Rayyan Al-Basseer

El relato del CENTCOM sobre la guerra contra Irán es impresionante. Los vacíos que deja son los que realmente importarán. El 14 de mayo de 2026, el comandante del Comando Central de Estados Unidos compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado y describió una guerra que, según sus palabras, “revirtió 40 años de inversión militar iraní” en 38 días. El relato del almirante Charles Bradford Cooper II sobre la Operación Furia Épica resulta impresionante desde cualquier parámetro: 85 por ciento de la base industrial iraní de misiles balísticos, drones y defensa naval dañada o destruida; 82 por ciento de sus sistemas de defensa aérea inutilizados; más del 90 por ciento de sus reservas de minas navales eliminadas; 161 embarcaciones hundidas de 16 clases distintas; 1450 ataques contra instalaciones armamentísticas y otros 2000 contra nodos de mando y control. “Irán ya no puede proyectar poder en toda la región”, concluyó.

Durante las últimas tres semanas, la posición negociadora del Líbano ha evolucionado discretamente, pero de forma significativa. Conversaciones directas entre el Líbano e Israel se desarrollan actualmente en Washington, en el marco de un alto el fuego de diez días que comenzó el 16 de abril y fue prorrogado por tres semanas el 23 de abril a petición expresa de Beirut. El contexto regional e interno ha cambiado, pero el gobierno libanés todavía no parece haberse adaptado. Fuera del Líbano, y especialmente dentro del CCG, se impone cada vez más una conclusión: intentar desarmar a Hezbolá y firmar un tratado de paz completo con Israel ya no responde al realismo político.

El 16 de abril de 2026 entró en vigor un cese de hostilidades de diez días entre Israel y Líbano. Era, en todos los sentidos, el acuerdo más débil que Líbano había aceptado jamás. Mientras la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2006, imponía obligaciones vinculantes y simétricas a todas las partes, y mientras el cese de hostilidades de noviembre de 2024 había establecido un sólido mecanismo de supervisión acompañado de calendarios de aplicación precisos, el instrumento de abril de 2026 imponía una obligación inmediata, total e incondicional de desarmar a Hezbolá, al tiempo que otorgaba a Israel derechos de legítima defensa preventiva de los que nunca había dispuesto formalmente antes. Algo evidentemente salió mal, no en las redacciones de Washington o París, sino en décadas de parálisis estratégica que inmovilizaron a Beirut.

La primera parte de este análisis estableció que ni Estados Unidos ni Irán salieron de seis semanas de guerra con una victoria estratégica. Esta segunda parte examina lo que esa no resolución significa para los actores que ahora deben vivir con sus consecuencias: Israel, el Líbano, Turquía, los Estados del Golfo y la alianza occidental en sentido amplio. Lo que sigue es un panorama de las contradicciones y los cálculos peligrosos que configuran el próximo capítulo de la región. Israel: la doctrina de la perturbación permanente El primer ministro israelí entró en la campaña contra Irán como su principal arquitecto y promotor. Sale de ella sometido a presión desde ambos lados a la vez. Por un lado, los halcones militares y políticos que querían continuar las operaciones pese al ultimatum estadounidense de detenerlas, y que consideran que el alto el fuego, al igual que el acuerdo yemení que lo precedió, ha dejado a Israel más expuesto que antes. Por el otro, una oposición revigorizada que siempre ha descrito la estrategia de Netanyahu — escalada permanente sin horizonte político — como una fórmula de guerra sin fin antes que de seguridad duradera.

La decisión de Estados Unidos de lanzar una campaña militar de gran envergadura contra Irán fue el resultado de una confluencia de presiones. Los sectores más duros del establishment de seguridad llevaban tiempo exigiendo una acción decisiva. El lobby proisraelí ejerció todo su peso a favor de una intervención, sobre todo después de que los ataques de junio de 2025 no lograran una disuasión duradera, y de que Israel mismo pasara meses empujando a Washington hacia una postura más maximalista. Estos factores crearon las condiciones políticas de la guerra. Pero el factor más decisivo en el plano estratégico tal vez respondió a una lógica comparable a la aplicada en Venezuela. El objetivo central del presidente Trump no era únicamente degradar la capacidad militar de Irán, sino reconfigurar la arquitectura de las transacciones petroleras globales, controlando no solo quién vende el crudo, sino quién lo compra y en qué condiciones. Al mantener y profundizar la presión de las sanciones sobre las exportaciones petroleras iraníes, Washington busca restringir el acceso de China a un crudo subsidiado o vendido a precios reducidos, en un momento en que ese acceso constituye un aporte relevante para el crecimiento industrial y militar chino.

Desde la salida de las tropas francesas de Siria en abril de 1946, la joven república se convirtió en uno de los países más expuestos a golpes de Estado en el mundo árabe durante casi un cuarto de siglo. Para 1970, Siria había registrado diez golpes exitosos. El 13 de noviembre de ese año, Hafez al Asad llevó a cabo un golpe palaciego y se consolidó como el hombre fuerte del país. Para Assad, el Líbano no era solo un vecino; era el patio trasero de Siria y una herramienta para proyectar una postura regional más firme. Cuando estalló la guerra civil en Beirut, Siria intervino militarmente en 1976, primero contra la Organización para la Liberación de Palestina y grupos de izquierda libaneses, y luego en apoyo de esas mismas fuerzas palestinas frente a milicias cristianas organizadas. A partir de entonces, los aparatos de inteligencia y de las fuerzas armadas sirios se integraron en la vida política libanesa, arbitrando el poder al respaldar, traicionar o instrumentalizar a actores locales.

Mientras los diplomáticos debaten el futuro político de Libia en salas de conferencias con aire acondicionado, la persistente fragilidad de la vasta región sur del país plantea riesgos significativos no solo para Libia, sino también para los Estados vecinos, en particular los del Sahel africano. La región del Fezán, que abarca un tercio del territorio libio, se ha convertido en un agujero negro de gobernanza, donde la autoridad del Estado se ha derrumbado, proliferan los grupos armados y las redes de crimen transnacional operan con total impunidad. Las cifras dibujan un panorama devastador. En el Fezán, el 67% de los hogares requiere asistencia humanitaria, la tasa más alta de Libia. Casi la mitad recurre a estrategias de supervivencia en nivel de crisis, como vender activos productivos o renunciar a la atención médica. El desempleo juvenil alcanza el 52% en algunas zonas, creando una generación sin incentivos para la estabilidad. Los cortes crónicos de electricidad duran hasta 20 horas diarias. Las tasas de mortalidad materna se disparan, ya que el 73% de los centros de salud opera solo de manera parcial, obligando a las mujeres a dar a luz en casa o a viajar 150 kilómetros para recibir atención básica.