La restauración del Estado libanés

Por primera vez desde 2009, un presidente libanés cruzó esta semana las puertas de la Casa Blanca no como un suplicante que viene a pedir que lo recuerden, sino como portador de un plan. El martes, el presidente Joseph Aoun se sentó frente a Donald Trump y le entregó una propuesta por escrito: una hoja de ruta para desmantelar el arsenal de Hezbolá, concentrar todas las armas del país bajo la autoridad exclusiva del Estado libanés y, a cambio, obtener la retirada israelí del territorio que el ejército de Israel aún ocupa en el sur.

Trump, por su parte, adoptó un tono casi paternal. «Nos sentimos muy bien con respecto al Líbano», declaró a los periodistas, añadiendo que el país había sido «muy maltratado» y merecía ser «tratado con el respeto que se le debe». Reconoció, en la misma frase, que «hay un problema con Hezbolá», como si estuviera diagnosticando, en una sola fórmula, tanto la tragedia del Líbano como su oportunidad.

Sería fácil ver en esta visita poco más que un símbolo disfrazado de sustancia: una operación de imagen para un presidente empeñado en demostrar a los votantes libaneses y a los financiadores del Golfo que Beirut vuelve a tener amigos en Washington.

También sería fácil verla como un capítulo más en la larga historia de enviados estadounidenses y acuerdos marco que prometieron mucho y cumplieron poco.

Pero esa lectura pasaría por alto lo que aquí es verdaderamente nuevo, y lo que verdaderamente está en juego.

Por primera vez en décadas, es el Estado libanés —no una milicia, no un padrino extranjero, no un señor de la guerra confesional— quien se sienta a la mesa con un plan propio. Que ese plan tenga éxito o no determinará si el Líbano pasará la próxima generación como un país soberano, o si seguirá siendo, como desde hace cincuenta años, un campo de batalla alquilado para las guerras ajenas.

Un presidente sin milicia, pero con un ejército

La propia biografía de Joseph Aoun es inseparable del episodio que hoy se desarrolla en Washington. Fue elegido presidente el 9 de enero de 2025, poniendo fin a un paralizante vacío de poder de dos años durante el cual el Parlamento había fracasado en doce ocasiones en su intento de elegir un jefe de Estado.

Llegó al palacio de Baabda no como líder de partido ni como heredero dinástico, sino como comandante saliente del ejército libanés: una elección orquestada, en buena medida, por una intensa labor de presión de Washington y Riad, que veían en Aoun una figura poco común, con la confianza de todas las comunidades del país y ajena a los juegos de milicias que habían vaciado al Estado libanés de su esencia desde la guerra civil.

Su elección era en sí misma un síntoma del debilitamiento de Hezbolá: golpeado por quince meses de guerra contra Israel, privado de su secretario general Hassan Nasrallah y de gran parte de su cúpula, y con su padrino iraní absorto en sus propias dificultades, el partido ya no podía, como lo había hecho durante dos años, bloquear a un presidente que no controlaba del todo.

Este contexto es fundamental para entender lo que ocurrió esta semana. Aoun no fue a Washington como mediador que va y viene entre Hezbolá e Israel. Fue como jefe de Estado electo de un país que, por primera vez en dos generaciones, intenta actuar como tal: reivindicando el monopolio del uso legítimo de la fuerza, principio tan elemental en la propia noción de Estado que en el Líbano no había necesitado enunciarse en cincuenta años —tan evidente era su ausencia—, y cuya reafirmación resulta hoy tan extraordinaria que se ha convertido en el hecho central de la vida política libanesa.

El acuerdo marco trilateral y las cláusulas ocultas de la soberanía

Esta visita no ocurrió en el vacío. El 26 de junio, tras cinco rondas de conversaciones indirectas y directas auspiciadas por Washington, los representantes libaneses e israelíes firmaron lo que se conoce ahora como el Acuerdo Marco Trilateral —el primero de cualquier naturaleza entre ambos Estados desde el efímero acuerdo de paz de 1983, que se derrumbó bajo la presión siria e interna menos de un año después de su firma.

Firmado por los embajadores de ambos países en Washington en presencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, este acuerdo de catorce puntos compromete a las dos partes, «con el pleno respaldo de Estados Unidos», a trabajar para poner fin al estado de conflicto que las enfrenta, a garantizar su soberanía y seguridad mutuas y, en última instancia, a normalizar sus relaciones.

