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Las crecientes tensiones en el Golfo están alimentando la preocupación mundial por una nueva crisis de la navegación en el mar Rojo. Una evolución de este tipo impondría nuevas restricciones al comercio marítimo internacional, ya de por sí extremadamente costoso, y desencadenaría otra crisis de abastecimiento en las inmediaciones de las zonas de conflicto del estrecho de Ormuz y de los riesgos geopolíticos asociados en Oriente Medio, si el enfrentamiento llegara a prolongarse. El mismo escenario se ha repetido con tanta frecuencia que hoy resulta casi predecible. El presidente estadounidense Donald Trump está elevando la tensión. Washington habla de un ataque a gran escala, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio analiza rutas alternativas para sortear el Estrecho de Ormuz. Los mercados comienzan a incorporar la posibilidad de una guerra regional en sus previsiones. Los precios del petróleo se disparan, las bolsas caen y la región se sume en la incertidumbre. Mientras tanto, los dirigentes políticos observan la crisis desde perspectivas muy distintas. Algunos piensan en los cálculos de las próximas elecciones; otros, en los equilibrios de poder y de influencia. Al mismo tiempo, los grupos de presión y las grandes empresas actúan siguiendo la lógica de los intereses y las ganancias, aprovechando en ocasiones la volatilidad de los mercados que las propias crisis generan. Los mercados financieros ya no consideran esta dinámica como una excepción, sino como un patrón recurrente. Cada escalada impulsa al alza los precios del petróleo por el temor a interrupciones en el suministro energético. Apenas aparecen señales de distensión; los precios vuelven a bajar. Lo mismo ocurre con los mercados bursátiles, que reaccionan con fuerza ante cada nueva amenaza y recuperan parte de sus pérdidas cada vez que reaparece la posibilidad de un acuerdo. A pesar de ello, continúan aumentando las preocupaciones por nuevas interrupciones de la navegación en el estrecho de Ormuz. Mientras el tráfico de buques portacontenedores a través del golfo de Adén, el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez registra un preocupante descenso. Más de cincuenta países ya se han visto afectados. En varios estados africanos, entre ellos Nigeria, la guerra ha agravado la pobreza y el hambre infantil. En Alemania, la producción de las plantas de Tesla ha disminuido después de que más de dieciocho compañías navieras internacionales decidieron desviar sus embarcaciones por el cabo de Buena Esperanza, retrasando así la llegada de materias primas industriales. Asimismo, la naviera japonesa NYK suspendió sus operaciones en el mar Rojo. Este cambio de ruta ha cuadruplicado los costos del transporte marítimo debido al considerable aumento de la distancia a lo largo de la costa africana. También ha provocado nuevas perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro y retrasos en la llegada de componentes industriales y tecnológicos procedentes de China, Taiwán y otros países del este de Asia. En los últimos meses, un número creciente de buques mercantes ha abandonado su ruta habitual a través del golfo de Adén y el canal de Suez, en ambos sentidos. Estas vías marítimas eran utilizadas cada año por cerca de 20 000 buques de carga, de una flota mercante mundial de aproximadamente 105 000 embarcaciones, que en 2024 transportó alrededor de 15 mil millones de toneladas de mercancías y materias primas por vía marítima. El regreso del fantasma de la inflación se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los gobiernos de todo el mundo, incluso después de que las economías comenzaran a adaptarse parcialmente a las consecuencias de las perturbaciones en el estrecho de Ormuz. Esta situación reaviva los desequilibrios que marcaron la economía mundial tras la pandemia de Covid-19. Europa observa con creciente inquietud el aumento de los precios del petróleo y la posibilidad de una expansión de los conflictos en Oriente Medio. Las economías de la Unión Europea siguen soportando el elevado costo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Cualquier cambio en la estrategia estadounidense daría paso a una nueva realidad económica para Europa, caracterizada por mayores diferencias en el crecimiento y por una competitividad cada vez más desigual. Los dirigentes europeos parecen profundamente desconcertados y necesitan actuar con rapidez. Les resulta difícil afrontar un nuevo choque económico que combine inflación, desempleo e incendios forestales, mientras la Unión Europea continúa buscando proveedores alternativos de energía situados a mayores distancias. En contraste, durante los meses de la guerra estadounidense contra Irán, la economía de Estados Unidos, impulsada principalmente por la demanda interna, se mantuvo relativamente sólida. Al mismo tiempo, el comercio estadounidense con América del Norte y los países de la ASEAN alcanzó alrededor de 1,2 billones de dólares, mientras una parte cada vez mayor del comercio marítimo se desplazaba hacia el océano Pacífico. Por su parte, el comercio de China alcanzó aproximadamente 800 mil millones de dólares. La exploración de los mares constituye una de las mayores aventuras de la humanidad. Gracias a ella, el Mediterráneo se convirtió, con todo su comercio y sus riquezas, en un inmenso espacio de intercambio entre los antiguos fenicios, griegos, egipcios, el norte de África, el sur de Europa y la India. Allí, Roma sentó las bases de sus antiguas rutas comerciales y militares. Los viajes de Cristóbal Colón y Vasco da Gama, la Ruta de la Seda recorrida por Marco Polo y la vuelta al mundo del almirante Fernando de Magallanes contribuyeron a abrir nuevas rutas marítimas para el comercio internacional. Sin embargo, el mar está al servicio de mucho más que un único propósito. Más de un millón de personas trabajan en el comercio marítimo, ya sea a bordo de los buques o en puertos y muelles. A ello se suman industrias enteras vinculadas a la construcción naval, la pesca, la navegación recreativa y el turismo marítimo. El sector también impulsa el desarrollo económico al estimular numerosas actividades industriales, entre ellas la producción de acero, aluminio, cables y fibra de vidrio. Por ello, cualquier ampliación de los conflictos marítimos, desde Bab el-Mandeb hasta el mar de China y el mar de Japón, en un momento en que la economía mundial apenas crece alrededor de un 3 %, tendría nuevas repercusiones políticas y económicas. Sus consecuencias económicas y psicológicas seguirían afectando la vida de millones de personas. Los círculos financieros estiman que cada año transitan por el mar Rojo mercancías con un valor mínimo de 3 billones de dólares, equivalentes a cerca del 13 % del comercio mundial, una cifra que podría elevarse a 5 billones de dólares para 2050. A pesar de la importancia estratégica de este corredor fundamental para el comercio internacional, la ruta del mar Rojo sigue careciendo de numerosos servicios e infraestructuras marítimas esenciales. Entre ellos figuran astilleros, centros de mantenimiento, industrias navales y organismos responsables de garantizar la