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Durante gran parte de los últimos cuatro años, los mercados energéticos mundiales han dado la impresión de una calma engañosa. Los precios del petróleo han caído más de la mitad desde su máximo de 2022. Los precios del gas natural se han normalizado tras el shock provocado por la guerra en Ucrania. Las energías renovables dominan los titulares, reforzando la idea de que los combustibles fósiles están siendo progresivamente relegados al pasado. A primera vista, el mundo parece bien abastecido. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad se esconde una realidad mucho más inestable, marcada por el subinversión crónica, el agotamiento físico de los yacimientos, la concentración geopolítica de la oferta y un repunte silencioso de la demanda estructural. El sistema energético mundial no es resiliente. Hoy se encuentra en un equilibrio precario. La ilusión de la sobreoferta En torno a los 60 dólares por barril, los precios del petróleo transmiten una sensación de abundancia. La Agencia Internacional de la Energía prevé un crecimiento de la oferta mundial de 3,1 millones de barriles diarios en 2025, claramente superior al crecimiento del consumo. El consenso de los analistas refuerza esta lectura, alimentando la idea de que la escasez energética pertenece al pasado. Pero estos niveles de precios tienen un costo. Cuando el petróleo cotiza por debajo del costo marginal de nueva producción, la inversión se desacelera. No de forma inmediata ni abrupta, sino de manera persistente. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la capacidad del sistema para absorber choques. En Estados Unidos, el petróleo de esquisto —principal motor del crecimiento de la oferta mundial en la última década— ya muestra señales de tensión. Fue, sin embargo, el factor clave que permitió a Estados Unidos pasar de ser el mayor importador de petróleo del mundo a alcanzar la autosuficiencia y convertirse en exportador neto. Hoy, el esquisto representa aproximadamente dos tercios de la producción estadounidense, impulsado por avances tecnológicos como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, con la cuenca del Pérmico como principal pilar. No obstante, cuando el WTI se sitúa por debajo del costo marginal de nuevas capacidades —estimado en torno a 70 dólares por barril por Enverus Intelligence Research, y con un umbral de rentabilidad global cercano a 62,5 dólaressegún Rystad Energy— la inversión se contrae de forma inevitable. La actividad de perforación ya ha comenzado a disminuir. Dado que los pozos de esquisto presentan tasas de declive muy pronunciadas, con pérdidas de hasta 50 % de su producción en el primer año, el mantenimiento de la producción exige una perforación constante. La debilidad actual se traducirá, de forma mecánica, en una menor producción futura. A escala global, los campos petroleros convencionales registran declives del 4 al 6 % anual. Mantener la producción actual requiere reemplazar varios millones de barriles diarios cada año. Cuando la inversión no alcanza, las escaseces no aparecen de inmediato: se acumulan silenciosamente. Así es como los mercados energéticos pasan de un aparente excedente a un déficit real. Y cuando ese giro se produce, el ajuste de precios rara vez es gradual. Gas natural: la falla logística Si los precios del petróleo reflejan complacencia, el mercado del gas natural revela tensiones estructurales más profundas. El sistema energético mundial se sostiene sobre una ecuación de cuatro elementos: El petróleo, columna vertebral del sistema, aporta cerca del 30 % de la energía mundial Las energías renovables ofrecen una producción intermitente La energía nuclear proporciona carga base, pero a un ritmo lento El gas natural aporta flexibilidad, rapidez y fiabilidad El gas natural se ha vuelto central en los sistemas eléctricos modernos. Compensa las limitaciones de las renovables y garantiza la estabilidad de las redes. Su demanda es especialmente sensible a las condiciones climáticas —no por especulación, sino porque la calefacción y la refrigeración son ineludibles. Inviernos fríos en Europa, América del Norte o el noreste asiático tensan de inmediato los equilibrios. Los veranos extremos generan el mismo efecto a través de la demanda eléctrica. El gas cubre ese vacío. La producción de gas tampoco está exenta de declive. Los bajos precios de los últimos dos años han reducido la perforación en cuencas de gas seco, han provocado una reasignación de capital hacia zonas más ricas en petróleo y han retrasado inversiones en infraestructura. A diferencia del petróleo, la principal restricción del gas no es la producción, sino la distribución: gasoductos, terminales de licuefacción, flotas de buques metaneros, instalaciones de almacenamiento altamente especializadas y puertos adecuados. El desarrollo del gas natural licuado (GNL) ha globalizado el mercado. Europa, tras reducir drásticamente su dependencia del gas ruso por gasoducto, depende ahora en gran medida del GNL. La demanda asiática continúa creciendo. Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador mundial, vinculando estrechamente su mercado interno a la dinámica global y a la infraestructura logística. En este contexto, las disrupciones ya no son regionales. Son sistémicas. La demanda energética vuelve a crecer, en silencio Mientras la atención pública sigue centrada en la reducción esperada de la demanda de combustibles fósiles por el avance de los vehículos eléctricos y el crecimiento espectacular de la energía solar, emerge un nuevo motor de consumo: la inteligencia artificial. La revolución de la IA no se limita a los chips y al software. Es, ante todo, una revolución energética. Para 2030, el consumo eléctrico de los centros de datos podría situarse entre 950 y 1.600 teravatios-hora, impulsado principalmente por las cargas de trabajo de IA. A modo de referencia, la producción total de electricidad de Estados Unidos en 2024 fue de aproximadamente 4.400 teravatios-hora. La IA podría, por sí sola, incrementar la demanda eléctrica estadounidense en más de un 20 % en cinco años. Esa energía deberá producirse. Las centrales nucleares requieren plazos de construcción muy largos. La energía solar, pese a su rápido crecimiento, representa todavía cerca del 5 % de la generación eléctrica mundial y se espera que alcance alrededor del 20 % en 2050. Las infraestructuras de gas son complejas y lentas de desarrollar. En el corto plazo, el petróleo sigue siendo la fuente de energía más disponible y flexible. De este modo surge una paradoja: a medida que la transición energética se acelera, la demanda se vuelve más rígida, no más flexible. La concentración de la oferta marginal: la verdadera línea de fractura Estados Unidos es a la vez el mayor consumidor y el mayor productor mundial de petróleo. Es, en gran medida, autosuficiente. China, en cambio, es el segundo mayor consumidor, con unos 16 millones de barriles diarios, y el mayor importador mundial. Depende de un conjunto diversificado de proveedores: países del Golfo, Rusia, Irán, Venezuela y, en menor medida, productores asiáticos como Indonesia, Brunéi o Myanmar. Hasta hace poco, China importaba alrededor de 400.000 barriles diarios desde Venezuela, cerca del 4 % de su consumo, un flujo que se interrumpió abruptamente el 3 de enero de 2026. En 2025, Irán fue su segundo mayor proveedor, con 1,61 millones de barriles diarios, casi el 20 % de las importaciones chinas. La principal vulnerabilidad del sistema energético mundial no reside en la demanda, sino en la concentración de la oferta marginal. Fuera de Estados Unidos, la capacidad excedentaria de producción está extremadamente concentrada. A finales de 2025, la capacidad de reserva de la OPEP+ se situaba en torno a 4 millones de barriles diarios, aproximadamente el 4 % del consumo mundial. En apariencia, la cifra parece tranquilizadora. En realidad, no lo es. Arabia Saudita controla alrededor de 2,4 millones de barriles diarios Emiratos Árabes Unidos cerca de 850.000 Irak aproximadamente 320.000 En conjunto, estos tres países concentran cerca del 70 % de la capacidad disponible. La mayoría de los demás productores ya operan a plena capacidad. Esta configuración transforma la capacidad excedentaria de amortiguador en un punto potencial de ruptura. La concentración logística: el riesgo geopolítico En ningún lugar esta fragilidad es más evidente que en Oriente Medio. Cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y una parte crítica de las exportaciones globales de GNL transitan por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estrecho entre Irán y Omán, sin alternativa creíble. Cualquier interrupción, incluso temporal, revelaría de inmediato lo limitado de los márgenes de seguridad. Con el régimen iraní sometido a las presiones internas y externas más intensas de las últimas décadas, el riesgo de una escalada asimétrica no puede descartarse. Entre los escenarios más graves figura un intento de interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho. Un acontecimiento de este tipo constituiría un auténtico cisne negro para los mercados energéticos mundiales, provocando una revalorización abrupta del petróleo y del gas natural, especialmente durante los picos de demanda invernal en el hemisferio norte. Un sistema valorado para la calma, no para el choque El relato dominante descansa sobre una hipótesis de estabilidad: oferta controlada, geopolítica contenida y una transición energética fluida. La historia invita a la cautela. Los mercados energéticos no colapsan de forma gradual. Fallan en el margen: cuando el subinversión restringe la oferta de largo plazo, cuando nuevas tecnologías generan aumentos inesperados de la demanda y cuando la concentración productiva y logística vuelve al sistema vulnerable. En esas condiciones, los choques tienen efectos desproporcionados. Hoy, ese margen es peligrosamente estrecho. El interés renovado de Donald Trump por el petróleo venezolano —y potencialmente mañana por el petróleo iraní— también puede interpretarse a través del prisma de la dependencia estratégica de China de las importaciones energéticas. El mundo aún no carece de energía. Pero carece peligrosamente de resiliencia.