Los responsables libaneses se cuidaron —la precaución era necesaria, dado que la palabra «normalización» sigue siendo explosiva en la vida política libanesa— de presentarlo como un marco de seguridad y soberanía más que como un tratado de paz. Pero su lógica apunta en una sola dirección.

Son los mecanismos del acuerdo los que deberían concentrar la atención de Beirut, pues revelan tanto sus promesas como sus limitaciones. El acuerdo no obliga a Israel a retirarse de la franja de territorio libanés que ocupa desde el alto el fuego que puso fin a la guerra de noviembre de 2024. En su lugar, crea lo que se denominan «zonas piloto»: dos perímetros delimitados —uno al sur del río Litani pero fuera de la zona de seguridad israelí inicial, y otro una pequeña franja al norte del Litani, dentro de dicha zona— donde las fuerzas israelíes se retirarían a cambio del despliegue verificado del ejército libanés y del desmantelamiento de toda infraestructura militar de Hezbolá presente en ellas.

Fue precisamente en una de esas zonas piloto, la localidad de Zawtar el-Gharbiyeh, donde las tropas libanesas entraron el mismo día del encuentro entre Aoun y Trump, junto con Froun y Srifa, las otras dos aldeas contempladas en esta primera fase. El mensaje, deliberadamente calculado, era claro: el Estado actúa cuando dice que va a actuar, y es el ejército —no ninguna facción armada— el instrumento de esa acción.

Este es el plan que Aoun llevó al Despacho Oval: una propuesta para acelerar y ampliar ese modelo, respaldada por un planteamiento escrito sobre el desmantelamiento del arsenal restante de Hezbolá, a cambio de que Trump presionara al primer ministro Benjamin Netanyahu para extender la retirada más allá de las dos zonas piloto simbólicas y cumplir íntegramente los términos iniciales del alto el fuego.

Trump llegó a declarar que estaría dispuesto a dirigirse directamente a Hezbolá si Aoun se lo pedía —una oferta que, independientemente de su valor práctico, revela una Casa Blanca más comprometida con la estabilización del Líbano de lo que ha estado desde la presidencia de George W. Bush.

La línea roja de Netanyahu, y por qué no debe dictar las condiciones del Líbano

Si las ambiciones del Estado libanés tienen un techo, por ahora lo fija Israel.. Durante una visita a las tropas desplegadas en la franja ocupada del sur del Líbano, pocas semanas antes del viaje de Aoun, Netanyahu no dejó lugar a ambigüedades: las fuerzas israelíes «no abandonarán el sur del Líbano mientras no se elimine la amenaza», una fórmula que no vincula la retirada a ningún calendario ni a la soberanía libanesa, sino únicamente al juicio unilateral de Israel sobre cuándo Hezbolá habrá sido suficientemente desarmado.

Ha seguido autorizando ataques casi diarios en territorio libanés, que Beirut considera una flagrante violación del alto el fuego, y las fuerzas israelíes continúan ocupando lo que ahora se conoce como las «cinco colinas», alturas ubicadas justo dentro del territorio libanés, que Hezbolá, y cada vez más el propio gobierno libanés, citan como la prueba más tangible de que es Israel, y no Hezbolá, quien viola hoy el núcleo mismo del acuerdo sellado con el alto el fuego de noviembre de 2024.

La observación merece detenerse en ella, pues pone de manifiesto la incómoda asimetría que atraviesa todo el proyecto de desarme. Se le pide al Estado libanés que lleve a cabo una tarea concreta, verificable y escalonada —recoger y destruir todo un arsenal no estatal construido en cuatro décadas— según un calendario político fijo, mientras que la obligación recíproca de Israel, la retirada, sigue siendo rehén de una evaluación israelí de la amenaza, subjetiva e indefinidamente revisable. La valoración de Amnistía Internacional sobre el acuerdo marco fue contundente al respecto, calificándolo de un acuerdo que «traiciona a las víctimas de crímenes de guerra» al no incluir ningún mecanismo de rendición de cuentas por los continuos ataques israelíes contra civiles libaneses, al tiempo que exige un desarme unilateral del lado libanés.

