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Hay razones de sobra para rechazar el término debellatio . Este concepto jurídico, de una brutalidad extrema, designa en el derecho internacional la subyugación de un Estado y su erradicación mediante la violencia armada. Alude a una situación de aniquilación militar, política y legal total de un país como resultado de una guerra devastadora, como la que vivió Cartago al final de las Guerras Púnicas, o la Alemania nazi tras la caída de Berlín en mayo de 1945. ¿Y qué ocurre con el Líbano? ¿No corre el riesgo de enfrentar un destino similar, supuestamente en nombre de los “actos de resistencia” del Hezb? Normalización, pero ¿a qué costo? ¿Significa esto que los Acuerdos de Abraham, para atar a nuestro país a su caravana triunfante, requieren una debellatio previa, es decir, la subyugación de territorios recalcitrantes a la pax americana ? Estos acuerdos internacionales, firmados en 2020 entre Israel y varios Estados del Golfo, pusieron en marcha un proceso de normalización diplomática, económica y de seguridad entre regímenes árabes y el Estado hebreo. Al hacerlo, relegaron a una oposición frontal a los defensores del llamado “eje de la resistencia” ( al-mumana‘a ), a saber, Irán y sus tres “H”: Hamás, los hutíes y Hezbolá*. Una vez iniciado este proceso, el Líbano, tarde o temprano, se vería obligado a elegir su camino. Sin embargo, el Hezb no puede acomodarse a un “arreglo” de este tipo, que no toma en cuenta los intereses de su patrocinador iraní. Por ello, asumirá el papel de saboteador, bloqueando cualquier avance hasta que se alcance un compromiso entre Estados Unidos y la República Islámica de los mulás, si es que tal compromiso llega a materializarse. No hace falta decir que, en el pulso actual, el programa nuclear iraní ya ha desplazado a la cuestión palestina, hoy relegada a un segundo plano. Natanz, Fordow y otros sitios nucleares se han convertido en los principales escollos en el camino hacia la desescalada regional. Un cambio de paradigma Volvamos al punto central: si los Acuerdos de Abraham amenazan con salirnos muy caros a los libaneses es porque nos empujan hacia la normalización, algo que “trastocaría el equilibrio tradicional basado en la solidaridad árabe”, una solidaridad cimentada en la hostilidad hacia Israel. En pocas palabras, si estos acuerdos se implementaran, introducirían un auténtico cambio de paradigma. Dicho esto, el Hezb, que mantiene al Estado libanés contra las cuerdas, no puede aceptar abandonar la lucha armada. Salvo que reciba una orden directa de Teherán, no entregará sus armas, que constituyen su razón de ser y definen su modo de operar. Desde su perspectiva recalcitrante, resulta preferible resistir en apoyo de Irán y abrazar el martirio de Gaza antes que someterse a las exigencias de la paz. La seducción de las ruinas Un matiz, sin embargo: en lo que respecta al Hezb, el concepto de debellatio solo puede invocarse de manera metafórica. Desde un punto de vista jurídico, no aplica, ya que el Partido de Dios no es un Estado, sino una organización político-militar. No obstante, esta objeción válida es, en realidad, poco más que una pirueta retórica. Pasa por alto el hecho de que este partido, respaldado por Irán, se ha infiltrado y atrincherado en todos los niveles del Estado libanés. En su escalada, ¿no podría verse tentado a arrastrar a nuestro país a un torbellino, un remolino impetuoso que todo lo engulle a su paso? Ya sea en forma de un choque directo con Israel, una confrontación con el régimen sirio o, peor aún, una guerra civil insensata y devastadora. La fascinación del Hezb por los escombros apenas necesita subrayarse. * Siria ya no figura en la lista de actores subordinados.