La imagen ya icónica de esa joven que reduce a cenizas el retrato del ayatolá Jamenei para encender su cigarrillo lo dice todo, simbólicamente: la teocracia iraní está muerta y enterrada. Es solo cuestión de tiempo. Ciertamente, el poder iraní todavía puede reprimir, detener, torturar, violar, ejecutar y masacrar sin pudor, como lo ha hecho incesantemente desde la Revolución Verde de 2008. Pero no deja de ser cierto que el muro del miedo ha caído definitivamente esta vez, como lo demuestra, además, la pérdida de control del régimen sobre ciertas ciudades, un hecho inédito desde la propia Revolución Islámica. El régimen de los mulás exhala su último aliento. El relato que lo sostuvo desde 1979 se ha vaciado de sustancia, y el poder que de él emanó no se sostenía desde hace tiempo más que por la coerción, el miedo y la invocación mecánica de un pasado mitificado en el que ya casi nadie creía, salvo quizás algunos fieles de Qassem Suleimani en el Líbano y en Irak. Lo que el mundo entero presencia hoy no es otra cosa que el agotamiento de un modelo político que dejó de producir sentido hace ya varias décadas. La contradicción es ahora frontal. Por un lado, el poder se ha encerrado irreversiblemente en una lógica cada vez más dictatorial, congelada en una teología política reducida a una función puramente instrumental, utilizada como cobertura de un sistema de corrupción acompañado de una hipocresía rigorista. La perversión erigida en credo de poder. Por otro, una sociedad en movimiento, atravesada por una juventud que ya no se percibe como heredera de una revolución, sino como prisionera de un régimen. La vitalidad en marcha. Cuanto más el mundo se volvía moderno, conectado y poroso, más la República Islámica se replegaba sobre una lectura autoritaria y arcaica de la política. Esa juventud, eviscerada década tras década, levantamiento tras levantamiento, sacrificada sin cesar en el altar de la revolución y de su exportación, aspira ahora a otra cosa. Y nada puede frenar su avidez de progreso. La brecha se había vuelto irreductible, y todos los llamados a la sacrosanta “unidad para preservar la gesta revolucionaria”, durante mucho tiempo la clave de la supervivencia del régimen, ya no podían bastar. Dicha “unidad” había dejado de operar como principio superior capaz de justificar los sacrificios impuestos en nombre de la nación o del islam. Cuando se disocia de la libertad, la unidad deja de ser un cemento y se convierte en una orden vacía, incluso en una forma de violencia simbólica. La sociedad iraní ya no está dispuesta a suspender indefinidamente sus aspiraciones en nombre de un orden que no garantiza ni justicia, ni dignidad, ni futuro. El régimen, sin embargo, sigue funcionando como si la revolución continuara siendo un absoluto incuestionable. Persiste en negar la realidad social en nombre del primado revolucionario, como si el acto fundador de 1979 bastara para legitimar eternamente el poder. Sin embargo, hace mucho tiempo que, al negarse a confrontar lo real, esa revolución se había transformado en dogma y luego en aparato de dominación. La ruptura está ahora consumada, aunque un régimen monolítico como el que gobierna en Teherán jamás podrá comprenderlo. Lo que había hecho la fuerza inicial del jomeinismo no fue tanto la promesa de un orden islámico como la denuncia de un poder percibido como ilegítimo por estar subordinado a Occidente. La alianza del sha con las potencias occidentales proporcionó al movimiento revolucionario un adversario claramente identificable, permitiendo federar corrientes ideológicas y sociales heterogéneas en torno a un rechazo común. La revolución se presentaba entonces como una reapropiación de la soberanía nacional. Antes de que Jomeini decidiera convertirla en un gulag. Pero ese resorte es hoy inoperante. Occidente ya no es el anclaje simbólico del conflicto, como lo fue señalado en 1979 para federar contra el régimen represivo del sha. No es ni el modelo a imitar ni el enemigo estructurante. El régimen iraní es defectuoso sin él. Es defectuoso en sí mismo. Al empeñarse en acusar a Occidente de estar detrás de la contestación actual, el poder comete un doble error: niega la autonomía política de su