La Brújula del Levante

El relato del CENTCOM sobre la guerra contra Irán es impresionante. Los vacíos que deja son los que realmente importarán. El 14 de mayo de 2026, el comandante del Comando Central de Estados Unidos compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado y describió una guerra que, según sus palabras, “revirtió 40 años de inversión militar iraní” en 38 días. El relato del almirante Charles Bradford Cooper II sobre la Operación Furia Épica resulta impresionante desde cualquier parámetro: 85 por ciento de la base industrial iraní de misiles balísticos, drones y defensa naval dañada o destruida; 82 por ciento de sus sistemas de defensa aérea inutilizados; más del 90 por ciento de sus reservas de minas navales eliminadas; 161 embarcaciones hundidas de 16 clases distintas; 1450 ataques contra instalaciones armamentísticas y otros 2000 contra nodos de mando y control. “Irán ya no puede proyectar poder en toda la región”, concluyó. Desde el punto de vista táctico, la afirmación es defendible. Estratégicamente, es una historia con omisiones importantes. El testimonio ofrece una autopsia de la derrota convencional iraní con admirable precisión, pero dice mucho menos sobre el conjunto de herramientas asimétricas que impulsaron la expansión regional de Teherán durante cuatro décadas, y aún menos sobre cómo Washington pretende neutralizar la influencia desestabilizadora de Irán en Medio Oriente. En su declaración, Cooper reconoce que “debemos esperar que Irán intente reconstituir lo que pueda, tan rápido como pueda”. La historia justifica la advertencia. Tras la “guerra de 12 días” de junio de 2025, fuentes estadounidenses e israelíes ya estimaban que la mitad del arsenal iraní de misiles superficie-superficie y dos tercios de sus lanzadores habían sido destruidos, además de daños críticos en Natanz, Fordow e Isfahán. Para febrero de 2026, Irán ya era nuevamente capaz de lanzar ataques en oleadas, lo que significa que gran parte de lo contabilizado como “destruido” en 2025 había sido ocultado previamente o reconstruido en menos de nueve meses. La autosuficiencia misilística iraní se basa en trasladar la producción, y no solo las reservas, hacia infraestructura oculta. La cifra del 85 por ciento no nos dice cuánto corresponde a capacidades irremplazables y cuánto a instalaciones de uso dual que pueden reconstruirse. Evaluaciones militares israelíes sugieren que Irán podría volver a su ritmo de producción de misiles previo a la guerra en un plazo de entre doce y veinticuatro meses una vez que cesen los bombardeos. El manual asimétrico sigue intacto Si el daño convencional es reversible, el manual de guerra asimétrica iraní apenas ha sido tocado. Cooper afirma que “la cadena de suministro desde Teherán hacia los proxies ha sido rota”, para luego reconocer inmediatamente que Irán “mantiene capacidades de hostigamiento mediante ataques de bajo nivel con drones y cohetes, además de apoyo residual a proxies”. Hezbolá es el caso de prueba. A principios de este año, evaluaciones israelíes calculaban que la organización conservaba alrededor del 15 por ciento de su arsenal previo a la guerra, estimado en unos 150,000 proyectiles. Aun así, reanudó ataques directos contra el norte de Israel el 2 de marzo de 2026, dos días después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hasta diciembre de 2025, el Comité de Supervisión del Cese de Hostilidades presidido por Estados Unidos, también conocido como “el Mecanismo”, consideraba que alrededor del 85 por ciento de las tareas de desarme al sur del río Litani habían sido completadas. Los acontecimientos posteriores al 2 de marzo sugieren que el rearme avanza más rápido que el desarme. Hezbolá reubicó varios cientos de operativos de élite en la zona en cuestión de días, mientras que misiles antitanque, MANPADS y lanzacohetes habían sido preposicionados dentro de infraestructura civil precisamente para este escenario. A esto se suma el creciente uso de drones FPV por parte de Hezbolá: pequeños, de vuelo bajo, difíciles de detectar por radar y ensamblados con piezas comerciales por unos cientos o miles de dólares. Estas herramientas de guerra moderna pueden inutilizar tanques, atacar posiciones fortificadas y apuntar contra soldados o civiles individuales desde cualquier punto situado a pocos kilómetros. Eliminarlos por completo es prácticamente imposible. Un Hezbolá “degradado” sigue conservando capacidad para ejercer una guerra de desgaste continua y de bajo costo, además de representar una amenaza de seguridad para el norte de Israel. La misma lógica se aplica al propio Irán. Desde marzo de 2026, Teherán ha lanzado misiles y drones contra infraestructura de hidrocarburos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Evitar esto requeriría una campaña sostenida e integrada de coerción militar y económica liderada por Washington junto con socios regionales y extrarregionales, una configuración difícilmente alcanzable hoy. Resulta llamativo que el marco político se haya reducido para adaptarse a la realidad militar. Hasta 2025, funcionarios estadounidenses identificaban tres amenazas iraníes: el programa nuclear, los misiles balísticos y las fuerzas proxy. Las exigencias actuales de la Administración hacia Teherán se han reducido al programa nuclear y a la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto crítico que se convirtió en foco de tensión como consecuencia de la guerra, no como su causa. El CENTCOM conserva discretamente la vieja tríada en su testimonio. La divergencia entre la agenda negociadora en Islamabad y la evaluación de amenazas del mando militar constituye, en sí misma, una contradicción preocupante. Las tres prioridades declaradas del CENTCOM, defender el territorio nacional, disuadir a Irán y preservar la ventaja frente a China, están organizadas en torno a una transferencia de cargas, mediante herramientas como la reforma de las Ventas Militares al Extranjero, la red de Defensa Aérea de Medio Oriente (MEAD) y las iniciativas antiprones lideradas por socios regionales. La declaración no transmite apetito por una guerra posterior. Transmite una postura diseñada para absorber una confrontación prolongada y de baja intensidad. Los detonantes de una nueva escalada son identificables: una ruptura nuclear, un ataque contra fuerzas estadounidenses o interferencias en la navegación marítima. Pero ninguno aborda el comportamiento regional desestabilizador de Irán, un silencio que, en la práctica, le concede margen de maniobra continuo a través de sus proxies. Esto significa que la carga de enfrentar la capacidad de hostigamiento iraní recae, por defecto, sobre Israel. Una doctrina esencialmente idéntica es aplicada actualmente por Israel en Gaza, el sur de Siria y el sur del Líbano. Se aparta de las fallidas zonas de amortiguamiento administradas por Israel entre 1985 y 2000, pero mantiene zonas de muerte en países fronterizos, libertad permanente de acción militar en toda la región y ataques aéreos indefinidos de “cortar el césped” contra objetivos más profundos en Irán o en territorios controlados por sus proxies. La contención como horizonte por defecto La otra gran suposición del CENTCOM es que el MEAD, operacionalizado durante la Operación Furia Épica, marca el comienzo de una arquitectura regional de seguridad multilateral integrada y duradera, y no simplemente una iniciativa coyuntural de tiempo de guerra. En el testimonio del CENTCOM, las métricas de desempeño del actual MEAD fueron genuinamente históricas: más de 6000 drones de ataque y 1500 misiles balísticos interceptados. Según Cooper, esto constituiría “el mayor paraguas integrado de defensa aérea jamás desplegado en la Tierra”. Sin embargo, todos los marcos regionales de seguridad anteriores colapsaron por las mismas razones estructurales, ninguna de las cuales ha sido resuelta: rivalidades dentro del CCG, orientaciones divergentes de política exterior y recalibración de percepciones de amenaza tras acercamientos diplomáticos con Teherán. A esto se suma la erosión de la confianza en la disposición estadounidense a asumir riesgos en nombre de sus aliados. El referente de 1990-1991, una coalición de 35 Estados y medio millón de soldados desplegados en pocos meses tras la invasión iraquí de Kuwait, ya no es el punto de referencia en las capitales del Golfo. En su lugar, observan la tibia respuesta estadounidense a los ataques de 2019 contra Saudi Aramco, el abandono de los aliados kurdos, la retirada de Afganistán en 2021 y la propia admisión del CENTCOM de que “la mayoría de los países han rechazado participar en la reapertura del estrecho de Ormuz”. El resultado