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El 2 de abril de 2025, de pie en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump proclamó lo que llamó el «Día de la Liberación». Al firmar el decreto ejecutivo 14257 en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la administración impuso vastos «aranceles» sobre las importaciones extranjeras. La justificación fue de una magnitud sin precedentes: el persistente déficit comercial de Estados Unidos —que superaba los 1,2 billones de dólares anuales— fue declarado situación de emergencia nacional. Se aplicaron aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales, con algunas tasas que alcanzaron el 50 %. El objetivo era explícito: forzar negociaciones bilaterales, obtener compromisos de inversión y acelerar la reubicación industrial en suelo estadounidense. Varias grandes economías aceptaron límites arancelarios negociados a cambio de compromisos de inversión: • Japón aceptó un límite del 15 % acompañado de 550 mil millones de dólares en inversiones en semiconductores e inteligencia artificial. • Corea del Sur se comprometió con 350 mil millones de dólares en expansión industrial. • La Unión Europea aceptó un marco del 15 % vinculado a compromisos en energía y semiconductores. • Indonesia negoció el 19 %. • India negoció el 18 %. Por primera vez en la historia moderna, la política arancelaria se convirtió en un instrumento directo de influencia geopolítica. La hipótesis subyacente era clara: el poder ejecutivo podía remodelar unilateralmente el orden económico internacional. Esta hipótesis terminó el 20 de febrero de 2026. El Tribunal Supremo reajusta los límites En el caso Learning Resources, Inc. contra Trump, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por seis votos a favor y tres en contra, dictaminó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles generalizados excedía los límites constitucionales. El Tribunal consideró que: • Los déficits comerciales no constituyen el tipo de emergencia contemplado por la IEEPA. • El Congreso no había delegado claramente una autoridad arancelaria de tal magnitud. • Las reinterpretaciones extensivas de textos legislativos con formulaciones amplias para justificar transformaciones económicas importantes violan la arquitectura constitucional. La decisión no eliminó toda autoridad arancelaria. En cuestión de horas, la administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo un arancel uniforme y temporal del 10 %. Pero la Sección 122 impone estrictas limitaciones: un límite de 150 días y un trato no discriminatorio. La arquitectura de la influencia de negociación dirigida por país se derrumbó instantáneamente. La consecuencia presupuestaria El alcance económico de la decisión supera con creces la política comercial. Los aranceles del «Día de la Liberación» habían producido: • Una tasa arancelaria efectiva cercana al 17 % —la más alta desde la década de 1940. • Cientos de miles de millones de dólares en ingresos anuales proyectados. • Compromisos de inversión negociados que superaban los 2 billones de dólares. Sobre todo, estos ingresos arancelarios se habían integrado en el paquete presupuestario de reconciliación adoptado en 2025. La Ley One Big Beautiful Bill, firmada el 4 de julio de 2025, prorrogó importantes recortes fiscales para empresas y personas de altos ingresos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta legislación aumentaría los déficits primarios en 3,4 billones de dólares durante el período 2025-2034, superando los 4 billones con los intereses. Los aranceles estaban diseñados como el principal mecanismo de compensación presupuestaria. Un estudio reciente de la Reserva Federal estima que aproximadamente el 96 % de la carga arancelaria fue finalmente soportada por los consumidores estadounidenses. La decisión del Tribunal Supremo elimina entre 1,5 y 2,4 billones de dólares en ingresos proyectados para la próxima década. No se trata de un ajuste marginal. Se trata de un déficit presupuestario estructural. Estados Unidos ya se enfrenta a: • Déficits presupuestarios cercanos al 7 % del PIB. • Cargas de intereses netas que se acercan a 1 billón de dólares al año. • Una deuda federal que supera el 120 % del PIB. La aritmética presupuestaria no es ideológica. Se impone. Fragilidad financiera La decisión llega en un momento en que la economía estadounidense muestra signos visibles de desaceleración. En el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento anualizado se ralentizó al 1,4 %, frente al 4,4 % del tercer trimestre. Para todo el año 2025, el crecimiento se situó en el 2,2 %, una disminución en comparación con 2024. La economía estadounidense se basa principalmente en el consumo —y este es muy sensible a los precios de los activos y a los tipos de interés. El 10 % de los hogares más ricos representa ahora aproximadamente el 49 % del gasto de consumo, lo que ilustra una economía cada vez más «en K». Los hogares de ingresos medios y bajos soportan niveles récord de endeudamiento. La deuda total de los hogares asciende a 18,8 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 65 % del PIB. Cada aumento del 1 % en los tipos de interés efectivos se traduce en aproximadamente 188 mil millones de dólares menos de renta disponible. Si los déficits estructurales se agravaran aún más, la presión al alza sobre los tipos a largo plazo podría intensificarse. Un paso duradero por encima del 5 % cuestionaría significativamente las valoraciones actuales de los mercados de valores y amplificaría los efectos negativos sobre la riqueza. El riesgo reside en la interacción entre el endurecimiento financiero y la vulnerabilidad presupuestaria. La implicación geopolítica La anulación de los aranceles