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En el Líbano, el dinero abre casi todas las puertas. Acelera las decisiones, simplifica los trámites, derriba muchas resistencias. Sin embargo, hay una puerta que no puede abrir: la de la dignidad, la del respeto verdadero, ese que no se paga. Él lo sabe, aunque prefiera no admitirlo. Triunfó rápido, muy rápido. Demasiado rápido. Nuevo rico, fortuna llegada antes que el reconocimiento, dinero a veces opaco, a veces francamente sospechoso. A pesar de los bienes, las relaciones y los signos exteriores, vive con un malestar persistente: algo falta. Una legitimidad. Un lugar. La sensación de existir de otro modo que como quien paga. Su herida no empieza en la edad adulta. Empieza mucho antes. Con un padre rebajado, nunca respetado, del que comprende muy pronto que debe alejarse para no terminar en el mismo sitio. Con una familia que conviene ocultar, no por falta de apego, sino porque recuerda un origen considerado descalificador. Muy temprano, algo se instala en segundo plano. Marcas antiguas, jamás borradas. Entonces actúa como si nada hubiera importado. Avanza. Se fabrica una imagen más sólida, más brillante, más aceptable. Comprende pronto que el valor depende del estatus, del nombre, de la posición. No busca ser amado. Busca no volver a ser humillado. Cuando llega el dinero, no cura nada. Protege. Disimula. Sea limpio o sospechoso, poco importa, mientras le permita imponerse y silenciar las dudas. El éxito se convierte en una estrategia de supervivencia. Pero cuando el dinero ya no basta para producir respeto, se impone otra solución: convertirse en diputado. Aquí, el mandato no es un servicio. Es una protección. En un Estado que no protege a nadie, el escaño se convierte en garantía personal, en inmunidad de hecho, en una forma de transformar una fortuna cuestionada en autoridad oficial. Está dispuesto a pagar. Muy caro. Durante la campaña, repite las palabras esperadas. Proyectos. Leyes. Futuro. Reconstrucción. Sabe que todo eso no es más que un trámite obligatorio. Lo que importa es ponerse a salvo. Existir, por fin, aunque sea a través del miedo. Compra votos. La miseria hace el resto. Cuando se tiene hambre, el voto se vende. Él lo sabe y se aprovecha. Lo llama ayuda. En realidad, es corrupción simple: dinero a cambio de silencio, pobreza a cambio de poder. Luego llega la elección. El título. El traje. Y el vacío. Nada se repara. A los ojos de los demás, sigue siendo el que pagó. Y frente a sí mismo, sigue siendo el que siempre fue. Había buscado respeto. Obtiene que lo llamen “Su Excelencia”. Y lo más obsceno no es la mentira, ni el fracaso, ni el vacío. Lo más obsceno es que eso le basta.

Si creemos los rumores, no habrá nada grave que reportar en las próximas semanas. Porque, si nos fiamos de las declaraciones de Abbas Araghtchi, Teherán y Washington habrían llegado, durante sus conversaciones en Ginebra, a un amplio acuerdo sobre un conjunto de «principios rectores, sobre la base de los cuales avanzarán y comenzarán a trabajar en el texto de un posible acuerdo». Mientras tanto, Irán se está reabasteciendo de armas y municiones, lo que no tranquiliza a Israel, quien además exige que las conversaciones actuales excedan el estricto marco nuclear para incluir las dos cuestiones de los misiles y los proxies. Dicho esto, los países árabes del Golfo, que insistieron en que Trump hiciera prevalecer las vías diplomáticas sobre la opción militar, pueden temer que Netanyahu haga el payaso y prenda la mecha. Y si hubiera gato encerrado Mientras reunía una armada amenazante en la región, el presidente estadounidense acudió en auxilio del régimen de los ayatolás, concediéndole una tregua. Lo salvó manteniéndolo a flote, así como lo preservó de la furia de Israel, cuyo brazo vengador ha contenido hasta ahora. Pero, ¿lo seguirá conteniendo después del «viaje de persuasión» que realizó Netanyahu a Washington el pasado 11 de febrero y cuyo objetivo era comunicar las aprensiones israelíes a la Casa Blanca? Donald Trump es más astuto de lo que se cree. Prueba de ello es su intervención imprevista, y para algunos intempestiva, en junio pasado. Recordemos que Israel había desatado el 13 de junio de 2025 un ataque sorpresa contra Irán y que, en la noche del 21 al 22 de ese mismo mes, la Fuerza Aérea y la Armada de EE. UU. habían entrado en acción y bombardeado varios sitios nucleares. Este ataque interrumpiría brutalmente la sexta ronda de negociaciones, que se suponía que se reanudaría entre Irán y Estados Unidos, tres días después del inicio de