es una estrategia de cobertura que el testimonio no reconoce. Varios Estados del CCG han desarrollado asociaciones paralelas e integrales con Pekín para adquirir misiles balísticos chinos, drones armados e infraestructura de comunicaciones, lo que impone límites concretos de interoperabilidad e intercambio de inteligencia al propio MEAD. Estados Unidos e Israel han demostrado que pueden desmantelar gran parte del aparato militar convencional iraní con una velocidad y coordinación notables. Pero el mismo éxito de esa operación expone los límites de la fuerza frente a un adversario cuyo poder nunca dependió de la paridad tecnológica o de fuego, sino del engaño, la negación plausible y la capacidad de transformar recursos limitados en presión política y psicológica persistente. Una postura de contención combinada con transferencia de cargas indica una transición desde la resolución de problemas hacia la gestión de riesgos. Eso implica una etapa de inestabilidad crónica en la que los adversarios no son derrotados, sino administrados de forma continua, y donde la disuasión opera permanentemente por debajo del umbral de una confrontación decisiva. La tecnología puede alinear sensores e interceptores, pero no puede reconciliar percepciones divergentes de amenaza, instintos de cobertura estratégica ni la disminución de la confianza en garantías externas, incluso cuando quien convoca es Estados Unidos. El principal desafío residual, cómo enfrentar las formas resilientes, descentralizadas y de bajo costo de poder que siguen sosteniendo la estrategia desestabilizadora de Irán, es precisamente el punto que el testimonio del CENTCOM no aborda.

Durante las últimas tres semanas, la posición negociadora del Líbano ha evolucionado discretamente, pero de forma significativa. Conversaciones directas entre el Líbano e Israel se desarrollan actualmente en Washington, en el marco de un alto el fuego de diez días que comenzó el 16 de abril y fue prorrogado por tres semanas el 23 de abril a petición expresa de Beirut. El contexto regional e interno ha cambiado, pero el gobierno libanés todavía no parece haberse adaptado. Fuera del Líbano, y especialmente dentro del CCG, se impone cada vez más una conclusión: intentar desarmar a Hezbolá y firmar un tratado de paz completo con Israel ya no responde al realismo político. Los actores regionales con mayor peso consideran que insistir en esos objetivos probablemente provocaría una fractura interna en el Líbano, reavivando enfrentamientos sectarios que todos buscan evitar. Los persistentes consejos de Egipto y Arabia Saudita al Líbano para adoptar una postura mucho más prudente se explican por el resultado del alto el fuego del 8 de abril entre Estados Unidos e Irán, alcanzado sin que Teherán aceptara concesiones sustanciales sobre su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos o su apoyo a fuerzas aliadas. Aunque Irán sufrió daños importantes en su infraestructura militar convencional tras las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel, conserva una reserva significativa de uranio enriquecido que, sin constituir un arma, está lo bastante cerca de ello como para seguir siendo una herramienta de presión duradera. También mantiene un arsenal balístico residual, reducido, pero no eliminado. Más importante aún, su red regional de aliados armados, de la cual Hezbolá es el componente más visible, está debilitada, pero sigue operativa. Además, Irán demostró durante la crisis que posee una carta que no había jugado a esa escala anteriormente: su capacidad de amenazar o entorpecer parcialmente el tránsito por el Estrecho de Ormuz. Lo que decidió no utilizar es igualmente revelador. Los hutíes en Yemen conservan capacidad autónoma de ataque. La posibilidad iraní de ejecutar operaciones de zona gris mediante redes de desestabilización dentro de los países del Golfo, e incluso en países occidentales, sigue siendo una carta reservada. En conjunto, esas capacidades asimétricas remanentes significan que Irán entró en el periodo posterior al alto el fuego no como una potencia derrotada dispuesta a capitular, sino como un actor herido, pero aún con cartas reales por jugar. Para los Estados miembros del CCG, esta realidad condiciona cada cálculo estratégico futuro. Una victoria total sobre Irán ya no está sobre la mesa. Comprometerse con Teherán, aceptar algunas de sus líneas rojas, ofrecerle normalización económica y atenuar, en vez de desmontar, su influencia aparece como la alternativa racional, y quizás la única viable fuera de una confrontación abierta en la que el CCG tendría mucho más que perder que un Irán golpeado. En ese contexto, las presiones regionales sobre Beirut para acomodar, más que confrontar, los intereses iraníes, incluida la supervivencia de Hezbolá como fuerza política y militar, solo pueden intensificarse. Cada concesión que el CCG otorgue a Irán a cambio de estabilidad regional es una concesión que reduce el margen de maniobra libanés. La hipótesis de que Irán había quedado suficientemente debilitado como para permitir una ofensiva decisiva a favor del desarme de Hezbolá fue desmentida por los acontecimientos. En ese escenario, Riad podría intentar proponer un “paquete libanés” dentro de su acercamiento diplomático más amplio con Teherán. Un Líbano consumido por una guerra civil haría imposible entregar ese paquete y pondría directamente en riesgo los esfuerzos sauditas de desescalada. La dimensión siria añade urgencia. Tras haber invertido considerablemente en la transición posterior a Bashar al-Assad, Arabia Saudita no puede permitirse que la inestabilidad se propague desde el Líbano hacia el este, algo muy probable en caso de violencia sectaria detonada por un intento de normalización con Israel. Israel ha expresado su posición sin ambigüedades. No se retirará ni renunciará a su capacidad de atacar dentro del Líbano mientras Hezbolá no sea desarmado. Ante esas exigencias rígidas, Hezbolá calificó las conversaciones como una humillación y declaró que no respetará ningún acuerdo alcanzado sin una retirada total de las fuerzas israelíes y sin un retorno organizado y generosamente financiado de las familias desplazadas a todas las localidades del sur del Líbano afectadas por las operaciones israelíes en curso. El bloqueo estructural que esto genera no es del todo nuevo. Antes del 7 de octubre de 2023, la política libanesa descansaba sobre un equilibrio regional definido por la reticencia del CCG a cualquier confrontación directa, lo que permitía a Irán mantener su influencia y no dejaba al Líbano otra opción que acomodar la existencia de un Hezbolá armado como rasgo permanente de su paisaje político. La cuestión ahora es si puede construirse un acuerdo sustancial que reconozca honestamente esa realidad. La franja de seguridad israelí dentro de territorio libanés a lo largo de la frontera, el papel del ejército libanés al sur del río Litani y las reglas de enfrentamiento de la FINUL son factores reales y aún no resueltos antes de cualquier acuerdo. El consejo egipcio-saudita al presidente Joseph Aoun es obtener el nivel mínimo de adhesión interna necesario para evitar una ruptura, reduciendo las expectativas de un tratado de paz a un acuerdo limitado en alcance, que Hezbolá y sus bases electorales no perciban como una amenaza existencial. Sin ese consenso, cualquier acuerdo corre el riesgo de ser inaplicable o de convertirse en catalizador de un conflicto civil. Los acuerdos que satisfagan la exigencia de consenso nacional se parecerían más a versiones mejoradas de arreglos anteriores, como la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU o el Armisticio entre Líbano e Israel de 1949. Podrían incluir un mandato más claro y vinculante para la FINUL, un redespliegue progresivo del ejército libanés al sur del Litani ligado a metas medibles, y un mecanismo gradual de retirada israelí sujeto a esas mismas metas. Sin embargo, la cuestión central sigue siendo si Israel está dispuesto, después de todo lo ocurrido desde octubre de 2023, a volver al statu quo anterior. Un tratado de paz completo con Israel y el desarme de Hezbolá son inalcanzables en las circunstancias actuales. Lo que todavía parece posible es un arreglo de seguridad que reduzca el riesgo de una nueva guerra, otorgue al ejército libanés un papel real en el sur y cree condiciones para que el Estado libanés reafirme progresivamente su autoridad institucional en zonas donde durante mucho tiempo ha estado ausente. La soberanía plena no es un destino al que pueda llegar un acuerdo firmado hoy, pero sí un destino que un arreglo bien construido puede mantener dentro del campo de lo posible.

