Medio ambiente

En el corazón de una de las regiones más densamente pobladas del Líbano, hoy se almacenan miles de metros cúbicos de hidrocarburos. Desde Antelias hasta la Cuarentena, hileras de tanques se enfrentan a un suburbio vertical que se eleva hasta los 900 metros de altitud, pero que permanece, a vista de pájaro, peligrosamente cerca. Es una proximidad insostenible entre una industria altamente inflamable y barrios residenciales superpoblados. Vista aérea de 2017. Vista aérea de 2024 mostrando la extensión del proyecto. Proximidad de las instalaciones de Coral y Unigaz con la ciudad. Dos de los cinco tanques de gas de Coral, comparables a los de Unigaz, situados un poco más lejos.  El incendio de los depósitos de combustible de Dora en 1989, ya calificado en su momento de «explosión nuclear», que oscureció el cielo de la capital durante varios días, así como la explosión del puerto de Beirut, que devastó la ciudad el 4 de agosto de 2020, no parecen haber sido una lección suficiente para los responsables libaneses. Una vez más, el país da la imagen de un Estado fantasma: un gobierno ausente, medios parciales, responsables políticos evasivos y estudios científicos cuidadosamente calibrados para diluir la verdad en una neblina técnica desalentadora. Coral Oil Co., Total Lebanon y Medco Petroleum para los combustibles, Unigaz, Natgaz, Gaz Orient y Phoenicia para el gas, salpican la costa de Metn con depósitos y tanques hasta donde alcanza la vista. Desde que en 2013 un plan maestro preveía el desmantelamiento de todas estas instalaciones, que se habían vuelto peligrosas en un entorno ya urbanizado, estas empresas solo pueden realizar el mantenimiento de la infraestructura existente, pero sin ninguna extensión. Nuevas instalaciones Sorprendentemente, sin embargo, entre Achrafieh y Metn, en la orilla derecha de la desembocadura del río Beirut, Coral Oil erige veinte nuevos depósitos de hidrocarburos líquidos y, sobre todo, cinco tanques de gas de 8 metros de diámetro y 50 metros de largo cada uno. Los documentos legales presentados se resumen en un permiso de construcción avalado por la municipalidad de Bourj Hammoud, una licencia de 1931 para el almacenamiento de combustible, un documento del Ministerio de Energía y Agua, así como informes de institutos privados que certifican el cumplimiento de las normas vigentes. Es una plétora de argumentos administrativos y técnicos los que intentan legitimar la implantación de este proyecto manifiestamente problemático en este entorno. Según algunas fuentes, Coral poseería una licencia de categoría A1, válida para hidrocarburos. Sin embargo, según la información más reciente obtenida de las autoridades competentes, la empresa habría obtenido del Ministerio de Energía y Agua una licencia de categoría A2, aplicable únicamente a aceites y detergentes. Por su parte, el Ministerio de Industria nunca le habría concedido una licencia A1, que es obligatoria. Precisamente para suplir esta laguna se destacan la antigua licencia de 1931 y el decreto del Consejo de Ministros n°9949/2013. Este decreto, aunque prohíbe cualquier nueva instalación de almacenamiento de materiales inflamables en esta zona, se interpretaría como una autorización para la renovación de las instalaciones existentes. Un riesgo importante La pregunta, por lo tanto, sigue abierta: ¿la adición de una veintena de nuevos depósitos de combustible y cinco tanques de gas constituye realmente una renovación? Y una licencia de 1931, emitida en una época en que la zona era agrícola, ¿puede seguir vigente en la realidad urbana y demográfica actual? Y, sobre todo, mientras el combustible se quema, como en 1989, el gas, en cambio, explota, a imagen de lo ocurrido el 4 de agosto de 2020; un riesgo importante subrayado por el exministro de Industria, Vreij Sabounjian. Para las comisiones de expertos encargadas por Coral, el proyecto tendría en cuenta todos los márgenes de seguridad requeridos. Sin embargo, queda por entender por qué el riesgo terrorista no se integró en estas evaluaciones, a pesar de que este factor parece haber sido el origen de la doble explosión del 4 de agosto de 2020. Conviene recordar, además, que varias de las mayores catástrofes mundiales se han producido en instalaciones perfectamente conformes a las normas de seguridad. Se trata aquí de la adición de aproximadamente 20 nuevos depósitos de hidrocarburos líquidos, que representan alrededor de 180 000 toneladas adicionales, así como 5 nuevos tanques de gas con una capacidad total estimada de 12 000 m³, es decir, aproximadamente 8 000 toneladas de gas. En cuanto a las distancias de seguridad requeridas, estas se cifran en kilómetros, según un estudio independiente realizado por Socotec para instalaciones de gas comparables y igualmente peligrosas, operadas por el vecino Unigaz. La normativa Estas distancias son manifiestamente incompatibles con el tejido urbano de los barrios de Dora-Bourj Hammoud. Precisamente por esta razón se adoptó el decreto n°9949/2013, que prohíbe cualquier nueva instalación o extensión de gas o petróleo en este sector.  