propia sociedad y revela, paradójicamente, la magnitud de su quiebra interna. Acelera su propia caída al mostrarse totalmente desconectado de la realidad. Exactamente el mismo error cometido por Assad en 2011, al inicio de la revolución siria. Hoy, el régimen iraní se enfrenta a la nueva realidad de Irán. Se llama libertad y modernidad, aunque no necesariamente según el modelo occidental, como pretende hacerlo creer torpemente para recrear una pseudo-unidad contra los manifestantes. Jamenei y sus acólitos parecen ignorar que la historia de Irán se remonta mucho más atrás que 1979, y que Persia es demasiado orgullosa como para copiar modelos prefabricados. Encontrará su propio camino hacia la modernidad, lejos de la zalamería perversa y criminal de los mulás y de sus anatemas imbéciles. Además, esta acusación de “colusión con Occidente” no refuerza la legitimidad del régimen: no hace más que erosionarla aún más. Equivale a admitir que el poder es incapaz de producir una adhesión endógena y que solo se mantiene designando enemigos imaginarios para ocultar su desconexión radical con la sociedad real. Demonizar a su juventud, presentarla como manipulada o alienada, es reconocer implícitamente que el vínculo entre gobernantes y gobernados está roto. De hecho, la ruptura es también moral. El poder iraní se ha alejado desde hace mucho de los principios que fundamentaban, tanto en la tradición persa como en el pensamiento político clásico, la legitimidad del soberano: el dâd o dahéch, la justicia y la generosidad. Al apartarse de ellos, ha comprometido necesariamente el âbâdâni, la prosperidad, y ha perdido el khérad, la sabiduría. En esta perspectiva, un poder privado de justicia, generosidad y sabiduría está condenado, tarde o temprano, a ser derrocado. Ha basculado en la inflación de su propio ego hasta la demencia. Debe caer. En efecto, la desmesura se ha convertido en la norma. La represión es hoy un modo de gobierno; la obsesión securitaria ha sustituido toda visión política. La violencia, ejercida sin freno, refleja menos una fuerza que un miedo profundo: el de un régimen que siente, una vez más, que su autoridad ya no descansa en la adhesión, sino en la inercia y la coerción. El velayat e-faqih ya no tiene legitimidad, fuera de los círculos corruptos o ideológicos que gobierna, o de algunas hordas de ciudadanos chiíes árabes adoctrinados en el corazón de las satrapías en ruinas de Oriente Próximo. En este contexto, la libertad, la âzâdi, deja de ser una abstracción. Se convierte en una necesidad vital. Cuando la justicia ya no está garantizada, la revuelta deja de ser desorden y se vuelve saludable. El nivel de injusticia alcanzado en Irán es hoy demasiado elevado para que la exigencia de orden, central en toda construcción política y que durante mucho tiempo prevaleció en Irán en detrimento de la libertad, siga operando como principio de estabilización. El orden sin justicia ya no se percibe como protector, sino como opresivo. Inestable. Deficiente. Ciertamente, la desjomeinización en curso no implica necesariamente la desaparición de toda referencia religiosa en el espacio público iraní. Significa más bien el fin de un modelo en el que la religión, instrumentalizada por el poder, pretende gobernar contra la sociedad. Lo que se derrumba hoy es, en realidad, la propia utopía revolucionaria. Bajo el peso de la regresión económica, de las aventuras imperialistas costosas, de la corrupción sistémica y del totalitarismo ideológico, el islamismo político, transformado en un proyecto de hegemonía sobre la persona, la comunidad y la sociedad, ha perdido su capacidad de responder a las expectativas de una sociedad compleja, instruida y conectada. Ya no produce cohesión, solo resentimiento. Ya no produce sueño ni exaltación. Ha quedado reducido a su expresión más elemental: un vampiro repugnante que se alimenta de la sangre de una comunidad en nombre de un proyecto de poder personal. Ese Nosferatu insaciable es el vali e-faqih. Y ya es hora de que termine en el basurero de la Historia. O, mejor aún, que se desintegre definitivamente en humo bajo la mirada de su peor pesadilla: la sonrisa rebelde y libre de las manifestantes iraníes descubiertas.