El 16 de abril de 2026 entró en vigor un cese de hostilidades de diez días entre Israel y Líbano. Era, en todos los sentidos, el acuerdo más débil que Líbano había aceptado jamás. Mientras la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2006, imponía obligaciones vinculantes y simétricas a todas las partes, y mientras el cese de hostilidades de noviembre de 2024 había establecido un sólido mecanismo de supervisión acompañado de calendarios de aplicación precisos, el instrumento de abril de 2026 imponía una obligación inmediata, total e incondicional de desarmar a Hezbolá, al tiempo que otorgaba a Israel derechos de legítima defensa preventiva de los que nunca había dispuesto formalmente antes. Algo evidentemente salió mal, no en las redacciones de Washington o París, sino en décadas de parálisis estratégica que inmovilizaron a Beirut. La letra vinculante de la resolución 1701 La resolución 1701 era, en teoría, un instrumento serio. Adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 11 de agosto de 2006 para poner fin a la guerra del verano entre Israel y Hezbolá, definía obligaciones claras e incondicionales para todas las partes. Israel estaba obligado a cesar inmediatamente sus operaciones ofensivas, retirarse del sur de Líbano en paralelo con el despliegue del ejército libanés, respetar en todo momento la Línea Azul trazada por la ONU y entregar los mapas de los campos minados restantes. Líbano estaba obligado a desplegar su ejército en el sur, ejercer su plena soberanía sobre todo su territorio, impedir cualquier transferencia no autorizada de armas y, como consecuencia de mayor alcance, avanzar en el desarme de los actores armados no estatales. Hezbolá, que no era firmante formal, pero cuyo líder, Hassan Nasrallah, se había comprometido públicamente a respetar el cese al fuego, estaba obligado a cesar todos los ataques contra Israel, retirarse de la zona al sur del río Litani y someterse a la autoridad del gobierno libanés. El arte de no aplicar nada Lo que siguió fue un fracaso casi total de la implementación, aunque no un fracaso equitativo entre las partes. Israel puso fin a sus principales operaciones y finalmente retiró la mayor parte de sus fuerzas terrestres, pero continuó violando el espacio aéreo libanés durante años y solo entregó información parcial sobre los campos minados. El gobierno libanés desplegó al ejército en el sur con capacidades limitadas, pero nunca intentó seriamente desarmar a Hezbolá, aplazándolo indefinidamente mediante diálogo político, sensibilidad sectaria y el cálculo tácito de que el costo de la confrontación superaba al de la inacción. Hezbolá, el grupo que se había comprometido públicamente a respetar el cese al fuego, pasó los dieciocho años siguientes construyendo un arsenal estimado en 150 mil cohetes y misiles, excavando túneles hacia Israel y levantando lo que equivalía a un Estado paralelo en el sur de Líbano, todo ello en violación directa de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad. La ficción de Shebaa Para contrarrestar la justificación israelí de legítima defensa, Líbano y Hezbolá invocaron la disputa no resuelta de las Granjas de Shebaa, una estrecha franja territorial cuyo estatus seguía siendo cartográficamente ambiguo, como base para tolerar la postura armada de Hezbolá en calidad de “resistencia nacional”. Ese argumento tenía un defecto fatal: Siria había reconocido en privado, en 2011, que ese territorio era sirio y no libanés, lo que significaba que la principal base política de la existencia armada de Hezbolá en el sur de Líbano descansaba sobre una reclamación que ni siquiera Damasco respaldaba. Nada de ello tenía validez jurídica frente al texto de la resolución, que no contenía ninguna cláusula de escape que autorizara el incumplimiento por motivos políticos. Una segunda oportunidad, mejor redactada Después de que Hezbolá abriera un “frente de apoyo” tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, y de que la guerra derivara en una invasión terrestre israelí del sur de Líbano en el otoño de 2024, la comunidad internacional volvió a reunirse. El resultado fue el cese de hostilidades de noviembre de 2024, negociado bajo mediación estadounidense y francesa. Esta vez, los redactores buscaron cerrar las brechas. El lenguaje pasó de lo aspiracional a lo vinculante. Líbano ya no era simplemente invitado a trabajar en el desarme de Hezbolá: estaba obligado a “prevenir” las operaciones del movimiento, como obligación de resultado. Se fijó un calendario de sesenta días para la retirada coordinada israelí y el despliegue del ejército libanés en el sur. Se estableció un mecanismo de supervisión presidido por Estados Unidos para verificar el cumplimiento de los compromisos. La palabra “paralelo” apareció explícitamente: las obligaciones de ambas partes no podían tratarse como secuenciales. Avances prudentes, sombras conocidas Los primeros resultados fueron moderadamente alentadores. En abril de 2025, Hezbolá había transferido al ejército libanés el control de unas 190 de sus 265 posiciones militares al sur del Litani. Funcionarios militares libaneses y estadounidenses reportaron la incautación de miles de cohetes y cientos de misiles. Por primera vez desde 1990, el presidente de la República se comprometió a imponer el monopolio estatal sobre las armas, y el gobierno criminalizó formalmente las actividades militares de Hezbolá. Estas medidas representaban avances tangibles, aunque limitados. La historia se repite, más rápido Sin embargo, reaparecieron las mismas fallas. La FINUL documentó más de 7 mil 500 violaciones del espacio aéreo por parte de Israel y cerca de 2 mil 500 violaciones terrestres hasta octubre de 2025. Israel mantuvo tropas en cinco posiciones dentro de Líbano mucho más allá del plazo de sesenta días, declarando públicamente su intención de conservarlas allí indefinidamente. Al ejército libanés solo se le encomendó formalmente la misión de confiscar las armas de Hezbolá casi un año después de la firma del acuerdo. Líbano condicionó repetidamente sus propios esfuerzos de desarme a una retirada israelí previa y total, pese a que el texto del acuerdo no establece esa condición. Hezbolá reconstruyó discretamente su arsenal. Y el 2 de marzo de 2026, el movimiento lanzó proyectiles contra el norte de Israel, invocando el asesinato del líder supremo iraní Jamenei y la continuidad de la ocupación israelí, justificaciones sin peso jurídico frente a los compromisos que efectivamente había asumido. El precio de las fallas acumuladas El acuerdo de abril de 2026 se negoció en este contexto de violaciones repetidas. Su arquitectura refleja el déficit de poder acumulado por el Líbano con el paso de los años. Las obligaciones de Israel son más limitadas que en cualquier momento desde 2006, reducidas esencialmente a una abstención de diez días de operaciones ofensivas, calificada explícitamente como “gesto de buena voluntad” más que como compromiso jurídico vinculante. Más significativo aún, el derecho de Israel a la legítima defensa fue ampliado formalmente para cubrir no solo ataques en curso e inminentes, sino también ataques “planificados”, lo que significa que Israel conserva el derecho explícito de realizar ataques