El acuerdo marítimo Líbano-Israel puesto a prueba por la guerra regional
Las declaraciones israelíes que sugieren una posible revisión del acuerdo de delimitación de la frontera marítima con Líbano han reavivado las dudas sobre la solidez de este compromiso, presentado desde su firma en 2022 como un mecanismo de estabilización entre Beirut y Tel Aviv.
A pesar de la devastadora guerra en la que Hezbolá arrastró al Líbano, el acuerdo sigue vigente. Sin embargo, en un contexto regional en plena transformación, marcado especialmente por la crisis energética derivada del pulso entre Irán y Estados Unidos en torno al estrecho de Ormuz, surgen interrogantes sobre su permanencia a largo plazo.
Para Laury Haytayan, experta en gobernanza de hidrocarburos en Medio Oriente y directora para la región MENA del Natural Resource Governance Institute (NRGI), “las amenazas israelíes responden más a una presión política que a una estrategia real de ruptura”. Considera “poco probable que el acuerdo marítimo sea revocado”, incluso cuando el Líbano participa actualmente en negociaciones directas de paz con Israel y se prevén otras iniciativas similares entre países árabes y el Estado israelí en el marco de los Acuerdos de Abraham, con el mismo respaldo estadounidense. Una perspectiva de este tipo sería, además, “incoherente” con la apertura de negociaciones directas, sobre todo considerando que Washington desempeñó un papel decisivo en la firma del acuerdo de 2022, resultado de una mediación de dos años.
Laury Haytayan recuerda que “las negociaciones comenzaron en 2020 bajo la administración Trump y continuaron durante la presidencia del demócrata Joe Biden, quien designó a Amos Hochstein como mediador”. Este último encabezó una intensa labor diplomática que culminó en octubre de 2022 con un acuerdo alcanzado bajo el gobierno israelí de Yair Lapid. Benjamin Netanyahu, entonces en la oposición, había asegurado que revertiría el acuerdo si volvía al poder. Sin embargo, tras ser reelegido pocas semanas después, en octubre-noviembre de 2022, optó por mantenerlo.
Interpretaciones divergentes
El acuerdo sigue siendo objeto de interpretaciones distintas sobre su equilibrio jurídico y político, tanto en Líbano como en Israel.
Laury Haytayan recuerda que “Líbano contaba con sólidos argumentos jurídicos para reclamar una zona marítima más amplia, apoyándose en el derecho internacional y en los mecanismos de Naciones Unidas, según los cuales la Zona Económica Exclusiva (ZEE) libanesa está delimitada por la línea 29”.
Esta línea, respaldada por varios expertos y especialmente por los negociadores militares libaneses en las conversaciones con Israel, ampliaba la ZEE reclamada por el Líbano. Parte de Ras Naqoura otorgaba al país derechos sobre una superficie adicional de 1430 km². Esta delimitación quedó registrada en 2011 en un informe de la Oficina Hidrográfica Británica, sustentada en una argumentación jurídica detallada.
Sin embargo, esta reclamación nunca fue presentada oficialmente por el Estado libanés ante Naciones Unidas. Cuando el poder político, representado principalmente por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, asumió las negociaciones en ausencia de un presidente y de un gobierno plenamente operativos en Líbano, el país terminó adoptando para su frontera marítima la línea 23, que también parte de Ras Naqoura, pero que implicó la pérdida de 860 km² y del yacimiento gasífero de Karish. Fue esta línea la que Líbano registró ante la ONU y que sirvió de base para el acuerdo de 2022.
La experta recuerda que “los negociadores libaneses consideraron en aquel momento que se trataba del mejor compromiso posible”. Una explicación que sigue siendo cuestionada hasta hoy en el país.
Por su parte, Israel también consideró que había realizado concesiones significativas. De esta manera, continúan coexistiendo dos interpretaciones distintas sin que exista consenso sobre el equilibrio final del acuerdo.
Una posible dinámica de paz
Ante la hipótesis de un acuerdo de paz entre Líbano e Israel, Laury Haytayan se inclina por una lógica de continuidad más que por una revisión del marco existente.
Según ella, un eventual acuerdo de paz entre Beirut y Tel Aviv “no modificaría necesariamente el acuerdo marítimo ya firmado”, que incluso podría servir de base para futuras cooperaciones energéticas.
