

La abolición de la pena de muerte en el Líbano no es el resultado de gestiones emprendidas en 2026. Es la culminación de un largo recorrido político y jurídico, marcado por iniciativas sucesivas, bloqueos y años de debates. Dos figuras han liderado especialmente esta lucha: el exministro de Justicia Ibrahim Najjar y el exdiputado y miembro de la directiva de las Fuerzas Libanesas Élie Keyrouz.
Para Najjar, todo comienza en 2008, cuando es nombrado ministro de Justicia. En cuanto a Keyrouz, su lucha se materializó sobre todo a través de una propuesta de ley presentada en 2012. Catorce años más tarde, el Líbano abolirá finalmente la pena capital. Entre esos dos momentos clave, 2008 y 2012, muchas cosas habrán cambiado, pero las convicciones seguirán siendo las mismas.
Cuando en 2008 se contempla la entrada de Najjar en el gobierno, él pide la cartera de Justicia, acorde con su formación de abogado. A su llegada, el secretario judicial jefe le entrega un expediente con las firmas de antiguos responsables y le pide que firme la confirmación de la ejecución de 17 condenados a muerte.
«Mi reacción fue inmediata: “No matarás”. Le dije: “No, yo no firmo”.» Najjar precisa que fue categórico.
Acto seguido, llama al juez Chucri Sader, entonces jefe del servicio de legislación y consultas del ministerio (y antiguo alumno suyo), y le pide que prepare un proyecto de abolición de la pena de muerte. «Al día siguiente, ya lo tenía en mis manos.»
Sin embargo, esta decisión no era la de un militante comprometido desde hacía tiempo con la causa «abolicionista». Najjar afirma que nunca fue activista de derechos humanos. La cuestión de la pena capital le parecía hasta entonces bastante abstracta. Su formación filosófica, literaria y jurídica lo había sensibilizado, no obstante, con las ideas de Emmanuel Mounier sobre el personalismo y sobre la eminente dignidad de la persona humana.
«Nunca había imaginado que me enfrentaría a una decisión así al asumir el cargo», afirma.
Su proyecto preveía conmutar la pena de muerte por trabajos forzados a perpetuidad. En ese momento, ni siquiera sabía cuántos condenados a muerte había en las cárceles libanesas. Solo sabía que se contemplaban 17 ejecuciones.
Una convicción filosófica y personal
Su postura trasciende entonces rápidamente el ámbito estrictamente jurídico. «Era una convicción filosófica y personal, incluso al margen de la religión», señala Najjar. «Creo que nunca habría podido tomar la decisión de ejecutar a alguien. No podía concebir que un hombre condenara a muerte a otra persona, ni en el Líbano ni en ningún otro lugar. Para mí, era una convicción absoluta.»
Esa convicción se enfrenta también a la pregunta más difícil: ¿qué hacer cuando la persona condenada ha cometido un crimen especialmente grave?
Najjar subraya que pensó en la atrocidad que supone ejecutar a una persona. «No podía imaginarme dar muerte a alguien, cualesquiera que fueran los motivos», dice.
Aún no sabe que esa decisión lo llevaría a sumarse al movimiento abolicionista internacional. Poco a poco descubre la magnitud del debate en Europa y en otras regiones del mundo, así como el papel desempeñado por los Estados y las organizaciones internacionales en la promoción de la abolición de la pena de muerte.
En el Líbano, en cambio, el respaldo está lejos de ser un hecho.
Najjar expone su postura a sus aliados políticos, en particular a las Fuerzas Libanesas, y obtiene el apoyo del líder del partido, Samir Geagea. Con ese respaldo, convoca a los distintos grupos parlamentarios y organiza tres reuniones para intentar sumar a los diputados a su proyecto.
Descubre entonces que las posturas están lejos de ser homogéneas. Su predecesor en el Ministerio de Justicia, Bahige Tabbara, era partidario de la pena de muerte, al igual que el ex primer ministro Salim Hoss, aunque este último se había negado a firmar personalmente una ejecución y había dejado que lo hiciera en su lugar su viceprimer ministro, Michel Murr. «Para mí, cuando uno se opone a una ejecución, debe asumir esa oposición hasta el final», opina al respecto el señor Najjar.