los combates. Hoy, ¿qué impediría una repetición basada en el mismo escenario? ¿No estamos en vísperas de negociaciones cuyos «principios rectores» se establecieron recientemente en Ginebra? ¿Y no es el momento ideal para atacar a Irán, que cree haber ganado la partida engañando al estadounidense? ¡Sería un poco la respuesta del pastor a la pastora, y Trump es muy capaz de ello! Es no contar con la pusilanimidad Algunos han llegado a tachar la política estadounidense de incoherente. Ben Samuels, corresponsal del diario Haaretz en Washington, todavía no logra explicarse la política de zigzagueo (o de yo-yo) de la Casa Blanca, cuando todo es arbitrario, de humor o de fantasía de un hombre. Sin embargo, J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, no se había abstenido de declarar que Donald Trump «no solía revelar públicamente sus posiciones para preservar su espacio de decisión». Es que Donald Trump es un hombre de negocios que no quiere caer en la trampa de la guerra, donde han caído muchos de sus predecesores. Es también, y no me lo haga decir, un fanfarrón capaz de gesticular pero que se esconde a la hora del enfrentamiento. En una toma de decisiones, entran en juego tanto los intereses de una persona como su carácter. Y si el presidente estadounidense declara que quiere agotar la vía diplomática con Irán antes de cualquier acción militar, es por «failure of nerve and want of courage», es decir, por cobardía y pusilanimidad. Pero en este preciso momento en que dos portaaviones han tomado posiciones en la región, ¡nada está dicho y el diablo siempre puede surgir de la caja!

«La primera reforma deberá ser una descentralización inteligente», Jules Payot La descentralización es un modo de organización del Estado que consiste en transferir competencias, responsabilidades y recursos del poder central hacia autoridades locales elegidas, jurídicamente autónomas, con el fin de acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y mejorar la eficacia de la acción pública. Permite al Líbano transferir parte de los poderes, competencias y recursos del Estado hacia colectividades territoriales elegidas y autónomas – especialmente las municipalidades y las entidades descentralizadas – manteniendo la unidad del Estado. El objetivo es fortalecer y activar la gobernanza local, la participación ciudadana y el desarrollo equilibrado de las regiones. Según la Sra. Rayanne Assaf, doctora en derecho y encargada de asuntos jurídicos en la presidencia de la República entre 2008 y 2014, «en política, no existe una solución milagrosa». «El cambio se produce progresivamente, paso a paso, y esta realidad es particularmente cierta para los países pluralistas, subraya. Líbano, con su complejo mosaico confesional y político, no dispone, al igual que todos los países pluralistas, de ninguna receta universal ni solución milagrosa capaz de resolver los desequilibrios institucionales o de garantizar la cohesión nacional». Para la Sra. Assaf, quien fue miembro de la comisión especial creada en 2012 por el Primer Ministro con miras a la elaboración del proyecto de ley sobre la descentralización administrativa, «la descentralización constituye un paso esencial en el camino del progreso». «Es una herramienta pragmática para fortalecer el Estado y mejorar la gobernanza y acercar la toma de decisiones a los ciudadanos», precisa. Si se tuviera que hablar de «milagro» en la política libanesa, añade, podría identificarse en la parte del acuerdo de Taif relativa a la descentralización. En un contexto donde los partidos apenas logran ponerse de acuerdo sobre reformas estructurales, alcanzar un compromiso en este punto constituye un acontecimiento histórico. En aquella época, algunas facciones eran favorables a la descentralización, mientras que otras se oponían. A pesar de estas divergencias, se alcanzó un acuerdo, consagrando la descentralización como reforma fundamental. Taif y el bloqueo de la implementación Después del acuerdo de Taif y hasta el mandato del presidente Michel Sleiman, no se adoptó ningún proyecto de ley concreto sobre la descentralización. Los textos disponibles se referían más a la desconcentración que a la descentralización propiamente dicha. La Sra. Assaf insiste en esta distinción: «La desconcentración consiste en representar las administraciones del Estado central en las regiones, sin transferir verdaderos poderes. La descentralización, en cambio, implica consejos elegidos directamente por los ciudadanos, que disponen de competencias propias y de una autonomía administrativa y financiera