Hay razones de sobra para rechazar el término debellatio . Este concepto jurídico, de una brutalidad extrema, designa en el derecho internacional la subyugación de un Estado y su erradicación mediante la violencia armada. Alude a una situación de aniquilación militar, política y legal total de un país como resultado de una guerra devastadora, como la que vivió Cartago al final de las Guerras Púnicas, o la Alemania nazi tras la caída de Berlín en mayo de 1945. ¿Y qué ocurre con el Líbano? ¿No corre el riesgo de enfrentar un destino similar, supuestamente en nombre de los “actos de resistencia” del Hezb? Normalización, pero ¿a qué costo? ¿Significa esto que los Acuerdos de Abraham, para atar a nuestro país a su caravana triunfante, requieren una debellatio previa, es decir, la subyugación de territorios recalcitrantes a la pax americana ? Estos acuerdos internacionales, firmados en 2020 entre Israel y varios Estados del Golfo, pusieron en marcha un proceso de normalización diplomática, económica y de seguridad entre regímenes árabes y el Estado hebreo. Al hacerlo, relegaron a una oposición frontal a los defensores del llamado “eje de la resistencia” ( al-mumana‘a ), a saber, Irán y sus tres “H”: Hamás, los hutíes y Hezbolá*. Una vez iniciado este proceso, el Líbano, tarde o temprano, se vería obligado a elegir su camino. Sin embargo, el Hezb no puede acomodarse a un “arreglo” de este tipo, que no toma en cuenta los intereses de su patrocinador iraní. Por ello, asumirá el papel de saboteador, bloqueando cualquier avance hasta que se alcance un compromiso entre Estados Unidos y la República Islámica de los mulás, si es que tal compromiso llega a materializarse. No hace falta decir que, en el pulso actual, el programa nuclear iraní ya ha desplazado a la cuestión palestina, hoy relegada a un segundo plano. Natanz, Fordow y otros sitios nucleares se han convertido en los principales escollos en el camino hacia la desescalada regional. Un cambio de paradigma Volvamos al punto central: si los Acuerdos de Abraham amenazan con salirnos muy caros a los libaneses es porque nos empujan hacia la normalización, algo que “trastocaría el equilibrio tradicional basado en la solidaridad árabe”, una solidaridad cimentada en la hostilidad hacia Israel. En pocas palabras, si estos acuerdos se implementaran, introducirían un auténtico cambio de paradigma. Dicho esto, el Hezb, que mantiene al Estado libanés contra las cuerdas, no puede aceptar abandonar la lucha armada. Salvo que reciba una orden directa de Teherán, no entregará sus armas, que constituyen su razón de ser y definen su modo de operar. Desde su perspectiva recalcitrante, resulta preferible resistir en apoyo de Irán y abrazar el martirio de Gaza antes que someterse a las exigencias de la paz. La seducción de las ruinas Un matiz, sin embargo: en lo que respecta al Hezb, el concepto de debellatio solo puede invocarse de manera metafórica. Desde un punto de vista jurídico, no aplica, ya que el Partido de Dios no es un Estado, sino una organización político-militar. No obstante, esta objeción válida es, en realidad, poco más que una pirueta retórica. Pasa por alto el hecho de que este partido, respaldado por Irán, se ha infiltrado y atrincherado en todos los niveles del Estado libanés. En su escalada, ¿no podría verse tentado a arrastrar a nuestro país a un torbellino, un remolino impetuoso que todo lo engulle a su paso? Ya sea en forma de un choque directo con Israel, una confrontación con el régimen sirio o, peor aún, una guerra civil insensata y devastadora. La fascinación del Hezb por los escombros apenas necesita subrayarse. * Siria ya no figura en la lista de actores subordinados.

Bogotá, Colombia, de Maxime Pluvinet Un desarrollo imprevisto ocurrido a mediados de esta semana podría repercutir de manera notable en el curso de los acontecimientos actuales en América Latina. Un inicio de distensión se vislumbra (tímidamente) en el horizonte entre Estados Unidos y Colombia, mientras que las relaciones entre ambos países han estado particularmente tensas durante varios meses. Acusado por Washington de facilitar la acción de los narcotraficantes en el continente americano, especialmente con destino a Estados Unidos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido recientemente objeto de sanciones estadounidenses. Esta tensión bilateral ha aumentado varios grados a raíz de la operación «golpe de mano» llevada a cabo el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses. Esta intervención había resultado en la detención por una unidad de comando estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien había sido extraditado a EE. UU. Tras este contundente ataque, el presidente Donald Trump había señalado al jefe de Estado colombiano, sugiriendo que podría ser uno de los próximos objetivos en la lucha contra el narcotráfico. Pero un desarrollo inesperado ocurrió en este ámbito en las últimas cuarenta y ocho horas: mientras el presidente Petro se disponía a pronunciar un discurso incendiario y a atacar con vehemencia a la Administración Trump, tuvo lugar una conversación telefónica entre el jefe de la Casa Blanca y el presidente colombiano. Según fuentes fidedignas en Bogotá, esta conversación telefónica se desarrolló en un ambiente relajado y sereno. Por ello, el discurso de Petro fue mucho menos virulento de lo que esperaban los observadores. En los círculos diplomáticos de Bogotá se indica que este giro marca el inicio de un deshielo entre Estados Unidos y Colombia. Un proceso de discusiones francas y negociaciones habría comenzado «con la bendición de Arabia Saudita y algunos países europeos», creen saber los círculos diplomáticos en cuestión. En particular, se celebró una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano con un representante de la Administración Trump. «Se trata de un primer paso en el camino de un largo proceso de diálogo bilateral que debe abordar varios temas de primera importancia, incluyendo el levantamiento de las sanciones contra el presidente Petro, quien debería poder viajar a Washington para llevar a cabo negociaciones con el presidente Trump», afirma una fuente diplomática de alto rango en Bogotá. Esta dinámica, si se confirma y se lleva a término, introducirá, sin duda alguna, un nuevo y significativo factor en la delicada partida de ajedrez geopolítico que se está jugando actualmente en el continente americano.