libre circulación del comercio. También adolece de una red logística capaz de respaldar el transporte internacional de mercancías, incluidas cerca del 80 % de los productos alimentarios comercializados en el mundo, especialmente cereales y aceite de palma. También crece la preocupación por una eventual reorganización de las rutas de transporte y abastecimiento en la región en detrimento de Egipto y de varios países africanos. Egipto sería el principal perjudicado, ya que los ingresos del canal de Suez, estimados en alrededor de 11 mil millones de dólares anuales, seguirían bajo presión. Por ese paso transita aproximadamente el 15 % del comercio mundial, el 30 % del tráfico mundial de contenedores y el 8 % de los flujos mundiales de petróleo crudo. Mientras tanto, Israel ha establecido en Eritrea su mayor puesto de observación militar y su plataforma estratégica más importante, con vista al estrecho de Tirán. Su enfrentamiento con Irán alimenta tensiones que podrían derivar en una violencia regional e internacional de mayor alcance, además de favorecer la piratería y la violencia vinculada a las identidades, con posibles consecuencias para la seguridad nacional árabe. Sin embargo, el mundo árabe sigue careciendo de una estrategia común e integral para proteger este paso marítimo vital y construir un verdadero sistema de seguridad colectiva árabe. Esa carencia amenaza con debilitar el papel de los Estados de la región, comprometer su independencia política y erosionar su capacidad estratégica. Así, los precios del petróleo pueden bajar después de que Donald Trump anuncie el aplazamiento de un eventual ataque militar, y las bolsas pueden recuperarse ante las noticias de un acuerdo inminente. Sin embargo, ello no significa que la paz se haya alcanzado ni que hayan desaparecido las causas profundas de la tensión. Oriente Medio no vive ni una guerra abierta ni una paz estable. Permanece en una zona gris entre ambas, donde los instrumentos de la confrontación evolucionan constantemente, mientras sus consecuencias económicas y psicológicas siguen marcando la vida de millones de personas. Cualquier nueva escalada afectará a todos. Tendrá repercusiones sobre el crecimiento económico mundial, alimentará la inflación, elevará el precio de la gasolina, de los dispositivos electrónicos y de las primas de los seguros, y acelerará la búsqueda de rutas marítimas alternativas, entre ellas los “corredores marítimos verdes” planteados en la Conferencia de Glasgow. También impulsará el desarrollo de la infraestructura portuaria, la liberalización del sector marítimo en Marruecos y en África, el avance de la tecnología, los servicios logísticos y la conectividad digital, así como la expansión de las actividades offshore , los simuladores marítimos y las academias navales. Este ciclo recurrente de crisis no significa que la región avance hacia la paz. Por el contrario, revela una realidad muy distinta: ni una guerra generalizada ni una estabilidad auténtica, sino una gestión permanente de las crisis. La escalada se ha convertido en una herramienta de negociación; la amenaza, en un instrumento político; y las negociaciones sirven cada vez más para aplazar la confrontación que para conducir a una solución de fondo. Pero, en medio de esta confrontación política y estratégica, hay un solo actor que sigue pagando el verdadero precio: los pueblos. ¿Comprenderán finalmente los Estados árabes la importancia de desarrollar estrategias para proteger su “mar petrolero”, ese espacio marítimo que constituye uno de los pilares fundamentales del comercio mundial?

Antes que nada, Jeque Naïm debe comprender que todo el pueblo libanés está pagando hoy el precio de sus inconsistencias políticas, su sumisión ciega a Irán y sus decisiones unilaterales que han arrastrado al Líbano a guerras que no había elegido ni decidido. Porque quienes llevaron al país a esta dramática situación y permitieron el regreso de la ocupación israelí en ciertas partes del sur del Líbano no son quienes hoy se esfuerzan por salvar al Líbano. Son quienes se sometieron a las órdenes de Irán y decidieron declarar la guerra de manera unilateral, al margen de las instituciones del Estado y de su autoridad soberana. Quienes arrojaron el sur del Líbano a una confrontación abierta y expusieron a los libaneses a la destrucción y al desplazamiento fueron quienes arrastraron al país a una guerra al servicio del proyecto iraní, no quienes hoy trabajan para sacar al país de su crisis y restablecer sus instituciones. Quienes hoy intentan salvar lo que queda de la patria son el presidente de la República, el general Joseph Aoun, y el primer ministro, quienes trabajan para devolver al Estado el pleno control de las decisiones soberanas y sacar al Líbano del ciclo de las guerras. Un ejemplo claro de ello es la propuesta del presidente de la República de poner la instalación de Tallat Ali al-Taher bajo el control del Ejército libanés, una propuesta que ustedes rechazaron, a pesar de haber sido aceptada por la parte israelí. La cuestión que se plantea hoy no es la de la importancia estratégica de esta colina, porque de ello no hay duda, sino la de las razones que le empujan a negarse a entregar el control a la institución militar libanesa. ¿Es porque constituye el punto de observación más elevado sobre amplias zonas del sur del Líbano, de modo que quien la controle dispone de una ventaja decisiva para la vigilancia y el control del fuego? ¿O porque las infraestructuras militares, las fortificaciones y la red de túneles que alberga representan una inversión militar construida durante muchos años, de tal manera que entregarla al Ejército libanés supondría perder uno de sus principales elementos de fuerza sobre el terreno? ¿O la verdadera razón es que entregarla al Ejército libanés significaría, en la práctica, reconocer el principio del monopolio de las armas por parte del Estado y transferir la decisión militar a las autoridades legítimas? Sea cual sea la respuesta, la paradoja sigue siendo impactante. Si la única alternativa es entregar esa posición al Ejército libanés o verla destruida por Israel, ¿cómo puede considerarse preferible la alternativa israelí? ¿Y cómo puede preferirse que un emplazamiento libanés sea destruido por el enemigo antes de que pase a estar bajo la autoridad del Ejército libanés? No debe perder de vista, jeque Naim, que usted encabeza una milicia armada al margen de la legalidad libanesa. Ni los discursos ni las campañas de descalificación y de acusaciones de traición cambiarán esa realidad. El monopolio de las armas por parte del Estado no es un simple eslogan político, sino un principio de soberanía y un imperativo constitucional del que no habrá marcha atrás. Tarde o temprano, será aplicado. Por último, las negociaciones directas decididas por el Estado libanés, en ejercicio de su soberanía y de acuerdo con su interés nacional, no constituyen una concesión. Son una herramienta para recuperar los derechos y el camino menos costoso para liberar el territorio, obtener la liberación de los prisioneros y reconstruir lo que destruyeron las guerras impuestas al Líbano al servicio de proyectos ajenos al interés nacional.