real». Algunas iniciativas, como el proyecto de ley presentado por el difunto diputado Robert Ghanem, fueron calificadas de descentralización, pero no preveían la elección de los consejos locales. Sin embargo, la ausencia de elecciones va en contra del espíritu mismo de la descentralización. Hoy en día, el Líbano conoce un primer grado de descentralización a través de las municipalidades . Estas entidades disponen de poderes, pero carecen de medios financieros adecuados para ejercerlos plenamente. El ejemplo de algunas de ellas, dotadas de considerables medios financieros, contrasta fuertemente con otras municipalidades menos favorecidas. El papel de la descentralización La descentralización permite crear un verdadero control democrático. Según la Sra. Assaf, «gracias a una descentralización, los ciudadanos están más capacitados para exigir cuentas y controlar la acción pública». La reforma en cuestión también contribuye a identificar mejor las necesidades regionales, a reducir los atascos, crear oportunidades de empleo locales, favorecer el desarrollo regional y mitigar las diferencias políticas. Sin embargo, estos beneficios no pueden materializarse sin una autoridad central fuerte, capaz de garantizar la coherencia y la unidad del Estado. La descentralización no es un medio para fragilizar el Estado, sino una herramienta para fortalecer la gobernanza y mejorar la eficacia de la acción pública. Para la Sra. Assaf, la descentralización podría desempeñar un papel catalizador en la rendición de cuentas a nivel nacional. Cronología de las iniciativas Conforme al acuerdo de Taif, durante el mandato presidencial 2008-2014, a iniciativa del presidente de la República y de acuerdo con el Primer Ministro, se creó en 2012 un comité presidido por el exministro Ziad Baroud para elaborar un proyecto de ley sobre la descentralización. Este comité reunía a expertos y especialistas de diversos ámbitos, ya que la descentralización implica aspectos administrativos, financieros, políticos, culturales, sociales… En 2014, el proyecto final fue avalado por la presidencia. Respeta el acuerdo de Taif y comprende normas avanzadas para la gobernanza local. En 2015, una conferencia de diálogo apoyó el principio de la descentralización. El diputado Samy Gemayel retomó dicho proyecto y lo presentó como propuesta de ley al Parlamento. Desde entonces, el texto es examinado por las comisiones parlamentarias sin ser adoptado. La Sra. Assaf subraya que su aprobación depende de una voluntad política que aún falta. Añade que la descentralización es una reforma de carácter técnico y que sería ilógico, incluso absurdo, vincular su aprobación a la implementación de otras reformas políticas por excelencia, como la creación de un Senado o la abolición del confesionalismo, lo que requerirá años de esfuerzos. Autonomía financiera y equilibrio regional Según la Sra. Assaf, en aplicación del principio 'a transferencia de competencias, transferencia de recursos', la descentralización no puede realizarse sin recursos financieros. El término «descentralización financiera» se emplea a menudo erróneamente en Líbano, explica. Según ella, la descentralización se basa en dos pilares indisociables: la autonomía administrativa y la autonomía financiera. El proyecto preconiza la asignación de recursos financieros en beneficio de los consejos locales elegidos (por ejemplo, una parte del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre bienes inmuebles percibidos a nivel del caza…). También prevé la creación de una caja descentralizada, que reemplazará a la actual caja municipal autónoma. Esta nueva caja tiene como objetivo asegurar un desarrollo equilibrado y reducir las desigualdades entre regiones, basándose en los indicadores del estado de desarrollo, la recaudación anual de impuestos, el censo de la población registrada en la colectividad y la superficie del caza. La descentralización permite a los ciudadanos elegir responsables locales capaces de gestionar eficazmente los recursos de su caza. Contribuye a limitar el clientelismo y el feudalismo, al tiempo que instaura una cultura de rendición de cuentas. Cabe destacar que el marco histórico e institucional resalta el hecho de que la descentralización en Líbano es a la vez un imperativo democrático y una palanca de resiliencia institucional. La cronología de las iniciativas revela una voluntad política constante sobre el papel, pero frenada por los intereses partidistas y la falta de consenso. La adopción efectiva de esta reforma sería una prueba importante para la clase política.