La cuestión del futuro del régimen iraní se plantea hoy no como una cuestión teórica, sino como la consecuencia de la acumulación de crisis internas y presiones externas sin precedentes desde la instauración de la República Islámica en 1979. Sin embargo, la importancia de esta cuestión reside no solo en el destino de Teherán, sino también en las repercusiones de cualquier cambio dentro del centro de decisión iraní en sus estructuras regionales, especialmente Hezbolá en Líbano, considerado el modelo más logrado de «arma funcional» más allá de las fronteras iraníes. Primero: La naturaleza de la relación entre Irán y Hezbolá El impacto de cualquier trastorno del régimen iraní en Hezbolá no puede analizarse sin una descripción precisa de la naturaleza de la relación entre ambos. Esta relación: • No es una alianza política de circunstancia. • No se limita a un apoyo financiero o militar. • Se basa en un vínculo ideológico, organizacional y estratégico. Hezbolá surgió en el contexto de la exportación de la revolución y se desarrolló según la doctrina de la «Tutela del jurista islámico» (Wilayat al-Faqih), que confiere a su autoridad suprema un carácter supranacional. Por lo tanto, cualquier modificación dentro de este centro de autoridad repercute no solo en el nivel de los recursos, sino también en la legitimidad del papel, la función y el poder de decisión. Segundo: El régimen iraní entre resiliencia de seguridad y erosión estructural El régimen iraní demuestra una clara capacidad para controlar a la población gracias a: • La cohesión de los Guardianes de la Revolución. • El control de los sectores clave de la economía rentista. • La gestión de la represión a un costo calculado. Sin embargo, esta cohesión oculta una erosión estructural que se manifiesta en: • Un declive de la legitimidad popular. • La ruptura del contrato social. • La transformación de la ideología, de una fuerza movilizadora a una carga. • Una división silenciosa dentro de las élites entre la lógica del Estado y la de la revolución perpetua. Este modelo, estructuralmente, se asemeja a los sistemas ideológicos históricos que no colapsaron en el apogeo de las protestas, sino más bien en el momento en que perdieron la capacidad de gestionar sus contradicciones internas. Tercero: Comparación histórica – Lecciones a aplicar 1. La Unión Soviética La Unión Soviética no colapsó como resultado de una revolución popular directa, sino más bien debido a: • Un agotamiento económico prolongado. • La incapacidad de reformar la ideología desde dentro. • La pérdida de control sobre la periferia antes del colapso del centro. Los partidos subsidiarios en Europa del Este no colapsaron inmediatamente, pero de repente perdieron su función cuando el centro desapareció. Este modelo puede aplicarse parcialmente a Hezbolá si la capacidad de Irán para financiarlo y proporcionarle protección estratégica disminuye. 2. El régimen del Sha A pesar de un contexto diferente, la caída del Sha demuestra que: • Las instituciones poderosas son insuficientes si dudan en el momento decisivo. • La legitimidad, una vez perdida, no puede ser restablecida por la fuerza. • Las fuerzas externas no pueden salvar un régimen que ha perdido su cohesión interna. Irónicamente, el régimen que derrocó al Sha se enfrenta hoy a una dinámica similar, con la diferencia de que dispone de una red de grupos armados regionales. 3. Los regímenes árabes después de 2011 La experiencia árabe ha demostrado que: • Los regímenes no siempre caen, pero pierden su capacidad para mantener un control total. • Los grupos armados afiliados a ellos se vuelven más agresivos a medida que el poder central se debilita. • Los Estados frágiles pagan un doble precio por esta debilidad. Cuarto: Escenarios posibles del impacto de la transformación iraní en Hezbolá 1. Continuidad y declive gradual En este escenario, el régimen se mantiene en el poder, pero su capacidad para: • Proporcionar una financiación sustancial. • Gestionar confrontaciones abiertas. • Proteger a sus aliados de las presiones internacionales se reduce. Esto incitaría a Hezbolá a: • Reducir los riesgos del compromiso. • Centrarse en cuestiones internas. • Redefinir sus prioridades. 2. Tensiones compensatorias Un régimen en crisis podría recurrir a: • Una escalada regional. • El uso de sus aliados como medio de disuasión. Este escenario es el más peligroso para Líbano, ya que transforma la escena libanesa en un espacio de compensación de la debilidad del gobierno central. 3. Transformación estratégica Si se produce un cambio fundamental en la estructura del régimen iraní, Hezbolá se enfrentará a una elección histórica: • O bien transformarse en un partido libanés de pleno derecho, con todas las redefiniciones necesarias de su armamento y su papel. • O bien quedar confinado en un entorno específico, acelerando su aislamiento interno. Quinto punto: Líbano, un sistema frágil ante las transformaciones externas Líbano no es un mero espectador de esta trayectoria, sino una parte integral de la misma. La debilidad del Estado libanés: • Hace que cualquier trastorno regional sea más devastador. • Impide la absorción de los choques. • Transforma las divisiones internas en instrumentos de conflicto externo. Por el contrario, cualquier declive de la hegemonía iraní abre teóricamente una oportunidad para restablecer el equilibrio, pero esta oportunidad sigue condicionada por la existencia de: • Un proyecto nacional global. • La capacidad de gestionar la transición sin recurrir a la venganza. • La voluntad de los chiíes de romper el monopolio de la representación. Por lo tanto, aunque el colapso inminente del régimen de los mulás no puede predecirse con certeza, se puede afirmar que este régimen ha entrado en un período prolongado de inestabilidad estructural. En tales fases, los pilares del régimen no se derrumban inmediatamente, sino que pierden progresivamente: • La claridad de su funcionamiento. • La solidez de su apoyo. • La capacidad de imponer las estructuras de poder anteriores. Dada su fragilidad, Líbano será el primero en verse afectado, no por el colapso final en sí mismo, sino por el proceso de erosión. El verdadero desafío no consiste en predecir el fin del régimen iraní, sino en evaluar la capacidad de Líbano para afrontar un Oriente Medio donde Teherán ya no pueda ejercer su influencia como antes.

