar su operación como una respuesta a una presencia militar fuera de la autoridad del Estado. Ali al-Taher resume el problema libanés La cuestión va mucho más allá de esta colina. El Líbano no puede recuperar su soberanía mientras coexistan dos autoridades militares: la del Ejército y la de unas armas que escapan al control del Estado. Tampoco puede pedir a la comunidad internacional que respete sus fronteras mientras las decisiones militares dentro de esas fronteras sigan divididas entre las instituciones del Estado y una organización armada que dispone de capacidades independientes. Al mismo tiempo, el Líbano no puede exigir que Israel se retire de su territorio mientras las decisiones de seguridad relativas a ese mismo territorio sigan siendo objeto de una disputa interna. Mientras haya armas fuera del control del Estado, el argumento israelí seguirá existiendo y el Sur continuará expuesto a nuevas rondas de escalada. La soberanía no se comparte. O el Ejército libanés es la única autoridad militar, o el Líbano seguirá siendo un escenario abierto para conflictos regionales en los que se entrecruzan cálculos iraníes, israelíes y estadounidenses, mientras el Estado y la sociedad pagan el precio del enfrentamiento. Por eso, la verdadera pregunta después de Ali al-Taher no es: ¿Quién ganó la colina? Sino: ¿Quién la controlará cuando termine la batalla? Si la respuesta es el Ejército libanés, Ali al-Taher podría marcar el inicio de una transición en el Sur de la lógica de la «resistencia» a la lógica de la responsabilidad del Estado. Esto podría constituir un primer paso hacia una redefinición de la seguridad nacional, de modo que la defensa de las fronteras pase a ser responsabilidad de las instituciones del Estado y no de una parte que actúe de manera autónoma. Si Israel permanece, en cambio, el Líbano habrá vuelto a perder una parte de su soberanía, independientemente del relato que cada parte presente para justificar lo ocurrido. En ambos casos, permanece una verdad esencial: ni Hezbolá puede sustituir al Estado, ni Israel puede ser garante de su soberanía. La soberanía libanesa solo puede ser recuperada por el Estado libanés, protegida por su Ejército y consolidada mediante una decisión política clara que ponga fin a la dualidad de las armas y de las autoridades.