negociados país por país elimina un instrumento central de la influencia estadounidense. Dado que estos acuerdos nunca fueron ratificados por el Congreso, su solidez jurídica desaparece con el marco de la IEEPA. Los aranceles uniformes y temporales de la sección 122 ya no permiten un poder de negociación dirigido. Los compromisos de inversión de Japón, India, Europa y otros socios se vuelven políticamente renegociables. La reubicación industrial pasa de la coerción a la negociación. Paralelamente, las dependencias estratégicas siguen siendo agudas. China sigue dominando el refinado mundial de tierras raras —un insumo esencial para los sistemas de defensa y las tecnologías avanzadas. El desarrollo de capacidades domésticas requiere una década o más, incluso cuando la industria militar estadounidense depende de manera crucial de estos componentes. La influencia comercial está legalmente restringida precisamente donde la dependencia industrial sigue sin resolverse. Señal institucional El mensaje constitucional más amplio es significativo. El Tribunal ha señalado un control reforzado de las amplias delegaciones legislativas bajo la doctrina de las «cuestiones fundamentales». Los futuros presidentes, independientemente de su afiliación política, se enfrentarán a límites más estrictos en cuanto al uso unilateral de los poderes ejecutivos. Estados Unidos conserva inmensas ventajas estructurales. Pero su capacidad para instrumentalizar la política comercial sin la alineación del Congreso está ahora limitada. La coerción cede el paso a la negociación. El multilateralismo recupera relevancia. Confianza y restricción Durante décadas, el poder estadounidense se basó en una paradoja: Estados Unidos podía mantener déficits persistentes porque el capital mundial confiaba en sus instituciones. Los inversores extranjeros poseen aproximadamente el 30 % de los activos estadounidenses en circulación: • 8 billones de dólares en bonos del Tesoro • 17 billones de dólares en acciones estadounidenses • 6 billones de dólares en deuda corporativa Esta financiación externa sostiene tanto las operaciones presupuestarias como las valoraciones de activos —y constituye una vulnerabilidad importante. Los sistemas económicos no se desestabilizan simplemente porque la deuda aumenta. Se desestabilizan cuando su sostenibilidad es cuestionada. La decisión del Tribunal Supremo no creó la fragilidad presupuestaria estructural. La hizo visible. El 20 de febrero de 2026 pasará a la historia no como una decisión arancelaria, sino como el momento en que aparecieron simultáneamente dos límites estructurales: • Los límites constitucionales del poder ejecutivo. • Los límites presupuestarios de la expansión de los déficits. Los imperios rara vez declinan bruscamente. Se debilitan cuando los costes de endeudamiento aumentan y la influencia política disminuye. El mundo observa ahora ambos.

Habríamos podido llorar su partida como se llora a un amigo íntimo, y sufrir como se sufre cuando la muerte arranca una parte de una vida compartida: una amistad, una hermandad, una familia. También podría — y quizá habría sido lo más sencillo — haber vivido en un bienestar protegido, resguardada de las pruebas del origen y de la dureza del destino. Era hija de una casa noble y acomodada, heredera de una prosperidad que le permitía apoyarse en la seguridad de un legado y permanecer bajo la sombra de una familia a la que no le faltaban ni honor ni dignidad. Pero no era “una mujer cualquiera”. Era Leila Shahid. Con su partida, hace apenas unos días, el dolor se ha vuelto más denso, más grave. Porque lo que hemos perdido no es solamente a una amiga: es una trayectoria que se negó a aceptar la idea fácil — la idea de que uno puede salvarse a sí mismo y abandonar a su patria a su suerte. Nuestra historia con ella comienza cuando todavía era un bebé… sí, en ese umbral que la Historia rara vez abre en las biografías de los grandes, aunque allí empieza realmente el relato. Su madre, Sirine, amamantaba a mi hermana Hayat junto con Leila, y mi madre, Salma, amamantaba a Leila con Hayat. En nuestra casa, Leila era hija de Kamel y Salma; en la suya, nosotros éramos hijos de Mounib y Sirine. Así entramos en el mundo: sin fronteras entre dos hogares, sin distancias entre dos sangres. Desde entonces, Leila fue una fuerza en movimiento, impulsada por la curiosidad, por el deseo de descubrir, por la necesidad de formular preguntas sin descanso. Era un torbellino de energía, como si hubiera nacido para sacudir la quietud, desafiar la inercia y poner incluso la piedra en movimiento. Apenas armada con el saber adquirido en la Universidad Americana de Beirut, se lanzó al terreno — no como quien “visita” campamentos, sino como quien vuelve a los suyos. Acudió a los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano como quien regresa a sus propios hijos. Dejó la comodidad de su vida para internarse en el corazón de la tragedia, no para escribir o testimoniar desde la distancia, sino para conocer la realidad desde dentro y ganarse el derecho de hablar porque había cargado con su peso. Después se sumergió en el periodismo, cuando nació la revista Monday Morning junto a Fawaz Najieh, periodista y editor de gran talla. Allí, en el terreno exigente de la racionalidad — y no de la retórica complaciente — comenzaron a manifestarse sus dones diplomáticos: artículos, entrevistas, investigaciones concebidos y redactados con seriedad, rigor y erudición. No era un lujo cultural; eran herramientas de combate. Los grandes medios la citaron porque su palabra no era el “ruido de una causa”, sino un discurso de conocimiento y responsabilidad. Luego llegó la etapa diplomática: su designación como representante de la Organización