Hezbolá-Israel, ¿una guerra sin fin al servicio de quién? (14)

El objetivo de esta serie de artículos es comprender mejor la situación actual en el escenario libanés, a la luz del pasado, lejos de los discursos apasionados, ideológicos o románticos que se alejan de la realidad, dejando al lector sacar las conclusiones pertinentes.

Las trece partes anteriores fueron una relectura de los acontecimientos relacionados con el ascenso al poder de Hezbolá desde el Acuerdo de Taif hasta la aplicación incompleta de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2006.

Desde el final de la guerra de los 33 días de 2006 con Israel, Hezbolá se dedicó a reconstituirse en términos de armamento, reorganización y redespliegue. En pocas palabras, encajó un duro golpe durante esa guerra, pero sorprendió a Israel con sus capacidades militares, y en los dos años siguientes se convirtió en una auténtica fuerza armada de alcance regional, gracias a cuatro factores: la experiencia adquirida sobre el terreno; el apoyo iraní; el puente terrestre sirio (bajo el régimen de Assad) Teherán-Beirut; y el acuerdo entre su secretario general Hassan Nasrallah y el entonces presidente libanés Emile Lahoud.

Así, los corredores o rutas de abastecimiento logístico procedentes de Siria se reactivaron, provocando un salto cuantitativo y cualitativo en el arsenal de la milicia proir aní.

Algunas estimaciones hablan de que su potencial en cohetes se multiplicó por diez, pasando de aproximadamente 15.000 en 2006 a más de 150.000 proyectiles en 2018, incluyendo no solo cohetes propiamente dichos, sino también nuevos misiles de mayor alcance que no poseía anteriormente, entre ellos misiles de precisión, en particular los Fateh-110 fabricados localmente mediante la transformación de los antiguos modelos Zelzal, añadiéndoles sistemas de guiado en vuelo y convirtiendo sus alerones fijos en alerones móviles, además de la adquisición de misiles antibuque de precisión y largo alcance, como los Silkworm chinos y sus copias iraníes, e incluso los Yakhunt rusos con un alcance de 300 km.

A este arsenal se sumaron drones kamikaze, drones lanzadores de misiles, drones de reconocimiento, etc., así como misiles antiaéreos portátiles de tipo MANPAD.

En cuanto al redespliegue, la milicia chií trasladó su infraestructura militar al interior del tejido urbano y dentro de las localidades.

Las ciudades y pueblos chiíes del sur y los suburbios del sur de Beirut se convirtieron en auténticas fortalezas militaro-urbanas complejas y cuidadosamente camufladas, donde civiles y combatientes se entremezclan en un tejido difícil de deshacer, haciendo imposible trazar la línea de separación entre combatientes y no combatientes.

Hezbolá recurrió además cada vez más a organizaciones civiles de cobertura para llevar a cabo patrullas civiles de vigilancia, siendo la más conocida «Verde sin Fronteras», registrada como ONG dedicada a la protección del medio ambiente y la reforestación.

Los puestos de avanzada y viveros de esta ONG, situados a lo largo de la línea azul, sirvieron durante mucho tiempo para enmascarar las infraestructuras militares, los depósitos de municiones y los túneles de combate de Hezbolá.

Además, con el pretexto de proteger propiedades privadas o zonas de reforestación, sus miembros bloquearon sistemáticamente el acceso de los inspectores de la FPNUL durante las dos décadas posteriores a la guerra de 2006.

Por último, los milicianos de Hezbolá mantuvieron una presencia sin uniforme en las entradas de las posiciones camufladas y de los túneles subterráneos.

Las limitaciones impuestas a la FPNUL

La FPNUL en su nueva versión reforzada por la resolución 1701 no ofrecía, desde el principio, ninguna solución para el desarme de Hezbolá.

En efecto, no es una fuerza de combate, ya que actúa bajo el capítulo 6 y no bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.

Sus contribuyentes europeos, en particular Francia, Italia, España y Alemania, se negaban a que sus Cascos Azules sustituyeran al Estado en la realización de un desarme coercitivo. Además, el mandato de la ONU no permitía operaciones de registro sistemático.

Esta situación llevó a la FINUL a coexistir con Hezbolá, no sin contactos indirectos entre ambas partes a través de los servicios de inteligencia libaneses, y mediante los alcaldes y las ONG afiliadas a Hezbolá, especialmente tras el inicio de la guerra en Siria y con la proliferación de combatientes islamistas a ambos lados de la frontera libanosiria.

En este contexto, la FINUL sufrió durante el año 2011 al menos tres atentados que dejaron 16 heridos entre los contingentes italiano y francés, cuyos autores eran milicianos vinculados a Al Qaeda, en particular a las brigadas palestinas Abdallah Azzam, procedentes de los campamentos palestinos del sur del Líbano.