La guerra en Libia deja de ser inteligible cuando se la observa únicamente a través de sus actores internos. Desde 2014, y con mayor intensidad a partir de 2019, el conflicto se ha transformado en un escenario de proyección regional, donde las dinámicas locales funcionan como base de estrategias que las superan ampliamente. Libia se ha convertido así en un territorio fragmentado, explotado, utilizado y manipulado desde el exterior como un espacio maleable, desprovisto de soberanía efectiva y, por lo tanto, ideal para guerras por delegación. Ciertamente, la rivalidad entre las potencias regionales no explica por sí sola el colapso libio, pero sí consolida sus contornos, bloquea cualquier salida endógena y transforma cada avance local en una variable de un juego de mayor escala. En esta fase, la guerra ya no enfrenta a libios entre sí, sino a visiones contrapuestas del orden regional, proyectadas sobre un territorio incapaz de absorberlas. Un epicentro de tensiones, como lo fue Siria después de 2011 o, antes, el Líbano entre 1975 y 1990. El primer eje de confrontación opone dos concepciones de la estabilización. Por un lado, un enfoque autoritario, securitario y vertical, respaldado por Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Por el otro, una lógica intervencionista, oportunista y transaccional, impulsada por Turquía, basada en una interpretación distinta de las dinámicas de poder regional. Para El Cairo, Libia representa un enclave estratégico central. La extensa y porosa frontera occidental de Egipto ha sido percibida durante años como una amenaza directa a la seguridad nacional, especialmente después de 2011. El fantasma del flujo de armas, combatientes e ideologías hostiles ha moldeado su postura. En ese marco, apoyar a una fuerza capaz de imponer un orden militar en Cirenaica aparece como una necesidad defensiva. Desde esta perspectiva, Khalifa Haftar encarna menos un proyecto libio que un instrumento de estabilización por delegación. Los Emiratos, por su parte, conciben su implicación como parte de una estrategia más amplia de proyección de influencia. Libia es un eslabón dentro de una política regional orientada a contener el islam político, estructurar redes de seguridad aliadas y controlar puntos clave de los flujos comerciales y energéticos. El apoyo al este libio responde a una lógica ideológica, pero, sobre todo, a un enfoque pragmático basado en la anticipación de las correlaciones de poder a largo plazo. Frente a este eje, Turquía interviene con una lógica distinta. Su implicación masiva desde 2019 marca un punto de inflexión decisivo en el conflicto. Para Ankara no se trata solo de salvar a Trípoli de una ofensiva militar inminente, sino de reconfigurar la ecuación regional. La intervención turca combina asistencia militar directa, despliegue de drones, asesores, mercenarios sirios y, sobre todo, un acuerdo marítimo que redefine las fronteras en el Mediterráneo oriental. Este acuerdo no es un detalle técnico: sitúa a Libia en el centro de una rivalidad energética y geopolítica que desborda ampliamente sus fronteras. Al alinearse con el gobierno de Trípoli, Ankara obtiene legitimidad jurídica para impugnar proyectos rivales en el Mediterráneo, debilitar el eje Grecia-Chipre-Egipto y consolidarse como actor clave en el Mediterráneo oriental. Libia deja de existir como entidad en sí misma y como fin en sí mismo. Se convierte en algo más: una plataforma estratégica. Esta regionalización del conflicto produce un efecto acumulativo, ya que cada facción libia va siendo