para la Liberación de Palestina, elegida por Yasser Arafat. Leila sirvió a su patria porque entendía — con una intuición política precoz — que la patria pertenece a todos sus ciudadanos, y que el dirigente está “mandatado”, no “coronado”. Incluso con Abu Ammar, lo veía como responsable de una misión, no como dueño de un trono eterno. No era severidad hacia él; era lealtad a la causa. Porque las causas que se convierten en culto de personas terminan sacrificadas en el altar de esas mismas personas. Durante su misión, Europa — sí, Europa — fue a menudo más severa con la causa palestina que Estados Unidos. El Viejo Continente estaba sacudido por un terrorismo perpetrado en nombre de la resistencia: secuestros de aviones, la tragedia de Múnich. La representación palestina actuaba en un contexto marcado por la Guerra Fría y los alineamientos soviéticos que llevaban a Occidente a percibir al palestino no como titular de un derecho, sino como una amenaza potencial. A ello se sumaba la ola de asesinatos cometidos por Israel contra representantes palestinos; una guerra de otra índole que vació la escena política de hombres y figuras de gran envergadura. En esa fase, Leila estuvo, en muchos sentidos, sola. Era la representante política; marcaba con su impronta los medios, los centros de investigación, la vida cultural, las conferencias universitarias, los encuentros en los círculos de reflexión… encarnaba el “rostro palestino”, y lo hacía con una resistencia que rara vez se exige a un solo ser humano. Leila Shahid había triunfado. Más aún, se impuso — del modo en que la justicia puede imponerse en las grandes capitales: mediante el argumento, la razón, una elocuencia intelectual y lingüística que no desciende al nivel de la multitud ni busca la demagogia. Dialogaba con una ferocidad del espíritu; la ferocidad de un águila que protege a sus crías… sus palestinos. En Francia, en los medios y en el espacio público, enfrentó a sus adversarios no con insultos, sino convirtiendo la causa en un relato comprensible… luego aceptable… luego cada vez menos condicionado. Desplazó el muro piedra por piedra, empujando a Europa desde el rechazo instintivo hacia una aceptación condicionada, para luego trabajar en desmontar esas condiciones. Hasta que recibió la Legión de Honor francesa en grado de Oficial — no como adorno en el pecho, sino como signo de que había logrado arrancar un reconocimiento a la dignidad en medio de una lucha feroz. Sí, es natural llorar la pérdida de Leila Shahid, porque hemos perdido a una amiga. Pero nuestra tristeza hoy pesa más que la ausencia de una amistad. Vivimos una “nueva Nakba”, y Palestina necesita, más que nunca, un liderazgo civilizado, de manos limpias y mente clara, que se parezca a su pueblo y no lo convierta en moneda de cambio. Leila Shahid fue — si el destino hubiera sido justo — lo más cercano a una “Presidenta de Palestina”, en el sentido moral y no protocolario: cultura, experiencia, compromiso con el ciudadano palestino — herido, expulsado, disperso por los cuatro confines del mundo. Había desplazado a Palestina del estado del regateo y la corrupción hacia un patriotismo íntegro que obligaba incluso a los malintencionados a enfrentarse con su propia vergüenza. Por eso lloramos: porque hemos dicho adiós a una mujer que fue luz en un tiempo de oscuridad, y porque hemos sido privados, una vez más, de un modelo de liderazgo que no busca ovaciones, sino cumplir su misión. Es casi un sacrilegio que Palestina pierda mujeres como Leila… y es profundamente lamentable que nuestro tiempo siga huérfano de mujeres como ella.

Hay momentos en que una frase lanzada en medio del tumulto mediático revela más que páginas enteras de doctrina. Cuando el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, afirmó hace unos días que “sería aceptable que lo tomaran todo”, evocando la idea de un Israel que se extendería, en una lectura bíblica, del Nilo al Éufrates, antes de añadir que “Area C es Israel”, no solo rompió con la reserva diplomática —lo cual ya es significativo—, sino que puso de manifiesto una parcialidad política que, aun cuando no sorprende dado el alineamiento casi incondicional de Estados Unidos con el Estado hebreo, resulta de una gravedad inadmisible. El diplomático inscribió sus palabras en una lógica territorial expansiva que subordina el derecho internacional a un relato teológico-histórico, precisamente el tipo de mito sobre el cual Tel Aviv ha fundado la legitimidad que invoca para ocupar Palestina. Poco importa que después haya matizado sus declaraciones o apelado a la hipérbole. Lo dicho, dicho está. Y lo pensado queda al descubierto, en un momento en que el equipo de Netanyahu ha expresado en más de una ocasión su voluntad de materializar su sueño mítico. Antes que él, el enviado estadounidense Tom Barrack, al denunciar el legado de Sykes-Picot como un error occidental que habría “impuesto mapas, mandatos, fronteras trazadas a lápiz”, y al afirmar que “no existe Oriente Medio, solo tribus y aldeas convertidas en Estados-nación artificiales”, abrió en 2025 otra brecha igualmente peligrosa. Bajo la apariencia de una crítica a la ingeniería colonial de 1916, sugería que los Estados surgidos de aquel acuerdo podrían no ser más que construcciones frágiles, acaso ilusorias. Tras la crítica al antiguo imperialismo asoma una nueva tentación —¿ideológica?