Bogotá, Colombia, de Maxime Pluvinet Un desarrollo imprevisto ocurrido a mediados de esta semana podría repercutir de manera notable en el curso de los acontecimientos actuales en América Latina. Un inicio de distensión se vislumbra (tímidamente) en el horizonte entre Estados Unidos y Colombia, mientras que las relaciones entre ambos países han estado particularmente tensas durante varios meses. Acusado por Washington de facilitar la acción de los narcotraficantes en el continente americano, especialmente con destino a Estados Unidos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido recientemente objeto de sanciones estadounidenses. Esta tensión bilateral ha aumentado varios grados a raíz de la operación «golpe de mano» llevada a cabo el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses. Esta intervención había resultado en la detención por una unidad de comando estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien había sido extraditado a EE. UU. Tras este contundente ataque, el presidente Donald Trump había señalado al jefe de Estado colombiano, sugiriendo que podría ser uno de los próximos objetivos en la lucha contra el narcotráfico. Pero un desarrollo inesperado ocurrió en este ámbito en las últimas cuarenta y ocho horas: mientras el presidente Petro se disponía a pronunciar un discurso incendiario y a atacar con vehemencia a la Administración Trump, tuvo lugar una conversación telefónica entre el jefe de la Casa Blanca y el presidente colombiano. Según fuentes fidedignas en Bogotá, esta conversación telefónica se desarrolló en un ambiente relajado y sereno. Por ello, el discurso de Petro fue mucho menos virulento de lo que esperaban los observadores. En los círculos diplomáticos de Bogotá se indica que este giro marca el inicio de un deshielo entre Estados Unidos y Colombia. Un proceso de discusiones francas y negociaciones habría comenzado «con la bendición de Arabia Saudita y algunos países europeos», creen saber los círculos diplomáticos en cuestión. En particular, se celebró una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano con un representante de la Administración Trump. «Se trata de un primer paso en el camino de un largo proceso de diálogo bilateral que debe abordar varios temas de primera importancia, incluyendo el levantamiento de las sanciones contra el presidente Petro, quien debería poder viajar a Washington para llevar a cabo negociaciones con el presidente Trump», afirma una fuente diplomática de alto rango en Bogotá. Esta dinámica, si se confirma y se lleva a término, introducirá, sin duda alguna, un nuevo y significativo factor en la delicada partida de ajedrez geopolítico que se está jugando actualmente en el continente americano.

La cuestión del futuro del régimen iraní se plantea hoy no como una cuestión teórica, sino como la consecuencia de la acumulación de crisis internas y presiones externas sin precedentes desde la instauración de la República Islámica en 1979. Sin embargo, la importancia de esta cuestión reside no solo en el destino de Teherán, sino también en las repercusiones de cualquier cambio dentro del centro de decisión iraní en sus estructuras regionales, especialmente Hezbolá en Líbano, considerado el modelo más logrado de «arma funcional» más allá de las fronteras iraníes. Primero: La naturaleza de la relación entre Irán y Hezbolá El impacto de cualquier trastorno del régimen iraní en Hezbolá no puede analizarse sin una descripción precisa de la naturaleza de la relación entre ambos. Esta relación: • No es una alianza política de circunstancia. • No se limita a un apoyo financiero o militar. • Se basa en un vínculo ideológico, organizacional y estratégico. Hezbolá surgió en el contexto de la exportación de la revolución y se desarrolló según la doctrina de la «Tutela del jurista islámico» (Wilayat al-Faqih), que confiere a su autoridad suprema un carácter supranacional. Por lo tanto, cualquier modificación dentro de este centro de autoridad repercute no solo en el nivel de los recursos, sino también en la legitimidad del papel, la función y el poder de decisión. Segundo: El régimen iraní entre resiliencia de seguridad y erosión estructural El régimen iraní demuestra una clara capacidad para controlar a la población gracias a: • La cohesión de los Guardianes de la Revolución. • El control de los sectores clave de la economía rentista. • La gestión de la represión a un costo calculado. Sin embargo, esta cohesión oculta una erosión estructural que se manifiesta en: • Un declive de la legitimidad