progresivamente despojada de su autonomía estratégica. Las grandes decisiones militares ya no se toman en Trípoli o Bengasi, sino que se calculan en función de las líneas rojas y los intereses de los patrocinadores externos. La guerra se transforma así en un espacio de negociación indirecta entre potencias regionales, donde la escalada es controlada, calibrada, a veces suspendida, pero rara vez resuelta. La Conferencia de Berlín, impulsada por Alemania y la ONU en enero de 2020, así como las múltiples iniciativas diplomáticas posteriores, ilustran este bloqueo. Buscaron restablecer un marco multilateral, pero chocaron con una realidad contundente: los actores regionales presentes en Libia no tienen un interés inmediato en la unificación soberana del país. Una Libia débil, fragmentada y negociable ofrece más oportunidades que un Estado central fuerte capaz de imponer sus propias reglas. La guerra de Trípoli, entre 2019 y 2020, fue particularmente reveladora en este sentido, al demostrar que la intervención externa puede alterar el equilibrio de fuerzas sin producir una solución política. El fracaso de la ofensiva de Haftar contra el gobierno reconocido no abrió el camino a la reconstrucción del Estado; por el contrario, ratificó el sistema existente. Libia se ha transformado en una zona de equilibrio conflictivo, donde ningún actor puede imponerse sin desencadenar una escalada regional incontrolable. A partir de aquí, el conflicto entra en una fase de gestión más que de resolución. Los altos al fuego se respetan mientras sirven a los intereses de los patrocinadores. Las violaciones se toleran siempre que no crucen ciertos umbrales. Libia se convierte en un espacio donde la guerra se contiene, pero nunca se desactiva. Esta dinámica también tiene una dimensión marítima y migratoria. Las rutas de migración, los puertos y los puntos de salida hacia Europa se han convertido en fichas implícitas de negociación con las potencias europeas, a menudo políticamente ausentes, pero presentes a través de sus preocupaciones de seguridad. Libia funciona, así como una zona tapón, al costo de una brutal externalización del control migratorio y de la invisibilización de la violencia que lo acompaña. Lo que se desarrolla en Libia, por tanto, no tiene nada que ver con una guerra civil clásica. Es una guerra regional de desgaste librada en suelo libio, en un espacio donde las líneas de frente son tan diplomáticas como militares. Bienvenidos al terreno de la manipulación abierta. “La guerra de los otros”, habría dicho Ghassan Tuéni… con carne de cañón local. En este contexto, no nos engañemos: cualquier intento de resolver la crisis exclusivamente dentro de Libia está condenado al fracaso. Mientras los equilibrios regionales sigan estructurados por la rivalidad, y mientras el Mediterráneo oriental continúe siendo un escenario de competencia energética y estratégica, Libia seguirá siendo un campo de batalla. La frase es cínica, sin duda, pero describe con precisión la realidad. La guerra se mantiene porque cumple una función en un orden regional inestable, como ocurre, por cierto, en Sudán. Y mientras esa función no sea cuestionada, no habrá solución ni paz duradera posible. Próximo artículo: Libia en el orden internacional fragmentado (5/5) Leer sobre el mismo tema: 2011 o Libia en la era post-estatal (1/5) El conflicto libio: una «milicianización» excesiva de la política (2/5) «Dos Libias» y una soberanía inencontrable (3/5)