preventivos basados en evaluaciones de inteligencia, sin esperar a que un ataque se materialice. No se trata de una concesión arrancada por Israel mediante diplomacia agresiva: es la conclusión lógica de un proceso en el que cada acuerdo anterior fue violado y cada plazo de aplicación fue incumplido. Lo que se cedió sin necesidad de arrancarlo Las obligaciones de Líbano en 2026 están redactadas en términos sensiblemente más estrictos que en 2024. Mientras los acuerdos anteriores exigían a Líbano “prevenir” las operaciones de Hezbolá como obligación de resultado, o proceder gradualmente al desarme de actores no estatales, el texto de 2026 invoca la responsabilidad “exclusiva” de Líbano de defender su territorio, sin mecanismo de supervisión ni calendario para la confiscación de armas. En un solo instrumento, toda la arquitectura de supervisión internacional construida pacientemente desde 2006 fue disuelta en favor de negociaciones bilaterales directas en las que Líbano llega desde una posición de debilidad estructural. Un solo patrón en tres acuerdos El patrón que atraviesa los tres acuerdos no es difícil de identificar. Cada marco sucesivo impuso exigencias de desarme más estrictas a Líbano y Hezbolá, mientras al mismo tiempo formalizó y amplió el margen reconocido a Israel para la acción militar. No es producto del azar. Cuando un Estado no logra establecer control exclusivo sobre su territorio, tolera que un actor no estatal mantenga un arsenal militar independiente y permite que sus fronteras sirvan como vía para transferencias de armas en violación de sus propios compromisos internacionales, el espacio jurídico y político del que dispone el Estado vecino que invoca la legítima defensa solo puede ampliarse inexorablemente. La libertad operativa de Israel en 2026 no fue conquistada unilateralmente: fue concedida por etapas, a lo largo de décadas de inacción libanesa. Eso no excusa la ocupación israelí continuada de territorio libanés más allá de los plazos acordados, la muerte de cientos de civiles desde noviembre de 2024 ni los ataques repetidos contra infraestructura civil. Se trata de violaciones graves que implican responsabilidad jurídica, una ventaja que cualquier gobierno que hubiera cumplido sus propias obligaciones habría intentado hacer valer. En los hechos, sin embargo, la trayectoria general de las negociaciones entre Israel y Líbano sigue siendo previsible. Las condiciones políticas y jurídicas que vuelven defendible la acción militar israelí, tanto interna como internacionalmente, fueron moldeadas en gran parte por lo que Líbano y Hezbolá omitieron hacer durante más de dos décadas. La trayectoria que va de la resolución 1701 en 2006 al gesto de diez días de abril de 2026 no es la de una manipulación de las grandes potencias ni la de una traición diplomática, sino el reflejo de las decisiones de un Estado que permitió a una autoridad militar paralela operar en su territorio, intentó burlar a la comunidad internacional y descubrió, acuerdo tras acuerdo, que la paciencia de esta se había agotado. Como consecuencia, Líbano inicia en abril de 2026 negociaciones directas con Israel como Estado soberano que ha reconocido formalmente su incapacidad para garantizar el control de su propio territorio. Es una posición excepcionalmente difícil desde la cual esperar alcanzar un acuerdo justo.

La primera parte de este análisis estableció que ni Estados Unidos ni Irán salieron de seis semanas de guerra con una victoria estratégica. Esta segunda parte examina lo que esa no resolución significa para los actores que ahora deben vivir con sus consecuencias: Israel, el Líbano, Turquía, los Estados del Golfo y la alianza occidental en sentido amplio. Lo que sigue es un panorama de las contradicciones y los cálculos peligrosos que configuran el próximo capítulo de la región. Israel: la doctrina de la perturbación permanente El primer ministro israelí entró en la campaña contra Irán como su principal arquitecto y promotor. Sale de ella sometido a presión desde ambos lados a la vez. Por un lado, los halcones militares y políticos que querían continuar las operaciones pese al ultimatum estadounidense de detenerlas, y que consideran que el alto el fuego, al igual que el acuerdo yemení que lo precedió, ha dejado a Israel más expuesto que antes. Por el otro, una oposición revigorizada que siempre ha descrito la estrategia de Netanyahu — escalada permanente sin horizonte político — como una fórmula de guerra sin fin antes que de seguridad duradera. Bajo estas presiones políticas subyace una doctrina de seguridad que ha sufrido una mutación fundamental desde el 7 de octubre. En las secuelas inmediatas de los ataques de Hamás, Israel operó un giro de la disuasión hacia la prevención, partiendo del principio de que la acción militar preventiva, más que la amenaza creíble de represalias, constituye el único garante fiable de la seguridad israelí. Gaza fue la primera aplicación a plena escala de esta doctrina, y sus resultados pusieron al descubierto una limitación central: la fuerza aplastante puede destruir infraestructuras y eliminar liderazgos, pero no puede producir un control político sostenido ni impedir la reconstitución progresiva. Hamás ha sobrevivido como actor político. Israel mantiene una dominación militar incontestada sobre la Franja sin llegar a gobernarla, lo que significa que, si bien la amenaza inmediata sobre las localidades circundantes ha sido neutralizada, las condiciones para una eventual reconstitución de Hamás no lo han sido. La doctrina adaptada combina ahora zonas de amortiguamiento desmilitarizadas con esfuerzos sostenidos por mantener a los actores hostiles absorbidos por sus conflictos internos. El objetivo no es gobernar esos territorios, sino impedir que cualquier amenaza militar coherente se reconstituya en ellos. Es una doctrina de perturbación permanente antes que de victoria decisiva y puntual. Encuestas recientes indican que apenas el 22 % de los israelíes considera que su país o Estados Unidos han ganado esta guerra, mientras que solo el 32 % declara satisfacción con el resultado global. Al mismo tiempo, el 79 % sigue respaldando la continuación de las operaciones militares en el Líbano. Las elecciones legislativas israelíes de 2026 tienen todas las probabilidades de agudizar estas tensiones antes que de resolverlas. Los dirigentes políticos enfrentarán electorados que exigen garantías de seguridad, no umbrales estratégicos abstractos — presión que debería mantener el curso de las operaciones militares en el Líbano hasta el desarme completo de Hezbolá, complementadas por una presión diplomática sostenida sobre el gobierno libanes, ataques selectivos continuos y zonas de amortiguamiento desmilitarizadas diseñadas para impedir que Hezbolá recupere su postura militar anterior a 2023. Una aclaración se impone aquí sobre la expansión territorial. El objetivo militar declarado de Israel es el establecimiento de zonas de seguridad intermedias bajo la forma de perímetros avanzados destinados a alejar las amenazas de las fronteras existentes. Israel no puede, por tanto, contemplar la extensión de su soberanía sobre nuevos territorios. Anexar de forma permanente tierras del sur del Líbano