Tres altos el fuego, un solo patrón

El 16 de abril de 2026 entró en vigor un cese de hostilidades de diez días entre Israel y Líbano. Era, en todos los sentidos, el acuerdo más débil que Líbano había aceptado jamás. Mientras la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2006, imponía obligaciones vinculantes y simétricas a todas las partes, y mientras el cese de hostilidades de noviembre de 2024 había establecido un sólido mecanismo de supervisión acompañado de calendarios de aplicación precisos, el instrumento de abril de 2026 imponía una obligación inmediata, total e incondicional de desarmar a Hezbolá, al tiempo que otorgaba a Israel derechos de legítima defensa preventiva de los que nunca había dispuesto formalmente antes. Algo evidentemente salió mal, no en las redacciones de Washington o París, sino en décadas de parálisis estratégica que inmovilizaron a Beirut.

La letra vinculante de la resolución 1701

La resolución 1701 era, en teoría, un instrumento serio. Adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 11 de agosto de 2006 para poner fin a la guerra del verano entre Israel y Hezbolá, definía obligaciones claras e incondicionales para todas las partes.

Israel estaba obligado a cesar inmediatamente sus operaciones ofensivas, retirarse del sur de Líbano en paralelo con el despliegue del ejército libanés, respetar en todo momento la Línea Azul trazada por la ONU y entregar los mapas de los campos minados restantes.

Líbano estaba obligado a desplegar su ejército en el sur, ejercer su plena soberanía sobre todo su territorio, impedir cualquier transferencia no autorizada de armas y, como consecuencia de mayor alcance, avanzar en el desarme de los actores armados no estatales.

Hezbolá, que no era firmante formal, pero cuyo líder, Hassan Nasrallah, se había comprometido públicamente a respetar el cese al fuego, estaba obligado a cesar todos los ataques contra Israel, retirarse de la zona al sur del río Litani y someterse a la autoridad del gobierno libanés.

El arte de no aplicar nada

Lo que siguió fue un fracaso casi total de la implementación, aunque no un fracaso equitativo entre las partes.

Israel puso fin a sus principales operaciones y finalmente retiró la mayor parte de sus fuerzas terrestres, pero continuó violando el espacio aéreo libanés durante años y solo entregó información parcial sobre los campos minados.

El gobierno libanés desplegó al ejército en el sur con capacidades limitadas, pero nunca intentó seriamente desarmar a Hezbolá, aplazándolo indefinidamente mediante diálogo político, sensibilidad sectaria y el cálculo tácito de que el costo de la confrontación superaba al de la inacción.

Hezbolá, el grupo que se había comprometido públicamente a respetar el cese al fuego, pasó los dieciocho años siguientes construyendo un arsenal estimado en 150 mil cohetes y misiles, excavando túneles hacia Israel y levantando lo que equivalía a un Estado paralelo en el sur de Líbano, todo ello en violación directa de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad.

La ficción de Shebaa

Para contrarrestar la justificación israelí de legítima defensa, Líbano y Hezbolá invocaron la disputa no resuelta de las Granjas de Shebaa, una estrecha franja territorial cuyo estatus seguía siendo cartográficamente ambiguo, como base para tolerar la postura armada de Hezbolá en calidad de “resistencia nacional”.

Ese argumento tenía un defecto fatal: Siria había reconocido en privado, en 2011, que ese territorio era sirio y no libanés, lo que significaba que la principal base política de la existencia armada de Hezbolá en el sur de Líbano descansaba sobre una reclamación que ni siquiera Damasco respaldaba.

Nada de ello tenía validez jurídica frente al texto de la resolución, que no contenía ninguna cláusula de escape que autorizara el incumplimiento por motivos políticos.

Una segunda oportunidad, mejor redactada

Después de que Hezbolá abriera un “frente de apoyo” tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, y de que la guerra derivara en una invasión terrestre israelí del sur de Líbano en el otoño de 2024, la comunidad internacional volvió a reunirse.

El resultado fue el cese de hostilidades de noviembre de 2024, negociado bajo mediación estadounidense y francesa.

Esta vez, los redactores buscaron cerrar las brechas. El lenguaje pasó de lo aspiracional a lo vinculante. Líbano ya no era simplemente invitado a trabajar en el desarme de Hezbolá: estaba obligado a “prevenir” las operaciones del movimiento, como obligación de resultado.

Se fijó un calendario de sesenta días para la retirada coordinada israelí y el despliegue del ejército libanés en el sur. Se estableció un mecanismo de supervisión presidido por Estados Unidos para verificar el cumplimiento de los compromisos. La palabra “paralelo” apareció explícitamente: las obligaciones de ambas partes no podían tratarse como secuenciales.

Avances prudentes, sombras conocidas

Los primeros resultados fueron moderadamente alentadores. En abril de 2025, Hezbolá había transferido al ejército libanés el control de unas 190 de sus 265 posiciones militares al sur del Litani.

Funcionarios militares libaneses y estadounidenses reportaron la incautación de miles de cohetes y cientos de misiles.

Por primera vez desde 1990, el presidente de la República se comprometió a imponer el monopolio estatal sobre las armas, y el gobierno criminalizó formalmente las actividades militares de Hezbolá.