popular. • La ruptura del contrato social. • La transformación de la ideología, de una fuerza movilizadora a una carga. • Una división silenciosa dentro de las élites entre la lógica del Estado y la de la revolución perpetua. Este modelo, estructuralmente, se asemeja a los sistemas ideológicos históricos que no colapsaron en el apogeo de las protestas, sino más bien en el momento en que perdieron la capacidad de gestionar sus contradicciones internas. Tercero: Comparación histórica – Lecciones a aplicar 1. La Unión Soviética La Unión Soviética no colapsó como resultado de una revolución popular directa, sino más bien debido a: • Un agotamiento económico prolongado. • La incapacidad de reformar la ideología desde dentro. • La pérdida de control sobre la periferia antes del colapso del centro. Los partidos subsidiarios en Europa del Este no colapsaron inmediatamente, pero de repente perdieron su función cuando el centro desapareció. Este modelo puede aplicarse parcialmente a Hezbolá si la capacidad de Irán para financiarlo y proporcionarle protección estratégica disminuye. 2. El régimen del Sha A pesar de un contexto diferente, la caída del Sha demuestra que: • Las instituciones poderosas son insuficientes si dudan en el momento decisivo. • La legitimidad, una vez perdida, no puede ser restablecida por la fuerza. • Las fuerzas externas no pueden salvar un régimen que ha perdido su cohesión interna. Irónicamente, el régimen que derrocó al Sha se enfrenta hoy a una dinámica similar, con la diferencia de que dispone de una red de grupos armados regionales. 3. Los regímenes árabes después de 2011 La experiencia árabe ha demostrado que: • Los regímenes no siempre caen, pero pierden su capacidad para mantener un control total. • Los grupos armados afiliados a ellos se vuelven más agresivos a medida que el poder central se debilita. • Los Estados frágiles pagan un doble precio por esta debilidad. Cuarto: Escenarios posibles del impacto de la transformación iraní en Hezbolá 1. Continuidad y declive gradual En este escenario, el régimen se mantiene en el poder, pero su capacidad para: • Proporcionar una financiación sustancial. • Gestionar confrontaciones abiertas. • Proteger a sus aliados de las presiones internacionales se reduce. Esto incitaría a Hezbolá a: • Reducir los riesgos del compromiso. • Centrarse en cuestiones internas. • Redefinir sus prioridades. 2. Tensiones compensatorias Un régimen en crisis podría recurrir a: • Una escalada regional. • El uso de sus aliados como medio de disuasión. Este escenario es el más peligroso para Líbano, ya que transforma la escena libanesa en un espacio de compensación de la debilidad del gobierno central. 3. Transformación estratégica Si se produce un cambio fundamental en la estructura del régimen iraní, Hezbolá se enfrentará a una elección histórica: • O bien transformarse en un partido libanés de pleno derecho, con todas las redefiniciones necesarias de su armamento y su papel. • O bien quedar confinado en un entorno específico, acelerando su aislamiento interno. Quinto punto: Líbano, un sistema frágil ante las transformaciones externas Líbano no es un mero espectador de esta trayectoria, sino una parte integral de la misma. La debilidad del Estado libanés: • Hace que cualquier trastorno regional sea más devastador. • Impide la absorción de los choques. • Transforma las divisiones internas en instrumentos de conflicto externo. Por el contrario, cualquier declive de la hegemonía iraní abre teóricamente una oportunidad para restablecer el equilibrio, pero esta oportunidad sigue condicionada por la existencia de: • Un proyecto nacional global. • La capacidad de gestionar la transición sin recurrir a la venganza. • La voluntad de los chiíes de romper el monopolio de la representación. Por lo tanto, aunque el colapso inminente del régimen de los mulás no puede predecirse con certeza, se puede afirmar que este régimen ha entrado en un período prolongado de inestabilidad estructural. En tales fases, los pilares del régimen no se derrumban inmediatamente, sino que pierden progresivamente: • La claridad de su funcionamiento. • La solidez de su apoyo. • La capacidad de imponer las estructuras de poder anteriores. Dada su fragilidad, Líbano será el primero en verse afectado, no por el colapso final en sí mismo, sino por el proceso de erosión. El verdadero desafío no consiste en predecir el fin del régimen iraní, sino en evaluar la capacidad de Líbano para afrontar un Oriente Medio donde Teherán ya no pueda ejercer su influencia como antes.