Sabía, en cambio, que el líder druso Kamal Jumblatt era partidario de la abolición de la pena capital, y descubrió posteriormente que otras personalidades ya habían defendido esa causa. El debate se inscribe además en una historia más antigua y más dolorosa: en 2004, bajo la presidencia de Émile Lahoud, dos condenados a muerte fueron ejecutados públicamente en Baabda.
La falta de respaldo
El señor Najjar presenta entonces su proyecto a los distintos grupos parlamentarios y les pide que lo apoyen. Pero lo que domina el debate no es, según señala, la confrontación abierta, sino la falta de respaldo. «La mayoría de los grupos musulmanes me respondían que iban a estudiar la cuestión y a consultar la opinión del muftí o de responsables religiosos», precisa. «Así que no conseguí un apoyo masivo. La mayoría de los grupos cristianos respaldaron la iniciativa, así como los drusos.»
El debate adquiere después una dimensión pública. Con ocasión del Día Internacional contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre, la embajada de Francia, en la época del difunto embajador Denis Piéton, lo invita a tomar la palabra. Allí, el señor Najjar afirma que nunca firmará una condena a muerte ni ejecutará jamás a un condenado.
Es a partir de ese momento cuando comprende que su postura lo pondrá en contacto con los movimientos abolicionistas, las organizaciones internacionales y varios Estados.
Unos días más tarde, una delegación española de alto nivel pide reunirse con él. El señor Najjar piensa en un primer momento que su intención es hablar del Tribunal Especial para el Líbano (TEL), entonces en el centro de la actualidad. Pero la delegación lo interroga más bien sobre su posición respecto a la abolición de la pena de muerte. Previamente se había reunido, con el mismo propósito, con el presidente Michel Sleiman, el presidente del Parlamento Nabih Berri y el primer ministro Fouad Siniora.
El señor Najjar sabría más tarde que el presidente Sleiman se había negado a apoyar la abolición de la pena capital, debido en particular a los crímenes perpetrados por terroristas contra militares libaneses en la plaza de Trípoli. Fouad Siniora, por su parte, habría invocado la posición del islam sobre la pena de muerte. En cuanto a Nabih Berri, habría señalado que si el Parlamento aprobaba una ley que aboliera la pena capital, él la aceptaría, sin expresar, no obstante, su postura personal. «Entonces comprendí lo difícil que sería lograr que mi proyecto fuera aprobado», recuerda el señor Najjar.
La experiencia internacional
El contexto del Tribunal Especial para el Líbano también contribuye a alimentar su reflexión. El señor Najjar señala haber sabido que, durante la constitución del TEL, Francia y las Naciones Unidas exigieron que el tribunal no aplicara la pena de muerte prevista por la legislación libanesa.
«Eso me hizo reflexionar mucho», recuerda el ex ministro. «En el caso del asesinato de Rafic Hariri, el Líbano aceptó que el tribunal no pudiera aplicar la pena de muerte prevista en su derecho positivo.»
Al mismo tiempo, la pregunta le es planteada directamente en el Consejo de Ministros. El representante de Hezbolá en el gobierno, Mohammad Fneich, lo interpela por su negativa a firmar una ejecución. «Señor ministro, ¿cómo se permite no firmar la ejecución de una pena de muerte cuando la ley positiva lo contempla? Usted está obligado a aplicar la ley», le espeta Mohammad Fneich. La respuesta del señor Najjar es inequívoca: «No firmaré, sean cuales sean las consecuencias».
El proyecto no llegará finalmente a aprobarse. El señor Najjar habla más de «falta de adhesión» y de críticas que de verdaderas tensiones. «El proyecto estaba en cierto modo muerto, pero había existido y había planteado la cuestión», subraya. Esta primera batalla, sin embargo, no termina con su salida del ministerio. Pocos días después de la visita de la delegación española, el primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero lo invita a incorporarse a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, a petición de Federico Mayor y de Robert Badinter.
Acepta y se suma a una comisión en la que figuran, entre otros, Badinter, Mayor y Mohammed Bedjaoui. Poco a poco se convierte en uno de sus responsables y hoy es su vicepresidente.