— de reconfigurar, una vez más, el espacio levantino según parámetros dictados desde fuera. Estos dos discursos, tan distintos en su tono, convergen sin embargo en un punto esencial: relativizan la existencia plena y entera de las soberanías locales al insinuar que un territorio puede redefinirse ya sea por un relato bíblico o por una crítica poscolonial, por la fuerza estratégica o por la realpolitik. Recuerdan, sobre todo, una constante histórica: el Levante sigue siendo, en la imaginación de ciertas cancillerías, un espacio maleable. Desde Kissinger al menos, Oriente Próximo ha sido con frecuencia un laboratorio de experimentos, todos igualmente desastrosos, y los diplomáticos estadounidenses han jugado demasiadas veces el papel de aprendices de brujo. Más recientemente, Obama ofreció el ejemplo más evidente al allanar implícitamente el camino, mediante el acuerdo nuclear con Irán, para la consolidación de un imperio iraní en la región. Conviene decirlo sin ambages. Ni Gran Siria, ni Gran Israel, ni pseudo-protectorado sirio, israelí, iraní u occidental. Ni resurrección de una unidad mitificada, ni absorción en una continuidad bíblica, ni administración bajo tutela disfrazada de estabilización regional. El Líbano primero. Y esta postura no nace de un reflejo identitario estrecho, sino del principio de que la soberanía no es un lujo retórico, sino la condición mínima de toda política digna de ese nombre, incluso para un país pequeño cuyo peso en la escala mundial puede parecer reducido. El problema, sin embargo, no se limita a las declaraciones estadounidenses. La historia del Líbano demuestra con claridad que cada debilitamiento interno ha servido de pretexto u oportunidad para una intervención externa. Cuando las élites sustituyeron la autoridad del Estado por lealtades paralelas, cuando la decisión estratégica se fragmentó entre milicias, padrinos regionales y cálculos sectarios, el vacío resultante fue ocupado y la lógica del Estado devorada por la del no-Estado. La tutela siria no surgió en el desierto. Tampoco la invasión israelí de 1982. La presencia palestina encontró cobertura favorable en buena parte de los libaneses, incluidos algunos de sus futuros adversarios, a partir de 1967. La influencia iraní no prosperó sin complicidades locales. Las mediaciones occidentales no se impusieron frente a un Estado plenamente soberano. Es cierto que el Líbano se sitúa en un corredor por el que, desde la Antigüedad, han pasado conquistadores sucesivos. Esa posición geográfica ha alimentado una cultura política de la espera: esperar al ocupante menos brutal, al protector más útil; desear que el equilibrio de fuerzas cambie para ajustar la lealtad; confiar en que “otros” hagan el trabajo sucio. Este realismo, presentado a menudo como inteligencia estratégica, ha sido en ocasiones una resignación disfrazada. Romper ese ciclo exige algo más que discursos circunstanciales. Supone que las instituciones dejen de ser meras fachadas y vuelvan a convertirse en centros efectivos de decisión. Supone que ninguna fuerza armada pretenda encarnar una soberanía paralela; que la diplomacia libanesa hable con una sola voz; que la justicia no esté subordinada a equilibrios partidistas. Las instituciones nunca son abstractas: son lo que los hombres hacen de ellas, como decía Napoleón. Las declaraciones de Huckabee y Barrack constituyen, sin duda, provocaciones externas para quienes son celosos de la soberanía de su país. Pero deberían actuar también como un espejo, reflejando la maldición según la cual un país que no traza por sí mismo sus líneas rojas acaba viendo cómo otros las redibujan, y un Estado que no protege su coherencia interna se expone a convertirse en un simple objeto estratégico, un juguete para los demás, perfectamente prescindible. Así pues: ni Gran Siria, ni Gran Israel, ni tutela reciclada bajo nuevos ropajes. El Líbano primero. Y los dirigentes libaneses harían bien en escucharlo. Cada vez que sus responsables han fallado en la defensa de su soberanía, alguien se ha encargado de gobernar en su lugar. Hassan Rifaï decía que la República necesitaba hombres y mujeres que la protegieran. Pero ¿dónde han ido a parar esos pocos, aunque valientes, Guardianes de la República?

Con cada aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la misma pregunta se cierne sobre Beirut: ¿estamos ante una guerra aplazada o una confrontación inevitable? ¿Será Líbano el campo de batalla o simplemente un espectador preocupado, testigo de los acontecimientos? La realidad es que la región vive desde hace años en un estado de «ni guerra ni paz». Escaladas calculadas, ataques localizados, declaraciones incendiarias y movimientos de medios militares en el mar y en el aire suscitan respuestas a través de negociaciones indirectas y mediaciones regionales e internacionales. Se trata de una delicada estrategia de gestión de las relaciones, que consiste en avanzar un paso y retroceder dos, pero la situación aún no ha degenerado en una guerra abierta. ¿Por qué Washington no quiere la guerra ahora? Estados Unidos entiende que cualquier confrontación a gran escala con Irán no será una simple operación quirúrgica. Irán no es un país aislado y sin medios de presión. Irán cuenta con una red de influencia regional, capacidades de misiles y drones, y ejerce una influencia considerable en numerosos frentes. Una guerra directa implicaría: • Ataques a instalaciones estratégicas en Irán. • Represalias con misiles contra las bases e intereses estadounidenses. • El estallido simultáneo de varios frentes. Además, las prioridades globales de Estados Unidos son múltiples: una lucha de influencia con China, una guerra en Ucrania y crisis energéticas y económicas. Una nueva guerra en Oriente Medio significaría un mayor debilitamiento de sus recursos, con consecuencias inciertas. ¿Por qué Teherán no quiere la guerra? Irán tampoco está dispuesto a cometer un suicidio estratégico. Su economía está debilitada por las sanciones y su situación interna es precaria. Una confrontación directa podría dañar gravemente su infraestructura militar y nuclear y