acercaría a los civiles israelíes a las capacidades residuales de Hezbolá en lugar de alejarlos de ellas, lo que es exactamente lo contrario de lo que exige la doctrina de prevención. El balance histórico confirma esta lectura: Israel se retiró del Sinaí en los años ochenta, del sur del Líbano en 2000 y de Gaza en 2005. La única excepción es el plateau del Golán, formalmente anexado y luego reconocido por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, tras un intenso lobbying de los grupos pro-israelíes en Washington. En cuanto al proyecto de un Gran Israel en sentido amplio, nunca ha cristalizado en un mapa único de consenso, ni siquiera entre las corrientes más duras de la derecha israelí. Si el maximalismo territorial guiara realmente la política israelí, las retiradas de Gaza y del sur del Líbano — que figuran ambas en al menos algunas versiones de ese mapa — serían inexplicables. El Líbano: entre esperanza desvanecida y catástrofe suspendida En el interior del Líbano, el panorama que hace un año parecía cautelosamente optimista se ha ensombrecido considerablemente. El gobierno de Nawaf Salam, que asumió funciones a principios de 2025, era genuinamente prometedor: primer gobierno libanes en treinta años que suprimió la célebre fórmula «Pueblo, Ejército y Resistencia» de su declaración ministerial, privando así a Hezbolá de su cobertura política oficial. El Ejército libanes comenzó a desplegarse al sur del Litani por primera vez en décadas. Hezbolá, severamente debilitado por la guerra de 2023-2024 con Israel y la eliminación de su dirección, parecía, por un instante, verdaderamente contenido. Sin embargo, la actuación del movimiento desde su decisión de incorporarse a la guerra el 2 de marzo demuestra claramente que no había dejado de reconstituirse y adaptarse, pivotando hacia una postura de guerrilla más dispersa. Más importante aún, busca hoy capitalizar el giro estadounidense respecto a Irán para reconstruir su legitimidad interior, utilizando el momento presente para impedir cualquier retorno a los arreglos de preguerra o a las condiciones político-militares que anteriormente lo habían despojado de su cobertura gubernamental oficial. El grupo evalúa activamente las formas de marginar y debilitar a sus adversarios políticos, primero por vías legales y parlamentarias y, si esas vías resultan insuficientes, mediante asesinatos y liquidaciones selectivas del tipo que el Líbano padeció entre 2005 y 2013. El sistema consociacional libanes, basado en un reparto del poder confesional rígido, hace excepcionalmente difícil cualquier acción decisiva contra un actor único. En este tenso contexto se inscribe una crisis de desplazamiento que afecta a más de un millón de personas desarraigadas, la mayoría procedentes de comunidades alineadas con Hezbolá o dependientes de él. Israel está decidido a impedir el regreso de esos aldeanos al sur del Líbano antes del desarme completo de Hezbolá. Los posibles gobiernos donantes siguen condicionando su apoyo a criterios de desarme que Hezbolá se niega a satisfacer. Los gobiernos del Golfo, más concretamente, se resisten a financiar un Estado cooptado por Hezbolá, suponiendo que las consecuencias económicas de la guerra en sus propios países les permitan todavía donar con tanta generosidad como antes. El resultado, ya visible, es una crisis de desplazamiento prolongada en un país que deriva hacia la misma catástrofe suspendida que Gaza: demasiado roto para recuperarse, demasiado armado para ser gobernado, demasiado dividido para encontrar por sí solo una salida. Turquía: potencia ineludible de un vacío regional Un Irán debilitado no estabiliza automáticamente la región. Crea un vacío. Antes incluso del inicio de la guerra contra Irán, Ankara era ya el actor exterior dominante en la Siria post-Assad. La degradación de Irán ha acelerado la centralidad turca en cualquier orden regional que pudiera emerger — en Siria, en Irak, y sobre todo en la forma en que la opinión política musulmana se estructura. Este poder creciente sitúa a Turquía en una trayectoria de colisión cada vez más directa con Israel. Los responsables israelíes han sido cada vez más explícitos al respecto, percibiendo a Turquía como una amenaza estratégica emergente, en particular en Siria, donde Ankara tiene más cartas que cualquier otro actor. La pregunta de por qué Turquía será un actor regional ineludible tras la guerra contra Irán ha dejado de ser una pregunta: es una realidad. El Golfo: triple presión sobre un contrato social fragilizado Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo han absorbido el choque económico más inmediato de esta guerra. El contrato social de los países del Golfo — la promesa implícita de una prosperidad casi ilimitada a cambio de la lealtad política hacia las dinastías reinantes — descansa sobre una economía regional estable, próspera e interconectada, y se encuentra hoy bajo tensión. El CCG se enfrenta a tres desafíos simultáneos, cada uno de los cuales sería exigente por sí solo. Debe, en primer lugar, restaurar la confianza en el modelo económico que ha construido desde los años setenta, modelo que depende de exportaciones petroleras previsibles, rutas de tránsito seguras e inversiones extranjeras sensibles a la inestabilidad regional. Debe luego decidir cómo gestionar un Irán herido pero no destruido, que conservará, en casi cualquier escenario de alto el fuego, la capacidad de amenazar de nuevo las infraestructuras del Golfo — la acomodación arriesgando envalentonar a Teherán, la confrontación arriesgando provocar un nuevo ciclo de devastación económica. En tercer lugar, y quizás lo más urgente, los Estados del Golfo necesitan poner en marcha un programa de recuperación económica acelerada. Occidente ausente: un error estratégico duradero A lo largo de esta crisis, el rasgo más llamativo de la política europea y occidental en sentido amplio ha sido su ausencia. Mientras Estados Unidos combatía a un régimen que no ha perdonado ningún interés occidental, los gobiernos europeos contemplaban en su mayoría desde las tribunas, aprovechando la crisis iraní para saldar cuentas políticas con la administración Trump en lugar de confrontarse con la realidad estratégica de que la amenaza iraní no se limita a los intereses estadounidenses. Esto será recordado como un error estratégico profundo. Independientemente de lo que uno piense de los métodos de Donald Trump, la realidad subyacente permanece: un Irán envalentonado emerge de este conflicto al mismo tiempo que un Golfo cuyos fundamentos económicos están sometidos a una presión sostenida. Al elegir no sumarse, ni siquiera apoyar mínimamente, el esfuerzo liderado por Estados Unidos para debilitar a Irán, los actores occidentales recalcitrantes han favorecido de facto un equilibrio de fuerzas más peligroso, en el que el poder de palanca iraní crece, la disuasión se erosiona y el coste de una eventual confrontación resulta considerablemente más elevado. La zona gris como horizonte estratégico Las capacidades asimétricas residuales de Irán no permanecerán inactivas mientras las negociaciones diplomáticas siguen su curso. A falta de un acuerdo satisfactorio para el presidente Trump, tanto Estados Unidos como Israel tienen