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Por primera vez desde 2009, un presidente libanés cruzó esta semana las puertas de la Casa Blanca no como un suplicante que viene a pedir que lo recuerden, sino como portador de un plan. El martes, el presidente Joseph Aoun se sentó frente a Donald Trump y le entregó una propuesta por escrito: una hoja de ruta para desmantelar el arsenal de Hezbolá, concentrar todas las armas del país bajo la autoridad exclusiva del Estado libanés y, a cambio, obtener la retirada israelí del territorio que el ejército de Israel aún ocupa en el sur. Trump, por su parte, adoptó un tono casi paternal. «Nos sentimos muy bien con respecto al Líbano», declaró a los periodistas, añadiendo que el país había sido «muy maltratado» y merecía ser «tratado con el respeto que se le debe». Reconoció, en la misma frase, que «hay un problema con Hezbolá», como si estuviera diagnosticando, en una sola fórmula, tanto la tragedia del Líbano como su oportunidad. Sería fácil ver en esta visita poco más que un símbolo disfrazado de sustancia: una operación de imagen para un presidente empeñado en demostrar a los votantes libaneses y a los financiadores del Golfo que Beirut vuelve a tener amigos en Washington. También sería fácil verla como un capítulo más en la larga historia de enviados estadounidenses y acuerdos marco que prometieron mucho y cumplieron poco. Pero esa lectura pasaría por alto lo que aquí es verdaderamente nuevo, y lo que verdaderamente está en juego. Por primera vez en décadas, es el Estado libanés —no una milicia, no un padrino extranjero, no un señor de la guerra confesional— quien se sienta a la mesa con un plan propio. Que ese plan tenga éxito o no determinará si el Líbano pasará la próxima generación como un país soberano, o si seguirá siendo, como desde hace cincuenta años, un campo de batalla alquilado para las guerras ajenas. Un presidente sin milicia, pero con un ejército La propia biografía de Joseph Aoun es inseparable del episodio que hoy se desarrolla en Washington. Fue elegido presidente el 9 de enero de 2025, poniendo fin a un paralizante vacío de poder de dos años durante el cual el Parlamento había fracasado en doce ocasiones en su intento de elegir un jefe de Estado. Llegó al palacio de Baabda no como líder de partido ni como heredero dinástico, sino como comandante saliente del ejército libanés: una elección orquestada, en buena medida, por una intensa labor de presión de Washington y Riad, que veían en Aoun una figura poco común, con la confianza de todas las comunidades del país y ajena a los juegos de milicias que habían vaciado al Estado libanés de su esencia desde la guerra civil. Su elección era en sí misma un síntoma del debilitamiento de Hezbolá: golpeado por quince meses de guerra contra Israel, privado de su secretario general Hassan Nasrallah y de gran parte de su cúpula, y con su padrino iraní absorto en sus propias dificultades, el partido ya no podía, como lo había hecho durante dos años, bloquear a un presidente que no controlaba del todo. Este contexto es fundamental para entender lo que ocurrió esta semana. Aoun no fue a Washington como mediador que va y viene entre Hezbolá e Israel. Fue como jefe de Estado electo de un país que, por primera vez en dos generaciones, intenta actuar como tal: reivindicando el monopolio del uso legítimo de la fuerza, principio tan elemental en la propia noción de Estado que en el Líbano no había necesitado enunciarse en cincuenta años —tan evidente era su ausencia—, y cuya reafirmación resulta hoy tan extraordinaria que se ha convertido en el hecho central de la vida política libanesa. El acuerdo marco trilateral y las cláusulas ocultas de la soberanía Esta visita no ocurrió en el vacío. El 26 de junio, tras cinco rondas de conversaciones indirectas y directas auspiciadas por Washington, los representantes libaneses e israelíes firmaron lo que se conoce ahora como el Acuerdo Marco Trilateral —el primero de cualquier naturaleza entre ambos Estados desde el efímero acuerdo de paz de 1983, que se derrumbó bajo la presión siria e interna menos de un año después de su firma. Firmado por los embajadores de ambos países en Washington en presencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, este acuerdo de catorce puntos compromete a las dos partes, «con el pleno respaldo de Estados Unidos», a trabajar para poner fin al estado de conflicto que las enfrenta, a garantizar su soberanía y seguridad mutuas y, en última instancia, a normalizar sus relaciones. Los responsables libaneses se cuidaron —la precaución era necesaria, dado que la palabra «normalización» sigue siendo explosiva en la vida política libanesa— de presentarlo como un marco de seguridad y soberanía más que como un tratado de paz. Pero su lógica apunta en una sola dirección. Son los mecanismos del acuerdo los que deberían concentrar la atención de Beirut, pues revelan tanto sus promesas como sus limitaciones. El acuerdo no obliga a Israel a retirarse de la franja de territorio libanés que ocupa desde el alto el fuego que puso fin a la guerra de noviembre de 2024. En su lugar, crea lo que se denominan «zonas piloto»: dos perímetros delimitados —uno al sur del río Litani pero fuera de la zona de seguridad israelí inicial, y otro una pequeña franja al norte del Litani, dentro de dicha zona— donde las fuerzas israelíes se retirarían a cambio del despliegue verificado del ejército libanés y del desmantelamiento de toda infraestructura militar de Hezbolá presente en ellas. Fue precisamente en una de esas zonas piloto, la localidad de Zawtar el-Gharbiyeh, donde las tropas libanesas entraron el mismo día del encuentro entre Aoun y Trump, junto con Froun y Srifa, las otras dos aldeas contempladas en esta primera fase. El mensaje, deliberadamente calculado, era claro: el Estado actúa cuando dice que va a actuar, y es el ejército —no ninguna facción armada— el instrumento de esa acción. Este es el plan que Aoun llevó al Despacho Oval: una propuesta para acelerar y ampliar ese modelo, respaldada por un planteamiento escrito sobre el desmantelamiento del arsenal restante de Hezbolá, a cambio de que Trump presionara al primer ministro Benjamin Netanyahu para extender la retirada más allá de las dos zonas piloto simbólicas y cumplir íntegramente los términos iniciales del alto el fuego. Trump llegó a declarar que estaría dispuesto a dirigirse directamente a Hezbolá si Aoun se lo pedía —una oferta que, independientemente de su valor práctico, revela una Casa Blanca más comprometida con la estabilización del Líbano de lo que ha estado desde la presidencia de George W. Bush. La línea roja de Netanyahu, y por qué no debe dictar las condiciones del Líbano Si las ambiciones del Estado libanés tienen un techo, por ahora lo fija Israel.. Durante una visita a las tropas desplegadas en la franja ocupada del sur del Líbano, pocas semanas antes del viaje de Aoun, Netanyahu no dejó lugar a ambigüedades: las fuerzas israelíes «no abandonarán el sur del Líbano mientras no se elimine la amenaza», una fórmula que no vincula la retirada a ningún calendario ni a la soberanía libanesa, sino únicamente al juicio unilateral de Israel sobre cuándo Hezbolá habrá sido suficientemente desarmado. Ha seguido autorizando ataques casi diarios en territorio libanés, que Beirut considera una flagrante violación del alto el fuego, y las fuerzas israelíes continúan ocupando lo que ahora se conoce como las «cinco colinas», alturas ubicadas justo dentro del territorio libanés, que Hezbolá, y cada vez más el propio