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Toda la atención sigue centrada en esta nueva fase hacia la que la región parece orientarse decididamente, dado el manifiesto rechazo de Teherán a iniciar un diálogo con Washington, basándose únicamente en las condiciones impuestas por la administración Trump para detener la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero. Cabe señalar que hasta el momento la República Islámica no ha anunciado nada oficial al respecto, cuyos líderes ya han hecho saber que la propuesta de 15 puntos de Washington es inviable y excesiva, y que ellos mismos tienen condiciones para un diálogo. Entre estas condiciones, en particular, el cese de los ataques y asesinatos selectivos en Irán, así como garantías solemnes de que la ofensiva no se reanudará. Teherán también exigiría el respeto de «la soberanía iraní» sobre el estrecho de Ormuz, que presenta como un «derecho».

Todo se remonta a 1998 — al 30 de mayo para ser precisos, fecha en que Pakistán realizó su última prueba nuclear en las arenas de Kharan, en Baluchistán. Este programa, desde la bomba hasta toda su cadena nuclear, había sido financiado por Arabia Saudita, con la aprobación estadounidense e israelí. Ambas capitales habían consentido en que Islamabad accediera al club nuclear con el fin de establecer un contrapeso estratégico en el triángulo India-China-Pakistán, en un momento en que Pekín y Nueva Delhi ya habían cruzado el umbral del armamento atómico. Fue entonces cuando se multiplicaron las especulaciones en torno a la intención de Irán de desarrollar un programa nuclear militar bajo cobertura civil — perspectiva que Tel Aviv y Washington juzgaron inaceptable. La bomba pakistaní, sunita, tenía como vocación imponer un equilibrio en el Extremo Oriente; una bomba iraní, chií, crearía una correlación de fuerzas inédita en Oriente Medio, región donde Israel se considera el primer actor estratégico. La consigna se impuso: Irán no podría acceder al arma nuclear. Teherán, por su parte, nunca dejó de reafirmar el carácter pacífico de sus ambiciones, sin ningún objetivo militar en la materia.

El plazo de diez días que Washington había concedido a Teherán para responder a las quince condiciones impuestas para un cese de las hostilidades, expira el domingo, sin que el menor signo concreto de una posible desescalada se vislumbre en el horizonte. Las posiciones parecen, por el contrario, endurecerse, mientras Estados Unidos e Irán afilan sus armas en previsión de una eventual nueva fase del conflicto militar y la confusión sigue reinando sobre posibles conversaciones entre ambos Estados. La violenta reacción de la República Islámica al esperado discurso del presidente Donald Trump a los estadounidenses, el miércoles por la noche, acompañada de contramenazas, revela la dificultad de la misión emprendida por los mediadores para empujar a los dos principales beligerantes a iniciar un diálogo.

En esta quinta semana de la guerra de Irán, las declaraciones del presidente Donald Trump se prestan a interpretaciones ambiguas. Lo mismo ocurre con las de los dirigentes iraníes. Solo la posición israelí es clara: prioridad a los imperativos militares y de seguridad. La información proveniente del teatro de operaciones, así como los análisis sociopolíticos de los tres Estados beligerantes, proviene principalmente de la prensa. Las fuentes citadas suelen estar sesgadas y solo ponen de relieve una parte de los hechos que respaldan las tesis de sus autores. Es evidente que la mayoría de la prensa y de los medios audiovisuales occidentales insiste más en los costos de la guerra que en su equilibrio estratégico, que no puede ser ni puramente político ni exclusivamente militar, sino que debe constituir una síntesis estratégica integral. Los militares ejecutan sus propias estrategias en función de los objetivos nacionales. Los responsables políticos hacen lo mismo en su ámbito. Evaluar esta campaña debería considerar todos estos elementos.

El debate sobre el monopolio de las armas por parte del Estado en el Líbano ha dejado de ser una simple cuestión de soberanía o legalidad para convertirse en una verdadera prueba de la capacidad del Estado de cumplir sus funciones esenciales. La problemática ha superado así el plano del principio, que cuenta con un consenso teórico casi unánime: lo que falta son los mecanismos internos y una visión estratégica nacional que permitan hacerlo efectivo, en un contexto de profundas interdependencias regionales y de una fragilidad económica e institucional sin precedentes. La ausencia de una hoja de ruta clara, la persistencia de una política de dilación y el desgaste del factor tiempo podrían, por sí solos, constituir la mayor amenaza para la estabilidad del Líbano y el futuro de su Estado.

Una vez más, la opinión pública y las poblaciones del Levante, y de Oriente Medio en general, se enfrentan a una cascada de declaraciones e indiscreciones contradictorias filtradas a los medios, relativas a la evolución de la guerra desatada el 28 de febrero en la región. El presidente Donald Trump reafirmó este miércoles 1 er de abril la existencia en Teherán de un «nuevo régimen», indicando que el «presidente de este nuevo poder nos acaba de pedir un alto el fuego». «Nos pronunciaremos sobre la oportunidad de este alto el fuego cuando el estrecho de Ormuz sea reabierto a la libre circulación marítima, declaró el presidente Trump. De lo contrario, seguiremos bombardeando las infraestructuras de manera que Irán retroceda a la Edad de Piedra».