sólidas razones estratégicas para mantener un patrón de operaciones selectivas. No obstante, las tres partes — y el CCG — no pueden permitirse un retorno a la guerra abierta tal como se libró en marzo y principios de abril de 2026. El propósito de la estrategia de zona gris que se perfila es perturbar el rearme nuclear y balístico iraní, degradar las infraestructuras de proxies supervivientes y señalar mediante la acción que el coste de la reconstitución seguirá siendo elevado. Las operaciones de zona gris — ataques de precisión, perturbación cibernética, operaciones de inteligencia — han demostrado ser más duraderas en sus efectos que las campañas militares espectaculares, precisamente porque privan a los adversarios del entorno estable que necesitan para reconstruirse. Una contención estratégica basada en la esperanza de que las negociaciones resolverán los problemas estructurales no haría, a la luz de los hechos actuales, sino ofrecer a Irán y a sus proxies el respiro que necesitan para rearmarse. El patrón se ha repetido demasiadas veces como para suponer un resultado diferente esta vez. El escenario de un avance diplomático global que resolviera el expediente nuclear, limitara la red de proxies de Irán y produjera un nuevo orden estable y aplicable transformaría verdaderamente la ecuación regional. Pero es el resultado menos probable a la luz de los datos actuales. Requeriría un nivel de inversión política estadounidense sostenida que Washington ha fracasado sistemáticamente en mantener tras sus campañas militares. Requeriría que la dirección iraní post-bélica consintiera concesiones que su predecesora rechazó explícitamente. Requeriría un Hezbolá dispuesto a desarmarse como condición de la recuperación del Líbano, algo que el movimiento ya ha señalado que no aceptará. Los actores regionales son más desesperados y menos predecibles, y la confianza necesaria para un acuerdo duradero ha sido erosionada por décadas de acuerdos rotos y posturas de mala fe de todos los lados. Conclusión La nueva fase de la interminable crisis de Oriente Próximo no está definida por un vencedor claramente designado ni por un perdedor identificable. Está definida por la incertidumbre — en Israel, en Estados Unidos, en todo el Golfo y en el Líbano — y por un consenso general entre actores regionales según el cual la postura operativa más segura, por ahora, consiste en hacer avanzar los propios intereses mediante la confrontación de baja intensidad, la presión por vías oficiosas y la ambigüedad estratégica antes que por el enfrentamiento abierto. Las apuestas son más altas que nunca, y los actores más desesperados que antes.

La decisión de Estados Unidos de lanzar una campaña militar de gran envergadura contra Irán fue el resultado de una confluencia de presiones. Los sectores más duros del establishment de seguridad llevaban tiempo exigiendo una acción decisiva. El lobby proisraelí ejerció todo su peso a favor de una intervención, sobre todo después de que los ataques de junio de 2025 no lograran una disuasión duradera, y de que Israel mismo pasara meses empujando a Washington hacia una postura más maximalista. Estos factores crearon las condiciones políticas de la guerra. Pero el factor más decisivo en el plano estratégico tal vez respondió a una lógica comparable a la aplicada en Venezuela. El objetivo central del presidente Trump no era únicamente degradar la capacidad militar de Irán, sino reconfigurar la arquitectura de las transacciones petroleras globales, controlando no solo quién vende el crudo, sino quién lo compra y en qué condiciones. Al mantener y profundizar la presión de las sanciones sobre las exportaciones petroleras iraníes, Washington busca restringir el acceso de China a un crudo subsidiado o vendido a precios reducidos, en un momento en que ese acceso constituye un aporte relevante para el crecimiento industrial y militar chino. La victoria convencional y sus límites Lo que lograron las fuerzas armadas estadounidenses en marzo y abril de 2026 no admite discusión. Los primeros ataques mataron al Líder Supremo, eliminaron a altos mandos militares y destruyeron instalaciones institucionales neurálgicas, incluido el principal cuartel general de investigación y desarrollo de la Guardia Revolucionaria. Una parte significativa de los sistemas de defensa aérea iraníes fue neutralizada en las primeras veinticuatro horas, otorgando a las aeronaves estadounidenses e israelíes un control efectivo del espacio aéreo iraní casi de inmediato. La mayoría de los lanzadores de misiles balísticos iraníes fue destruida en las dos primeras semanas, y la mayor parte de los sitios militar-industriales identificados fue atacada, reduciendo considerablemente los ataques con misiles y drones contra Israel desde la segunda semana del conflicto. Las principales instalaciones de enriquecimiento fueron severamente dañadas, primero en junio de 2025 y luego nuevamente en 2026, mientras que un número considerable de buques de guerra iraníes fue hundido. Bajo cualquier criterio militar convencional, la campaña fue un éxito notable. Sin embargo, esta imagen de éxito militar convencional debe matizarse. La postura estratégica de Irán nunca se ha basado prioritariamente en sus fuerzas convencionales. Se sustenta en un enfoque de defensa en mosaico, una red entrelazada de herramientas asimétricas que incluye enjambres de drones, milicias aliadas, hostigamiento naval y la amenaza latente de cerrar el estrecho de Ormuz. La campaña neutralizó la capa militar convencional de Irán, pero dejó en gran medida intactas sus capacidades asimétricas. Desmantelar la marina, los misiles balísticos y las defensas aéreas de un adversario tiene un peso estratégico innegable, pero resulta insuficiente cuando sus principales instrumentos de coerción siguen siendo los drones, las redes de milicias y la capacidad de perturbar cuellos de botella marítimos críticos. Degradar lo convencional sin neutralizar lo asimétrico equivale, en última instancia, a quitarle el rifle al enemigo mientras se le deja una pistola cargada. Un alto el fuego ambiguo Los límites de lo logrado ya se reflejan en los contornos del alto el fuego. El acuerdo, nunca hecho público, ha sido ampliamente calificado de ambiguo. Más grave aún, el expediente nuclear sigue completamente sin resolverse, precisamente el único tema en el que coincidían tanto la administración Trump como sus críticos. Las capacidades balísticas de Irán, aunque severamente degradadas, no están neutralizadas de forma definitiva. Su reconstrucción es una cuestión de recursos, no de voluntad, y cualquier alivio de sanciones incorporado a un acuerdo de alto el fuego reactivaría de facto la cuenta regresiva del rearme. Los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano y las facciones proiraníes en Irak ya están en fase de recomposición. Para estos actores, el alto el fuego no representa una derrota, sino una pausa táctica y una oportunidad para reconstituirse. El Irán de posguerra Sería igualmente engañoso presentar la posición de Irán como una victoria o una muestra de resiliencia. El régimen que sobrevivió a esta guerra no es el mismo que la inició. Más de cincuenta altos responsables fueron eliminados. El aparato