El Mencho: ¿la calma antes de la tormenta?
El ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG y el capo más buscado de México, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por EE. UU.
Análisis con el Dr. Edgar Guerra, el Lic. Emiliano Alba y los corresponsales de Levant Time, Maxime Pluvinet y Miroslava Salazar.
Omar García Harfouch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (de origen libanés), acompaña a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en una conferencia de prensa tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco. (Gerardo Vieyra/NurPhoto vía AFP)
El domingo 22, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por el Ejército mexicano. La respuesta del cártel fue casi inmediata: bloqueos carreteros, quema de vehículos y hechos violentos en Jalisco y en otros estados del país.
De acuerdo con un mapeo de la plataforma Dataint, se registraron eventos violentos en al menos 22 estados, con especial impacto en Jalisco, Puebla, Michoacán, Tamaulipas y Baja California. La reacción posterior al operativo dejó en evidencia el alcance real del cártel en múltiples regiones del país: su control territorial, su inserción tanto en economías legales como ilícitas y, sobre todo, la solidez de su estructura organizativa y su capacidad de movilización inmediata.
Este hito puede compararse con la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el mismo día, pero con doce años de diferencia.
“Sin duda alguna se trata del golpe a la delincuencia organizada más importante en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirma Edgar Guerra, especialista en crimen organizado, violencia y seguridad, en entrevista para Levant Time.
La hidra de cien cabezas
El operativo que culminó con la muerte de “El Mencho” representa un arma de doble filo. Como advierte Emiliano Alba, analista en seguridad y delincuencia organizada, en el corto plazo el gobierno de Claudia Sheinbaum puede capitalizar el hecho como una victoria política en la lucha contra el narcotráfico: un mensaje tanto para la opinión pública nacional como para Estados Unidos de que “se está haciendo algo”.
Sin embargo, el impacto estructural es distinto. “En términos prácticos, lo que vamos a ver es una nueva reorganización dentro del cártel. Habrá conflictos internos muy fuertes por la sucesión del poder”, señala Alba.
Nemesio Oseguera tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros. Para Alba, la caída del líder puede interpretarse como una vulnerabilidad coyuntural, pero no como un colapso estructural. “Es una debilidad operacional eventual, pero la estructura sigue”, subraya, destacando que el CJNG no depende exclusivamente de una figura central, sino de una organización consolidada, con redes territoriales, financieras y políticas que garantizan su continuidad operativa.
El analista enfatiza que la experiencia histórica demuestra que la estrategia de decapitación criminal suele producir efectos contraproducentes: “Cortar la cabeza de la hidra termina generando más cabezas”. La fragmentación, la disputa territorial y la violencia derivada de la sucesión son patrones ya conocidos en el caso mexicano.
Esto resulta aún más relevante porque, como explica Alba, la estrategia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había dejado de centrarse exclusivamente en la eliminación de liderazgos para enfocarse en el desmantelamiento de estructuras. “Ya no se trataba de decapitar cárteles, sino de atacar sus redes, sus estructuras políticas, financieras y territoriales”, explica, en referencia a operativos como Enjambre, enfocados en alianzas políticas y redes de protección institucional.
El escenario que se abre es previsible: o el CJNG mantiene su operación sin su líder, o entra en una guerra intestina por el control del liderazgo. En este último caso, el impacto sería directo sobre la seguridad pública. “Tendríamos un incremento de la violencia homicida”, advierte el especialista en seguridad David Saucedo, en declaraciones a AFP.
Estados Unidos: el vecino incómodo
Para Edgar Guerra, el contexto internacional es clave para entender el operativo. “No podemos entender la política de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sin mirar la presión de Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha ejercido una presión enorme sobre México: decomisos de fentanilo, control migratorio, mayor capacidad operativa. Todo eso forma parte del mismo paquete de exigencias”, afirma.
El propio gobierno mexicano confirmó que el operativo contó con apoyo de Estados Unidos en el flujo de información.
“Esto no es solo un problema de México ni de Jalisco. Es un problema global”, subraya Guerra.
Y precisa: “Estados Unidos es uno de los principales países consumidores de sustancias ilícitas y uno de los principales productores de armas. Eso genera los incentivos económicos y materiales del narcotráfico. Por eso no es solo un problema mexicano: es un problema compartido, pero con una responsabilidad estructural muy clara del lado estadounidense”.
La guerra que no termina
La llamada “guerra contra las drogas” no es una categoría nueva en el contexto mexicano. Basta mirar el sexenio de Felipe Calderón y los gobiernos que le siguieron para entender que la estrategia de confrontación directa con el narcotráfico ha sido una constante durante casi dos décadas. Sin embargo, lejos de producir una reducción sostenida de la violencia, el país ha transitado por ciclos recurrentes de fragmentación criminal, reconfiguración territorial y expansión de economías ilícitas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron 33,241 defunciones por homicidio, de las cuales el 71,8 % fueron por arma de fuego. Durante el sexenio de Felipe Calderón (diciembre de 2006 a diciembre de 2012) se contabilizaron 122,462 asesinatos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), la cifra ascendió a 157,158 homicidios. Por su parte, el mandato de Andrés Manuel López Obrador dejó un saldo de 202,336 asesinatos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
Frente a este panorama, Alba advierte que reducir la política de seguridad a una lógica de confrontación es insuficiente. “Las estrategias contra el crimen organizado tienen que ser integrales. No se trata solo de combatir a las organizaciones, sino de restablecer el gobierno en estos territorios, generar condiciones de tranquilidad para la población. Eso va mucho más allá del uso de la fuerza”, señala.
Guerra coincide en que el problema no es exclusivamente militar ni operativo, sino profundamente institucional. “Hay grupos políticos y funcionarios municipales y estatales que los protegen, que han permitido que estas organizaciones se consoliden y se expandan. Parte de la tarea que viene es desmontar esas redes de protección”, advierte. A ello se suma un factor estructural aún más profundo: la impunidad. “La delincuencia organizada en México es posible porque existe un problema profundo de impunidad. Sin impunidad, estas estructuras no podrían sostenerse”, añade.
En este contexto, la muerte de “El Mencho” no representa una ruptura estructural, sino una nueva fase dentro de un conflicto prolongado. Más que el fin de una organización, marca el inicio de un proceso de recomposición interna cuyos efectos suelen traducirse en mayor violencia, disputas territoriales y reorganización de alianzas criminales.
Alba lo resume en una imagen clara: “Lo que podemos ver es una especie de calma, como una paz en el ojo del huracán, pero solo en el corto plazo. Lo que viene después es la reorganización”.
Así, lo que hoy se presenta como una victoria política puede convertirse en la antesala de una nueva reconfiguración violenta. La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino cuáles, dónde y con qué intensidad se manifestarán. Para millones de mexicanos, la duda persiste: ¿es esta la paz antes de la tormenta?
Mientras tanto, el gobierno mexicano capitaliza el golpe simbólico. Pero la historia reciente muestra que, en México, la caída de un capo rara vez significa el fin de la violencia, sino que suele marcar el inicio de una nueva fase del conflicto.