Además, basándose en el decreto n°8633/2012, el Ministerio de Medio Ambiente exige explícitamente la realización de un estudio de impacto ambiental (EIA) que aún no se ha llevado a cabo. El decreto n°5509/1994 habilita, es cierto, al Ministerio de Energía a autorizar trabajos de extensión sin la intervención del Ministerio de Industria, siempre que la explotación se mantenga dentro del marco inicialmente aprobado. Sin embargo, en la práctica, este decreto autoriza la mejora de las instalaciones existentes, no su extensión. Las imágenes aéreas que comparan las instalaciones anteriores a 2017 con las posteriores a esa fecha son, a este respecto, reveladoras. Muestran una considerable expansión de las infraestructuras. Una necesaria toma de conciencia Fundada en el Reino Unido en 1925 y establecida en el Líbano desde 1926, la empresa Shell, ahora Coral Oil Company, se cuenta entre los actores más fiables del sector energético nacional, y debería seguir siéndolo. Ante la nebulosa de inconsistencias y ambigüedades que rodea este delicado expediente, presumiblemente politizado, una certeza se impone: cada uno de nosotros, ya sea partidario u opositor del proyecto, beneficiario o perjudicado, comprometido o indiferente, podría un día lamentar amargamente su actitud o su inacción, si una tragedia llegara a ocurrir, llevándose consigo a un ser querido. Esta investigación no tiene por objeto condenar ni estigmatizar. Se dirige a Coral, a las demás compañías de hidrocarburos y a las autoridades competentes para que ejerzan plenamente sus responsabilidades, con la mayor transparencia, para evitar un nuevo cataclismo entre Achrafieh y Metn. Es mejor prevenir que tener que revivir los dolores insuperables del 4 de agosto de 2020.

El uso por parte de la aviación israelí, el 1 de febrero de 2026, de un potente herbicida, el Glifosato, sobre amplias superficies del territorio libanés, ha reavivado la cuestión de los daños infligidos deliberadamente a los recursos naturales en tiempos de guerra. 1 de febrero de 2026: la aviación israelí es observada pulverizando una sustancia aparentemente tóxica sobre vastas zonas del sur del Líbano, en la región de Bint Jbeil. Tres días después del incidente, el 4 de febrero, tras análisis realizados sobre muestras recogidas por el ejército libanés y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente anunciaron que la sustancia en cuestión era Glifosato, un potente herbicida. El comunicado ministerial señaló que el producto había sido rociado “a muy alta concentración”, denunciando una “violación flagrante de la soberanía libanesa” y un “crimen ecológico”. Por parte israelí, el canal I24 mencionó una “pulverización agrícola de manera experimental en las fronteras norte con el Líbano y Siria”, reconociendo que la dispersión de estas sustancias tiene como objetivo “matar la vegetación en las fronteras, por temor a que combatientes se oculten en ella”. La aviación israelí prácticamente no ha abandonado el espacio aéreo libanés desde octubre de 2023, fecha del inicio del conflicto con Hezbollah, y ello a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024. Durante los meses de guerra abierta entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, Israel ya había utilizado materiales tóxicos e incendiarios para quemar miles de hectáreas en el Líbano, en particular fósforo blanco. No obstante, la pulverización de un herbicida potente a alta concentración sobre espacios verdes constituyó un nuevo escalón en este tipo de violencia. Tras este episodio, el Líbano prepara una denuncia por “crimen ambiental” ante la ONU, y no es la primera vez. En 2006, durante el conflicto de julio-agosto, la aviación israelí atacó los depósitos de fuel de la central eléctrica de Jiyeh (al sur de Beirut), provocando un vertido de petróleo que contaminó toda la extensión del litoral libanés