Estas medidas representaban avances tangibles, aunque limitados.

La historia se repite, más rápido

Sin embargo, reaparecieron las mismas fallas.

La FINUL documentó más de 7 mil 500 violaciones del espacio aéreo por parte de Israel y cerca de 2 mil 500 violaciones terrestres hasta octubre de 2025.

Israel mantuvo tropas en cinco posiciones dentro de Líbano mucho más allá del plazo de sesenta días, declarando públicamente su intención de conservarlas allí indefinidamente.

Al ejército libanés solo se le encomendó formalmente la misión de confiscar las armas de Hezbolá casi un año después de la firma del acuerdo.

Líbano condicionó repetidamente sus propios esfuerzos de desarme a una retirada israelí previa y total, pese a que el texto del acuerdo no establece esa condición.

Hezbolá reconstruyó discretamente su arsenal. Y el 2 de marzo de 2026, el movimiento lanzó proyectiles contra el norte de Israel, invocando el asesinato del líder supremo iraní Jamenei y la continuidad de la ocupación israelí, justificaciones sin peso jurídico frente a los compromisos que efectivamente había asumido.

El precio de las fallas acumuladas

El acuerdo de abril de 2026 se negoció en este contexto de violaciones repetidas. Su arquitectura refleja el déficit de poder acumulado por el Líbano con el paso de los años.

Las obligaciones de Israel son más limitadas que en cualquier momento desde 2006, reducidas esencialmente a una abstención de diez días de operaciones ofensivas, calificada explícitamente como “gesto de buena voluntad” más que como compromiso jurídico vinculante.

Más significativo aún, el derecho de Israel a la legítima defensa fue ampliado formalmente para cubrir no solo ataques en curso e inminentes, sino también ataques “planificados”, lo que significa que Israel conserva el derecho explícito de realizar ataques preventivos basados en evaluaciones de inteligencia, sin esperar a que un ataque se materialice.

No se trata de una concesión arrancada por Israel mediante diplomacia agresiva: es la conclusión lógica de un proceso en el que cada acuerdo anterior fue violado y cada plazo de aplicación fue incumplido.

Lo que se cedió sin necesidad de arrancarlo

Las obligaciones de Líbano en 2026 están redactadas en términos sensiblemente más estrictos que en 2024.

Mientras los acuerdos anteriores exigían a Líbano “prevenir” las operaciones de Hezbolá como obligación de resultado, o proceder gradualmente al desarme de actores no estatales, el texto de 2026 invoca la responsabilidad “exclusiva” de Líbano de defender su territorio, sin mecanismo de supervisión ni calendario para la confiscación de armas.

En un solo instrumento, toda la arquitectura de supervisión internacional construida pacientemente desde 2006 fue disuelta en favor de negociaciones bilaterales directas en las que Líbano llega desde una posición de debilidad estructural.

Un solo patrón en tres acuerdos

El patrón que atraviesa los tres acuerdos no es difícil de identificar.

Cada marco sucesivo impuso exigencias de desarme más estrictas a Líbano y Hezbolá, mientras al mismo tiempo formalizó y amplió el margen reconocido a Israel para la acción militar.

No es producto del azar.

Cuando un Estado no logra establecer control exclusivo sobre su territorio, tolera que un actor no estatal mantenga un arsenal militar independiente y permite que sus fronteras sirvan como vía para transferencias de armas en violación de sus propios compromisos internacionales, el espacio jurídico y político del que dispone el Estado vecino que invoca la legítima defensa solo puede ampliarse inexorablemente.

La libertad operativa de Israel en 2026 no fue conquistada unilateralmente: fue concedida por etapas, a lo largo de décadas de inacción libanesa.

Eso no excusa la ocupación israelí continuada de territorio libanés más allá de los plazos acordados, la muerte de cientos de civiles desde noviembre de 2024 ni los ataques repetidos contra infraestructura civil. Se trata de violaciones graves que implican responsabilidad jurídica, una ventaja que cualquier gobierno que hubiera cumplido sus propias obligaciones habría intentado hacer valer.

En los hechos, sin embargo, la trayectoria general de las negociaciones entre Israel y Líbano sigue siendo previsible.

Las condiciones políticas y jurídicas que vuelven defendible la acción militar israelí, tanto interna como internacionalmente, fueron moldeadas en gran parte por lo que Líbano y Hezbolá omitieron hacer durante más de dos décadas.

La trayectoria que va de la resolución 1701 en 2006 al gesto de diez días de abril de 2026 no es la de una manipulación de las grandes potencias ni la de una traición diplomática, sino el reflejo de las decisiones de un Estado que permitió a una autoridad militar paralela operar en su territorio, intentó burlar a la comunidad internacional y descubrió, acuerdo tras acuerdo, que la paciencia de esta se había agotado.

Como consecuencia, Líbano inicia en abril de 2026 negociaciones directas con Israel como Estado soberano que ha reconocido formalmente su incapacidad para garantizar el control de su propio territorio. Es una posición excepcionalmente difícil desde la cual esperar alcanzar un acuerdo justo.