El crucero Costa Concordia varado frente a la isla de Giglio tras chocar con rocas submarinas el 13 de enero de 2012. (Filippo Monteforte/AFP) Imaginen, mientras el crucero Costa Concordia se hundía en 2012, al jefe de sala del restaurante pidiendo a los pasajeros que no olvidaran pagar su cuenta. ¿Absurdo? Sin embargo, es, más o menos, la lógica adoptada por nuestro gobierno. En un país paralizado por la crisis, donde solo la inflación avanza, el Estado, buscando desesperadamente financiar el aumento de los salarios de sus funcionarios y de las pensiones más o menos adaptadas para los militares retirados, ha encontrado la solución: aumentar el IVA en un 1 % y gravar la gasolina en trescientas mil libras por bidón. Después de todo, ¿por qué no? En un sistema donde la impunidad es reina y la rendición de cuentas una ficción administrativa, sin duda sería inoportuno pedir a los dirigentes que restituyan los fondos desviados. Ya que estamos, mejor gravar a un pueblo que ha demostrado una notable capacidad para aguantar sin quejarse. ¿Qué hay más noble, por cierto, que pagar impuestos para sostener un sector público cuyos algunos empleados son tan sigilosos como un bombardero B-2, invisibles 29 de cada 30 días? ¿O aquellos que prueban que existe vida después de la muerte, percibiendo aún su salario mucho después de su "entierro administrativo"? Y además, si la tasa de desempleo ronda el 40 %, este impuesto sobre la gasolina solo afectará finalmente a quienes trabajan. Los desempleados, por su parte, no se supone que estén recorriendo las carreteras sin hacer nada. Las motivaciones de estos impuestos son intachables: oponerse a ellos sería casi una ingratitud hacia quienes mantienen la ilusión de un simulacro de Estado. O peor aún, hacia un ejército cuyos algunos altos mandos, en lugar de disfrutar de una merecida jubilación, han aceptado sacrificarse una vez más, presidiéndonos. Shakespeare escribió, y tenía razón: «Sopla, sopla, viento invernal, no eres tan cruel como la ingratitud del hombre», máxime cuando los nuevos impuestos no afectan al combustible que nos calienta del viento invernal… Y dejemos de ver el vaso medio vacío. Como decía el otro, basta con coger un vaso más pequeño para que esté casi lleno. Ciertamente, una verdadera tributación del uso del dominio marítimo público, de los cigarrillos y de las alfombras (que algunos dirigentes fuman) habría sido más coherente. Pero el impuesto sobre la gasolina tendrá al menos el mérito de reducir el número de automovilistas, fluidificar la circulación y, por consiguiente, disminuir la contaminación. ¡Este gobierno innova! Acaba de inventar la transición ecológica por asfixia económica. Sin embargo, hemos demostrado una gran madurez en cuanto a las leyes contra las que nos indignamos. Recordemos: en 2019, la mención de un impuesto de seis dólares sobre WhatsApp bastó para encender el país, disolver el gobierno y llenar las calles. Hoy, un impuesto de unos veinte dólares mensuales, acompañado de un aumento del IVA, se aprueba sin problemas. Nuestra revuelta se produce en las redes sociales, pero al menos es gratuita, y esto, gracias al sentido de la responsabilidad y a la movilización general en torno a una causa nacional, ¡que habíamos defendido ardientemente en 2019! En el fondo, nuestros gobernantes han aplicado perfectamente el concepto de solidaridad inversa: gravar a quienes no pueden permitirse parar, para financiar un Estado que, por su parte, está parado. La diferencia con el Concordia es que cuando el crucero se hundía, todavía no se cobraba el agua o el acceso al mar, mientras que en Líbano, nos hundimos pero estaremos al día….