gobierno libanés, citan como la prueba más tangible de que es Israel, y no Hezbolá, quien viola hoy el núcleo mismo del acuerdo sellado con el alto el fuego de noviembre de 2024. La observación merece detenerse en ella, pues pone de manifiesto la incómoda asimetría que atraviesa todo el proyecto de desarme. Se le pide al Estado libanés que lleve a cabo una tarea concreta, verificable y escalonada —recoger y destruir todo un arsenal no estatal construido en cuatro décadas— según un calendario político fijo, mientras que la obligación recíproca de Israel, la retirada, sigue siendo rehén de una evaluación israelí de la amenaza, subjetiva e indefinidamente revisable. La valoración de Amnistía Internacional sobre el acuerdo marco fue contundente al respecto, calificándolo de un acuerdo que «traiciona a las víctimas de crímenes de guerra» al no incluir ningún mecanismo de rendición de cuentas por los continuos ataques israelíes contra civiles libaneses, al tiempo que exige un desarme unilateral del lado libanés. Nada de esto argumenta en contra del desarme, sino todo lo contrario. Argumenta a favor de que el Estado libanés, y sus aliados en el exterior, exijan que las obligaciones del acuerdo marco sean recíprocas, y de que la palanca de la que dispone Washington sobre Netanyahu —que Trump demostró esta semana estar dispuesto a accionar— se utilice con generosidad para lograr la retirada de las «cinco colinas» y el cese de los ataques, y no simplemente para sermonear a Beirut sobre los plazos. La fórmula que Aoun empleó ante sus interlocutores estadounidenses —según la cual solo Trump tiene la palanca necesaria para mover a Netanyahu— no es una figura retórica. Es la constatación exacta de dónde reside el poder real en esta ecuación, y una manera implícita de exigir que Washington lo ejerza. El rechazo de Hezbolá, y el terreno que se desmorona bajo sus pies Como era de esperar, Hezbolá no ha aceptado nada de esto. En los días previos a la partida de Aoun hacia Washington, el secretario general Naïm Qassem ofreció una de sus intervenciones públicas más tajantes, calificando el acuerdo marco de junio de «nulo y sin efecto», de «humillación» y de un acuerdo redactado «íntegramente a favor de Israel». Instó a Aoun a abandonarlo por completo y a buscar únicamente negociaciones indirectas, insistiendo en que «la prioridad es restaurar la soberanía y poner fin a la presencia israelí», una fórmula que invierte el propio orden de secuencia adoptado por el gobierno, y que en la práctica equivaldría a otorgar a Hezbolá un derecho de veto indefinido sobre el monopolio estatal de las armas, al condicionar el desarme a una retirada israelí para la que el mantenimiento de su propio armamento ofrece a Israel todas las excusas para dilatar. Hay que nombrar la doble trampa que Hezbolá intenta construir aquí, pues constituye la verdadera batalla retórica de todo el debate sobre el desarme. El partido afirma que no se desarmará mientras haya tropas israelíes en suelo libanés. Israel afirma que no se retirará mientras Hezbolá siga armado. Ambas posiciones pueden sostenerse de manera sincera, y ambas sirven, convenientemente, para aplazar indefinidamente la verdadera prueba de soberanía que el Líbano espera desde que el Acuerdo de Taif, en 1989, prometió —sin jamás cumplirla— la disolución de todas las milicias. La tarea del gobierno libanés —y es un mérito de Aoun que su gobierno haya comenzado a comprenderlo— consiste en romper ese círculo en lugar de arbitrarlo, demostrando, mediante los despliegues en zonas piloto, que el Estado puede extender su autoridad de buena fe con independencia de la cooperación de Hezbolá, y aprovechando esa buena fe demostrada para obtener, a través de Washington y no del arsenal de Hezbolá, una reciprocidad israelí real y verificable. Hay indicios de que ese círculo ya está agrietándose, y de que Hezbolá lo sabe. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Beirut a principios de año cargando, según varias fuentes, con dinero en efectivo destinado al partido, las autoridades libanesas habrían bloqueado el ingreso de esos fondos —un episodio menor pero revelador, que habría sido impensable en la economía política libanesa apenas tres años atrás, cuando los circuitos que unían a Hezbolá con Teherán funcionaban con total impunidad. Desde entonces, Araghchi ha llegado a afirmar, con calculada diplomacia, que Irán «apoya cualquier decisión que tome el partido» pero «no interviene», un repliegue deliberado respecto a la época en que los funcionarios iraníes presentaban el arsenal de Hezbolá como un elemento de disuasión regional innegociable. Aoun, por su parte, ha respondido con una franqueza inusual, señalando a sus interlocutores que las decisiones de Hezbolá dependen en última instancia de Teherán, y declarando, en términos que habrían sido peligrosos para cualquier presidente libanés hace diez años, que «nadie negocia en nuestro nombre». El Eje de la Resistencia, debilitado por la caída del régimen de Assad en Siria, por la decapitación del mando de Hezbolá a manos de Israel y por los propios problemas de un Irán absorbido por sus conflictos internos, sencillamente ya no es la fuerza que era cuando fracasó el último intento de desarme en 2006. Nada garantiza el éxito esta vez. Pero el equilibrio de presiones se ha inclinado, por primera vez en décadas, a favor del Estado. Hezbolá y su patrocinador iraní se encuentran, en un sentido más amplio, en una posición notablemente debilitada a escala regional. El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en el Golfo somete a una fuerte presión los recursos financieros y militares que Teherán puede destinar a sus intermediarios regionales, mientras que el ejército sirio ha reforzado su vigilancia a lo largo de la frontera, extendiendo su presencia en las zonas fronterizas y cerrando los pasos ilegales y los túneles de contrabando que antes servían para reabastecer a Hezbolá. Este esfuerzo estrangula al partido desde otro ángulo: sus reservas de misiles, drones y municiones ya han sido considerablemente mermadas por los ataques israelíes y meses de combates, y el cierre del corredor sirio complica la reposición de lo perdido, al tiempo que seca los circuitos de financiación que antes pasaban por Damasco. Por último, la destrucción causada en el sur del Líbano y los cientos de miles de desplazados que ha generado han erosionado el apoyo a Hezbolá dentro de las propias comunidades que dice defender —un costo político y moral que podría resultar más difícil de revertir que cualquier pérdida militar. El dinero del Golfo y el poder de negociación que compra Si Washington aporta la fuerza diplomática de este proceso, el Golfo aporta su lógica económica, con una franqueza que las élites libanesas de generaciones anteriores —acostumbradas a un mecenazgo del Golfo con pocas condiciones— han encontrado desconcertante. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait le han dicho directamente a Aoun y al primer ministro Nawaf Salam que los fondos de reconstrucción e inversión estarán condicionados a un plan de desarme con un calendario preciso, y no a una mera aspiración vaga. Tom Barrack, el enviado de la administración Trump para la región, describió este acuerdo en términos casi transaccionales: los gobiernos del Golfo, afirmó, han hecho saber a Beirut que «si hacen estas cosas, vendremos al sur del Líbano, financiaremos una zona industrial, la reconstrucción y la creación de empleos». Arabia Saudita y Qatar, siguiendo esta lógica, invertirían directamente en el sur una vez que las armas de Hezbolá hayan desaparecido, transformando ese mismo territorio —que durante cuatro décadas albergó la infraestructura de una milicia— en un escaparate de lo que podría significar económicamente un Líbano desarmado y bajo control estatal. El alcance de lo que queda suspendido a la espera del desarme no es menor. La evaluación rápida de daños y necesidades del Banco Mundial estima las necesidades totales de reconstrucción y recuperación del Líbano tras la guerra de 2024 en aproximadamente 11 mil millones de dólares, de los cuales 4,600 millones corresponden a daños en el sector de la vivienda y 3,400 millones a pérdidas adicionales en comercio, industria y turismo. La economía libanesa, ya exhausta desde el colapso financiero de 2019, se contrajo un 7,1 % adicional en 2024 a causa de la guerra. Washington habría aprobado un paquete de 230 millones de dólares destinado específicamente a respaldar las operaciones de desarme llevadas a cabo por el ejército libanés, y una conferencia internacional más amplia sobre el apoyo a las fuerzas armadas libanesas —prevista para los próximos meses— debería permitir coordinar el financiamiento que dotará al ejército de los medios necesarios para ser realmente la fuerza capaz de imponer el monopolio estatal de las armas, y no simplemente proclamarlo. Este es, en definitiva, el marco de incentivos del que el Estado libanés nunca había dispuesto hasta ahora: una coalición internacional creíble y bien financiada, dispuesta a costear de manera concreta los beneficios del desarme, y no simplemente a exigirlo de palabra. Esto le brinda a Beirut algo que ofrecer a las comunidades escépticas del sur, esas ciudades y pueblos chiítas que durante una generación han albergado la infraestructura de Hezbolá y que necesitarán ver un desarrollo tangible —y no meras lecciones extranjeras sobre soberanía— para que la presencia del Estado sea percibida como una mejora real y no como una ocupación con otro nombre. El dinero por sí solo no disolverá ochenta años de desconfianza confesional. Pero sin él, ningún gobierno libanés podría razonablemente pedirle al sur que cambie un padrino armado y conocido por una promesa de protección estatal que aún no ha sido puesta a prueba. La ONU se retira mientras el Estado avanza Otro cambio estructural merece atención, pues rediseñará la arquitectura de seguridad del sur del Líbano independientemente del resultado de las negociaciones sobre el desarme: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó poner fin a la FPNUL, la misión de mantenimiento de la paz que patrulla la frontera entre el Líbano e Israel desde 1978, cuyo mandato y operaciones deben concluir a finales de 2026. Durante casi cincuenta años, la FPNUL fue a la vez indispensable e insuficiente: una presencia de observación sin el mandato ni la capacidad de fuego necesarios para desarmar realmente a Hezbolá, pero cuyos cascos azules ofrecieron un amortiguador diplomático y una mirada internacionalmente reconocida sobre una frontera volátil. Su retirada elimina ese amortiguador precisamente en el momento en que se le pide al ejército libanés que asuma la plena responsabilidad de un territorio que la FPNUL contribuía antes a vigilar. Leída con cinismo, esta decisión podría parecer que la comunidad internacional se lava las manos de un problema que gestionó sin resolver durante medio siglo, dejando a Beirut solo frente a la superioridad militar israelí y las capacidades residuales de Hezbolá. Leída con mayor optimismo —y es el optimismo que parece adoptar el gobierno de Aoun—, la retirada de la FINUL funciona como un mecanismo de ultimátum, un plazo inapelable que ya no deja al ejército libanés la posibilidad de seguir siendo un socio subordinado en el sur de su propio país. Cuál de estas dos lecturas resultará acertada dependerá casi por completo de si el financiamiento y la formación internacionales prometidos como contrapartida del desarme se materializan según el calendario que necesita el ejército, y no según el que conviene a los ciclos presupuestarios extranjeros. Lo que realmente exige la restauración del Estado Conviene precisar qué significa «restaurar el Estado libanés» en este contexto, pues la expresión es invocada por cada bando en Beirut con fines distintos, a menudo contradictorios. No significa simplemente desplegar soldados en pueblos que antes controlaba Hezbolá, aunque eso sea un primer paso necesario, el mismo que ya está en marcha en las zonas piloto. Significa, más fundamentalmente, restablecer el principio constitucional —consagrado en el Acuerdo de Taif hace treinta y seis años y nunca aplicado— según el cual el Estado libanés posee en exclusiva el monopolio legítimo de la violencia organizada en su territorio. Todas las demás crisis irresueltas de la gobernanza libanesa —desde la parálisis de los sucesivos gobiernos hasta la incapacidad del país para llevar a cabo una política exterior independiente, pasando por el colapso de su sector bancario— remiten, de una u otra manera, a la existencia de un actor armado no estatal más poderoso que el ejército que supuestamente responde ante la autoridad civil elegida. El gobierno de Aoun, junto al gabinete del primer ministro Salam, ha hecho la apuesta calculada de que por fin ha llegado el momento de hacer valer ese principio: no mediante el tipo de enfrentamiento que sumió al Líbano en la guerra civil en 1975 o que llevó a los hombres armados de Hezbolá a las calles de Beirut en mayo de 2008, sino a través de una secuencia negociada, respaldada internacionalmente e incentivada económicamente, que ofrezca a lo que queda de la base de Hezbolá una salida honrosa, y a las comunidades chiítas del sur un interés tangible en el éxito del Estado. Es una apuesta basada en una lectura honesta de la correlación de fuerzas regional: un Hezbolá privado de sus principales comandantes y de gran parte de su arsenal por la campaña israelí de 2024; un Irán absorbido por sus propias confrontaciones e incapaz de reabastecer o reconstituir al partido como lo hacía antes; un régimen sirio que ya no ofrece a Hezbolá el corredor logístico del que dependía desde hace décadas; y un bloque formado por Estados Unidos y el Golfo más dispuesto que en ningún otro momento desde 2006 a invertir un capital diplomático y financiero real en la construcción del Estado libanés, en lugar de limitarse a contener el caos del país. Nada de esto hace que el éxito sea inevitable. Hezbolá conserva un arsenal aún considerable, una base política leal, y demostró en 2008 su disposición a volver sus armas contra otros libaneses cuando consideró que su posición estaba existencialmente amenazada. El propio comportamiento de Israel —la continuación de la ocupación de las cinco colinas, los ataques casi diarios, la condicionalidad sin plazo fijado por Netanyahu para la retirada— da al argumento de Hezbolá, según el cual se le pide al Líbano que se desarme unilateralmente en el vacío, un sustento real, y no meramente retórico, entre libaneses que de otro modo podrían apoyar el proyecto del Estado. Y el ejército libanés, por muy profesionalizado que esté y por mucha confianza que inspire más allá de las divisiones confesionales, sigue estando mal equipado y con recursos insuficientes para asumir a la vez la seguridad del sur, hacer frente a las incursiones israelíes y mantener el orden interno; esto explica precisamente por qué la conferencia de financiación y el paquete estadounidense de 230 millones de dólares importan tanto como cualquier comunicado emanado del