El ataque militar estadounidense en Venezuela, seguido del arresto del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país, provocó una fuerte conmoción en la política internacional. El arresto generó una amplia condena internacional; numerosos Estados y organizaciones lo consideraron una violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía nacional de Venezuela. Expertos en derecho internacional, incluidos análisis publicados en The Guardian , señalan que la operación estadounidense en Venezuela viola la Carta de las Naciones Unidas, en particular la disposición que prohíbe el uso de la fuerza sin justificación de legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad. Este acontecimiento reescribe algunas de las reglas del juego. No es el arresto en sí lo que altera dichas reglas, sino lo que representa: una transformación profunda en la comprensión de la soberanía, del poder y del tiempo político dentro del sistema internacional. La diversidad de reacciones — desde condenas firmes hasta reservas prudentes e incluso apoyos condicionados — muestra que el mundo se encuentra en una encrucijada decisiva: ¿seguirá siendo el derecho internacional un marco protegido por instituciones y acuerdos, o retrocederá ante la lógica de los hechos consumados? Este episodio no es solo un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, sino una prueba para las propias normas internacionales en un momento particularmente sensible de la historia política mundial. Revela una profunda brecha entre el discurso y la práctica en el mundo occidental. Durante mucho tiempo, la justicia internacional ha sido presentada como uno de los pilares del orden mundial moderno y como el fundamento moral de la legitimidad de las instituciones transnacionales, en primer lugar la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la trayectoria de esta justicia revela una fisura que ya no puede reducirse únicamente a la doble moral occidental, sino que se ha vuelto más compleja con la entrada del mundo en una fase de multipolaridad y el ascenso de potencias que disputan a Occidente no solo la influencia, sino también la definición misma de los valores. En una primera etapa, la crítica a la justicia internacional se centró en la duplicidad del discurso occidental. Resultaba evidente que la aplicación del derecho internacional nunca estuvo separada de los intereses políticos. Se llevaron a cabo intervenciones militares bajo el argumento de los derechos humanos, mientras se toleraban graves violaciones cuando eran cometidas por aliados estratégicos. Esta selectividad debilitó la credibilidad de la justicia internacional y la convirtió, a ojos de muchos, en un instrumento al servicio de los poderosos más que en un sistema jurídico universal. El problema no residía en los valores proclamados en sí, sino en su instrumentalización selectiva: se invocan cuando sirven a los equilibrios de poder y se ignoran cuando los obstaculizan. No obstante, el giro más significativo hoy no radica solo en la persistencia de este legado, sino en la exposición de los límites del propio sistema liberal a medida que pierde su capacidad de imponer sus reglas. El mundo ya no es unipolar, y Estados Unidos ya no puede, solo o junto a sus aliados, regular el ritmo de la justicia internacional. La irrupción de China y Rusia como actores decisivos ha reconfigurado el panorama: la pregunta ya no es por qué la justicia se aplica de manera selectiva, sino quién posee realmente la capacidad de aplicarla. En este contexto, la justicia internacional parece atrapada entre dos fuerzas opuestas: un Occidente que sostiene un discurso de valores — aplicados de forma selectiva — pero que es incapaz de imponerlos sin consenso internacional, y potencias emergentes que rechazan lo que denominan “justicia politizada”, pero que no ofrecen una alternativa jurídica creíble y se limitan a bloquear el proceso existente. Surge así una paradoja llamativa: la crítica a la justicia selectiva no conduce a una justicia más inclusiva, sino a una parálisis total. Esta parálisis ha permitido la aparición de un discurso de la “resistencia” como respuesta moral alternativa. Sin embargo, puesto a prueba en la práctica, este discurso revela a su vez una duplicidad evidente. La defensa de la soberanía se utiliza para justificar la represión interna, y el rechazo de la injerencia externa no va acompañado de la construcción de instituciones judiciales independientes ni de un respeto efectivo de los derechos humanos. De este modo, se derrumba el mito de la justicia occidental y, al mismo tiempo, el mito de una justicia alternativa reivindicada por sus adversarios. Lo