En tiempos de guerra abierta o de crisis existencial aguda, cuando el destino de toda una población pende de un hilo, las medias tintas dejan de ser aceptables. Cuando una nación enfrenta los designios expansionistas y hegemónicos de un poder sin ataduras legales ni principios, y cuando un régimen tiránico, empapado de sangre, comete masacres a gran escala con total impunidad, atacando indiscriminadamente a civiles, jóvenes y adolescentes, esas circunstancias extremas exigen claridad. Exigen una postura firme e inequívoca, muy lejos de la ambigüedad cínica o las maniobras evasivas. Esa es, sin lugar a duda, como el lector habrá supuesto, la situación del régimen actualmente en el poder en Irán. La más reciente ronda de negociaciones, una más en una saga que se extiende por décadas, entre enviados estadounidenses e iraníes no es más que un espejismo. Esto se ha convertido en un lugar común, como lo demuestran innumerables experiencias previas: los dirigentes de la República Islámica han perfeccionado el arte del “diálogo” estéril, creando la ilusión de apertura a la negociación y al compromiso. En la práctica, su estrategia rara vez va más allá de ganar tiempo, maniobrar, cubrirse y esperar a que los vientos geopolíticos soplen a su favor. Los mulás en Teherán apuestan por la alternancia inevitable del poder en las democracias occidentales para explotar cualquier debilitamiento o cambio de gobierno en un país que les “incomoda”. Esta táctica conocida les permite rebotar y escalar su campaña beligerante contra la parte contraria. Mientras tanto, en su juego favorito de la “negociación”, persiguen un supuesto “acuerdo” que no tienen intención de cumplir, y esos mismos mulás orquestan masacres impensables y detenciones masivas, dirigidas en particular contra jóvenes y estudiantes. En una revelación contundente, un miembro de la Comisión de Educación del Parlamento iraní informó recientemente que el 28 por ciento de los encarcelados tras el levantamiento de enero pasado tiene menos de 20 años. Aún más estremecedor: una asociación iraní publicó una lista con los nombres de 200 niños asesinados en las protestas más recientes. La magnitud del derramamiento de sangre llevó al analista político libanés-estadounidense, cercano a círculos republicanos, Walid Phares, a instar a los líderes de Washington a que, si insisten en mantener el “diálogo” con Teherán, exijan el cese efectivo e inmediato de las ejecuciones y de las detenciones masivas, así como la liberación de los detenidos desde enero, como condición previa innegociable para cualquier conversación con el régimen iraní. El presidente Donald Trump no se equivocó en este punto al señalar, durante uno de sus viajes, que durante 47 años los altos funcionarios de la República Islámica han dado sistemáticamente la impresión de querer “dialogar” con Occidente cuando están bajo presión, mientras al mismo tiempo llevan a cabo masacres intermitentes y atrocidades indescriptibles que han costado la vida a miles de presos políticos en detención. La naturaleza esencialmente estéril de cualquier negociación con un régimen como el de los mulás fue subrayada con precisión por el secretario de Estado Marco Rubio, quien destacó que Irán está gobernado por clérigos chiíes radicales cuyas decisiones y opciones estratégicas están guiadas exclusivamente por consideraciones teológicas, muy alejadas de cualquier sentido de realismo geopolítico. Pero fueron las recientes declaraciones del canciller iraní Abbas Araghchi las que dejaron al descubierto con mayor claridad la inclinación engañosa del régimen de los mulás por las discusiones interminables y su descarada habilidad para eludir compromisos escritos. Poco después de la última reunión en Ginebra con la delegación estadounidense, reconoció sin rodeos que sería “difícil redactar el texto final de un posible acuerdo con Estados Unidos”. En otras palabras, Teherán reduce cualquier acuerdo con Washington a un mero ejercicio estilístico: una retórica plagada de trampas lingüísticas, deliberadamente ambigua, diseñada para dejar la puerta abierta a múltiples interpretaciones y permitir así al régimen evadir de forma encubierta las obligaciones concretas que un acuerdo de ese tipo implicaría. La situación en la que hoy se encuentra la República Islámica puede compararse con una planta en avanzado estado de descomposición. Podarla simplemente, cortar los tallos y ramas marchitas mientras se dejan intactas las raíces, no lograría nada. Esas raíces, al no ser tocadas, inevitablemente harán que la planta vuelva a crecer, y en poco tiempo, más fuerte que antes. Lo mismo ocurriría con cualquier acuerdo defectuoso y lleno de trampas firmado con el régimen de los mulás si no se arrancan por completo las raíces profundas, aquellas que, de forma paciente y meticulosa, operan en las sombras para revivir lo que alguna vez estuvo podrido.