Nada de esto argumenta en contra del desarme, sino todo lo contrario. Argumenta a favor de que el Estado libanés, y sus aliados en el exterior, exijan que las obligaciones del acuerdo marco sean recíprocas, y de que la palanca de la que dispone Washington sobre Netanyahu —que Trump demostró esta semana estar dispuesto a accionar— se utilice con generosidad para lograr la retirada de las «cinco colinas» y el cese de los ataques, y no simplemente para sermonear a Beirut sobre los plazos.

La fórmula que Aoun empleó ante sus interlocutores estadounidenses —según la cual solo Trump tiene la palanca necesaria para mover a Netanyahu— no es una figura retórica.

Es la constatación exacta de dónde reside el poder real en esta ecuación, y una manera implícita de exigir que Washington lo ejerza.

El rechazo de Hezbolá, y el terreno que se desmorona bajo sus pies

Como era de esperar, Hezbolá no ha aceptado nada de esto. En los días previos a la partida de Aoun hacia Washington, el secretario general Naïm Qassem ofreció una de sus intervenciones públicas más tajantes, calificando el acuerdo marco de junio de «nulo y sin efecto», de «humillación» y de un acuerdo redactado «íntegramente a favor de Israel».

Instó a Aoun a abandonarlo por completo y a buscar únicamente negociaciones indirectas, insistiendo en que «la prioridad es restaurar la soberanía y poner fin a la presencia israelí», una fórmula que invierte el propio orden de secuencia adoptado por el gobierno, y que en la práctica equivaldría a otorgar a Hezbolá un derecho de veto indefinido sobre el monopolio estatal de las armas, al condicionar el desarme a una retirada israelí para la que el mantenimiento de su propio armamento ofrece a Israel todas las excusas para dilatar.

Hay que nombrar la doble trampa que Hezbolá intenta construir aquí, pues constituye la verdadera batalla retórica de todo el debate sobre el desarme.

El partido afirma que no se desarmará mientras haya tropas israelíes en suelo libanés. Israel afirma que no se retirará mientras Hezbolá siga armado.

Ambas posiciones pueden sostenerse de manera sincera, y ambas sirven, convenientemente, para aplazar indefinidamente la verdadera prueba de soberanía que el Líbano espera desde que el Acuerdo de Taif, en 1989, prometió —sin jamás cumplirla— la disolución de todas las milicias.

La tarea del gobierno libanés —y es un mérito de Aoun que su gobierno haya comenzado a comprenderlo— consiste en romper ese círculo en lugar de arbitrarlo, demostrando, mediante los despliegues en zonas piloto, que el Estado puede extender su autoridad de buena fe con independencia de la cooperación de Hezbolá, y aprovechando esa buena fe demostrada para obtener, a través de Washington y no del arsenal de Hezbolá, una reciprocidad israelí real y verificable.

Hay indicios de que ese círculo ya está agrietándose, y de que Hezbolá lo sabe. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Beirut a principios de año cargando, según varias fuentes, con dinero en efectivo destinado al partido, las autoridades libanesas habrían bloqueado el ingreso de esos fondos —un episodio menor pero revelador, que habría sido impensable en la economía política libanesa apenas tres años atrás, cuando los circuitos que unían a Hezbolá con Teherán funcionaban con total impunidad.

Desde entonces, Araghchi ha llegado a afirmar, con calculada diplomacia, que Irán «apoya cualquier decisión que tome el partido» pero «no interviene», un repliegue deliberado respecto a la época en que los funcionarios iraníes presentaban el arsenal de Hezbolá como un elemento de disuasión regional innegociable.

Aoun, por su parte, ha respondido con una franqueza inusual, señalando a sus interlocutores que las decisiones de Hezbolá dependen en última instancia de Teherán, y declarando, en términos que habrían sido peligrosos para cualquier presidente libanés hace diez años, que «nadie negocia en nuestro nombre».

El Eje de la Resistencia, debilitado por la caída del régimen de Assad en Siria, por la decapitación del mando de Hezbolá a manos de Israel y por los propios problemas de un Irán absorbido por sus conflictos internos, sencillamente ya no es la fuerza que era cuando fracasó el último intento de desarme en 2006.

Nada garantiza el éxito esta vez. Pero el equilibrio de presiones se ha inclinado, por primera vez en décadas, a favor del Estado.

Hezbolá y su patrocinador iraní se encuentran, en un sentido más amplio, en una posición notablemente debilitada a escala regional. El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en el Golfo somete a una fuerte presión los recursos financieros y militares que Teherán puede destinar a sus intermediarios regionales, mientras que el ejército sirio ha reforzado su vigilancia a lo largo de la frontera, extendiendo su presencia en las zonas fronterizas y cerrando los pasos ilegales y los túneles de contrabando que antes servían para reabastecer a Hezbolá.