al norte de esa localidad y hasta Siria. No menos de 15.000 toneladas de petróleo se vertieron en el mar. Este vertido dio lugar a una denuncia del gobierno libanés ante la ONU, que condujo a una resolución no vinculante de la Asamblea General el 20 de diciembre de 2014, aprobada por 170 votos contra 6, exigiendo que Israel pagara más de 856 millones de dólares en compensación al Líbano, lo cual nunca ha ocurrido. La pulverización de Glifosato sobre el sur del Líbano, por escandalosa que sea, recuerda que los crímenes ambientales en plena guerra son, lamentablemente, una práctica recurrente en los conflictos, que se remonta a la Antigüedad y recorre la historia humana. A continuación se presentan algunos ejemplos extraídos de una lista que dista mucho de ser exhaustiva. En la Antigüedad y a lo largo de la historia Las guerras, desde la Antigüedad hasta la época moderna, pasando por la Edad Media, han sido escenario de numerosos casos de destrucción de tierras agrícolas, bosques y recursos de todo tipo, con el objetivo principal de privar al enemigo de medios de resistencia. Estos métodos incluían la destrucción de canales de irrigación, inundaciones artificiales y el drenaje de cursos o puntos de agua, la salinización deliberada de los suelos, políticas de tierra quemada, la quema de cosechas y la tala de árboles frutales, el envenenamiento del agua mediante cadáveres, sustancias o plantas tóxicas, así como la devastación de territorios agrícolas, dejando los suelos empobrecidos durante décadas. Entre los casos célebres figura la destrucción por Esparta del Ática durante la Guerra del Peloponeso (431-404 a. C.), caracterizada por el aniquilamiento de cosechas, olivares y granjas con el fin de provocar el hambre y forzar la capitulación. Como ejemplo de inundaciones deliberadas pueden citarse las utilizadas entre las ciudades-estado mesopotámicas (III-II milenio a. C.), cuando los ejércitos rompían diques y desviaban canales de irrigación para inundar campos o ciudades enemigas, debilitando así la economía agrícola y reduciendo la resistencia a la nada. Las inundaciones deliberadas también se emplearon con fines defensivos, aunque sus efectos ambientales fueron igualmente devastadores. Prueba de ello es la apertura voluntaria de diques por los rebeldes neerlandeses durante la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) para frenar al ejército español creando zonas pantanosas infranqueables. Si bien lograron asegurar la supervivencia de las entonces Provincias Unidas, las consecuencias sobre la agricultura y el medio ambiente fueron duraderas. El “hombre del pozo”, siglos después Otra arma de guerra con consecuencias devastadoras para el medio ambiente es el envenenamiento del agua, táctica frecuente en la Edad Media, tanto biológica como psicológica. Para ello se utilizaban cadáveres de animales y sustancias tóxicas disponibles. Este método se empleaba a menudo durante los asedios para forzar la rendición de las localidades sitiadas. Entre los ejemplos documentados destaca el episodio del “Well-Man” en Sverresborg, Noruega, en 1197. Durante una incursión, partidarios rivales habrían arrojado un cadáver a un pozo de una fortaleza para quebrar la resistencia de sus defensores. La prueba del hecho apareció siglos más tarde, tras un hallazgo arqueológico en 1938, cuando se encontraron los restos de ese “hombre del pozo”. Otros casos de envenenamiento de agua fueron registrados a lo largo de los siglos, incluso en guerras modernas, como cuando las fuerzas alemanas envenenaron pozos en Francia durante la Primera Guerra Mundial. En la Edad Media también era común la destrucción de campos y zonas rurales, tanto en las guerras feudales en Europa como durante las Cruzadas. Uno de los ejemplos más notorios de contaminación deliberada en el siglo XX es el incendio de los pozos petroleros kuwaitíes por las fuerzas iraquíes durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, lo que provocó grave contaminación del aire, del suelo y del agua, así como mareas negras masivas. Irak fue condenado por la ONU a pagar reparaciones a Kuwait. Hoy en día, Ucrania acusa a Rusia de numerosos crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa hace cuatro años. El ejemplo más notorio es la destrucción de la presa de Kajovka en 2023, que provocó una inundación devastadora de más de 20 kilómetros cuadrados. Estatuto jurídico Entre los crímenes ecológicos históricos y los contemporáneos, especialmente los de