potencialmente desencadenar disturbios internos. Por eso, Teherán favorece una política de «represalias indirectas», utilizando a sus aliados regionales como palanca sin involucrarse en un conflicto directo. Así, se mantiene un frágil equilibrio: una escalada controlada con límites cuidadosamente calculados. ¿Cuál es el lugar del Líbano en esta ecuación? Líbano está en el centro de estos cálculos. La presencia de Hezbolá como fuerza militar y política activa lo integra en la red de disuasión iraní en la región. En consecuencia, cualquier evolución de la confrontación estadounidense-iraní tendrá un impacto directo en el Líbano. La pregunta no es si Líbano se verá afectado, sino en qué medida. Escenario 1: Continuación de la guerra en la sombra En este escenario, los ataques localizados y las tensiones mediáticas persisten sin degenerar en un conflicto abierto. Hezbolá mantiene entonces su política de «compromiso calculado»: • Mantener el frente dentro de ciertos límites. • Evitar una guerra a gran escala con Israel. • Utilizar su influencia sin involucrar plenamente al Líbano. Este escenario es el menos costoso a nivel interno, pero mantiene al país en un estado de ansiedad constante y retrasa cualquier verdadera estabilidad económica o política. Las inversiones siguen siendo vacilantes, el turismo es estacional y los bancos están paralizados, atrapados entre la expectativa de un avance y la amenaza de un colapso. Escenario 2: Una confrontación a gran escala Si se toma la decisión de entrar en guerra, toda la región entrará en una nueva era. Habrá ataques de represalia, lanzamientos de misiles transfronterizos y potencialmente ataques contra infraestructuras vitales. En este caso, Hezbolá se enfrentará a un dilema corneliano: 1. Una intervención masiva en apoyo a Irán: esto significaría la apertura de un frente importante con Israel y el riesgo de destrucciones generalizadas en Líbano. 2. Una intervención limitada y calculada: ataques simbólicos para salvar las apariencias y evitar un colapso total. 3. Una neutralización relativa del frente libanés por una decisión estratégica iraní, si la preservación del poder se considera más importante que su uso. La primera opción conlleva riesgos existenciales para Líbano. Su economía, ya en ruinas, no puede soportar una nueva guerra y sus infraestructuras apenas logran recuperarse de las crisis acumuladas. La reconstrucción no será fácil, y la sociedad, exhausta, podría experimentar una nueva ola de emigración. ¿Qué hay de la comunidad chií en Líbano? Cualquier guerra alterará la situación dentro de la propia comunidad chií. Algunos perciben el enfrentamiento como un elemento de un conflicto regional más amplio, mientras que otros temen que Líbano sufra solo las consecuencias. Si la guerra es corta y limitada, podría reforzar el discurso de «disuasión y resistencia». En cambio, si se prolonga y genera destrucciones masivas, corre el riesgo de abrir un debate interno sobre la pertinencia de asociar a Líbano con los desafíos regionales. Pero es demasiado pronto para estar seguros. Los círculos políticos reaccionan a los resultados, no a las previsiones. El factor israelí Cualquier confrontación es inseparable de los cálculos de Israel. Atacar la infraestructura militar de Hezbolá constituye un objetivo estratégico, pero Israel también es consciente de que una guerra contra Líbano estaría lejos de ser un paseo. La experiencia de 2006 permanece viva en la memoria militar. Por eso, Israel prefiere ataques localizados y un desgaste progresivo a una guerra total e incierta. ¿Es posible un nuevo acuerdo? La posibilidad de un entendimiento entre Estados Unidos e Irán persiste. Un acuerdo limitado sobre la cuestión nuclear o un alivio de las sanciones a cambio de ciertas restricciones podrían apaciguar las tensiones. En ese caso, la distensión se reflejaría en la escena regional, incluido Líbano. Las tensiones disminuirían y la atención se centraría en las cuestiones internas. Sin embargo, cualquier acuerdo seguirá siendo frágil si no aborda las causas profundas del conflicto: la influencia regional, la seguridad de Israel y el programa balístico iraní. Líbano: el eslabón débil El problema fundamental es que Líbano no controla plenamente las decisiones relativas a la guerra y la paz. Sufre las consecuencias de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. En un contexto de colapso económico y de vacíos constitucionales recurrentes, el país es aún más vulnerable a los trastornos regionales. Si estalla la guerra, no se tratará solo de un evento militar, sino también de un terremoto político y social. Esto podría plantear cuestiones importantes sobre la posición de Líbano en los conflictos, los límites de su papel y el futuro de las armas de Hezbolá en el contexto internacional. Entre fatalidad y probabilidad En la actualidad, la guerra no parece inevitable. Pero tampoco es imposible. Nos enfrentamos a un peligroso pulso, marcado por demostraciones de fuerza e intercambios de mensajes, pero cada uno es consciente del precio de una explosión mayor. Líbano, como siempre, se encuentra al borde del precipicio. Es incapaz de neutralizarse completamente y no está preparado para un nuevo conflicto. Por lo tanto, la esperanza reside en la racionalidad internacional y en la convicción de que incendiar la región no traerá ninguna victoria decisiva a ninguna parte, sino que sumergirá a todos en una larga espiral de caos. La verdadera pregunta no es solo: ¿estallará la guerra? Más bien: ¿tiene Líbano un plan para protegerse si así fuera? Por ahora, la respuesta es tan dolorosa como evidente: los preparativos se hacen en el exterior. Mientras que, en el interior, se vive con la esperanza de que la puerta no se abra.