Este esfuerzo estrangula al partido desde otro ángulo: sus reservas de misiles, drones y municiones ya han sido considerablemente mermadas por los ataques israelíes y meses de combates, y el cierre del corredor sirio complica la reposición de lo perdido, al tiempo que seca los circuitos de financiación que antes pasaban por Damasco.

Por último, la destrucción causada en el sur del Líbano y los cientos de miles de desplazados que ha generado han erosionado el apoyo a Hezbolá dentro de las propias comunidades que dice defender —un costo político y moral que podría resultar más difícil de revertir que cualquier pérdida militar.

El dinero del Golfo y el poder de negociación que compra

Si Washington aporta la fuerza diplomática de este proceso, el Golfo aporta su lógica económica, con una franqueza que las élites libanesas de generaciones anteriores —acostumbradas a un mecenazgo del Golfo con pocas condiciones— han encontrado desconcertante.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait le han dicho directamente a Aoun y al primer ministro Nawaf Salam que los fondos de reconstrucción e inversión estarán condicionados a un plan de desarme con un calendario preciso, y no a una mera aspiración vaga.

Tom Barrack, el enviado de la administración Trump para la región, describió este acuerdo en términos casi transaccionales: los gobiernos del Golfo, afirmó, han hecho saber a Beirut que «si hacen estas cosas, vendremos al sur del Líbano, financiaremos una zona industrial, la reconstrucción y la creación de empleos».

Arabia Saudita y Qatar, siguiendo esta lógica, invertirían directamente en el sur una vez que las armas de Hezbolá hayan desaparecido, transformando ese mismo territorio —que durante cuatro décadas albergó la infraestructura de una milicia— en un escaparate de lo que podría significar económicamente un Líbano desarmado y bajo control estatal.

El alcance de lo que queda suspendido a la espera del desarme no es menor. La evaluación rápida de daños y necesidades del Banco Mundial estima las necesidades totales de reconstrucción y recuperación del Líbano tras la guerra de 2024 en aproximadamente 11 mil millones de dólares, de los cuales 4,600 millones corresponden a daños en el sector de la vivienda y 3,400 millones a pérdidas adicionales en comercio, industria y turismo.

La economía libanesa, ya exhausta desde el colapso financiero de 2019, se contrajo un 7,1 % adicional en 2024 a causa de la guerra.

Washington habría aprobado un paquete de 230 millones de dólares destinado específicamente a respaldar las operaciones de desarme llevadas a cabo por el ejército libanés, y una conferencia internacional más amplia sobre el apoyo a las fuerzas armadas libanesas —prevista para los próximos meses— debería permitir coordinar el financiamiento que dotará al ejército de los medios necesarios para ser realmente la fuerza capaz de imponer el monopolio estatal de las armas, y no simplemente proclamarlo.

Este es, en definitiva, el marco de incentivos del que el Estado libanés nunca había dispuesto hasta ahora: una coalición internacional creíble y bien financiada, dispuesta a costear de manera concreta los beneficios del desarme, y no simplemente a exigirlo de palabra.

Esto le brinda a Beirut algo que ofrecer a las comunidades escépticas del sur, esas ciudades y pueblos chiítas que durante una generación han albergado la infraestructura de Hezbolá y que necesitarán ver un desarrollo tangible —y no meras lecciones extranjeras sobre soberanía— para que la presencia del Estado sea percibida como una mejora real y no como una ocupación con otro nombre.

El dinero por sí solo no disolverá ochenta años de desconfianza confesional. Pero sin él, ningún gobierno libanés podría razonablemente pedirle al sur que cambie un padrino armado y conocido por una promesa de protección estatal que aún no ha sido puesta a prueba.

La ONU se retira mientras el Estado avanza

Otro cambio estructural merece atención, pues rediseñará la arquitectura de seguridad del sur del Líbano independientemente del resultado de las negociaciones sobre el desarme: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó poner fin a la FPNUL, la misión de mantenimiento de la paz que patrulla la frontera entre el Líbano e Israel desde 1978, cuyo mandato y operaciones deben concluir a finales de 2026.