Seis años después de la explosión catastrófica en el puerto de Beirut, cuando es más que probable que Hezbolá, con la complicidad de otros actores, haya protegido el almacenamiento de nitrato de amonio, el Líbano sigue resistiendo a su enemigo interno. Ese enemigo está representado por las armas de Hezbolá, utilizadas tanto dentro como fuera del país, especialmente en Siria, mucho antes de la llamada “guerra de apoyo a Gaza”, una guerra que terminó provocando una tragedia para la comunidad chiita y, sobre todo, un desastre nacional para el Líbano. Las declaraciones más recientes del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, constituyen una nueva prueba de ello. Acusó a las autoridades libanesas de “haber ayudado a Israel en lugar de ayudar al Líbano”, y añadió que “el presidente Joseph Aoun se ha convertido en parte del conflicto y en un factor de división, algo incompatible con el papel que le corresponde desempeñar”. Estas declaraciones no son más que un episodio adicional de la guerra que Irán libra contra el Estado libanés y todas sus instituciones. Afortunadamente, la arrogancia no puede ocultar una derrota. Porque lo que el Líbano enfrenta hoy es una derrota provocada por Hezbolá. A causa de esa derrota, de la que Hezbolá, es decir, Irán, es responsable, el país se ve obligado a luchar en dos frentes, en circunstancias particularmente difíciles. El primero es la guerra que Irán libra contra el Estado libanés. El segundo consiste en poner fin a la ocupación israelí para permitir el regreso de los desplazados a sus ciudades y pueblos. En Roma se celebraron difíciles negociaciones con Israel, con el objetivo de poner fin a esa ocupación. Todo lo que hace hoy Hezbolá, respaldado por la República Islámica de Irán, no hace sino reforzar la posición israelí. ¿Cómo puede responder el negociador libanés cuando la parte israelí recuerda que las armas de Hezbolá fueron utilizadas para amenazar a las localidades israelíes de Galilea? Fue desde esa perspectiva que el primer ministro Nawaf Salam respondió con notable claridad al secretario general de Hezbolá, sin mencionarlo por su nombre: “Hoy aparecen quienes acusan a las autoridades políticas de haber ayudado a Israel en lugar de defender la soberanía del Líbano, para luego llamar al diálogo y a la unidad como si los libaneses no tuvieran memoria. La mayor ayuda prestada a Israel provino de quienes arrastraron unilateralmente al Líbano a las absurdas aventuras de las llamadas guerras de “apoyo”, ofreciéndole todos los pretextos para agredir a nuestro país, pisotear su soberanía, destruir sus ciudades y pueblos, matar a sus habitantes y desplazar a cientos de miles de ellos. Quien monopolizó la decisión de la guerra, quien sigue intentando confiscar la decisión del Estado y vincular al Líbano con agendas y ejes externos, ignorando los intereses de su propio entorno y de todos los libaneses, no tiene autoridad moral para repartir certificados de patriotismo, y mucho menos de soberanía. No habrá soberanía para el Líbano sino a través de una única decisión nacional e independiente, ejercida por un Estado con un solo ejército que extienda, por sí mismo, su autoridad sobre todo el territorio nacional. En cuanto al diálogo y la unidad, solo pueden construirse con el valor de reconocer los hechos, por dolorosos que sean, y de asumir la responsabilidad por decisiones temerarias cuyo elevado costo los libaneses siguen pagando hasta hoy.” Con ello, las acusaciones de Naim Qassem quedan plenamente respondidas. Exhortó a las autoridades libanesas a “proteger la soberanía nacional, fortalecer al Ejército libanés, lograr la retirada del enemigo israelí, reconstruir el país y esclarecer la verdad sobre el puerto”. También afirmó que “las negociaciones directas no han traído al Líbano más que vergüenza, humillación, decepciones y concesiones sucesivas”. Incluso llegó a sostener que “todas las agresiones contra el Líbano fueron llevadas a cabo bajo supervisión, dirección y aprobación de Estados Unidos”, al tiempo que instó a las autoridades libanesas a “poner fin a las concesiones gratuitas, dialogar con la Resistencia, reencauzar la situación interna y defender la soberanía”. Tampoco dejó de elogiar a Irán, asegurando que “trabajó para que el Líbano ocupara el primer lugar en el memorando de entendimiento con Estados Unidos y exigió el cese de la agresión y la retirada israelí”. El secretario general de Hezbolá concluyó afirmando que “es el proceso derivado del memorando de entendimiento el que permitirá la retirada israelí y que, sin la firmeza de la Resistencia, no se habría conseguido nada”. Añadió: “Estamos comprometidos con la unidad nacional. La gran unidad entre Hezbolá y Amal ha formado un muro infranqueable frente a la agresión israelí-estadounidense y frente a los actores menores. Juntos, como pueblo, Resistencia, futuro y vida, seguiremos nuestro camino. Lo menos que puede decirse de este discurso, que desafía toda lógica, es que Naim Qassem parece convencido de que los libaneses carecen de memoria. Incluso de la memoria del asesinato de Rafic Hariri, de sus compañeros, de muchos de los hombres más honorables del país y, finalmente, de Lokman Slim. También parece creer que los libaneses ignoran quién abrió el frente sur sin el más mínimo respeto por la soberanía nacional, incluso en su sentido más elemental. Ha quedado claro que el secretario general de Hezbolá considera a los libaneses un rebaño incapaz de someter sus posiciones al menor examen crítico. Pretende que el Estado libanés asuma las consecuencias de los crímenes cometidos por su partido contra el país, incluido el regreso de la ocupación israelí. Las declaraciones de Naim Qassem solo pueden explicarse por su desprecio hacia la inteligencia de los libaneses y por el control absoluto que Irán ejerce sobre Hezbolá. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede el Líbano salir de esta crisis? ¿Debe esperar a que se produzca un cambio profundo en Irán? La respuesta es sencilla. El Líbano puede lograrlo, siempre que comprenda que la verdadera humillación consiste en invocar la ocupación para justificar la existencia de armas ilegales en su territorio. También consiste en negarse a reconocer que ninguna ocupación puede terminar sin negociaciones directas con quien ocupa el territorio. Hay un precio que inevitablemente habrá que pagar. Quienes se niegan a asumirlo solo buscan seguir explotando al sur del Líbano y a sus habitantes indefinidamente, mientras esperan el Día del Juicio en la República Islámica. Es decir, el día en que Irán vuelva a ser un Estado normal, nada más; un Estado que ya no necesite recurrir a la arrogancia para justificar su derrota.

El objetivo de esta serie de artículos es comprender mejor la situación actual en el escenario libanés, a la luz del pasado, lejos de los discursos apasionados, ideológicos o románticos que se alejan de la realidad, dejando al lector sacar las conclusiones pertinentes. Las trece partes anteriores fueron una relectura de los acontecimientos relacionados con el ascenso al poder de Hezbolá desde el Acuerdo de Taif hasta la aplicación incompleta de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2006. Desde el final de la guerra de los 33 días de 2006 con Israel, Hezbolá se dedicó a reconstituirse en términos de armamento, reorganización y redespliegue. En pocas palabras, encajó un duro golpe durante esa guerra, pero sorprendió a Israel con sus capacidades militares, y en los dos años siguientes se convirtió en una auténtica fuerza armada de alcance regional, gracias a cuatro factores: la experiencia adquirida sobre el terreno; el apoyo iraní; el puente terrestre sirio (bajo el régimen de Assad) Teherán-Beirut; y el acuerdo entre su secretario general Hassan Nasrallah y el entonces presidente libanés Emile Lahoud. Así, los corredores o rutas de abastecimiento logístico procedentes de Siria se reactivaron, provocando un salto cuantitativo y cualitativo en el arsenal de la milicia proir aní. Algunas estimaciones hablan de que su potencial en cohetes se multiplicó por diez, pasando de aproximadamente 15.000 en 2006 a más de 150.000 proyectiles en 2018, incluyendo no solo cohetes propiamente dichos, sino también nuevos misiles de mayor alcance que no poseía anteriormente, entre ellos misiles de precisión, en particular los Fateh-110 fabricados localmente mediante la transformación de los antiguos modelos Zelzal, añadiéndoles sistemas de guiado en vuelo y convirtiendo sus alerones fijos en alerones móviles, además de la adquisición de misiles antibuque de precisión y largo alcance, como los Silkworm chinos y sus copias iraníes, e incluso los Yakhunt rusos con un alcance de 300 km. A este arsenal se sumaron drones kamikaze, drones lanzadores de misiles, drones de reconocimiento, etc., así como misiles antiaéreos portátiles de tipo MANPAD. En cuanto al redespliegue, la milicia chií trasladó su infraestructura militar al interior del tejido urbano y dentro de las localidades. Las ciudades y pueblos chiíes del sur y los suburbios del sur de Beirut se convirtieron en auténticas fortalezas militaro-urbanas complejas y cuidadosamente camufladas, donde civiles y combatientes se entremezclan en un tejido difícil de deshacer, haciendo imposible trazar la línea de separación entre combatientes y no combatientes. Hezbolá recurrió además cada vez más a organizaciones civiles de cobertura para llevar a cabo patrullas civiles de vigilancia, siendo la más conocida «Verde sin Fronteras», registrada como ONG dedicada a la protección del medio ambiente y la reforestación. Los puestos de avanzada y viveros de esta ONG, situados a lo largo de la línea azul, sirvieron durante mucho tiempo para enmascarar las infraestructuras militares, los depósitos de municiones y los túneles de combate de Hezbolá. Además, con el pretexto de proteger propiedades privadas o zonas de reforestación, sus miembros bloquearon sistemáticamente el acceso de los inspectores de la FPNUL durante las dos décadas posteriores a la guerra de 2006. Por último, los milicianos de Hezbolá mantuvieron una presencia sin uniforme en las entradas de las posiciones camufladas y de los túneles subterráneos. Las limitaciones impuestas a la FPNUL La FPNUL en su nueva versión reforzada por la resolución 1701 no ofrecía, desde el principio, ninguna solución para el desarme de Hezbolá. En efecto, no es una fuerza de combate, ya que actúa bajo el capítulo 6 y no bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Sus contribuyentes europeos, en particular Francia, Italia, España y Alemania, se negaban a que sus Cascos Azules sustituyeran al Estado en la realización de un desarme coercitivo. Además, el mandato de la ONU no permitía operaciones de registro sistemático. Esta situación llevó a la FINUL a coexistir con Hezbolá, no sin contactos indirectos entre ambas partes a través de los servicios de inteligencia libaneses, y mediante