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inacabada cualquiera, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a un proceso de reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muamar Gadafi ha desencadenado, por el contrario, una larga secuencia de fragmentación, donde la violencia armada ha reemplazado progresivamente al Estado como principio de organización del poder, como en Sudán. Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y ahora capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se inscriba en su lógica. Desde el momento en que Libia dejó de ser un Estado soberano efectivo, se convirtió en poco más que un objeto internacional. No en un asunto central, ni mucho menos, sino en un espacio disponible, abierto a estrategias indirectas, inversiones oportunistas y juegos de influencia política de bajo costo. La guerra libia no continúa a pesar del orden internacional, sino a causa de él, o, más precisamente, de su creciente fragmentación. La primera ilusión que hay que disipar es la de una competencia frontal entre grandes potencias por el control de Libia. Ninguna de ellas busca realmente gobernar el país, ni siquiera estabilizar sus instituciones a largo plazo. Lo que está en juego es más sutil: la explotación de un vacío, la normalización de lo excepcional y la aceptación de un conflicto “gestionable” y “estable”. Rusia se inscribe plenamente en esta lógica. En ese sentido, su implicación en Libia no es ideológica ni estructural en el sentido clásico, sino pragmática, modular y reversible. A través de redes paramilitares, asesores y acuerdos de seguridad implícitos, Moscú asegura puntos de apoyo, palancas de desestabilización y una capacidad de influencia desproporcionada respecto a su inversión real. Libia ofrece a Rusia varias ventajas simultáneas: permite proyectar presencia en el Mediterráneo sin un compromiso oficial masivo y funciona como campo de entrenamiento y de prueba de sistemas híbridos. Además, constituye un espacio donde el debilitamiento del marco normativo occidental se vuelve visible y explotable. Cada resolución bloqueada, cada alto el fuego ineficaz, cada proceso político abortado contribuye a consolidar la idea de que el orden internacional liberal ya no es capaz de imponer límites más allá de su esfera inmediata. De hecho, la estrategia rusa no necesita una victoria en sentido estricto. Apunta a la perpetuación de la inestabilidad, una condición ideal para una potencia que busca menos gobernar que influir, como ocurrió, en cierta medida en Siria. Una Libia pacificada sería un espacio regulado, controlado y menos accesible. Una Libia fragmentada, en cambio, es un terreno flexible, un regalo para Moscú. China, por su parte, adopta una postura radicalmente distinta, pero igualmente estructurante. Pekín no interviene de forma visible, ni militar ni políticamente, y se adhiere a su doctrina de no injerencia, evitando posiciones firmes y manteniendo canales abiertos con todos los actores. Pero sería un error confundir esta aparente neutralidad con ausencia de estrategia. Refleja, en realidad, un cálculo de largo plazo, en la más pura tradición del dragón chino: atento, paciente y resiliente. Para China, Libia es un espacio de interés potencial, sin ser un teatro de proyección inmediata de poder. Los recursos, la infraestructura y la posición geográfica importan más que la configuración política actual. Pekín puede darse el lujo de esperar. Mientras el conflicto no afecte sus intereses centrales, el statu quo es aceptable. La fragmentación, en este sentido, no es un problema, sino un estado transitorio compatible con una futura integración económica, cuando se den las condiciones. Esta postura tiene un efecto indirecto importante, ya que neutraliza cualquier dinámica de coerción internacional. En ausencia de un consenso entre potencias capaces de imponer costos reales, las declaraciones, las sanciones simbólicas y los procesos de la ONU pierden su capacidad disuasoria, como ocurre en todos los territorios convertidos en focos de conflicto. Aquí, como en otros escenarios de la configuración global actual, el derecho internacional naufraga al margen de sus principios fundamentales. Sin ser un actor central en el conflicto libio, Irán también se ha beneficiado de esta situación, como ocurrió en Sudán, ya que cada conflicto periférico prolongado contribuye a dispersar la atención de Occidente, a erosionar su capacidad de presión y a normalizar el empantanamiento. Libia, como otros teatros de operación, forma parte de un entorno internacional en el que la proliferación de crisis hace que cada una sea más difícil de resolver de manera decisiva. Irán ni siquiera necesita estar presente para beneficiarse de esta dinámica, basta con que el orden internacional esté distraído, fragmentado e incapaz de priorizar. Libia se convierte así en un conflicto satélite, cuya existencia alimenta una confusión estratégica global. “Crear varios Vietnam propios”, decía Guevara. Teherán ni siquiera necesita hacerlo. El régimen de los mulás observa y se frotan las manos. Frente a este escenario, Occidente aparece desunido, vacilante y debilitado en sus propias estructuras. Estados Unidos oscila entre el repliegue y la intervención mínima. Tras la intervención de 2011, no hubo una inversión política proporcional a sus consecuencias. Libia se convirtió así en un asunto secundario, gestionado de forma intermitente y sin visión de largo plazo. Las prioridades cambiaron. Ucrania, Medio Oriente, Israel y el tema nuclear iraní, el Indo-Pacífico y América Latina relegan a Libia a un segundo plano. Europa, por su parte, nunca ha hablado con una sola voz. Los desacuerdos crónicos entre Estados miembros, los intereses energéticos y las preocupaciones migratorias han impedido articular una estrategia coherente. La estabilización de Libia se invoca con frecuencia, pero rara vez se traduce en un proyecto político exigente. La “desdicha europea”, con su diplomacia a distintas velocidades, en todo su esplendor. Esta combinación de retirada occidental e implicación oportunista de potencias no