militar fue severamente degradado. El programa nuclear fue retrasado varios años. La economía, ya presionada por décadas de sanciones, fue empujada al borde del colapso estructural. Los daños a la infraestructura son considerables, y el contrato social entre el régimen y sus ciudadanos, ya debilitado, enfrenta tensiones de una magnitud inédita. Las estructuras de poder dentro del régimen están sometidas a presiones internas, mientras facciones rivales compiten por definir cómo será el Irán de posguerra y quién lo liderará. Irán pudo haber evitado el peor escenario, el colapso del régimen, pero los desafíos colosales que enfrenta distan mucho de parecer una victoria. El contraste entre las posiciones declaradas de Irán y su comportamiento efectivo en abril de 2026 es contundente. El antiguo Líder Supremo, Ali Khamenei, sostuvo de manera constante que no habría ninguna negociación con Estados Unidos. En marzo de 2026, funcionarios iraníes reiteraban que cualquier alto el fuego exigiría garantías completas de disuasión. Entre el 7 y el 10 de abril, varios responsables afirmaban públicamente que no habría conversaciones en Islamabad sin un cese previo de las operaciones israelíes contra Hezbollah. No solo Israel no se detuvo, sino que lanzó una de sus operaciones más importantes contra Hezbollah el 8 de abril. Y aun así, la delegación iraní voló a Islamabad y se sentó a la mesa de negociación. Ninguna retórica triunfalista, por engañosa que sea, cambiará ese hecho. Una constante estadounidense Estados Unidos tiene un patrón bien documentado de incapacidad para convertir su dominio militar en dividendos políticos. En el Líbano, en 1983, tras el atentado que mató a 241 militares estadounidenses, la administración Reagan se retiró en pocos meses, dejando un vacío que Hezbollah se apresuró a llenar. En 2003, Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein con una precisión militar contundente, pero sin un plan coherente para el día después, generando un vacío de poder que las milicias respaldadas por Irán ocuparon rápidamente y del que nunca se retiraron. La retirada prematura de Irak en 2011 erosionó las capacidades institucionales y la autoridad del Estado en un momento crítico, agravando fallas de gobernanza que el Estado Islámico explotó sistemáticamente desde 2014. En 2013, el presidente Obama trazó públicamente una línea roja en torno a las armas químicas en Siria, pero no la hizo cumplir cuando Assad la cruzó en Ghouta. La credibilidad estadounidense se desplomó, Rusia intervino y la guerra en Siria reconfiguró el equilibrio regional de una manera cuyas repercusiones aún persisten. En agosto de 2021, la retirada caótica de Afganistán otorgó a los talibanes una victoria de bajo costo y envió una señal en todos los escenarios donde Estados Unidos tenía aliados. En mayo de 2025, Trump declaró que los hutíes habían “capitulado”, mientras estos sostenían que había sido Washington quien retrocedió. El alto el fuego de abril se inscribe en la misma lógica de todos estos episodios: fuerza abrumadora, seguimiento político incompleto y adversarios que se adaptan para llenar el vacío. La incapacidad estructural de Washington La incapacidad estructural de Washington para sostener un compromiso estratégico más allá de la acción militar no es accidental. Es el resultado de la arquitectura política interna que condiciona cada decisión de política exterior. Estados Unidos no entra ni sale de las guerras a partir de una voluntad nacional unificada. Lo hace a través del choque de intereses en competencia, rara vez conciliables. Los contratistas de defensa y el complejo militar-industrial tienen incentivos institucionales que favorecen ciclos de escalada más que soluciones duraderas. La polarización bipartidista convierte cualquier política asociada a una administración en un blanco para la otra, independientemente de su valor estratégico. Los sectores aislacionistas del movimiento MAGA se opusieron a la guerra desde el inicio; los grupos proisraelíes habrían querido ir más lejos; y los círculos tradicionales de política exterior, tanto de izquierda como de derecha, consideran el resultado una medida a medias. No existe una coalición coherente capaz de sostener la inversión política que exigiría una solución duradera. Con las elecciones de medio mandato en el horizonte, las presiones inflacionarias y el alza de los precios del petróleo debilitan a la administración y al Partido Republicano. El resultado previsible es la misma presión hacia un retiro prematuro que, en cada episodio comparable, ha dejado intacto el problema estratégico de fondo y ha hecho que la siguiente confrontación sea más costosa que la anterior. Conclusión La guerra entre Estados Unidos e Irán no produjo un vencedor. Produjo una región más fragmentada que antes, un expediente nuclear más peligroso precisamente por no haber sido resuelto, y dos adversarios que volverán a enfrentarse, bajo formas distintas, en condiciones que ambos contribuyeron a empeorar. La niebla de la no victoria no es una metáfora. Es la realidad estratégica que definirá el próximo capítulo, el que aborda la segunda parte de este análisis. Próximo artículo: La niebla de la “no victoria”: el nuevo desorden regional

Desde la salida de las tropas francesas de Siria en abril de 1946, la joven república se convirtió en uno de los países más expuestos a golpes de Estado en el mundo árabe durante casi un cuarto de siglo. Para 1970, Siria había registrado diez golpes exitosos. El 13 de noviembre de ese año, Hafez al Asad llevó a cabo un golpe palaciego y se consolidó como el hombre fuerte del país. Para Assad, el Líbano no era solo un vecino; era el patio trasero de Siria y una herramienta para proyectar una postura regional más firme. Cuando estalló la guerra civil en Beirut, Siria intervino militarmente en 1976, primero contra la Organización para la Liberación de Palestina y grupos de izquierda libaneses, y luego en apoyo de esas mismas fuerzas palestinas frente a milicias cristianas organizadas. A partir de entonces, los aparatos de inteligencia y de las fuerzas armadas sirios se integraron en la vida política libanesa, arbitrando el poder al respaldar, traicionar o instrumentalizar a actores locales. La guerra de octubre de 1973, iniciada junto con Egipto contra Israel, marcó un punto de inflexión que convirtió a Assad en un interlocutor clave para Washington. El conflicto terminó en un empate militar, pero fue la gestión del posconflicto lo que evidenció su habilidad estratégica. Henry Kissinger, que pasó cerca de un mes viajando entre Damasco y Jerusalén en mayo de 1974, quedó, según se dice, sorprendido cuando Assad aceptó el marco de separación de fuerzas. El acuerdo, firmado en Ginebra el 31 de mayo de 1974, estableció una zona de amortiguamiento bajo control de la ONU en el Golán y congeló la frontera entre Israel y Siria durante las cinco décadas siguientes. Ningún otro frente árabe-israelí permaneció tan estable durante tanto tiempo. Esa estabilidad se convirtió en el paradigma de Assad: mientras el Golán siguiera congelado, Siria seguiría siendo indispensable. Ninguna paz podría alcanzarse sin Damasco; ninguna guerra podría iniciarse sin su consentimiento. Uno de los