Despacho Oval. La apuesta que hay que hacer por Beirut Lo que no hay que perder de vista, en medio de estos obstáculos bien reales, es lo inusual de esta coyuntura en la historia contemporánea del Líbano. Es difícil identificar otro momento, desde el Acuerdo de Taif, en que un jefe de Estado libanés haya viajado a Washington con su propio plan por escrito en lugar de recibir uno dictado desde el exterior; en que las capitales del Golfo hayan condicionado su ayuda a la soberanía en lugar de limitarse a financiar a padrinos confesionales rivales, como hicieron a lo largo de los años noventa y dos mil; en que el padrino regional de Hezbolá haya estado tan acorralado; y en que una administración estadounidense se haya mostrado dispuesta —como hizo Trump esta semana al proponer dialogar personalmente con Hezbolá y al comprometerse a presionar a Netanyahu— a invertir capital político en nombre del Estado libanés, en lugar de tratar al Líbano como un escenario secundario del enfrentamiento israelo-iraní. Nuestra convicción es que los amigos del Líbano —en Washington, en el Golfo y entre los libaneses de a pie, agotados tras cincuenta años viviendo dentro de las guerras ajenas— deberían tratar esta coyuntura por lo que es: no una garantía, sino una auténtica ventana de oportunidad, y una ventana que no permanecerá abierta indefinidamente. La posición regional de Irán podría estabilizarse. La atención del Golfo podría desplazarse hacia otras prioridades. Las administraciones estadounidenses cambian, y con ellas la implicación personal que un presidente determinado está dispuesto a dedicar a un pequeño país mediterráneo de seis millones de habitantes. El gobierno de Netanyahu podría concluir que una ocupación indefinida tiene, en términos de política interna, un coste menor que una retirada negociada. Cualquiera de estos giros podría cerrar la ventana que, por ahora, permanece abierta. Lo que las instituciones del Estado libanés necesitan más urgentemente en este momento no es un nuevo documento marco ni un nuevo apretón de manos fotografiado, aunque ambos sean bienvenidos. Necesitan que el ejército libanés esté debidamente equipado para extender el modelo de las zonas piloto a todo el sur del Litani, con un calendario medido en meses y no en años. Necesitan que Washington trate la reciprocidad israelí —una retirada real de las cinco colinas, el fin de los ataques en territorio libanés, el respeto de los términos reales del alto el fuego— como un objetivo igual de urgente que el desarme de Hezbolá, y no como una consideración secundaria a negociar una vez que Beirut ya haya cedido su principal palanca. Necesitan que la financiación de la reconstrucción prometida por el Golfo llegue al sur con suficiente rapidez como para que las comunidades que allí viven perciban el retorno del Estado como una mejora tangible de su vida cotidiana, y no como la mera sustitución de un grupo de hombres armados por otro. Necesitan que a lo que queda de la base de Hezbolá se le ofrezca, de manera constante y creíble, un lugar dentro de un Estado libanés funcional, en lugar de tratarla únicamente como un problema de seguridad que resolver por la fuerza. Y, por último, necesitan una reforma radical del sistema político y jurídico confesional libanés, que ha fracasado estrepitosamente: una reforma que siembre las semillas de una nación que anteponga la identidad nacional a las lealtades y divisiones confesionales arraigadas en su orden constitucional desde 1943, y que permita el surgimiento de una nueva clase política decidida a convertir al Líbano en un Estado funcional en su interior y en un socio confiable en el exterior. Nada de esto está garantizado por un apretón de manos en el Despacho Oval. Pero para un país que ha pasado medio siglo escuchando que su soberanía era rehén de las agendas ajenas —la siria, la israelí, la iraní, y con frecuencia la de sus propias facciones—, ver a un presidente libanés cruzar las puertas de la Casa Blanca con su propio plan, en lugar de ir a pedir que le entreguen uno, no es poca cosa. Es la primera prueba real en toda una generación para saber si el Estado libanés puede convertirse por fin en el único actor armado dentro de su propio territorio. El Líbano, y la región que lo observa, pasará los próximos meses descubriendo si el Estado está finalmente en condiciones de superar este desafío.

Las amenazas que los hutíes en Yemen lanzan contra el Reino de Arabia Saudita y contra el tráfico marítimo que abastece a sus puertos carecen de cualquier horizonte, tanto político como militar. Simplemente les resulta imposible cumplir sus amenazas de imponer un bloqueo a los puertos sauditas. En realidad, con sus declaraciones grandilocuentes y carentes de contenido, los hutíes dejaron pasar la oportunidad de convertirse en un actor de pleno derecho en el escenario político yemení, cuyo objetivo es alcanzar una solución política que no excluya a ninguna de las partes. Al exhibir abiertamente su alineamiento con la “República Islámica”, se excluyeron a sí mismos de ese proceso político. Demostraron que antes de que fueran yemeníes, eran iraníes, y que cualquier esperanza de que recuperaran un mínimo de conciencia nacional era una ilusión. Al final, esa apuesta no fue más que una pérdida de tiempo. Durante los últimos años, especialmente desde la firma del acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, bajo mediación china en marzo de 2023, los hutíes habían mostrado cierta moderación y mantenían una neutralidad de fachada. Procuraban mantener el diálogo con Riad, evitando cualquier forma de provocación. Los contactos, en ocasiones directos y en otras indirectos, buscaban establecer una fórmula de coexistencia entre ambas partes. Pero, de manera repentina, cuando la “República Islámica” en Irán, o más precisamente el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, decidió escalar militarmente, los hutíes, a través de su líder Abdel Malek al Houthi, revelaron su verdadera naturaleza: no pueden ser otra cosa que un instrumento de Irán. Decidieron sumarse a la ofensiva iraní contra los Estados árabes del Golfo y contra Jordania, una ofensiva que refleja un fracaso iraní sin precedentes. Los hutíes demostraron así que no son más que otro componente de la Guardia Revolucionaria, del mismo modo que Hezbolá lo es en el Líbano. Es cierto que pueden perturbar la navegación en el mar Rojo y el golfo de Adén recurriendo a piratas somalíes que podrían ser reclutados para determinadas operaciones. Pero eso no significa, de ninguna manera, que sean capaces de cerrar el estrecho de Bab el Mandeb, paso obligado hacia el mar Rojo y el canal de Suez. La razón es muy simple: los hutíes no controlan el puerto yemení de Mokha, que domina el tráfico en Bab el Mandeb. Lo perdieron desde el otoño de 2014, cuando fuerzas yemeníes los expulsaron del sur del país, incluido ese puerto estratégico. No es ningún secreto que esas fuerzas locales, que también recuperaron Adén, Mokha y varias posiciones en la provincia de Shabwa, contaban con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos, cuya política en Yemen apuntaba claramente a impedir que los hutíes tomaran el control de todo el país, y especialmente del sur. Tarde o temprano, la comunidad internacional y las potencias regionales tendrán que volver a involucrarse en Yemen, dado que este país posee una importancia estratégica excepcional, al menos por dos razones. La primera es que el territorio yemení podría servir como corredor para oleoductos que permitan evitar el estrecho de Ormuz. La