los alcaldes y las ONG afiliadas a Hezbolá, especialmente tras el inicio de la guerra en Siria y con la proliferación de combatientes islamistas a ambos lados de la frontera libanosiria. En este contexto, la FINUL sufrió durante el año 2011 al menos tres atentados que dejaron 16 heridos entre los contingentes italiano y francés, cuyos autores eran milicianos vinculados a Al Qaeda, en particular a las brigadas palestinas Abdallah Azzam, procedentes de los campamentos palestinos del sur del Líbano. Las consecuencias políticas de la guerra de 2006 En el plano político, la presión ejercida por Hezbolá, el movimiento Amal y su aliado del Movimiento Patriótico Libre de Michel Aoun, apenas tres meses después de la guerra de los 33 días, adoptó la forma de un bloqueo institucional destinado a debilitar de manera duradera al ejecutivo. Ya en noviembre de 2006, cinco ministros chiítas pertenecientes a Hezbolá y a Amal, junto con el ministro cristiano Yaacoub Sarraf, cercano al presidente Emile Lahoud, dimitieron denunciando la ausencia de un «tercio de bloqueo»(1) a su favor en el Consejo de Ministros, y proclamaron al gobierno ilegítimo. Esto debilitó la legitimidad del primer ministro Fouad Siniora y lo obligó a gobernar desde una posición de debilidad. A partir de diciembre de 2006, la instalación de una masiva sentada en el centro de Beirut, rodeando el Gran Serrallo, y la decisión de Nabih Berri de no convocar al Parlamento paralizaron la actividad legislativa e impidieron la elección presidencial, prevista para septiembre-octubre de 2007, acentuando así la asfixia política. Paralelamente, la incapacidad del gobierno para neutralizar la red de telecomunicaciones privada de Hezbolá, considerada ilegal, transformó un intento de reafirmación de la soberanía en un casus belli. La decisión gubernamental de deslegitimar dicha red, el 5 de mayo de 2008, provocó una reacción miliciana de Hezbolá el 7 de mayo de 2008. El golpe de fuerza del 7 de mayo Los días 7 y 8 de mayo de 2008, Hezbolá tomó el control de amplios sectores del Beirut Oeste, atacó las oficinas de la Corriente del Futuro y sitió nuevamente al primer ministro Fouad Siniora por la fuerza de las armas en el palacio de gobierno, demostrando que cualquier intento de debilitar militarmente a la milicia priraní conllevaría el colapso del orden público. Ante el espectro de una guerra generalizada y el derrumbe del Estado, Siniora, de acuerdo con los mismos ministros que habían exigido el desmantelamiento de la red clandestina de Hezbolá, anuló los decretos dirigidos contra dicha red y aceptó, bajo el efecto de la mediación de Qatar, el Acuerdo de Doha del 21 de mayo de 2008. El Acuerdo de Doha Tras el golpe de fuerza del 7 de mayo de 2008, Qatar, que se había atribuido una vocación de mediador en los conflictos árabes y de Oriente Medio y afirmaba su poder blando (Soft Power), convocó a los líderes libaneses en Doha. Los esfuerzos de su emir culminaron en el Acuerdo, que impuso la formación de un gobierno de unidad nacional que otorgaba a Hezbolá el «tercio de bloqueo»(1), o derecho de veto en el Consejo de Ministros. El mismo Acuerdo prohibió el uso de las armas para resolver disputas internas, una cláusula que se había reiterado en todos los acuerdos libanolibanos desde 1975 y que se había vuelto meramente «folclórica». Sin embargo, el estatus de las armas del partido priraní quedó blindado bajo el pretexto de «hacer frente a Israel». De este modo, la cuestión se convirtió en un tema tabú. En definitiva, ese «compromiso» no había sido una simple elección táctica, sino la consecuencia de una maraña de imperativos militares y políticos, entre los que figuraban la necesidad de desbloquear la situación constitucional, la estabilidad en materia de seguridad y la preservación (aparente) de una unidad nacional que, en la práctica, era inexistente de facto. Así, el primer gobierno soberanista tras el fin de la ocupación siria se vio obligado a someterse a las realidades, a los hechos consumados sobre el terreno. Y como consecuencia, Hezbolá siguió enarbolando el argumento de la «resistencia» con un único y exclusivo propósito: intimidar a sus adversarios para mantener, al menor costo posible, su control sobre las decisiones políticas en el Líbano. (1) El «tercio de bloqueo» (o tercio de garantía) en el seno del gobierno libanés deriva de una interpretación controvertida de la Constitución libanesa reformada en 1990 por los Acuerdos de Taif. Esta expresión, «tercio de bloqueo», no aparece literalmente en el texto, sino que se sustenta en dos pilares constitucionales fundamentales. Por un lado, el artículo 65 estipula que las decisiones relativas a 14 asuntos «fundamentales», como la ley electoral o la modificación de la Constitución, requieren obligatoriamente una mayoría de dos tercios de los miembros del gobierno, lo que otorga un derecho de veto automático a cualquier coalición integrada por un tercio de los ministros más uno. Por otro lado, el artículo 69 prevé la dimisión automática de todo el ejecutivo si renuncia más de un tercio de sus miembros. Este mecanismo institucional, concebido originalmente para garantizar el pacto de convivencia comunitaria, fue políticamente sacralizado en el Acuerdo de Doha de mayo de 2008, convirtiendo ese cupo matemático en una condición sine qua non para la formación de los gobiernos y otorgando así un derecho de veto a Hezbolá en todos los gobiernos que se sucedieron desde 2008 hasta 2025.