Durante casi cincuenta años, la FPNUL fue a la vez indispensable e insuficiente: una presencia de observación sin el mandato ni la capacidad de fuego necesarios para desarmar realmente a Hezbolá, pero cuyos cascos azules ofrecieron un amortiguador diplomático y una mirada internacionalmente reconocida sobre una frontera volátil.

Su retirada elimina ese amortiguador precisamente en el momento en que se le pide al ejército libanés que asuma la plena responsabilidad de un territorio que la FPNUL contribuía antes a vigilar.

Leída con cinismo, esta decisión podría parecer que la comunidad internacional se lava las manos de un problema que gestionó sin resolver durante medio siglo, dejando a Beirut solo frente a la superioridad militar israelí y las capacidades residuales de Hezbolá.

Leída con mayor optimismo —y es el optimismo que parece adoptar el gobierno de Aoun—, la retirada de la FINUL funciona como un mecanismo de ultimátum, un plazo inapelable que ya no deja al ejército libanés la posibilidad de seguir siendo un socio subordinado en el sur de su propio país.

Cuál de estas dos lecturas resultará acertada dependerá casi por completo de si el financiamiento y la formación internacionales prometidos como contrapartida del desarme se materializan según el calendario que necesita el ejército, y no según el que conviene a los ciclos presupuestarios extranjeros.

Lo que realmente exige la restauración del Estado

Conviene precisar qué significa «restaurar el Estado libanés» en este contexto, pues la expresión es invocada por cada bando en Beirut con fines distintos, a menudo contradictorios.

No significa simplemente desplegar soldados en pueblos que antes controlaba Hezbolá, aunque eso sea un primer paso necesario, el mismo que ya está en marcha en las zonas piloto.

Significa, más fundamentalmente, restablecer el principio constitucional —consagrado en el Acuerdo de Taif hace treinta y seis años y nunca aplicado— según el cual el Estado libanés posee en exclusiva el monopolio legítimo de la violencia organizada en su territorio.

Todas las demás crisis irresueltas de la gobernanza libanesa —desde la parálisis de los sucesivos gobiernos hasta la incapacidad del país para llevar a cabo una política exterior independiente, pasando por el colapso de su sector bancario— remiten, de una u otra manera, a la existencia de un actor armado no estatal más poderoso que el ejército que supuestamente responde ante la autoridad civil elegida.

El gobierno de Aoun, junto al gabinete del primer ministro Salam, ha hecho la apuesta calculada de que por fin ha llegado el momento de hacer valer ese principio: no mediante el tipo de enfrentamiento que sumió al Líbano en la guerra civil en 1975 o que llevó a los hombres armados de Hezbolá a las calles de Beirut en mayo de 2008, sino a través de una secuencia negociada, respaldada internacionalmente e incentivada económicamente, que ofrezca a lo que queda de la base de Hezbolá una salida honrosa, y a las comunidades chiítas del sur un interés tangible en el éxito del Estado.

Es una apuesta basada en una lectura honesta de la correlación de fuerzas regional: un Hezbolá privado de sus principales comandantes y de gran parte de su arsenal por la campaña israelí de 2024; un Irán absorbido por sus propias confrontaciones e incapaz de reabastecer o reconstituir al partido como lo hacía antes; un régimen sirio que ya no ofrece a Hezbolá el corredor logístico del que dependía desde hace décadas; y un bloque formado por Estados Unidos y el Golfo más dispuesto que en ningún otro momento desde 2006 a invertir un capital diplomático y financiero real en la construcción del Estado libanés, en lugar de limitarse a contener el caos del país.

Nada de esto hace que el éxito sea inevitable. Hezbolá conserva un arsenal aún considerable, una base política leal, y demostró en 2008 su disposición a volver sus armas contra otros libaneses cuando consideró que su posición estaba existencialmente amenazada.

El propio comportamiento de Israel —la continuación de la ocupación de las cinco colinas, los ataques casi diarios, la condicionalidad sin plazo fijado por Netanyahu para la retirada— da al argumento de Hezbolá, según el cual se le pide al Líbano que se desarme unilateralmente en el vacío, un sustento real, y no meramente retórico, entre libaneses que de otro modo podrían apoyar el proyecto del Estado.