segunda es que, si no es posible transportar el petróleo mediante oleoductos que atraviesen Yemen hasta el mar Rojo o el mar Arábigo, ni los países de la región ni el resto del mundo podrán tolerar indefinidamente la permanencia de Irán en Yemen. En otras palabras, es imposible aceptar que Irán siga obstaculizando la navegación en el mar Rojo desde territorio yemení. No es ningún secreto que la “República Islámica”, a través de los hutíes, está decidida a mantener su control sobre Yemen para utilizarlo con el fin de cerrar el estrecho de Bab el Mandeb y atacar los buques que lo atraviesan rumbo al canal de Suez. Esa es, efectivamente, la intención de los hutíes. Sin embargo, la pérdida del control del puerto de Mokha los priva de los medios para convertir esas amenazas en realidad. También conviene recordar que los hutíes controlan Saná y una parte importante del territorio yemení desde el 21 de septiembre de 2014. Nada ilustra mejor el empeño de Irán por mantener su presencia en Yemen que su reciente insistencia en violar la prohibición impuesta en el aeropuerto de Saná. Teherán envió un avión civil con el pretexto de trasladar a una delegación yemení que debía asistir al funeral del fallecido “Líder Supremo”, Ali Khamenei. Irán no se detuvo ahí. Los hutíes lanzaron de forma repentina una campaña contra el Reino de Arabia Saudita, acompañada de amenazas explícitas, tras un largo período de calma y diálogo con Riad. Esa etapa había permitido a los hutíes obtener ciertos beneficios, ya fuera de manera directa o por la mediación del Sultanato de Omán. La cuestión que hoy se plantea tiene dos dimensiones. La primera se refiere a la capacidad real de los hutíes para cumplir sus amenazas contra Arabia Saudita y contra la navegación en el mar Rojo. La segunda apunta al fracaso del régimen iraní. En cuanto al primer aspecto, los hutíes siguen teniendo la capacidad de atacar buques mercantes y petroleros que transitan por el mar Rojo, principalmente porque controlan el puerto de Hodeida, de enorme importancia estratégica en esa costa. En cuanto a Irán, ha optado por agredir a los Estados árabes del Golfo y a Jordania porque no está dispuesto a enfrentarse directamente con Estados Unidos o con Israel. Teherán apunta contra Kuwait, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y el Sultanato de Omán, mientras encomienda a los hutíes atacar a Arabia Saudita. En cambio, no se atreve a tocar un solo buque de guerra estadounidense que navegue por el Golfo. En definitiva, las amenazas de los hutíes no son más que el síntoma del fracaso de un régimen iraní cuyo agotamiento ya no puede ocultarse. Revelan, en perjuicio de Yemen y de los yemeníes, que el fin de ese régimen es inevitable. Desde el momento en que los hutíes dejaron al descubierto la debilidad de la “República Islámica” y la magnitud de su fracaso, solo es cuestión de tiempo.

Desde el final de la guerra de julio de 2006, los libaneses y los observadores se habían acostumbrado a medir el poder de Hezbolá por la cantidad de misiles que poseía, la magnitud de su arsenal o su capacidad para amenazar a Israel. Pero la evolución actual impone un criterio completamente distinto. La pregunta ya no es qué armas le quedan, sino si todavía es capaz de reconstruir el poder que edificó durante más de cuatro décadas. Ese es, precisamente, el gran desafío del momento actual. Tras el encuentro entre el presidente de la República, el general Joseph Aoun, y el presidente estadounidense Donald Trump, la intensa actividad diplomática de Estados Unidos que lo precedió y siguió, el proceso de negociación iniciado en Roma, así como las crecientes discusiones sobre la ampliación del despliegue del Ejército libanés y el vínculo establecido entre la reconstrucción y el restablecimiento de la autoridad del Estado en materia de seguridad, parece claro que el enfoque de la comunidad internacional ya no busca únicamente el desarme de Hezbolá, ya sea mediante una decisión política o una operación militar. Ahora pretende hacer que la reconstrucción de su poder militar sea cada vez más difícil, e incluso imposible. En otras palabras, la estrategia ha pasado de destruir capacidades a impedir que estas puedan reconstruirse. Es a la luz de esta evolución que debe entenderse lo que podría denominarse una “erosión estructural”, un proceso que afecta simultáneamente cinco dimensiones interdependientes: el territorio, el arsenal, el entorno social, las instituciones y la profundidad regional. Primero: la pérdida del territorio como espacio militar Las aldeas del sur del Líbano no eran solo lugares de despliegue para los combatientes de Hezbolá. Formaban parte de una compleja arquitectura militar que incluía túneles, depósitos de armas, centros de mando y posiciones fortificadas de lanzamiento. La última guerra golpeó esa infraestructura con una intensidad sin precedentes. Al mismo tiempo, el despliegue del Ejército libanés y los mecanismos internacionales de supervisión hacen que cualquier intento de reconstrucción resulte más difícil y mucho más vulnerable a la detección y a los ataques. El control del territorio ya no se limita a una presencia geográfica. Implica la capacidad de utilizarlo con fines militares. Y esa capacidad se está erosionando rápidamente. Segundo: un debilitamiento de las capacidades militares Hezbolá todavía dispone de armas y conserva la capacidad de llevar a cabo operaciones limitadas si así lo decide. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre poseer medios para causar daños tácticos y estar en condiciones de sostener una guerra estratégica de larga duración. Su arsenal de misiles de precisión ha sufrido pérdidas importantes. Las estructuras de mando y control se han vuelto más vulnerables, mientras que las líneas de abastecimiento ya no funcionan como antes. Al mismo tiempo, el traslado de armas a través de Siria e Irak se ha vuelto considerablemente más complejo debido a los cambios políticos y de seguridad en ambos países, a lo que se suma un control regional e internacional cada vez más estricto. Así, Hezbolá parece estar más en condiciones de utilizar lo que aún conserva que de reemplazar lo que ha perdido. Tercero: la transformación del entorno social Quizás este sea el factor más sensible. El sur del Líbano salió de la guerra devastado por la destrucción, el desplazamiento de la población y las pérdidas económicas. Ante la urgencia de la reconstrucción, ahora una parte cada vez mayor de la población depende del Estado, así como de la ayuda árabe e internacional. Al mismo tiempo, las instituciones sociales y financieras de Hezbolá ya no parecen capaces de desempeñar el papel que tuvieron tras la guerra de 2006, debido a las restricciones económicas, las dificultades logísticas y los cambios en el contexto regional. Esto no significa que se esté produciendo un giro político dentro de la comunidad chiita. Sin embargo, las prioridades parecen estar cambiando: el deseo de estabilidad y de reconstrucción de la vida cotidiana comienza a imponerse gradualmente sobre la lógica del enfrentamiento permanente. En este contexto, ofrecer una base social para reconstruir la infraestructura militar resulta más difícil que nunca. Cuarto: el Estado recupera su lugar Por primera vez en muchos años, el Estado libanés actúa, con un respaldo internacional explícito, para reafirmar su papel en materia de seguridad en el sur del Líbano. El Ejército libanés ya no es simplemente una fuerza desplegada junto a otros actores. Ahora es considerada la única institución legítima llamada a ejercer