Las consecuencias políticas de la guerra de 2006

En el plano político, la presión ejercida por Hezbolá, el movimiento Amal y su aliado del Movimiento Patriótico Libre de Michel Aoun, apenas tres meses después de la guerra de los 33 días, adoptó la forma de un bloqueo institucional destinado a debilitar de manera duradera al ejecutivo.

Ya en noviembre de 2006, cinco ministros chiítas pertenecientes a Hezbolá y a Amal, junto con el ministro cristiano Yaacoub Sarraf, cercano al presidente Emile Lahoud, dimitieron denunciando la ausencia de un «tercio de bloqueo»(1) a su favor en el Consejo de Ministros, y proclamaron al gobierno ilegítimo.

Esto debilitó la legitimidad del primer ministro Fouad Siniora y lo obligó a gobernar desde una posición de debilidad. A partir de diciembre de 2006, la instalación de una masiva sentada en el centro de Beirut, rodeando el Gran Serrallo, y la decisión de Nabih Berri de no convocar al Parlamento paralizaron la actividad legislativa e impidieron la elección presidencial, prevista para septiembre-octubre de 2007, acentuando así la asfixia política.

Paralelamente, la incapacidad del gobierno para neutralizar la red de telecomunicaciones privada de Hezbolá, considerada ilegal, transformó un intento de reafirmación de la soberanía en un casus belli.

La decisión gubernamental de deslegitimar dicha red, el 5 de mayo de 2008, provocó una reacción miliciana de Hezbolá el 7 de mayo de 2008.

El golpe de fuerza del 7 de mayo

Los días 7 y 8 de mayo de 2008, Hezbolá tomó el control de amplios sectores del Beirut Oeste, atacó las oficinas de la Corriente del Futuro y sitió nuevamente al primer ministro Fouad Siniora por la fuerza de las armas en el palacio de gobierno, demostrando que cualquier intento de debilitar militarmente a la milicia priraní conllevaría el colapso del orden público.

Ante el espectro de una guerra generalizada y el derrumbe del Estado, Siniora, de acuerdo con los mismos ministros que habían exigido el desmantelamiento de la red clandestina de Hezbolá, anuló los decretos dirigidos contra dicha red y aceptó, bajo el efecto de la mediación de Qatar, el Acuerdo de Doha del 21 de mayo de 2008.

El Acuerdo de Doha

Tras el golpe de fuerza del 7 de mayo de 2008, Qatar, que se había atribuido una vocación de mediador en los conflictos árabes y de Oriente Medio y afirmaba su poder blando (Soft Power), convocó a los líderes libaneses en Doha.

Los esfuerzos de su emir culminaron en el Acuerdo, que impuso la formación de un gobierno de unidad nacional que otorgaba a Hezbolá el «tercio de bloqueo»(1), o derecho de veto en el Consejo de Ministros.

El mismo Acuerdo prohibió el uso de las armas para resolver disputas internas, una cláusula que se había reiterado en todos los acuerdos libanolibanos desde 1975 y que se había vuelto meramente «folclórica».

Sin embargo, el estatus de las armas del partido priraní quedó blindado bajo el pretexto de «hacer frente a Israel». De este modo, la cuestión se convirtió en un tema tabú.

En definitiva, ese «compromiso» no había sido una simple elección táctica, sino la consecuencia de una maraña de imperativos militares y políticos, entre los que figuraban la necesidad de desbloquear la situación constitucional, la estabilidad en materia de seguridad y la preservación (aparente) de una unidad nacional que, en la práctica, era inexistente de facto.

Así, el primer gobierno soberanista tras el fin de la ocupación siria se vio obligado a someterse a las realidades, a los hechos consumados sobre el terreno.

Y como consecuencia, Hezbolá siguió enarbolando el argumento de la «resistencia» con un único y exclusivo propósito: intimidar a sus adversarios para mantener, al menor costo posible, su control sobre las decisiones políticas en el Líbano.

(1) El «tercio de bloqueo» (o tercio de garantía) en el seno del gobierno libanés deriva de una interpretación controvertida de la Constitución libanesa reformada en 1990 por los Acuerdos de Taif. Esta expresión, «tercio de bloqueo», no aparece literalmente en el texto, sino que se sustenta en dos pilares constitucionales fundamentales. Por un lado, el artículo 65 estipula que las decisiones relativas a 14 asuntos «fundamentales», como la ley electoral o la modificación de la Constitución, requieren obligatoriamente una mayoría de dos tercios de los miembros del gobierno, lo que otorga un derecho de veto automático a cualquier coalición integrada por un tercio de los ministros más uno. Por otro lado, el artículo 69 prevé la dimisión automática de todo el ejecutivo si renuncia más de un tercio de sus miembros. Este mecanismo institucional, concebido originalmente para garantizar el pacto de convivencia comunitaria, fue políticamente sacralizado en el Acuerdo de Doha de mayo de 2008, convirtiendo ese cupo matemático en una condición sine qua non para la formación de los gobiernos y otorgando así un derecho de veto a Hezbolá en todos los gobiernos que se sucedieron desde 2008 hasta 2025.