Nayla Assaf

A medida que se acerca la fecha de la conferencia internacional de apoyo al ejército libanés, prevista para marzo de 2026 en París, el Líbano se encuentra en un momento crítico. Esta reunión, destinada a movilizar a la comunidad internacional en favor de las fuerzas regulares, se produce en un contexto político y regional extremadamente complejo. Cada decisión o falta de decisión del Estado libanés con respecto al monopolio de las armas, en particular, tendrá un impacto directo en la eficacia de la ayuda internacional a las tropas y, más ampliamente, en el futuro mismo del ejército y de la soberanía nacional.

« Los regímenes totalitarios no se contentan con dominar los cuerpos; buscan esclavizar las mentes. » – George Orwell Desde la revolución iraní de 1979, Estados Unidos ha impuesto a Teherán un régimen de sanciones económicas a gran escala, que con el paso de las décadas se ha convertido en uno de los dispositivos de presión más multidimensionales de la diplomacia estadounidense. Las primeras medidas, implementadas tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán en noviembre de 1979, congelaron los activos iraníes en Estados Unidos a través de la Orden Ejecutiva 12170, inmovilizando miles de millones de dólares y bloqueando numerosas operaciones financieras.

La apuesta energética frente al colapso económico Con la firma del acuerdo de delimitación de fronteras marítimas con Chipre en 2025, la explotación de los recursos offshore se presenta como una palanca potencialmente decisiva para la reactivación de la economía libanesa, en profunda crisis. Aunque este acuerdo ha proporcionado un marco jurídico formal para las fronteras marítimas, no ha disipado todos los desafíos económicos y geopolíticos. Los plazos de explotación, las persistentes disputas regionales y los bloqueos políticos sitúan al Líbano ante una ecuación compleja: aprovechar las oportunidades energéticas sin comprometer sus intereses nacionales.

El acuerdo de delimitación de la zona económica exclusiva (ZEE) entre Líbano y Chipre, firmado el 26 de noviembre de 2025 y ratificado por el decreto n°2108 del 16 de diciembre de 2025, marca un hito importante en la política marítima libanesa. Presentado oficialmente como un medio para garantizar la explotación de los recursos marítimos, este acuerdo, sin embargo, suscita profundas reservas en los planos jurídico y estratégico. El general Khalil Gemayel, experto en delimitación de fronteras marítimas, considera que este acuerdo, a pesar de algunas ventajas, sigue siendo en gran medida desfavorable para Líbano. Ciertamente pone fin a una antigua disputa, ¿pero a qué precio?

La propuesta de crear una zona económica en el sur del Líbano, mencionada en agosto de 2025 por el enviado estadounidense Tom Barrack, causó una conmoción. La teoría detrás del proyecto de una “Zona Económica Trump” supone que una zona así atraería inversiones extranjeras, financiaría la reconstrucción, garantizando así una seguridad duradera. Sin embargo, varias voces se han alzado para advertir contra el peligro de una violación de la soberanía del Estado libanés a través de la creación de un “protectorado” israelo-estadounidense en la zona fronteriza. El proyecto de una “Zona Económica Trump” se inscribe en una iniciativa adoptada por el actual presidente estadounidense para resolver conflictos mediante el desarrollo económico y el comercio. 

Al-Qard Al-Hassan se presenta como una asociación con vocación social. Sin embargo, se ha ido inscribiendo progresivamente en un panorama financiero paralelo, a medida que la crisis desatada en otoño de 2019 se agravaba. El colapso del sector bancario y la pérdida de confianza de los depositantes crearon un vacío institucional que la asociación supo explotar. Esta dinámica, aunque responde a una necesidad real en un contexto de fracaso generalizado, no disipa en absoluto las numerosas interrogantes jurídicas que plantea. Pone de manifiesto los límites del marco legal libanés y los riesgos sistémicos que pesan tanto sobre los depositantes como sobre la economía nacional.

Bajo el efecto de las sanciones estadounidenses, las restricciones impuestas por el Banco del Líbano y las pérdidas sufridas durante la última guerra con Israel, Hezbolá ha buscado reconfigurar su principal brazo financiero, Al-Qard Al-Hassan. Este «reposicionamiento», presentado como «legal», tiene como objetivo preservar su control sobre la economía paralela y su base social. Fundada en 1982, la asociación Qard Al-Hassan opera fuera del marco legal bancario. Los fondos iraníes contribuyeron inicialmente al capital de la asociación. Estos se complementaron con capital libanés, especialmente de empresarios en África, a lo largo de varios años.