el monopolio del uso de la fuerza. Desde esta perspectiva, las negociaciones en curso ya no se asemejan a simples acuerdos temporales de seguridad. Buscan consolidar una nueva realidad en la que las zonas donde se despliega el Ejército queden exclusivamente bajo la autoridad del Estado, mientras que la ayuda internacional y la reconstrucción continúen condicionadas al mantenimiento de esa situación. De este modo, el margen de maniobra militar de Hezbolá se reduce progresivamente, no solo sobre el terreno, sino también en los planos jurídico y político. Quinto: una profundidad regional profundamente transformada Desde su creación, Hezbolá se benefició de una red regional de apoyo establecida por Irán a través de Siria y, posteriormente, de Irak. Hoy, esa red enfrenta desafíos crecientes. Las fronteras están sometidas a una vigilancia reforzada. Los equilibrios políticos en Damasco y Bagdad han cambiado. Por su parte, Estados Unidos busca integrar estas restricciones en una arquitectura regional de seguridad de largo plazo que impida la reconstrucción de capacidades militares a cambio de reconstrucción y estabilidad. El objetivo ya no es confiscar cada arma, sino hacer que cualquier proyecto de rearme resulte políticamente, económicamente y militarmente prohibitivo. Más allá de las armas: la batalla por la capacidad de regeneración La importancia de estos cambios radica en que no apuntan a un solo elemento. Golpean todo el mecanismo que permitía a Hezbolá reconstruir continuamente su poder. El territorio ya no ofrece la misma seguridad. Las líneas de abastecimiento son más frágiles. El entorno social está más afectado. El Estado fortalece su presencia. Y el respaldo internacional se manifiesta con una claridad inédita. Por ello, la verdadera pregunta ya no es: ¿Hezbolá todavía tiene misiles? La pregunta ahora es otra: ¿será capaz, dentro de cinco años, de recuperar el nivel de poder que tenía antes de la guerra? La respuesta a esa interrogante definirá el futuro del Líbano mucho más que el número de misiles que aún pueda tener hoy. Hacia un nuevo modelo Si Washington logra, junto con sus socios regionales e internacionales, consolidar en los próximos meses los avances del proceso de Roma, el Líbano podría entrar en una transición histórica, pasando de la lógica del “equilibrio mediante las armas” a la del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Esta transición no será rápida ni estará exenta de obstáculos o intentos de sabotaje. Sin embargo, los indicios actuales sugieren que la estrategia internacional ya no consiste en derrotar militarmente a Hezbolá, sino en integrarlo gradualmente al sistema político libanés, mientras se le priva, paso a paso, de los mecanismos que lo convirtieron, durante las últimas décadas, en una potencia militar regional. Es aquí donde la noción de erosión estructural cobra todo su sentido. La historia enseña que las organizaciones armadas no desaparecen cuando pierden una batalla, sino cuando pierden la capacidad de compensar sus pérdidas y reconstruir su poder. Quizás ese sea hoy el principal desafío que enfrenta Hezbolá. Y probablemente también el verdadero hilo conductor de la nueva etapa en la que están entrando el Líbano y toda la región.

Durante más de 11 días consecutivos, la República Islámica de Irán ha sido objeto, noche tras noche, de intensos bombardeos y ataques estadounidenses dirigidos contra posiciones de la Guardia Revolucionaria, infraestructura militar y rutas de comunicación en distintas partes del país. Al mismo tiempo, el bloqueo marítimo impuesto por las fuerzas estadounidenses a los puertos iraníes está asfixiando gravemente una economía que ya atravesaba una situación especialmente crítica. Para completar el panorama, el propio régimen parece estar afectado por profundas divisiones internas que amenazan su supervivencia. Frente a una situación cada vez más caótica, en la que ha quedado atrapado como consecuencia directa de sus propias políticas expansionistas y hegemónicas, que no reconocían límites, el gobierno de Teherán busca ahora “exportar” el conflicto, extendiéndolo por toda la región, aunque procurando evitar un enfrentamiento directo con Israel. Al mismo tiempo, intenta explotar al máximo una carta que maneja mediante métodos característicos de las milicias y del crimen organizado: la amenaza de paralizar las rutas marítimas internacionales y, poner en riesgo una parte considerable de la economía mundial. Esta estrategia de exportar su propia crisis se ha traducido en ataques con drones y misiles no solo contra los Estados del Golfo, como ocurre desde el inicio del conflicto en junio de 2025, sino cada vez más contra Jordania, Irak, donde grupos opositores iraníes han sido atacados, y Siria. La maniobra más reciente del régimen de los ayatolás en esta campaña ha sido reactivar la carta hutí. En los últimos días, la milicia yemení controlada por Teherán ha renovado e intensificado sus amenazas contra Arabia Saudita. También ha afirmado haber impuesto un bloqueo marítimo a los puertos sauditas. La maniobra iraní es clara: extender su campaña de chantaje e intimidación al estrecho de Bab el Mandeb y al mar Rojo para aliviar la presión militar estadounidense sobre la infraestructura de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, el miércoles estuvo marcado por una serie de declaraciones contundentes que podrían neutralizar la carta hutí de Irán. El presidente Donald Trump reiteró ese día, tal como ya lo había hecho durante su reunión con el presidente Joseph Aoun, que Estados Unidos no permanecería de brazos cruzados si los hutíes amenazaran la libertad de navegación en el estrecho de Bab el Mandeb y el mar Rojo. En la misma línea, Siria y, como era de esperarse, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo condenaron enérgicamente el miércoles las amenazas hutíes contra Arabia Saudita. Pero la reacción más significativa provino, sin duda, de Pakistán, pese a su papel como principal mediador entre Irán y Estados Unidos y, sobre todo, como uno de los principales aliados de la República Islámica, al menos hasta cierto punto. Islamabad condenó con firmeza los ataques hutíes contra el reino saudita y subrayó su compromiso con la seguridad y la soberanía de Arabia Saudita, recordando que ambos países están unidos por un pacto de defensa y seguridad. El gobierno pakistaní añadió que respondería con contundencia, “si fuera necesario mediante el uso de la fuerza”, precisó, ante cualquier ataque contra un buque pakistaní que transitara por esa vía marítima. Paralelamente a la neutralización de la carta hutí de Irán, el presidente Trump elevó el tono el miércoles en su esfuerzo por garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Declaró de manera inequívoca que, a partir de ahora, cualquier ataque iraní, ya sea con drones, misiles o cualquier otro medio, contra un barco que transite por el estrecho de Ormuz provocará que las fuerzas estadounidenses destruyan de inmediato un puente o una planta eléctrica dentro del territorio iraní, incluso en Teherán o sus alrededores. Esta severa advertencia se suma a la neutralización de la carta hutí y debería, al menos en teoría, moderar la postura beligerante de la Guardia Revolucionaria respecto al estrecho de Ormuz. Aun así, el principal negociador iraní declaró el miércoles que “la situación en el estrecho de Ormuz no volverá a ser la de antes de la guerra”, confirmando la determinación de la República Islámica de imponer su control sobre esta vía marítima y cobrar tarifas de tránsito, pese al