los siglos XX y XXI, existen numerosas diferencias pese a algunas similitudes. Históricamente, los daños eran más localizados y regionales, mientras que hoy pueden adquirir una dimensión planetaria, afectando ecosistemas compartidos como los océanos o la biodiversidad mundial. La globalización, los efectos globales del cambio climático y los medios militares modernos disponibles para los beligerantes tienden a agravar las consecuencias de tales ataques, con riesgos globales como migraciones masivas o grandes crisis alimentarias. La escala y la posible duración de estos efectos devastadores no son las únicas diferencias entre las guerras históricas y las actuales. La conciencia jurídica ha evolucionado. Estos crímenes tienen ahora un nombre y un estatuto: ecocidio. El término hace referencia a la gravedad, durabilidad y extensión de los daños ambientales derivados de actividades humanas destructivas, ya sea la sobreexplotación de recursos, la contaminación industrial y química o, sobre todo, la guerra. El término fue empleado por primera vez en 1970 por el biólogo Arthur Galston, en referencia al uso por parte de Estados Unidos de potentes herbicidas, en particular el Agente Naranja, para destruir bosques y cultivos durante la guerra de Vietnam (1961-1971), con consecuencias sanitarias y ecológicas duraderas. Efectos sobre el cambio climático Aunque el término ecocidio ya figura en la legislación de algunos países, todavía no está reconocido como competencia específica de la Corte Penal Internacional. El debate persiste. No obstante, la ONU ya ha adoptado decisiones para obligar a beligerantes a pagar reparaciones a países víctimas de ataques devastadores para el medio ambiente, como en los casos mencionados: Israel por el vertido de 2006 en el Líbano e Irak por los incendios de los pozos kuwaitíes en 1991. Por último, la cuestión de los efectos de los conflictos sobre el cambio climático —en particular por las emisiones derivadas del uso masivo de municiones o por la destrucción de bosques, verdaderos sumideros de carbono— se plantea cada vez más en el marco de las cumbres climáticas anuales de la ONU. El ejemplo de los bombardeos israelíes masivos sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha sido citado en este sentido. Sin embargo, el impacto de los conflictos sobre el cambio climático todavía no ha sido plenamente integrado en el proceso de negociaciones internacionales para combatirlo. Este expediente sigue siendo extremadamente sensible en más de un aspecto.

En el marco de la visita del papa León XIV al Líbano, y tras el cierre del trigésimo cónclave climático en Belém, Brasil, sin avances significativos, vale la pena recordar un concepto: la ecología integral. También conviene volver a un documento clave, Laudato Si’ , publicado por el papa Francisco en 2015, que replantea los contornos de una ecología humana e inclusiva desde la perspectiva de la Iglesia. El término ecología integral propone una visión transdisciplinaria y holística del medio ambiente, que articula una mirada amplia sobre el ser humano y su relación con el mundo. Al difundir este concepto, la Iglesia católica subraya que “la indispensable conversión ecológica no se limita únicamente a cuestiones ambientales en sentido estricto”, y que “la dinámica espiritual de la ecología integral se alimenta de la esperanza cristiana e integra la vida espiritual, el respeto a la dignidad de toda vida y de toda persona, así como la exigencia de fraternidad y justicia social”, según señala la Iglesia católica en Francia. Esta misma institución recuerda que la Iglesia considera que tiene la responsabilidad de cuidar la Creación. “Olvidamos que nosotros mismos somos tierra” Aunque el concepto circula desde la década de 1980, adquirió un nuevo impulso tras la publicación de Laudato Si’ en 2015, encíclica que toma su nombre de un cántico de San Francisco de Asís: “Alabado seas, mi Señor”. En este extenso y denso documento, el papa Francisco aborda la protección de la naturaleza como un componente esencial de la experiencia religiosa y de la fe en el Creador. “Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios [del planeta] y dominadores, autorizados a expoliarla (…) Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2, 7). Nuestro propio cuerpo está hecho de elementos del planeta; su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”, se lee en la introducción. Francisco inicia su reflexión con un diagnóstico del estado