
Benjamín Netanyahu aprovechó su asistencia al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham para regresar una vez más a la Casa Blanca, después de que sus aliados lograran convencer al presidente Donald Trump de recibirlo. Sin embargo, esta vez la visita se produjo por la puerta trasera de la escena política, sin ofrecerle la oportunidad de capitalizar mediáticamente el encuentro como habría deseado. La entrevista televisiva que concedió posteriormente reflejó la magnitud del dilema que enfrenta. Su rostro fue incapaz de transmitir la imagen de un vencedor; en su lugar, predominaban la obstinación y una sonrisa forzada. Trump, fiel a su carácter directo y poco dado a las concesiones, parece poco dispuesto a asociarse con un aliado que le acarrea más problemas que beneficios. Aun así, Netanyahu no da señales de rendirse. No muestra disposición alguna a reconocer un fracaso, ni siquiera a admitir la posibilidad de que ocurra. Para él, el asunto trasciende la política y afecta directamente su futuro personal y electoral. Una derrota podría significar el final de su carrera política, abrir la puerta a procesos judiciales y hacer añicos su aspiración de consolidarse como el líder indiscutible del Estado de Israel. Mientras tanto, los partidos de oposición han convertido la creación de una comisión oficial e independiente de investigación sobre los acontecimientos del 7 de octubre en una de sus principales banderas electorales. Su objetivo es exigir responsabilidades por las fallas que hicieron posible el ataque de Hamás y las pérdidas humanas sin precedentes que provocó, incluso en comparación con numerosas guerras convencionales. El ataque también dejó una profunda huella colectiva en la sociedad israelí, cuyas repercusiones psicológicas, políticas y de seguridad siguen presentes hasta hoy. Sin embargo, la batalla electoral no gira únicamente en torno al 7 de octubre. Los partidos religiosos aliados de Netanyahu siguen exigiendo que los estudiantes haredíes de las escuelas religiosas queden exentos del servicio militar, además de reclamar la separación entre hombres y mujeres en determinados espacios públicos. También amenazan con abandonar la coalición gubernamental si sus demandas no son atendidas. Todo ello ocurre mientras el ejército israelí enfrenta una creciente crisis de recursos humanos. El interés por el servicio militar disminuye de forma constante, tanto entre los ciudadanos israelíes como entre los voluntarios extranjeros, ya que los riesgos asociados al servicio superan cada vez más los beneficios materiales o simbólicos que este puede ofrecer. Al mismo tiempo, la crisis económica se profundiza debido al costo cada vez mayor de la guerra, los gastos extraordinarios de seguridad impuestos por un estado de alerta permanente y la continuidad de las operaciones militares en varios frentes, una situación a la que la sociedad israelí no estaba acostumbrada desde hacía décadas. Este es el contexto político, de seguridad y económico desde el cual debe entenderse lo que ocurre actualmente en Cisjordania, no solo durante esta semana, sino desde principios de este año. Los acontecimientos allí no parecen ser una simple sucesión de medidas de seguridad aisladas, sino parte de un intento más amplio por reconfigurar el escenario interno y regional en función de los intereses políticos y electorales de Benjamín Netanyahu. Una apropiación integral Los colonos dedicados a la ganadería en Cisjordania han proclamado que los límites de su dominio llegan hasta donde alcanzan a pastar sus rebaños. Gracias a las armas que portan de manera individual y a la protección brindada por el ejército israelí, han logrado establecer decenas de puestos avanzados de pastoreo en los alrededores de Jerusalén Este y en el valle del Jordán. Esta estrategia ha privado a las comunidades palestinas beduinas y pastoriles de la mayor parte de sus tierras y de sus derechos históricos como poblaciones originarias del país. Según informes publicados este año por las Naciones Unidas, esta política sistemática también ha provocado la demolición de viviendas y el desplazamiento forzado de más de 30 mil integrantes de comunidades beduinas. Paralelamente, la cabaña ganadera ha caído a su nivel más bajo en Cisjordania. Asimismo, amplias extensiones de la Zona C, definida por los Acuerdos de Oslo, han pasado a un control israelí cada vez mayor, pese a constituir la continuidad territorial indispensable para la viabilidad de un futuro Estado palestino. Al mismo tiempo, Israel ha ampliado su control sobre los recursos hídricos superficiales, después de haber consolidado, desde hace años, su dominio sobre el principal acuífero subterráneo de Cisjordania, la mayor reserva de agua subterránea de la Palestina histórica. Durante el presente año, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos han documentado repetidos ataques contra agricultores palestinos, especialmente durante la cosecha de aceitunas, con el objetivo de impedirles el acceso a sus tierras y olivares. El Ministerio de Agricultura palestino ha registrado el arranque de 2,559 árboles, además del arrasamiento de amplias superficies agrícolas. Las pérdidas directas, derivadas de la destrucción de pozos, redes de riego y de la confiscación de tractores y otra maquinaria agrícola, superan los 100 millones de dólares. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de 72 mil familias campesinas necesitan actualmente ayuda de emergencia, una situación sin precedentes para estas comunidades. Las medidas no se han limitado a las zonas rurales. También han alcanzado ciudades y campamentos de refugiados. Durante el primer semestre del año fueron detenidos alrededor de 3,600 palestinos, entre ellos 276 menores de edad y 107 mujeres. El número total de presos palestinos se estima actualmente en unos 10 mil. Paralelamente, el ejército israelí ha continuado aislando las ciudades mediante puertas metálicas y retenes, mientras desarrolla operaciones de gran escala contra varios campamentos de refugiados. Estas operaciones han destruido amplias zonas de los campamentos, desplazado a decenas de miles de habitantes y convertido parte de ellos en posiciones militares israelíes. Todas estas políticas se aplican abiertamente y a la vista de los medios de comunicación. Varios ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu presumen públicamente de los avances logrados en la aplicación del llamado «Plan de la Decisión», impulsado por los partidos del Sionismo Religioso. Este proyecto busca extender la soberanía israelí sobre la totalidad de los territorios palestinos ocupados en 1967, rebautizarlos como «Judea y Samaria» y debilitar a la Autoridad Nacional Palestina como el marco político e institucional sobre el que descansa la solución de dos Estados. En este contexto, lo que ocurre en Cisjordania aparece como una pieza central de la batalla política y electoral que libra el gobierno de Netanyahu de cara a las elecciones previstas antes de que concluya el año. Lo nuevo aún no ha nacido La declaración del presidente Trump en la que pidió a Hamás entregar sus armas apenas incomodó a la dirigencia del movimiento, ya que no aportó nada sustancialmente nuevo respecto de lo que Hamás ya había aceptado en su iniciativa de veinte puntos. Los entendimientos alcanzados posteriormente no abordaron las armas individuales con las que el movimiento sigue ejerciendo su autoridad dentro de la Franja de Gaza durante el periodo de transición. La más reciente ronda de negociaciones celebrada en El Cairo produjo avances limitados. Permitió el ingreso de la comisión administrativa palestina y de los primeros contingentes de la fuerza internacional a las zonas de Rafah y Jan Yunis, ambas bajo control total del ejército israelí. Estos avances se produjeron antes y durante la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, lo que permitió a cada parte presentarlos de la manera más conveniente para sus intereses políticos. Sobre el terreno, sin embargo, la situación permanece prácticamente sin cambios. La ayuda humanitaria continúa entrando únicamente en la medida autorizada por el mando del ejército israelí, sin que ello alivie de manera significativa la catástrofe humanitaria que vive la población de Gaza. Al mismo tiempo, los mediadores continúan sus esfuerzos por preservar la iniciativa de Trump y evitar su colapso, pues su fracaso dejaría a Israel con las manos libres para actuar en Gaza sin ningún horizonte político que acompañe las operaciones militares. En Jerusalén Este, la escalada continúa acelerándose. Las incursiones de grupos del Sionismo Religioso en el recinto de la mezquita de Al Aqsa son cada vez más frecuentes, mientras que la mayoría de los palestinos de Cisjordania sigue teniendo prohibido el acceso al lugar, además de las restricciones de edad impuestas a los fieles. Paralelamente, Israel prosigue su intervención gradual en la administración y la estructura institucional de la mezquita de Al Aqsa, pese a la histórica custodia hachemita sobre el recinto. Estas medidas responden a dos objetivos claramente definidos: imponer una división temporal y espacial de la mezquita de Al Aqsa, siguiendo el modelo aplicado en la Mezquita Ibrahimi de Hebrón, y consolidar la narrativa israelí de una «Jerusalén unificada» como capital exclusiva del Estado de Israel. Frente a estos acontecimientos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y en medio de un bloqueo político, económico y de seguridad de carácter integral, la Autoridad Nacional Palestina ha intensificado sus canales de comunicación con la Casa Blanca. Su propósito es impedir que se materialice el proyecto israelí destinado a poner fin a entidade política palestina y evitar el desmantelamiento de los Acuerdos de Oslo, que siguen siendo la principal referencia jurídica del proceso de paz para la comunidad internacional. En este marco, las elecciones locales celebradas a principios de este año, con una participación superior a la mitad del padrón electoral, adquirieron una relevancia política que va mucho más allá de su dimensión administrativa. Del mismo modo, el anuncio del calendario para las elecciones legislativas y presidenciales, así como la continuidad de la actividad de sindicatos, federaciones e instituciones nacionales, entre ellas el reciente congreso de la Unión General de Estudiantes Palestinos celebrado en Beirut, reflejan un esfuerzo por revitalizar la vida política palestina y preservar la legitimidad de sus instituciones. Estos esfuerzos convergen con el respaldo árabe e internacional en un objetivo común: garantizar que los palestinos permanezcan en su tierra, impedir el desplazamiento forzado y preservar la cohesión de la sociedad palestina frente a las políticas de desgaste y fragmentación. Hasta ahora, la sociedad palestina, especialmente en Cisjordania, ha demostrado una notable capacidad para resistir los intentos de arrastrarla hacia una confrontación generalizada que favorecería la agenda israelí, optando por la paciencia, la contención y el fortalecimiento de la solidaridad social. Sin embargo, nada de ello significa que la situación se haya estabilizado ni que el equilibrio de fuerzas haya quedado definido. Toda la región atraviesa una etapa de transición en la que el viejo orden continúa erosionándose, mientras el nuevo todavía no termina de tomar forma. Los palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén saben, por tanto, que lo que ocurre hoy no representa el final del conflicto, sino apenas uno de sus capítulos. Lo nuevo aún no ha nacido.