rechazo categórico de Estados Unidos, la Unión Europea, los Estados del Golfo e incluso China. Las tensiones crecientes apuntan a la posibilidad de un ataque estadounidense de gran escala contra el régimen iraní. Dos acontecimientos, entre otros, parecen indicar ese rumbo: la decisión del nuevo primer ministro británico de autorizar el despliegue de aeronaves estadounidenses en bases militares del Reino Unido y la aprobación, el miércoles por la noche, por amplia mayoría en el Parlamento de Bulgaria, de una solicitud del gobierno que autoriza a aviones de combate estadounidenses a reabastecerse de combustible en territorio búlgaro. Irán había advertido previamente a las autoridades búlgaras que no adoptaran esa decisión. Para concluir este capítulo regional, cabe señalar que el nuevo primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, tiene previsto visitar Teherán en los próximos días. En las circunstancias actuales, este viaje adquiere una importancia particular a la luz de la política impulsada por el actual gobierno iraquí, que ha multiplicado las iniciativas y medidas destinadas a contrarrestar la influencia iraní en Irak. Esta nueva orientación de la política iraquí estuvo en el centro de la visita de Al Zaidi a Washington hace unos días, donde firmó una serie de acuerdos económicos con funcionarios estadounidenses. Estos acuerdos fueron recibidos con gran desconfianza por el régimen iraní, que denunció un giro estratégico de Bagdad hacia un mayor acercamiento con Occidente, en detrimento de la influencia de la República Islámica. El capítulo libanés El giro estratégico destinado a frenar el expansionismo iraní también es claramente visible en el escenario libanés. Se ha consolidado aún más tras la visita oficial del presidente Joseph Aoun a Washington a comienzos de la semana y su ampliamente difundida reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca. Esta opción estratégica, que podría calificarse como soberanista y prooccidental, se refleja especialmente en el inicio de la implementación del acuerdo marco firmado por Líbano e Israel el 26 de junio. Según los términos de este acuerdo patrocinado por Estados Unidos, el ejército israelí se retiró el martes por la mañana de Zawtar al Gharbiyeh, donde el ejército libanés se desplegó de inmediato y comenzó su misión de garantizar que Hezbollah ya no estuviera presente en la zona. Y para subrayar la importancia del proceso iniciado con la firma del acuerdo marco entre Líbano e Israel, el primer ministro Nawaf Salam buscó conferirle un carácter solemne realizando una visita no anunciada a Zawtar al Gharbiyeh. La implementación del acuerdo entre Líbano e Israel y las perspectivas de su siguiente fase serán objeto de una nueva ronda de conversaciones entre ambos países, prevista para el 4 de agosto en Roma, nuevamente bajo los auspicios de Estados Unidos. Para gran disgusto del campo iraní…

Cabe preguntarse hasta qué punto la apuesta del patriarca Elías Howayek por un Líbano pluralista constituía una opción históricamente viable, cuando las dinámicas predominantes del mundo árabe durante el siglo XX, como la descolonización, el auge del nacionalismo, el ascenso del islam político y el cuestionamiento de la modernidad occidental, avanzaban con frecuencia en una dirección opuesta. ¿Es el Líbano un "error de la historia", como algunos han sostenido y han hecho todo lo posible para hacernos dudar de nosotros mismos? ¿El proyecto pluralista defendido por el patriarca fue una anticipación visionaria de la diversidad de Oriente Medio o una apuesta histórica que se fue debilitando progresivamente ante las grandes transformaciones del siglo XX? Para responder a esta pregunta, es necesario situar la decisión del patriarca a favor de un Líbano pluralista en la perspectiva del largo plazo de la historia de Oriente Medio, y no evaluarla únicamente a la luz de las crisis internas libanesas. En realidad, este proyecto aparece como un intento singular de institucionalizar la diversidad confesional precisamente cuando las principales dinámicas regionales tendían a privilegiar modelos rígidos y homogeneizadores. La tensión permanente entre estas dos lógicas explica en parte las dificultades estructurales que ha enfrentado el Líbano durante el último siglo, al tiempo que pone de relieve la originalidad histórica de su experiencia política. Incluso puede llevarse el análisis un paso más allá y trasladarlo del terreno estrictamente geopolítico al de la historia religiosa y de las ideas. Este enfoque invita a reflexionar sobre el vínculo entre una teología cristiana de la universalidad y una concepción política del pluralismo confesional, tal como es reconocido y practicado en el Líbano. Es necesario reconocer que la elección del patriarca Elías Howayek en favor de un Líbano pluralista obedecía no solo a un cálculo político, sino también a una concepción cristiana de la persona. Así, el "proyecto libanés" constituye, quizá de una manera menos evidente de lo que hoy parece, la traducción política de una antropología cristiana universal con características propias: la distinción entre lo espiritual y lo temporal; la centralidad de una ciudadanía civil; la división de poderes; el respeto por la libertad religiosa; el reconocimiento de la diversidad y del pluralismo como elementos normales de la sociedad, entre otros. En un sentido aún más amplio, el proyecto del patriarca Howayek nació al comienzo de un siglo en el que el cristianismo, en su conjunto, experimentó un amplio movimiento de apertura. En este ámbito pueden distinguirse varios fenómenos convergentes: el desarrollo misionero, que subrayó la universalidad del cristianismo más que su arraigo nacional; la afirmación de los derechos de la persona en la doctrina social de la Iglesia impulsada por León XIII; y el desarrollo del movimiento ecuménico, que buscó superar las divisiones confesionales entre católicos, ortodoxos y protestantes. El Concilio Vaticano II, en la década de 1960, consolidó esta evolución. En él se encuentran precisamente las intuiciones presentes en el pensamiento del patriarca Howayek cuarenta años antes: la libertad religiosa; el diálogo interreligioso y el reconocimiento de los valores presentes en otras tradiciones religiosas, especialmente el islam; la apertura al mundo moderno ( aggiornamento ); una mayor participación de los laicos y de los movimientos eclesiales de apostolado; la apertura al ecumenismo y a la reconciliación con el mundo ortodoxo; las declaraciones cristológicas comunes, entre otros aspectos. No es difícil mostrar cómo estas orientaciones contrastan con las que marcarían al mundo árabe y Oriente Medio: el genocidio y la limpieza étnica en Turquía; los regímenes totalitarios, crueles y sangrientos, en Irak, Siria y Egipto; la creación de un "Estado judío" de apartheid; el ascenso del islam político, representado por los Hermanos Musulmanes y la Revolución Islámica iraní, entre otros. Esta tesis, desde luego, abre un debate que debe abordarse con matices. No se debería presentar al cristianismo como intrínsecamente pluralista en todo tiempo y lugar. La historia cristiana, incluido el propio Líbano, también registra episodios de confesionalismo, intolerancia o estrecha alianza entre el poder político y la religión. La originalidad de Howayek resalta aún más a la luz de esta realidad. Su apuesta por el pluralismo permitió que el Líbano escapara de los determinismos de los Estados totalitarios. Conviene repetirlo: la historia del Líbano no debe juzgarse únicamente a partir de sus crisis internas ni de la demonización del confesionalismo político como supuesto origen de todos nuestros males. Por el contrario, de una diversidad asumida, moderada y protegida nació una de las experiencias humanas más profundas y originales del siglo XX, una experiencia que debemos dotar de instituciones capaces de garantizar su desarrollo y su estabilidad. Feliz "error" el que nos dio una patria como esta. Leer también: Howayek y la exaltación del papel de la mujer libanesa (3/4) "El amor a la patria", el testamento espiritual del patriarca Howayek (2/4) El patriarca Howayek, profeta de la convivencia (1/4)