ambiental global bajo el título “Lo que está pasando en nuestra casa”. El panorama es contundente: los cambios acelerados de la civilización humana tienen un altísimo costo para la naturaleza. El texto repasa los principales desafíos ecológicos actuales: la contaminación y el cambio climático, el acceso al agua, la pérdida de biodiversidad, y el deterioro de la calidad de vida y del tejido social. “Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz (…) no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas”, escribió el papa Francisco, subrayando la desigualdad global que agrava esta situación y la tibieza de las respuestas ante un desastre de tal magnitud. Diálogo entre la ciencia y la religión En Laudato Si’ , el papa Francisco dedica un capítulo entero a mostrar cómo la fe aporta un sentido distinto a lo que la ciencia revela sobre la crisis climática. Consciente de que muchos consideran que ambas esferas son antagónicas, propone un “diálogo intenso y productivo” entre ellas. Para reconstruir una ecología reparadora, afirma, “ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje”. En esta línea, el pontífice subraya “la raíz humana de la crisis ecológica”, en sintonía con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la instancia científica de la ONU que ha demostrado la responsabilidad de las actividades humanas en el calentamiento global. También advierte sobre la tecnología y el sentimiento de poder que otorga, así como las consecuencias de la globalización y del modelo único que impone. Una crisis única: ambiental y social Para definir la ecología integral, Francisco plantea un diagnóstico claro: la crisis del siglo XXI no es doble, ambiental por un lado y social por otro, sino única, global y estrechamente entrelazada. Esta es la tesis central de la ecología integral, que invita a observar el mundo como un sistema tejido de relaciones, donde las decisiones económicas, políticas y culturales moldean tanto los paisajes como los destinos humanos. El papa insiste en la interdependencia de las especies y en que los seres humanos forman parte del ecosistema. Desde esta perspectiva, la lucha contra la degradación del planeta no puede dividirse en carpetas separadas. Contaminación, pobreza, exclusión y explotación de recursos son capítulos de una misma crisis. Las respuestas deben ser globales y articular la dinámica natural con las estructuras sociales. Francisco añade que la ecología también debe ser “cultural”, e insiste en el valor del patrimonio y la memoria colectiva. Según explica, la ecología cultural implica que las respuestas a los desafíos ambientales deben dialogar con las culturas locales, lejos de un modelo único de desarrollo. También advierte que la desaparición de una cultura podría ser incluso más grave que la extinción de una especie. En su recorrido por la ecología integral, el papa también aterriza el concepto en lo cotidiano. Vincula la ecología con los gestos y vínculos de cada día. El desafío no es solo global o institucional: alcanza los barrios, las viviendas, los espacios públicos… todo lo que define la calidad de vida concreta. ¿Qué mundo vamos a dejarles? El papa Francisco sitúa la ecología integral en el corazón del “bien común”, entendido como un conjunto de condiciones que permiten a cada persona y comunidad alcanzar su pleno desarrollo. De este principio se desprenden tres pilares: la dignidad de la persona, la fortaleza de los cuerpos intermedios (especialmente la familia) y la paz social, basada en una justicia distributiva capaz de prevenir la violencia y la exclusión. En este marco, recuerda al Estado su papel: proteger y promover el bien común, condición indispensable para una sociedad equilibrada. Pero también reconoce que este principio se despliega en un mundo marcado por desigualdades crecientes. La ecología integral también incorpora los derechos de las generaciones futuras y plantea una pregunta clave: ¿Qué mundo queremos dejarles? Un desafío mayor frente a la crisis ética y cultural que el papa identifica: el avance del individualismo, la fragilización de los vínculos familiares y sociales, y la incapacidad de mirar más allá del interés inmediato. Entre las líneas de acción que señala el papa Francisco destacan: impulsar el diálogo ambiental en la política internacional; renovar las políticas nacionales y locales para reducir desigualdades; promover la transparencia en la toma de decisiones; y fortalecer el diálogo entre religiones y ciencias.