mayores éxitos diplomáticos de Assad fue su manejo de la Guerra Fría. El ejército sirio se convirtió en una de las fuerzas mejor equipadas y entrenadas por la Unión Soviética en la región. Su doctrina, armamento y formación de oficiales dependían de Moscú. Sin embargo, Assad nunca concedió a los soviéticos la influencia exclusiva que buscaban. Mantuvo un canal discreto con Washington, se reunió regularmente con funcionarios estadounidenses y evitó adherirse a una alianza formal con el bloque soviético. Assad convirtió esa ambigüedad en una herramienta operativa. Combatió a aliados de Estados Unidos en el Líbano cuando le convenía, debilitó el liderazgo árabe de Egipto tras Camp David y, al mismo tiempo, obtuvo armamento soviético en condiciones preferenciales. Damasco era demasiado valioso para ser aislado por Washington y demasiado independiente para ser controlado por Moscú. Esa fue la posición que Assad sostuvo durante dos décadas. Con la caída de la Unión Soviética y la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en agosto de 1990, Assad enfrentó una decisión clave. Siria se unió, de forma simbólica, a la coalición liderada por Estados Unidos para liberar Kuwait. A cambio, obtuvo margen de maniobra en el Líbano, respaldado por Washington y Arabia Saudita. La ocupación siria se prolongó otros quince años bajo un acuerdo político con Riad. Rafic Hariri, empresario multimillonario con vínculos sauditas, asumió como primer ministro en 1992. En este arreglo, Hariri controlaba la economía, la reconstrucción y las finanzas, mientras Siria dominaba el aparato militar, los servicios de seguridad y la política exterior. A la muerte de Hafez en 2000, su hijo Bashar heredó un equilibrio interno y regional complejo que nunca logró comprender del todo ni sostener. La presión internacional y un levantamiento popular, conocido como la Revolución del Cedro tras el asesinato de Hariri en febrero de 2005, precipitaron la retirada siria del Líbano, borrando tres décadas de influencia en pocas semanas. En menos de diez años, Bashar pasó de ser un aliado aceptable para la comunidad internacional a un actor aislado. Cuando las revueltas árabes llegaron a Siria en marzo de 2011, la respuesta del régimen, marcada por una represión brutal, desató una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos, desplazó a la mitad de la población y redujo drásticamente las capacidades militares del país. La Siria posterior a Assad, liderada por Ahmad el-Chareh, excomandante de Hayat Tahrir al-Sham con vínculos con Al Qaeda, se sostiene sobre una estructura de poder moldeada por una coalición rebelde. Funciona más como un sistema faccional dominante que como una democracia pluralista. Chareh ha obtenido en poco tiempo una notable legitimidad internacional. En poco más de un año se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, intervino ante la Asamblea General de la ONU y logró el levantamiento parcial de sanciones occidentales. Sin embargo, su control interno sigue siendo frágil: persisten tensiones sectarias en la costa occidental, autonomía kurda de facto en el noreste, resistencia drusa en el sur y la presencia de facciones yihadistas que cuestionan su pragmatismo. Para 2024, el ejército sirio ya era apenas una sombra de la fuerza construida por Hafez. Combatientes de Hezbolá, milicias chiitas iraquíes, fuerzas rusas y asesores iraníes habían reemplazado en gran medida al ejército regular como columna vertebral de la defensa del régimen. Tras la caída del régimen, Israel actuó con rapidez para neutralizar lo que quedaba de capacidad militar siria. Bases aéreas, sistemas antiaéreos, instalaciones de producción de armas, arsenales de misiles, radares y centros de investigación en varias ciudades fueron atacados. Según el propio ejército israelí, cerca del 80 % de los activos militares estratégicos restantes fueron destruidos. Lo que queda en Siria es una coalición de grupos armados, no un ejército profesional. La mayoría de los combatientes proviene de antiguas milicias islamistas, eficaces en guerra irregular, pero con escasa formación en operaciones convencionales como control fronterizo, defensa territorial o logística. El equipamiento es heterogéneo y en gran parte obsoleto, con una clara falta de armamento pesado. No existe capacidad aérea ni naval significativa. Sin combatientes extranjeros, estas fuerzas no alcanzan siquiera para controlar el territorio nacional, mucho menos para proyectar poder fuera de sus fronteras. La debilidad militar se ve agravada por la situación económica. Aunque algunas sanciones han sido levantadas, Estados Unidos y la Unión Europea avanzan con cautela. La inversión extranjera sigue siendo limitada, los salarios públicos son extremadamente bajos y la corrupción es generalizada. Las infraestructuras están devastadas y no existe una base económica que permita un rearme significativo, menos aún una intervención militar en el extranjero. En 2025, algunas voces plantearon que Siria podría desplegar tropas en el Líbano como contrapeso a la influencia iraní. Esta idea refleja una profunda incomprensión de la realidad siria. Lo que Washington solicitó fue estrictamente una cuestión de seguridad fronteriza: impedir el tránsito de armas, combatientes y fondos iraníes desde Irak hacia el Líbano a través de Siria. Por ello, los refuerzos sirios se desplegaron tanto en la frontera iraquí como en la libanesa. El objetivo es la contención, no la invasión. Una ocupación requiere logística sostenida, cadenas de mando fiables, administración territorial y protección de tropas. Históricamente, controlar el Líbano implicó desplegar entre 35.000 y 40.000 soldados disciplinados, con redes de inteligencia y respaldo político internacional. El nuevo liderazgo sirio no dispone de ninguno de estos elementos. La posición de Israel constituye un freno adicional insoslayable. Tel Aviv no confía en el actual gobierno de Damasco — considerando a al-Sharaa un yihadista con traje y un títere turco. Además, rechaza la expansión de la influencia turca en Siria y, aún más, su posible extensión hacia el Líbano. Por su parte, Estados Unidos prioriza la estabilidad del ejército libanés y el control de Hezbolá, no la apertura de un nuevo foco de incertidumbre. Del lado libanés, el ejército nacional, respaldado por Estados Unidos, junto con comunidades armadas en el norte y el este del país, impondría un costo elevado a cualquier incursión de fuerzas sirias fragmentadas y mal equipadas. Para los actores proiraníes y redes vinculadas a Hezbolá, el fantasma de una ofensiva yihadista hacia Beirut no es un análisis, sino una herramienta política. Tras sufrir importantes pérdidas desde finales de 2024, buscan reactivar un sentido de amenaza común que refuerce su capacidad de movilización. El planteamiento es claro: una eventual intervención siria justificaría su narrativa de defensa, reforzando la idea de que sus armas siguen siendo indispensables. La historia de Siria ha estado marcada por la brecha entre ambición y capacidad. Hafez al Asad logró cerrarla durante décadas. Su hijo la amplió de forma dramática. La Siria actual, bajo Chareh, aún define qué tipo de Estado quiere ser. Por ahora, el Líbano está fuera de su alcance.