que impide hoy la realización de la justicia internacional no es un solo factor, sino tres obstáculos fundamentales: la ausencia de una autoridad ejecutiva internacional independiente de las relaciones de poder; la erosión del consenso global de valores en un contexto de confrontación entre modelos civilizatorios y políticos opuestos; y el uso de la justicia, por todas las partes, como herramienta retórica más que como compromiso institucional. En este escenario, la Corte Penal Internacional aparece más como un espejo de la crisis que como su causa. Es una corte sin policía, sin ejército y sin un consenso político que respalde la ejecución de sus decisiones. Su capacidad de acción depende de la cooperación de los Estados, una cooperación hoy rehén de la polarización global. El problema no es solo que la justicia internacional sea “injusta”, sino que ya no es capaz de ser justicia en absoluto. Todo ello evidencia una brecha creciente entre el discurso moral occidental y los mecanismos reales de su aplicación. El estancamiento en la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre la “situación en Venezuela”, frente a la relativa rapidez en la persecución de otros dirigentes, debilita la narrativa de una “justicia universal y neutral” y alimenta el discurso de las fuerzas antioccidentales que consideran la justicia internacional como una herramienta selectiva y no como un sistema jurídico integral. Así, no solo se derrumba el “mito de la justicia occidental”, sino que se cruza con el derrumbe del “mito de la resistencia” opuesta, que también pretende monopolizar la superioridad moral mientras actúa según la lógica del poder y la necesidad, y no del derecho. En ambos casos, asistimos a la erosión del marco simbólico de los valores, reemplazado progresivamente por la ley de la fuerza, en una escena que recuerda más al retorno de los imperios que a un orden internacional basado en reglas compartidas. Esta realidad no significa el fin de la necesidad de justicia, sino el fin de la ilusión de que puede separarse de la política sin una reconstrucción profunda del sistema internacional. Desde la perspectiva de Durkheim, vivimos un momento de anomia — no en el sentido de caos, sino de pérdida de normas compartidas. Desde la perspectiva de Lévi-Strauss, es un momento de descomposición del mito, cuando este ya no logra resolver las contradicciones que estaba destinado a encubrir. El derecho, como señalan los sociólogos, no existe en el vacío; es el producto de un equilibrio social y moral. Cuando ese equilibrio se derrumba, el derecho se convierte en un texto sin fuerza. Entre la antigua duplicidad occidental y la duplicidad actual de los “resistentes”, la justicia internacional se pierde entre dos discursos opuestos que, sin embargo, coinciden en un punto esencial: la subordinación de los valores a la lógica del poder. Mientras no se replantee de manera radical la relación entre soberanía, derecho y justicia, esta última seguirá siendo una promesa aplazada, invocada en los discursos… y ausente en los hechos. Sobre el caso Netanyahu El relativo éxito de la Corte Penal Internacional al avanzar en su decisión contra Benjamin Netanyahu — a diferencia de lo ocurrido en casos similares anteriores — se explica más por la convergencia inédita de factores políticos y morales que por una independencia jurídica absoluta. La magnitud de las violaciones cometidas en Gaza, su extensión, su intensidad temporal y su visibilidad mediática dificultaron su contención dentro del discurso tradicional de la “legítima defensa”, que durante mucho tiempo brindó cobertura política a Israel y a sus aliados. Asimismo, el profundo cambio en la opinión pública occidental, especialmente dentro de los propios Estados Unidos, desempeñó un papel decisivo. Las generaciones emergentes muestran una mayor sensibilidad hacia los estándares de derechos humanos y un menor apego a las narrativas geopolíticas tradicionales. Este cambio redujo el margen de maniobra política, incluso para los gobiernos más favorables a Israel. Por último, la intervención jurídica metódica de Sudáfrica marcó un punto de inflexión al trasladar el debate del terreno político al jurídico y otorgar al caso una legitimidad moral procedente de un Estado con un legado histórico ligado al apartheid, lo que dificultó cuestionar sus motivaciones. Así, la decisión de la Corte no fue el resultado de un acto aislado de valentía institucional, sino el fruto de una fractura en el sistema tradicional de protección política y de una exposición inédita de la brecha entre poder y discurso, que hizo que la impunidad resultara más costosa que la rendición de cuentas.