Esta experiencia internacional transforma también su mirada sobre el tema. «Con el tiempo entendí que la pena de muerte era una cuestión a la vez política, jurídica, humanista y humanitaria.»
En ese sentido, observa que la pena capital puede ser utilizada por algunos regímenes no democráticos como una forma de gobernar mediante el miedo contra opositores u otros grupos de personas. Se interesa por las prácticas de varios países, entre ellos Siria, Irán, Egipto, Japón, China y Estados Unidos. Constata también que algunos países musulmanes pueden desear abolir la pena capital, pero temen que esa decisión se perciba como una renuncia a sus tradiciones.
Aun así, la evolución internacional le parece irreversible. Más de 145 países han abolido hoy la pena de muerte en la ley o en la práctica. «A mi juicio —subraya—, esta abolición debe correr la misma suerte que la esclavitud en el siglo XIX: hay que abolirla en todas partes.» Al respecto cuenta que intentó viajar a Irán para defender esta posición. «Siempre se negaron a recibirme, con amabilidad, sí, pero se negaron.»
La iniciativa de Élie Keyrouz
En el Líbano, paralelamente, otros actores continúan la lucha. Entre ellos, Élie Keyrouz, exdiputado y miembro de la dirección de las Fuerzas Libanesas, que presentó una propuesta de ley para abolir la pena de muerte en su nombre y en nombre del bloque parlamentario de las Fuerzas Libanesas. También había enviado a los medios, el 4 de marzo de 2009, una nota escrita sobre la necesidad de abolir esta pena, antes de volver a presentar una propuesta de ley el 6 de marzo de 2012.
Para el señor Keyrouz, esta iniciativa no estaba vinculada a ninguna circunstancia política, social o jurídica concreta. Se basaba en un principio fundamental: la pena capital vulnera el derecho a la vida, que él considera «un derecho absoluto e inmutable».
Invocaba igualmente la Constitución libanesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la evolución del derecho internacional y la filosofía de la pena. Otro argumento le parece esencial: la imposibilidad de reparar un error judicial una vez ejecutado el condenado.
«La abolición de la pena de muerte sigue siendo fundamental para la justicia, porque no estamos a favor de una justicia que tortura y mata», afirma.
Su reflexión se nutre también de su concepción cristiana de la persona humana. «Partí de la concepción de la Iglesia sobre la pena de muerte, que se deriva de su visión del ser humano», explica, y considera que el hombre conserva una dignidad que no puede reducirse al crimen que ha cometido.
Para Keyrouz, la abolición debía finalmente contribuir a la modernización del derecho libanés y a su acercamiento a la evolución internacional.
Pero pasarán aún catorce años antes de que esta iniciativa llegue a buen puerto. «Llevamos 14 años de retraso y vamos con retraso en todos nuestros asuntos», constata Élie Keyrouz. Recuerda que la proposición de ley había permanecido durante años en manos de la Comisión Parlamentaria de Administración y Justicia, en espera de ser incluida en el orden del día de la sesión plenaria de la Asamblea.
Keyrouz cita en este contexto el ejemplo de Francia, donde la pena de muerte se mantuvo durante dos siglos antes de su abolición en 1981 bajo François Mitterrand, por iniciativa del entonces ministro de Justicia, Robert Badinter. «¿Por qué este retraso?», había preguntado Badinter a los diputados franceses.
Para Keyrouz, la pregunta resuena hoy en la experiencia libanesa. En 2026, el proceso acaba por culminar.
Un conjunto de influencias
Najjar considera que la abolición de la pena capital representa «casi un milagro». Subraya en este contexto que la amnistía adoptada en el Líbano no bastaba por sí sola. «Era necesario que fuera acompañada de la abolición de la pena de muerte, porque cuando se dicta una pena de muerte, no se puede simplemente amnistiar de manera general».
Ve en la culminación de la reforma el resultado de un «conjunto de influencias»: el gobierno, el ministro de Justicia, las asociaciones y los distintos actores que trabajaron a lo largo de los años en este expediente.