La séptima ronda de conversaciones directas entre Líbano e Israel comenzó el martes en Roma, en la sede de la embajada de Estados Unidos. Las discusiones, descritas como arduas, se extenderán a lo largo de tres días, durante los cuales ambas delegaciones —libanesa e israelí— deberán ponerse de acuerdo sobre el seguimiento del mecanismo previsto para una retirada progresiva de las fuerzas de Tel Aviv y el despliegue del ejército. Un asunto en el que Beirut insiste especialmente, mientras que la prioridad del Estado hebreo sigue siendo el mecanismo previsto por el Líbano para el desarme de Hezbolá. Este grupo proiraní volvió a la carga el martes, arremetiendo contra las autoridades libanesas y atacando en particular al presidente de la República, Joseph Aoun. Tras un silencio que se prolongó casi un mes, el jefe de Hezbolá, Naïm Qassem, se permitió acusar al presidente de «parcialidad» y de hacerle el juego a Israel. Criticó duramente su política, que —según él— «consiste en hacer concesiones gratuitas a Israel y en servir los intereses de ese Estado, y no los del Líbano». Este discurso bien podría haberse titulado: «Las conversaciones libano-israelíes vistas desde Teherán», a quien Naïm Qassem rindió homenaje, dicho sea de paso. Para él, la salvación del Líbano solo puede pasar por el memorando de entendimiento irano-estadounidense, lo que en la práctica significa que, a ojos de Hezbolá, el Líbano debe permanecer bajo el control del régimen de los mulás. Una perspectiva que está completamente descartada para las autoridades libanesas, comprometidas de lleno, al contrario, con un proceso que debe librar al Líbano de cualquier tutela y devolver al Estado su plena dignidad. El jefe del Gobierno, Nawaf Salam, se hizo eco de esta posición constante de Líbano al responder con firmeza al portavoz de Irán en el país, al que puso en su sitio señalando, en un mensaje en su cuenta de X, que «un grupo que ha usurpado la decisión de guerra y paz y el papel del Estado en beneficio de un eje extranjero (al que pertenece) es el último que tiene derecho a dar lecciones de patriotismo». Para el presidente del Consejo, si alguien le ha hecho un favor a Israel, ese ha sido precisamente Hezbolá. El señor Salam recordó a este respecto las guerras «absurdas» en las que ese grupo arrastró «unilateralmente» al país, en detrimento del interés nacional, dándole así a Israel «un pretexto para atacar el Líbano, destruir sus pueblos, matar y desplazar a la población, y pisotear su soberanía». Una página nueva con Siria El discurso de Naïm Qassem se distinguió, no obstante, por el anuncio de la voluntad de Hezbolá de abrir una nueva página con el régimen de Ahmad al-Sharaa en Siria, contra el cual su grupo había combatido junto a las fuerzas de Bachar al-Ásad durante la guerra de 2011. Esta voluntad de apertura táctica solo puede explicarse por el debilitamiento y el aislamiento de un Hezbolá que parece dispuesto a todo para sobrevivir. Pues, para su mala suerte, los hechos sobre el terreno demostraron el martes que la formación proiraní espera mantener su corredor de abastecimiento con Irán a través de Siria. Mientras Naïm Qassem elogiaba la apertura de una nueva página entre su organización y Damasco, el ejército libanés anunciaba la incautación, en la zona fronteriza de Ersal, en el valle de la Bekaa, de cohetes tipo Grad destinados a Hezbolá y que estaban siendo introducidos de contrabando desde Siria. Se trata de la enésima incautación de armas dirigidas hacia la formación proiraní, sumada al descubrimiento de túneles y vías de paso fronterizas ilegales, todos con el mismo propósito: el tráfico de armas y drogas. La conmemoración del 4 de agosto Otro revés para Hezbolá: esta incautación coincide con el sexto aniversario de la devastadora explosión del puerto de Beirut, el 4 de agosto de 2020, donde se almacenaban cientos de toneladas de nitrato de amonio. Al anunciar, el 28 de julio de 2026, el hallazgo de cerca de 4.000 toneladas de esa misma sustancia explosiva en las proximidades del pueblo de Houla, en el sur del Líbano, la FINUL vino a reforzar las sospechas que se venían alimentando durante años sobre los vínculos entre Hezbolá y el turbio asunto del almacenamiento de 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut —controlado entonces por Hezbolá—, del que apenas unas pocas centenas de toneladas explotaron el 4 de agosto de 2020. El escrito de acusación que el juez de instrucción del Tribunal de Justicia, Tarek Bitar, debe publicar antes de diciembre, según el decano del Colegio de Abogados Imad Martinos, debería arrojar luz sobre este asunto que numerosos responsables, durante el mandato del expresidente Michel Aoun, intentaron encubrir por todos los medios. Su sucesor, Joseph Aoun, ha hecho, por el contrario, presión sobre el magistrado para que haga pública cuanto antes la acusación formal, que ya fue remitida al fiscal general ante el Tribunal de Casación, Mohammed Saab. Este último debe emitir su dictamen tras examinar el documento, analizar los cargos y dar su opinión por escrito sobre los pasos a seguir, antes de devolvérselo a Tarek Bitar. Desde que Joseph Aoun asumió la jefatura del Estado y Nawaf Salam fue designado para dirigir el gobierno, la investigación sobre la explosión del 4 de agosto sigue un curso judicial normal. ¿Marcará esto el fin de la impunidad en el Líbano? Son muchos los que así lo esperan. En cualquier caso, la actitud de las autoridades refleja un seguimiento serio del proceso. Se decretó luto nacional en el país, con las banderas a media asta, incluso en el palacio presidencial, mientras varios ministros participaban en los actos conmemorativos celebrados en memoria de las víctimas. En el acto organizado a última hora de la tarde, cerca del puerto, a la hora exacta en que se produjo la explosión, los familiares de las víctimas anunciaron que mantendrán su movilización hasta que se conozca toda la verdad sobre este asunto y los responsables sean sancionados. ¿Un acuerdo sobre Ormuz? En el plano regional, la jornada del lunes estuvo marcada por una sensación de déjà vu, con el anuncio de un acuerdo inminente sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que todos los acuerdos previos alcanzados y firmados entre Estados Unidos e Irán han sido incumplidos por el régimen iraní. En ese contexto, los dos mediadores, Qatar y Pakistán, informaron de que hay «esfuerzos en marcha» para que Washington y Teherán retomen su diálogo, mientras que Estados Unidos anunciaba un próximo acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, en el centro de la reanudación de las hostilidades durante las últimas semanas. Dicho acuerdo podría concretarse «el martes o el miércoles», según el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Secretario de Estado, Marco Rubio, debía confirmarlo poco después. Según Qatar, estos esfuerzos se llevan a cabo sin que estén previstas conversaciones directas entre las dos partes. Sea como fuere, la tensión persiste en la región, donde los hutíes yemeníes han atacado el aeropuerto de Najran, en Arabia Saudí. En la madrugada del lunes al martes, un carguero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz fue alcanzado por un proyectil que provocó un incendio. Un miembro de la tripulación está desaparecido, según la empresa británica de seguridad Vanguard.