Y el ejército libanés, por muy profesionalizado que esté y por mucha confianza que inspire más allá de las divisiones confesionales, sigue estando mal equipado y con recursos insuficientes para asumir a la vez la seguridad del sur, hacer frente a las incursiones israelíes y mantener el orden interno; esto explica precisamente por qué la conferencia de financiación y el paquete estadounidense de 230 millones de dólares importan tanto como cualquier comunicado emanado del Despacho Oval.

La apuesta que hay que hacer por Beirut

Lo que no hay que perder de vista, en medio de estos obstáculos bien reales, es lo inusual de esta coyuntura en la historia contemporánea del Líbano. Es difícil identificar otro momento, desde el Acuerdo de Taif, en que un jefe de Estado libanés haya viajado a Washington con su propio plan por escrito en lugar de recibir uno dictado desde el exterior; en que las capitales del Golfo hayan condicionado su ayuda a la soberanía en lugar de limitarse a financiar a padrinos confesionales rivales, como hicieron a lo largo de los años noventa y dos mil; en que el padrino regional de Hezbolá haya estado tan acorralado; y en que una administración estadounidense se haya mostrado dispuesta —como hizo Trump esta semana al proponer dialogar personalmente con Hezbolá y al comprometerse a presionar a Netanyahu— a invertir capital político en nombre del Estado libanés, en lugar de tratar al Líbano como un escenario secundario del enfrentamiento israelo-iraní.

Nuestra convicción es que los amigos del Líbano —en Washington, en el Golfo y entre los libaneses de a pie, agotados tras cincuenta años viviendo dentro de las guerras ajenas— deberían tratar esta coyuntura por lo que es: no una garantía, sino una auténtica ventana de oportunidad, y una ventana que no permanecerá abierta indefinidamente.

La posición regional de Irán podría estabilizarse. La atención del Golfo podría desplazarse hacia otras prioridades. Las administraciones estadounidenses cambian, y con ellas la implicación personal que un presidente determinado está dispuesto a dedicar a un pequeño país mediterráneo de seis millones de habitantes. El gobierno de Netanyahu podría concluir que una ocupación indefinida tiene, en términos de política interna, un coste menor que una retirada negociada. Cualquiera de estos giros podría cerrar la ventana que, por ahora, permanece abierta.

Lo que las instituciones del Estado libanés necesitan más urgentemente en este momento no es un nuevo documento marco ni un nuevo apretón de manos fotografiado, aunque ambos sean bienvenidos.

Necesitan que el ejército libanés esté debidamente equipado para extender el modelo de las zonas piloto a todo el sur del Litani, con un calendario medido en meses y no en años.

Necesitan que Washington trate la reciprocidad israelí —una retirada real de las cinco colinas, el fin de los ataques en territorio libanés, el respeto de los términos reales del alto el fuego— como un objetivo igual de urgente que el desarme de Hezbolá, y no como una consideración secundaria a negociar una vez que Beirut ya haya cedido su principal palanca.

Necesitan que la financiación de la reconstrucción prometida por el Golfo llegue al sur con suficiente rapidez como para que las comunidades que allí viven perciban el retorno del Estado como una mejora tangible de su vida cotidiana, y no como la mera sustitución de un grupo de hombres armados por otro.

Necesitan que a lo que queda de la base de Hezbolá se le ofrezca, de manera constante y creíble, un lugar dentro de un Estado libanés funcional, en lugar de tratarla únicamente como un problema de seguridad que resolver por la fuerza.

Y, por último, necesitan una reforma radical del sistema político y jurídico confesional libanés, que ha fracasado estrepitosamente: una reforma que siembre las semillas de una nación que anteponga la identidad nacional a las lealtades y divisiones confesionales arraigadas en su orden constitucional desde 1943, y que permita el surgimiento de una nueva clase política decidida a convertir al Líbano en un Estado funcional en su interior y en un socio confiable en el exterior.

Nada de esto está garantizado por un apretón de manos en el Despacho Oval. Pero para un país que ha pasado medio siglo escuchando que su soberanía era rehén de las agendas ajenas —la siria, la israelí, la iraní, y con frecuencia la de sus propias facciones—, ver a un presidente libanés cruzar las puertas de la Casa Blanca con su propio plan, en lugar de ir a pedir que le entreguen uno, no es poca cosa.

Es la primera prueba real en toda una generación para saber si el Estado libanés puede convertirse por fin en el único actor armado dentro de su propio territorio. El Líbano, y la región que lo observa, pasará los próximos meses descubriendo si el Estado está finalmente en condiciones de superar este desafío.