El papel de la Comisión Parlamentaria de Administración y Justicia constituye para él uno de los momentos más destacados de esta última etapa. El decano del Colegio de Abogados de Beirut le había encargado representar al colegio en el Parlamento. Najjar asiste a la reunión de la comisión y descubre, según indica, una unanimidad que entonces le parecía casi inimaginable.
«Constaté con sorpresa que el milagro estaba ocurriendo: los cerca de 40 diputados y personalidades presentes estaban unánimemente a favor de la abolición», relata Najjar. «No les puedo describir mi alegría y mi felicidad…»
El 1 de junio, cuando se encontraba en Madrid para una reunión de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, anuncia a sus colegas que la abolición de la pena capital en el Líbano es inminente. Finalmente se promulga en el Boletín Oficial.
Najjar se felicita también por haber pedido que el artículo primero de la ley retomara la formulación elegida por Robert Badinter en Francia en 1981: «La pena de muerte queda abolida». Para él, queda aún un paso más por dar: inscribir esta abolición en la Constitución.
El encuentro con el papa Francisco
La victoria legislativa no cierra por completo, por tanto, su lucha. Najjar se pregunta también por la pena que viene a sustituir a la pena capital y critica la introducción de la cadena perpetua irrevisable.
Esta cuestión remite a otro momento importante de su trayectoria internacional: su encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, en diciembre de 2019, en presencia de una delegación que reunía, entre otros, a jefes de gobierno, presidentes de la República y antiguos ministros de Justicia.
Najjar retiene dos elementos de ese encuentro, que duró 50 minutos: primero, el apoyo de la Iglesia católica a la abolición de la pena capital y la decisión del papa de dar instrucciones para que la abolición de la pena de muerte quedara inscrita en el catecismo; después, una reflexión sobre la cadena perpetua irrevisable. Para el papa Francisco, subraya Ibrahim Najjar, cuando una persona es condenada a una pena perpetua de la que nunca podrá salir, desaparece la posibilidad de su redención. La pena puede convertirse entonces, en cierto modo, en una forma de muerte civil.
Es sobre esta base que el señor Najjar reclama hoy la eliminación de la cadena perpetua sin posibilidad de reducción en la legislación libanesa. Considera, en ese sentido, que la abolición de la pena de muerte no significa la ausencia de sanción, sino que plantea otra concepción de la justicia: castigar el crimen sin suprimir definitivamente la vida y sin cerrar toda posibilidad de rehabilitación.
El señor Keyrouz comparte esta visión de la abolición como una etapa de civilización. Estima que, de ahora en adelante, el Líbano debe demostrar a otros países árabes que un Estado puede abolir la pena capital sin renunciar a la justicia.
El señor Najjar, por su parte, considera que la lucha que emprendió en 2008 ha encontrado finalmente su culminación, sin que ello borre los años de críticas y resistencias.
«Nunca di un paso atrás ni dudé —afirma el señor Najjar—. Para mí, la abolición de la pena capital es una consagración civilizatoria, y ahora hace falta que los países árabes nos imiten». Menciona así una reciente invitación a viajar a Malasia para reunirse con el primer ministro y presentar allí la experiencia libanesa.
Pero el exministro Najjar también quiere recordar que quienes llevaron adelante esta causa a lo largo de los años no son solo aquellos que hoy están en la línea de llegada. «El bien está hecho y estoy muy orgulloso y feliz por ello», dice. Y añade: «Algún día la historia sabrá a quiénes hay que recordar».
Su mirada se dirige, por último, a las críticas que recibió durante años. Afirma, en particular, haber sido criticado por allegados de Raymond Eddé, cuya postura sobre la pena capital era distinta.
Sin embargo, señala, las mentalidades han evolucionado profundamente. «En 75 años, las cosas han cambiado mucho —precisa—. Hemos entendido que la pena de muerte puede utilizarse como un medio para gobernar y para ocultar los defectos de los gobernantes». En ese marco, resume en pocas palabras lo que sigue siendo el núcleo de su compromiso desde aquel día de 2008 en que se negó a firmar las 17 ejecuciones: «No hay que confundir gobernar con matar. Hay que tener el valor de gobernar bien y el de no matar».