Benjamín Netanyahu aprovechó su asistencia al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham para regresar una vez más a la Casa Blanca, después de que sus aliados lograran convencer al presidente Donald Trump de recibirlo. Sin embargo, esta vez la visita se produjo por la puerta trasera de la escena política, sin ofrecerle la oportunidad de capitalizar mediáticamente el encuentro como habría deseado. La entrevista televisiva que concedió posteriormente reflejó la magnitud del dilema que enfrenta. Su rostro fue incapaz de transmitir la imagen de un vencedor; en su lugar, predominaban la obstinación y una sonrisa forzada. Trump, fiel a su carácter directo y poco dado a las concesiones, parece poco dispuesto a asociarse con un aliado que le acarrea más problemas que beneficios. Aun así, Netanyahu no da señales de rendirse. No muestra disposición alguna a reconocer un fracaso, ni siquiera a admitir la posibilidad de que ocurra. Para él, el asunto trasciende la política y afecta directamente su futuro personal y electoral. Una derrota podría significar el final de su carrera política, abrir la puerta a procesos judiciales y hacer añicos su aspiración de consolidarse como el líder indiscutible del Estado de Israel. Mientras tanto, los partidos de oposición han convertido la creación de una comisión oficial e independiente de investigación sobre los acontecimientos del 7 de octubre en una de sus principales banderas electorales. Su objetivo es exigir responsabilidades por las fallas que hicieron posible el ataque de Hamás y las pérdidas humanas sin precedentes que provocó, incluso en comparación con numerosas guerras convencionales. El ataque también dejó una profunda huella colectiva en la sociedad israelí, cuyas repercusiones psicológicas, políticas y de seguridad siguen presentes hasta hoy. Sin embargo, la batalla electoral no gira únicamente en torno al 7 de octubre. Los partidos religiosos aliados de Netanyahu siguen exigiendo que los estudiantes haredíes de las escuelas religiosas queden exentos del servicio militar, además de reclamar la separación entre hombres y mujeres en determinados espacios públicos. También amenazan con abandonar la coalición gubernamental si sus demandas no son atendidas. Todo ello ocurre mientras el ejército israelí enfrenta una creciente crisis de recursos humanos. El interés por el servicio militar disminuye de forma constante, tanto entre los ciudadanos israelíes como entre los voluntarios extranjeros, ya que los riesgos asociados al servicio superan cada vez más los beneficios materiales o simbólicos que este puede ofrecer. Al mismo tiempo, la crisis económica se profundiza debido al costo cada vez mayor de la guerra, los gastos extraordinarios de seguridad impuestos por un estado de alerta permanente y la continuidad de las operaciones militares en varios frentes, una situación a la que la sociedad israelí no estaba acostumbrada desde hacía décadas. Este es el contexto político, de seguridad y económico desde el cual debe entenderse lo que ocurre actualmente en Cisjordania, no solo durante esta semana, sino desde principios de este año. Los acontecimientos allí no parecen ser una simple sucesión de medidas de seguridad aisladas, sino parte de un intento más amplio por reconfigurar el escenario interno y regional en función de los intereses políticos y electorales de Benjamín Netanyahu. Una apropiación integral Los colonos dedicados a la ganadería en Cisjordania han proclamado que los límites de su dominio llegan hasta donde alcanzan a pastar sus rebaños. Gracias a las armas que portan de manera individual y a la protección brindada por el ejército israelí, han logrado establecer decenas de puestos avanzados de pastoreo en los alrededores de Jerusalén Este y en el valle del Jordán. Esta estrategia ha privado a las comunidades palestinas beduinas y pastoriles de la mayor parte de sus tierras y de sus derechos históricos como poblaciones originarias del país. Según informes publicados este año por las Naciones Unidas, esta política sistemática también ha provocado la demolición de viviendas y el desplazamiento forzado de más de 30 mil integrantes de comunidades beduinas. Paralelamente, la cabaña ganadera ha caído a su nivel más bajo en Cisjordania. Asimismo, amplias extensiones de la Zona C, definida por los Acuerdos de Oslo, han pasado a un control israelí cada vez mayor, pese a constituir la continuidad territorial indispensable para la viabilidad de un futuro Estado palestino. Al mismo tiempo, Israel ha ampliado su control sobre los recursos hídricos superficiales, después de haber consolidado, desde hace años, su dominio sobre el principal acuífero subterráneo de Cisjordania, la mayor reserva de agua subterránea de la Palestina histórica. Durante el presente año, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos han documentado repetidos ataques contra agricultores palestinos, especialmente durante la cosecha de aceitunas, con el objetivo de impedirles el acceso a sus tierras y olivares. El Ministerio de Agricultura palestino ha registrado el arranque de 2,559 árboles, además del arrasamiento de amplias superficies agrícolas. Las pérdidas directas, derivadas de la destrucción de pozos, redes de riego y de la confiscación de tractores y otra maquinaria agrícola, superan los 100 millones de dólares. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de 72 mil familias campesinas necesitan actualmente ayuda de emergencia, una situación sin precedentes para estas comunidades. Las medidas no se han limitado a las zonas rurales. También han alcanzado ciudades y campamentos de refugiados. Durante el primer semestre del año fueron detenidos alrededor de 3,600 palestinos, entre ellos 276 menores de edad y 107 mujeres. El número total de presos palestinos se estima actualmente en unos 10 mil. Paralelamente, el ejército israelí ha continuado aislando las ciudades mediante puertas metálicas y retenes, mientras desarrolla operaciones de gran escala contra varios campamentos de refugiados. Estas operaciones han destruido amplias zonas de los campamentos, desplazado a decenas de miles de habitantes y convertido parte de ellos en posiciones militares israelíes. Todas estas políticas se aplican abiertamente y a la vista de los medios de comunicación. Varios ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu presumen públicamente de los avances logrados en la aplicación del llamado «Plan de la Decisión», impulsado por los partidos del Sionismo Religioso. Este proyecto busca extender la soberanía israelí sobre la totalidad de los territorios palestinos ocupados en 1967, rebautizarlos como «Judea y Samaria» y debilitar a la Autoridad Nacional Palestina como el marco político e institucional sobre el que descansa la solución de dos Estados. En este contexto, lo que ocurre en Cisjordania aparece como una pieza central de la batalla política y electoral que libra el gobierno de Netanyahu de cara a las elecciones previstas antes de que concluya el año. Lo nuevo aún no ha nacido La declaración del presidente Trump en la que pidió a Hamás entregar sus armas apenas incomodó a la dirigencia del movimiento, ya que no aportó nada sustancialmente nuevo respecto de lo que Hamás ya había aceptado en su iniciativa de veinte puntos. Los entendimientos alcanzados posteriormente no abordaron las armas individuales con las que el movimiento sigue ejerciendo su autoridad dentro de la Franja de Gaza durante el periodo de transición. La más reciente ronda de negociaciones celebrada en El Cairo produjo avances limitados. Permitió el ingreso de la comisión administrativa palestina y de los primeros contingentes de la fuerza internacional a las zonas de Rafah y Jan Yunis, ambas bajo control total del ejército israelí. Estos avances se produjeron antes y durante la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, lo que permitió a cada parte presentarlos de la manera más conveniente para sus intereses políticos. Sobre el terreno, sin embargo, la situación permanece prácticamente sin cambios. La ayuda humanitaria continúa entrando únicamente en la medida autorizada por el mando del ejército israelí, sin que ello alivie de manera significativa la catástrofe humanitaria que vive la población de Gaza. Al mismo tiempo, los mediadores continúan sus esfuerzos por preservar la iniciativa de Trump y evitar su colapso, pues su fracaso dejaría a Israel con las manos libres para actuar en Gaza sin ningún horizonte político que acompañe las operaciones militares. En Jerusalén Este, la escalada continúa acelerándose. Las incursiones de grupos del Sionismo Religioso en el recinto de la mezquita de Al Aqsa son cada vez más frecuentes, mientras que la mayoría de los palestinos de Cisjordania sigue teniendo prohibido el acceso al lugar, además de las restricciones de edad impuestas a los fieles. Paralelamente, Israel prosigue su intervención gradual en la administración y la estructura institucional de la mezquita de Al Aqsa, pese a la histórica custodia hachemita sobre el recinto. Estas medidas responden a dos objetivos claramente definidos: imponer una división temporal y espacial de la mezquita de Al Aqsa, siguiendo el modelo aplicado en la Mezquita Ibrahimi de Hebrón, y consolidar la narrativa israelí de una «Jerusalén unificada» como capital exclusiva del Estado de Israel. Frente a estos acontecimientos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y en medio de un bloqueo político, económico y de seguridad de carácter integral, la Autoridad Nacional Palestina ha intensificado sus canales de comunicación con la Casa Blanca. Su propósito es impedir que se materialice el proyecto israelí destinado a poner fin a entidade política palestina y evitar el desmantelamiento de los Acuerdos de Oslo, que siguen siendo la principal referencia jurídica del proceso de paz para la comunidad internacional. En este marco, las elecciones locales celebradas a principios de este año, con una participación superior a la mitad del padrón electoral, adquirieron una relevancia política que va mucho más allá de su dimensión administrativa. Del mismo modo, el anuncio del calendario para las elecciones legislativas y presidenciales, así como la continuidad de la actividad de sindicatos, federaciones e instituciones nacionales, entre ellas el reciente congreso de la Unión General de Estudiantes Palestinos celebrado en Beirut, reflejan un esfuerzo por revitalizar la vida política palestina y preservar la legitimidad de sus instituciones. Estos esfuerzos convergen con el respaldo árabe e internacional en un objetivo común: garantizar que los palestinos permanezcan en su tierra, impedir el desplazamiento forzado y preservar la cohesión de la sociedad palestina frente a las políticas de desgaste y fragmentación. Hasta ahora, la sociedad palestina, especialmente en Cisjordania, ha demostrado una notable capacidad para resistir los intentos de arrastrarla hacia una confrontación generalizada que favorecería la agenda israelí, optando por la paciencia, la contención y el fortalecimiento de la solidaridad social. Sin embargo, nada de ello significa que la situación se haya estabilizado ni que el equilibrio de fuerzas haya quedado definido. Toda la región atraviesa una etapa de transición en la que el viejo orden continúa erosionándose, mientras el nuevo todavía no termina de tomar forma. Los palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén saben, por tanto, que lo que ocurre hoy no representa el final del conflicto, sino apenas uno de sus capítulos. Lo nuevo aún no ha nacido.