El ataque militar estadounidense en Venezuela, seguido del arresto del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país, provocó una fuerte conmoción en la política internacional. El arresto generó una amplia condena internacional; numerosos Estados y organizaciones lo consideraron una violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía nacional de Venezuela. Expertos en derecho internacional, incluidos análisis publicados en The Guardian , señalan que la operación estadounidense en Venezuela viola la Carta de las Naciones Unidas, en particular la disposición que prohíbe el uso de la fuerza sin justificación de legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad. Este acontecimiento reescribe algunas de las reglas del juego. No es el arresto en sí lo que altera dichas reglas, sino lo que representa: una transformación profunda en la comprensión de la soberanía, del poder y del tiempo político dentro del sistema internacional. La diversidad de reacciones — desde condenas firmes hasta reservas prudentes e incluso apoyos condicionados — muestra que el mundo se encuentra en una encrucijada decisiva: ¿seguirá siendo el derecho internacional un marco protegido por instituciones y acuerdos, o retrocederá ante la lógica de los hechos consumados? Este episodio no es solo un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, sino una prueba para las propias normas internacionales en un momento particularmente sensible de la historia política mundial. Revela una profunda brecha entre el discurso y la práctica en el mundo occidental. Durante mucho tiempo, la justicia internacional ha sido presentada como uno de los pilares del orden mundial moderno y como el fundamento moral de la legitimidad de las instituciones transnacionales, en primer lugar la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la trayectoria de esta justicia revela una fisura que ya no puede reducirse únicamente a la doble moral occidental, sino que se ha vuelto más compleja con la entrada del mundo en una fase de multipolaridad y el ascenso de potencias que disputan a Occidente no solo la influencia, sino también la definición misma de los valores. En una primera etapa, la crítica a la justicia internacional se centró en la duplicidad del discurso occidental. Resultaba evidente que la aplicación del derecho internacional nunca estuvo separada de los intereses políticos. Se llevaron a cabo intervenciones militares bajo el argumento de los derechos humanos, mientras se toleraban graves violaciones cuando eran cometidas por aliados estratégicos. Esta selectividad debilitó la credibilidad de la justicia internacional y la convirtió, a ojos de muchos, en un instrumento al servicio de los poderosos más que en un sistema jurídico universal. El problema no residía en los valores proclamados en sí, sino en su instrumentalización selectiva: se invocan cuando sirven a los equilibrios de poder y se ignoran cuando los obstaculizan. No obstante, el giro más significativo hoy no radica solo en la persistencia de este legado, sino en la exposición de los límites del propio sistema liberal a medida que pierde su capacidad de imponer sus reglas. El mundo ya no es unipolar, y Estados Unidos ya no puede, solo o junto a sus aliados, regular el ritmo de la justicia internacional. La irrupción de China y Rusia como actores decisivos ha reconfigurado el panorama: la pregunta ya no es por qué la justicia se aplica de manera selectiva, sino quién posee realmente la capacidad de aplicarla. En este contexto, la justicia internacional parece atrapada entre dos fuerzas opuestas: un Occidente que sostiene un discurso de valores — aplicados de forma selectiva — pero que es incapaz de imponerlos sin consenso internacional, y potencias emergentes que rechazan lo que denominan “justicia politizada”, pero que no ofrecen una alternativa jurídica creíble y se limitan a bloquear el proceso existente. Surge así una paradoja llamativa: la crítica a la justicia selectiva no conduce a una justicia más inclusiva, sino a una parálisis total. Esta parálisis ha permitido la aparición de un discurso de la “resistencia” como respuesta moral alternativa. Sin embargo, puesto a prueba en la práctica, este discurso revela a su vez una duplicidad evidente. La defensa de la soberanía se utiliza para justificar la represión interna, y el rechazo de la injerencia externa no va acompañado de la construcción de instituciones judiciales independientes ni de un respeto efectivo de los derechos humanos. De este modo, se derrumba el mito de la justicia occidental y, al mismo tiempo, el mito de una justicia alternativa reivindicada por sus adversarios. Lo