occidentales produce un efecto acumulativo: Libia se convierte en un punto ciego estratégico, demasiado inestable para integrarse, pero lo suficientemente “manejable” como para no ser tratada como una emergencia absoluta. En este contexto, los procesos diplomáticos se suceden sin alterar los parámetros de fondo: las conferencias internacionales producen comunicados, y nada más; los altos el fuego se encadenan como pausas tácticas, sin perspectivas de una solución duradera. Los gobiernos de unidad, por su parte, son arreglos temporales, sin mecanismos coercitivos y, por tanto, ideales para gestionar la continuidad del conflicto, ya que nadie tiene interés real en ponerle fin. Es evidente que Libia no sufre por un exceso de interferencias contradictorias, sino por una convergencia tácita hacia la aceptación de la inestabilidad. Cada actor encuentra beneficios suficientes, a corto o mediano plazo, para evitar una transformación radical. Libia se desangra, sí, pero con la bendición, si no con cierta satisfacción cínica, de todas las partes implicadas. Saif al-Islam: el asesinato que cierra el campo de lo posible El asesinato de Saif al-Islam Gadafi, el 3 de febrero de 2026, marca, sin embargo, una ruptura silenciosa pero decisiva en el conflicto sangriento. Hasta su muerte, Saif al-Islam ocupaba una posición paradójica: neutralizado políticamente, cuestionado legalmente, desprovisto de un aparato militar propio, pero simbólicamente disponible. Su sola existencia sostenía la hipótesis, por frágil que fuera, de una tercera vía: ni la prolongación del sistema de milicias ni una restauración autoritaria basada en equilibrios regionales de poder, sino una forma de continuidad reinterpretada, capaz de movilizar una memoria social aún viva. Esta opción no era mayoritaria ni probablemente viable, pero existía como variable latente dentro del “sistema” libio, obligando a actores armados, patrocinadores regionales y potencias externas a lidiar con una incertidumbre adicional: la de un resurgimiento político a través del pasado. El hijo mantenía vivo el espectro del retorno al “orden” del padre. La eliminación de Saif al-Islam cierra esa brecha. En este contexto, no es solo un hombre el asesinado. Es la ilusión del eterno retorno a una “edad dorada mítica”, propia de todas las dinastías dictatoriales. Pero este asesinato también revela algo más profundo sobre la Libia contemporánea: confirma que la esfera política ya no está simplemente condicionada por la violencia, sino definida en torno a la violencia. Cualquier figura capaz de introducir una recomposición simbólica que escape al equilibrio armado existente se vuelve, por definición, incompatible con el “sistema”. Saif al-Islam no representaba una amenaza militar directa para ningún bando. La amenaza que encarnaba era más profunda: introducía disonancia y abría la posibilidad de una ruptura, incluso regresiva, frente a un orden fundado en la fragmentación controlada. Su muerte no provoca un vuelco inmediato ni redistribuye las correlaciones de fuerza. Pero sí produce algo más duradero: confirma que la Libia posterior a 2011 ya no puede entenderse como un espacio de transición abierto. Es un territorio cerrado, donde solo se toleran configuraciones basadas en la fuerza, las alianzas regionales y los intereses externos. Con la eliminación de Saif, el pasado deja de ser un recurso político y el futuro deja de ser negociable fuera del marco de las luchas armadas por el poder. En este sentido, su asesinato actúa como una revelación final: confirma que la guerra libia no es solo un conflicto prolongado, sino un sistema estabilizado, capaz de eliminar cualquier alternativa que no se ajuste a su lógica. Aquí se cierra el ciclo maldito iniciado en 2011. Lejos de abrir el camino al florecimiento de la tan esperada primavera, la caída de Muamar Gadafi inauguró una era en la que la soberanía misma se volvió imposible con la desaparición del Leviatán y, de forma irónica, la confirmación última de esta realidad reside en la eliminación de su hijo. En lugar de avanzar hacia la reconstrucción y la democracia, Libia se ha convertido en un territorio administrado por defecto y sostenido en un equilibrio conflictivo pero consensuado. La paz no es imposible, pero, de manera más cínica, es incompatible con las racionalidades actuales. Es víctima del frío cinismo de la realpolitik. Mientras nadie tenga interés en ella, Libia seguirá siendo otro laboratorio brutal del conflicto contemporáneo. ¿Y los libios en todo esto? “¿Los libios? ¡Pues mala suerte para ellos!”. Leer sobre el mismo tema: 2011 o Libia en la era post-estatal (1/5) El conflicto libio: una «milicianización» excesiva de la política (2/5) «Dos Libias» y una soberanía inhallable (3/5) Libia, absceso de fijación regional (4/5)

El proyecto de descentralización administrativa está previsto en el acuerdo de Taëf (1989) pero aún no se ha implementado. Sin embargo, se han realizado numerosos estudios con este fin, sin que hayan tenido éxito. Un repaso a una reforma pendiente. La implementación concreta de la descentralización administrativa en el Líbano se basa en el fortalecimiento de los consejos locales, en particular a nivel de los cazas que constituyen el segundo nivel después de los municipios. Según Rayanne Assaf, doctora en derecho y encargada de asuntos jurídicos en la presidencia entre 2008 y 2014, «el proyecto de descentralización prevé que, dentro de cada caza, los ciudadanos elijan, siguiendo un sistema mayoritario, un comité general compuesto por representantes de todas las localidades, incluso aquellas sin municipios (para asegurar la mejor representación geográfica). Este comité elige luego el consejo de administración del caza según un sistema proporcional». Cada consejo de administración estaría compuesto por doce miembros, dotados de amplias competencias para asegurar el desarrollo local y la gestión de los recursos. Esta arquitectura administrativa permitiría a la población controlar directamente la acción de sus representantes, reforzando así la rendición de cuentas y limitando las prácticas de clientelismo