La permanencia del acuerdo durante varios años proyecta una imagen de estabilidad, aunque parezca frágil. “Si Israel decidiera cuestionarlo, Líbano podría reactivar ciertas reclamaciones jurídicas, especialmente en torno a la línea 29, apoyándose en el derecho internacional y en Naciones Unidas”, sostiene.
Laury Haytayan menciona la posibilidad de desarrollar proyectos que involucren a empresas internacionales ya activas en la región y cita particularmente el caso de la compañía italiana Eni. “Eni tiene un plan para desarrollar proyectos de explotación de gas en Chipre utilizando infraestructuras ubicadas en Egipto con el fin de reducir costos”, explica.
Modelos regionales de este tipo podrían, con el tiempo, servir de inspiración para futuras cooperaciones energéticas, dependiendo de la naturaleza de los acuerdos políticos que se alcancen.
No obstante, Haytayan subraya que “las dinámicas internas en Líbano siguen estando fragmentadas y que las trayectorias futuras dependerán tanto de las decisiones soberanas como de las presiones internacionales”.
También recuerda que “los beneficios económicos esperados para Líbano aún no se han materializado, especialmente debido a los efectos de la guerra de 2023”, y que la cuestión energética sigue estrechamente vinculada a objetivos de desarrollo.
En este contexto, insiste en la necesidad de que Líbano “defina una estrategia clara para el desarrollo de sus recursos petroleros y gasíferos, particularmente en el sur del país”, dentro de una lógica que vaya más allá de la explotación energética e incluya la estabilización y el desarrollo regional.
Entre lógicas de seguridad, economía e institucionalidad
Sin embargo, las prioridades de los distintos actores involucrados en este expediente difieren. Según la experta, “Estados Unidos prioriza la dimensión económica, Israel pone el acento en la seguridad, mientras que Líbano debe intentar combinar ambas”.
Por ello, insiste en que “las negociaciones de paz deben ser conducidas estrictamente por el Estado libanés dentro de un marco institucional claro”. Considera indispensable que Hezbolá no participe indirectamente en las conversaciones, como ocurrió durante las discusiones que desembocaron en el acuerdo de 2022, “dadas las concesiones que aceptó respecto a Karish”. Parte de este yacimiento se encuentra dentro de la zona de 1430 km² delimitada por la línea 29, que los expertos militares reivindicaban antes de que el poder político renunciara a ella.
Un sector energético aún en construcción
Actualmente, Líbano alberga varias empresas internacionales comprometidas con contratos de exploración costa afuera, entre ellas TotalEnergies, QatarEnergy y Eni. Sin embargo, los resultados siguen siendo limitados y todavía no se han registrado avances significativos en materia de descubrimientos comercialmente explotables, especialmente en el bloque 9 del yacimiento de Cana, ubicado al norte de la línea 23.
Laury Haytayan observa que “estos actores internacionales forman parte de estrategias globales en las que Líbano no siempre constituye una prioridad inmediata”.
En este contexto, la diversificación de las alianzas energéticas aparece como un desafío central para el país. Haytayan destaca que “el principal objetivo sigue siendo atraer a las empresas estadounidenses”, una meta que las negociaciones directas en curso entre Tel Aviv y Beirut podrían facilitar.
El estrecho de Ormuz
Las tensiones regionales que involucran a Irán y al estrecho de Ormuz añaden una dimensión geoestratégica adicional a las dinámicas energéticas de la región.
Este paso marítimo sigue siendo esencial para las exportaciones de gas de varios países, especialmente del Golfo, y cualquier interrupción podría impulsar la búsqueda de rutas alternativas.
En este contexto, “algunos actores, entre ellos QatarEnergy, que ya está presente en Líbano, podrían verse obligados a ajustar sus estrategias de inversión”, señala Laury Haytayan.
La experta insiste en “la necesidad de una coordinación institucional en Líbano, especialmente entre los ministerios de Energía y Economía y la Presidencia de la República, con el fin de estructurar una visión energética coherente”.
Según ella, “la estrategia nacional debe aclararse para posicionar al país dentro de las dinámicas regionales”.
Finalmente, Haytayan subraya que “el discurso debe ser ante todo económico”, especialmente de cara a los inversionistas internacionales, en particular los estadounidenses, en un contexto en el que la credibilidad institucional y la claridad estratégica siguen siendo factores determinantes para atraer inversiones al sector energético libanés.