que impide hoy la realización de la justicia internacional no es un solo factor, sino tres obstáculos fundamentales: la ausencia de una autoridad ejecutiva internacional independiente de las relaciones de poder; la erosión del consenso global de valores en un contexto de confrontación entre modelos civilizatorios y políticos opuestos; y el uso de la justicia, por todas las partes, como herramienta retórica más que como compromiso institucional. En este escenario, la Corte Penal Internacional aparece más como un espejo de la crisis que como su causa. Es una corte sin policía, sin ejército y sin un consenso político que respalde la ejecución de sus decisiones. Su capacidad de acción depende de la cooperación de los Estados, una cooperación hoy rehén de la polarización global. El problema no es solo que la justicia internacional sea “injusta”, sino que ya no es capaz de ser justicia en absoluto. Todo ello evidencia una brecha creciente entre el discurso moral occidental y los mecanismos reales de su aplicación. El estancamiento en la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre la “situación en Venezuela”, frente a la relativa rapidez en la persecución de otros dirigentes, debilita la narrativa de una “justicia universal y neutral” y alimenta el discurso de las fuerzas antioccidentales que consideran la justicia internacional como una herramienta selectiva y no como un sistema jurídico integral. Así, no solo se derrumba el “mito de la justicia occidental”, sino que se cruza con el derrumbe del “mito de la resistencia” opuesta, que también pretende monopolizar la superioridad moral mientras actúa según la lógica del poder y la necesidad, y no del derecho. En ambos casos, asistimos a la erosión del marco simbólico de los valores, reemplazado progresivamente por la ley de la fuerza, en una escena que recuerda más al retorno de los imperios que a un orden internacional basado en reglas compartidas. Esta realidad no significa el fin de la necesidad de justicia, sino el fin de la ilusión de que puede separarse de la política sin una reconstrucción profunda del sistema internacional. Desde la perspectiva de Durkheim, vivimos un momento de anomia — no en el sentido de caos, sino de pérdida de normas compartidas. Desde la perspectiva de Lévi-Strauss, es un momento de descomposición del mito, cuando este ya no logra resolver las contradicciones que estaba destinado a encubrir. El derecho, como señalan los sociólogos, no existe en el vacío; es el producto de un equilibrio social y moral. Cuando ese equilibrio se derrumba, el derecho se convierte en un texto sin fuerza. Entre la antigua duplicidad occidental y la duplicidad actual de los “resistentes”, la justicia internacional se pierde entre dos discursos opuestos que, sin embargo, coinciden en un punto esencial: la subordinación de los valores a la lógica del poder. Mientras no se replantee de manera radical la relación entre soberanía, derecho y justicia, esta última seguirá siendo una promesa aplazada, invocada en los discursos… y ausente en los hechos. Sobre el caso Netanyahu El relativo éxito de la Corte Penal Internacional al avanzar en su decisión contra Benjamin Netanyahu — a diferencia de lo ocurrido en casos similares anteriores — se explica más por la convergencia inédita de factores políticos y morales que por una independencia jurídica absoluta. La magnitud de las violaciones cometidas en Gaza, su extensión, su intensidad temporal y su visibilidad mediática dificultaron su contención dentro del discurso tradicional de la “legítima defensa”, que durante mucho tiempo brindó cobertura política a Israel y a sus aliados. Asimismo, el profundo cambio en la opinión pública occidental, especialmente dentro de los propios Estados Unidos, desempeñó un papel decisivo. Las generaciones emergentes muestran una mayor sensibilidad hacia los estándares de derechos humanos y un menor apego a las narrativas geopolíticas tradicionales. Este cambio redujo el margen de maniobra política, incluso para los gobiernos más favorables a Israel. Por último, la intervención jurídica metódica de Sudáfrica marcó un punto de inflexión al trasladar el debate del terreno político al jurídico y otorgar al caso una legitimidad moral procedente de un Estado con un legado histórico ligado al apartheid, lo que dificultó cuestionar sus motivaciones. Así, la decisión de la Corte no fue el resultado de un acto aislado de valentía institucional, sino el fruto de una fractura en el sistema tradicional de protección política y de una exposición inédita de la brecha entre poder y discurso, que hizo que la impunidad resultara más costosa que la rendición de cuentas.