y feudalismo que han caracterizado durante mucho tiempo la vida política libanesa. Autonomía administrativa y criterios de competencia La Sra. Assaf subraya la importancia de establecer condiciones específicas para garantizar la eficacia de los consejos locales. «Los miembros del consejo del caza deben poseer un título universitario», precisa, para asegurar que los responsables dispongan de las competencias necesarias para gestionar presupuestos, coordinar proyectos y supervisar el desarrollo regional. Esta exigencia técnica busca profesionalizar la administración local e instaurar un estándar de competencia para todos los consejos, reduciendo así los riesgos de mala gestión. Este enfoque contribuye a crear un vínculo directo entre la competencia de los elegidos y la satisfacción de los ciudadanos. La población podrá constatar concretamente el impacto del trabajo del consejo del caza, lo que favorece un control ciudadano más estrecho y una mejor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Los recursos financieros Uno de los puntos más críticos de la descentralización concierne a los recursos financieros. La Sra. Assaf insiste en que no existe una «descentralización financiera» en el Líbano. «Hablamos más bien de autonomía financiera, porque es imposible transferir competencias sin proporcionar los medios necesarios para su ejercicio», explica. Actualmente, los municipios disponen de ingresos, en particular de los impuestos sobre las telecomunicaciones, así como de otras fuentes. Los fondos se depositan en la caja autónoma de los municipios, pero no les permiten ejercer plenamente sus misiones. Los municipios disponen legalmente de amplias competencias, pero no están en condiciones de ejercerlas de manera satisfactoria y adecuada debido a la insuficiencia de los medios financieros. El proyecto de descentralización prevé reemplazar la caja autónoma de los municipios por una caja descentralizada, diseñada para asegurar un desarrollo equilibrado entre las regiones. Esta se basará en criterios e indicadores precisos, un total de cuatro con coeficientes específicos, con el fin de corregir las desigualdades y apoyar las zonas menos desarrolladas. Al ampliar el marco geográfico de la recaudación y redistribución de recursos, el proyecto busca aumentar los medios financieros de las localidades marginadas. Los municipios, que disponen de poderes pero hoy carecen de recursos suficientes, podrían así ejercer mejor sus competencias y contribuir al desarrollo regional. El proyecto de descentralización prevé también la creación de un ministerio de Descentralización, encargado de coordinar las políticas locales y asegurar la coherencia de las acciones en todo el territorio. Según la Sra. Assaf, esta institución sería esencial para enmarcar el funcionamiento de los consejos y garantizar un equilibrio entre autonomía local y cohesión nacional. Transversalidad y control La reforma prevista por Taëf también hace hincapié en el fortalecimiento del control y la transparencia. Un comité ejerce una vigilancia continua sobre el consejo de administración, garantizando la conformidad de su acción con las normas vigentes y la buena utilización de los fondos. Esta estructura de control busca tranquilizar tanto a los ciudadanos como a los donantes internacionales, que exigen garantías sobre la gestión y distribución de los recursos. Además, el Consejo está obligado a publicar un boletín periódico y a crear un sitio web en los que se publicarán obligatoriamente las decisiones de carácter general, así como los informes de auditoría de las cuentas de la justicia. La Sra. Assaf recuerda que estas medidas permiten no solo profesionalizar la administración local, sino también preparar el terreno para una cultura duradera de rendición de cuentas a escala nacional. «La descentralización técnica puede servir de modelo para difundir la transparencia y la responsabilidad en todo el país, incluso en ausencia de una reforma política más global», precisa. Impactos prácticos para los ciudadanos Para los habitantes, la descentralización significa una mayor proximidad con los centros de decisión. Los contribuyentes estarían más informados de las necesidades reales de sus respectivos cazas y de cómo se utilizan sus recursos. Según la Sra. Assaf, «al acercar la gobernanza a los ciudadanos, estos pueden pedir más cuentas, lo que animará a los consejos locales a trabajar para responder eficazmente a las expectativas de la población». Para ella, la descentralización es la respuesta adecuada para quienes no creen que se pueda encontrar una solución a muchos problemas relacionados con la gestión de los asuntos públicos. «Es el único mecanismo que permite acercar la gobernanza a la población y asegurar que los recursos y los poderes se utilicen eficazmente a nivel local». Este enfoque permite a los habitantes ver concretamente los resultados del trabajo de sus representantes, pedir cuentas e implicarse más en la gestión de su caza. De carácter principalmente desarrollista, la descentralización administrativa podría contribuir a reducir las tensiones y los desacuerdos políticos locales. Sus principales ventajas siguen siendo la coordinación entre los municipios y los consejos de cazas, así como la creación de oportunidades de empleo y el desarrollo regional, limitando el éxodo rural y la concentración excesiva de actividades en Beirut o en algunos centros urbanos. Cronología y bloqueos Ella señala que el retraso en la implementación de esta reforma se debe principalmente a la falta de consenso político, ya que las fuerzas establecidas son reacias a perder ciertas prerrogativas y competencias en favor de las autoridades locales. Ella descarta los temores de que una descentralización administrativa fragmente el Líbano. Al contrario, reforzará el desarrollo de los cazas, máxime cuando estos son multiconfesionales. La Sra. Assaf da la voz de alarma: «Hoy, el Estado libanés dispone de medios financieros muy limitados. La descentralización aparece como un medio pragmático para movilizar recursos, reforzar la gobernanza y mejorar la rendición de cuentas».