Dejemos de lado, aunque sea por un momento, las objeciones al acuerdo marco, las divisiones políticas que ha suscitado y las posturas encontradas que ha provocado. Planteemos, en cambio, otra pregunta, quizá más importante que el propio acuerdo, porque se refiere a lo que vendrá después. Si partimos de la premisa de que el Líbano se encamina, tarde o temprano, hacia el fin de su estado de conflicto con su entorno regional, y de que Oriente Medio avanza gradualmente hacia una nueva etapa en las relaciones entre los Estados, ¿tiene el Estado libanés una visión clara de lo que espera de esa nueva fase? ¿Ha empezado alguien, siquiera, a reflexionar sobre la posición económica y política que podría ocupar el Líbano si el entorno regional en el que ha vivido durante décadas llegara a transformarse? Lo que llama la atención es que el debate libanés parece concentrarse casi exclusivamente en los propios acuerdos: sus condiciones, sus garantías, sus mecanismos de aplicación y las objeciones que generan. Sin embargo, la pregunta que debería anteceder a todas las demás sigue ausente: ¿qué queremos nosotros de esta transformación? Los Estados no consideran el fin de una guerra como un simple logro político o de seguridad. Lo entienden como un momento decisivo para redefinir sus prioridades económicas, replantear su posición regional y redefinir el papel que desean desempeñar en su entorno. Por eso no se limitan a negociar acuerdos destinados a poner fin a los conflictos. Paralelamente, elaboran estudios, desarrollan escenarios y diseñan políticas capaces de convertir la estabilidad en crecimiento económico, inversiones, generación de empleo e influencia regional. En el Líbano, sin embargo, ese debate ni siquiera parece haber comenzado. No se conoce ningún estudio nacional que evalúe el impacto que una transformación de esta naturaleza podría tener sobre la economía libanesa, ni existe una visión integral que identifique los sectores capaces de convertirse en motores del crecimiento durante los próximos años. Tampoco ha habido un debate serio sobre el papel que el Líbano debería aspirar a desempeñar en el Mediterráneo oriental si el mapa político de la región llegara a cambiar. Es como si diéramos por sentado que cualquier acuerdo, por el simple hecho de concretarse, conduciría automáticamente a la prosperidad, cuando la experiencia de numerosos países demuestra exactamente lo contrario: la estabilidad no genera desarrollo por sí sola. Únicamente crea las condiciones para que quienes saben aprovecharlas puedan construirlo. Más importante aún, el Líbano no se enfrenta a la redefinición de una sola relación, sino a la posibilidad de mantener vínculos distintos con dos Estados cuyas estructuras económicas son profundamente diferentes. Esa realidad exige, necesariamente, dos enfoques completamente distintos. La relación con Siria, si llegara a consolidarse sobre bases claras que respeten plenamente la soberanía de ambos Estados, uniría a dos economías que afrontan desafíos muy similares. Ambos países buscan reconstruir sus economías, recuperar la confianza, modernizar su infraestructura y reactivar sus sectores productivos. Ello abre la puerta a replantear el tránsito terrestre, modernizar los pasos fronterizos legales, interconectar las redes de transporte y energía y participar en cualquier futuro proceso de reconstrucción dentro de un marco transparente que proteja los intereses libaneses y evite el regreso de las dinámicas de dependencia e injerencia por las que el Líbano pagó un alto precio durante décadas. En esencia, sería una relación basada en la búsqueda de complementariedades entre dos economías que intentan recuperarse al mismo tiempo. La relación con Israel, en cambio, parte de una realidad completamente distinta. Aquí no hablamos de dos economías comparables, sino de una enorme brecha en términos de tamaño económico, desarrollo tecnológico, capacidad de innovación, fortaleza industrial, acceso a los mercados internacionales y capacidad para atraer inversiones. Por ello, la pregunta adquiere una dimensión diferente. El verdadero desafío no radica en el volumen del comercio bilateral, sino en la manera en que el Líbano logre posicionarse dentro de un entorno económico regional marcado por la presencia de una economía de ese nivel de desarrollo. En circunstancias como estas, los países pequeños no pueden construir su estrategia compitiendo directamente con las economías más grandes en los mismos sectores. Deben, por el contrario, identificar aquellos ámbitos en los que puedan generar un valor agregado distintivo, ya sea en los servicios, la educación, la economía digital, las industrias creativas, las finanzas, la atención sanitaria o cualquier otro sector capaz de otorgarles un papel diferenciado dentro de la región. Todo ello conduce inevitablemente a la pregunta que debería situarse en el centro de cualquier debate nacional durante las próximas décadas: ¿qué papel quiere desempeñar el Líbano en Oriente Medio en los años por venir? Desde su independencia, el Líbano nunca eligió conscientemente ese papel. En determinados momentos, la geografía lo convirtió en un centro financiero; en otros, las guerras lo transformaron en un escenario de confrontación. Posteriormente, las transformaciones regionales lo llevaron a desempeñar funciones transitorias dictadas más por las circunstancias que por una decisión nacional. Pero si la región está entrando realmente en una etapa diferente, el Líbano ya no podrá seguir esperando que sean los acontecimientos externos los que definan su función. Por primera vez en décadas, serán los propios libaneses quienes deberán decidir qué tipo de economía desean construir, qué modelo de desarrollo quieren adoptar y qué lugar aspiran a ocupar dentro de la región. Por ello, lo que el Líbano necesita no es otro debate sobre las cláusulas de los acuerdos, sino poner en marcha un gran esfuerzo nacional para elaborar una visión integral de la etapa posterior a los conflictos. Un esfuerzo que comience por la economía antes que por la política, y por definir la identidad futura del Líbano antes de abordar la naturaleza de sus relaciones con su entorno regional. Porque los acuerdos, por sí solos, no construyen el futuro de los Estados. Simplemente abren nuevas oportunidades. El futuro de un país depende, en última instancia, de su capacidad para aprovecharlas y convertirlas en un proyecto nacional coherente. Quizá la mayor paradoja sea que el Líbano ha pasado tantos años debatiendo la guerra sin detenerse nunca a discutir seriamente cómo quiere vivir una vez que los conflictos hayan quedado atrás. Si la transformación regional que hoy comienza a perfilarse termina por convertirse en una realidad, la verdadera pregunta no será si estamos a favor o en contra de este o de aquel acuerdo. Será si, por primera vez, contamos con una visión clara del Líbano que queremos construir cuando la región que nos rodea haya cambiado.