«David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor.» (2 Samuel 6,14) Bailar no es incompatible con rezar. El gospel es, de hecho, el mejor ejemplo de cómo cantar y bailar, incluso durante la misa litúrgica, crea un clima de comunión y celebración. «Alabad al Señor con la cítara, cantadle con el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, tocad con arte y aclamad con júbilo.» (Salmo 33, 2-3) Hay un sacerdote que entendió que, en nuestra época, la mejor manera de atraer multitudes, y sobre todo a los jóvenes, es a través de la música. En tiempos del Libro de los Salmos, el instrumento más ruidoso parecía ser el arpa de diez cuerdas. Este sacerdote lo sustituyó por la música electrónica: se trata del Padre Guilherme, conocido como el sacerdote DJ. En las últimas Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Lisboa en 2023, ciudad de origen del DJ, asistieron un millón y medio de personas, frente a las setecientas mil de la edición de 2019. Más del doble de participantes, en su mayoría jóvenes, que bailaron al ritmo marcado por los dedos del Padre Guilherme. El Padre Guilherme tiene previsto actuar en el Líbano el próximo 10 de enero. Sin embargo, algunos cristianos consideran que los métodos del sacerdote no son católicos, que atentan contra los valores del cristianismo y que constituyen una blasfemia. Dieciocho autoproclamados guardianes de la fe estimaron que era necesario salvar al cristianismo de este peligro inminente y presentaron una demanda urgente ante el juez de lo cautelar para prohibir el espectáculo. Además, amenazaron con bloquear carreteras y recurrir a la violencia si la justicia no les daba la razón. Y sin embargo, estas personas, que se creen protectoras de los valores y enseñanzas cristianas, parecen haber olvidado que el jefe de la Iglesia católica, el difunto papa Francisco, no solo aprobó los métodos del Padre Guilherme, sino que incluso bendijo su casco de DJ, en agradecimiento a quien logra atraer a decenas de miles de jóvenes hacia el cristianismo. Estos mutawe’en recuerdan los tiempos más oscuros del cristianismo medieval, cuando quienes no seguían ciegamente los dogmas político-religiosos estaban destinados a la hoguera. Hoy, la censura y los recursos judiciales han sustituido al fuego purificador. Los beatos que ven en el Padre Guilherme la encarnación del mal pertenecen al mismo comité de vigilancia espiritual que veía en Mansour Labaki a un hombre santo perseguido y víctima de una campaña de difamación. Hacer bailar a los jóvenes y propagar la alegría es, a sus ojos, un crimen; aprovecharse de los jóvenes, en cambio, no pasa de ser un rumor. Son los mismos que gritaron blasfemia cuando un sacerdote, durante el funeral de Lokman Slim, entonó el canto reservado a Jesús tras la crucifixión. El escándalo mediático que siguió convirtió al sacerdote en un hereje. El oscurantismo no tiene dios ni religión. El año pasado se canceló la obra Día de bodas entre los cromañones de Wajdi Mouawad. Hoy se quiere prohibir a un sacerdote que hace bailar. Mañana, quizá el propio David deba comparecer ante un tribunal por exceso de fervor coreográfico. Este proteccionismo religioso ciego solo perjudica al cristianismo. Jean Dion se preguntó: ¿qué pensará Dios de los beatos que creen saber lo que Él piensa? Si esta minoría retrógrada es realmente la mensajera de la fe, Dios nunca habrá estado tan mal representado ni tan mal defendido.