De la necesidad de una ley global contra la violencia hacia las mujeres

Si el Estado libanés adolece de la debilidad de sus instituciones, lo mismo ocurre con su política social, que choca con las resistencias comunitarias y otras fallas jurídicas. Las mujeres siguen expuestas a múltiples abusos y violencias, por falta de voluntad política para emprender una reforma legislativa radical que elimine la discriminación de la que son objeto.

Las cifras hablan por sí solas: hasta noviembre de 2025, el 89% de las denuncias recibidas en la línea de asistencia para la violencia doméstica (1745) son realizadas por mujeres. En el 57,5% de los casos, el agresor es el marido. En 2024, al menos 17 mujeres fueron asesinadas. En el 60% de los casos, el asesino era su marido.

Ante esta alarmante situación, la ONG Kafa, que desde su creación en 2005 lucha contra la violencia de género y la explotación, aboga por la adopción de una ley integral, «herramienta indispensable», según ella, para prevenir y combatir este fenómeno.

El pasado 25 de noviembre, la ONG lanzó la campaña de sensibilización «Ayb» (“vergüenza” en árabe), en eco a la campaña internacional «Dieciséis días de activismo contra la violencia de género contra mujeres y niñas», que continúa hasta el 10 de diciembre, fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos.

«La adopción de una ley integral es tanto más importante cuanto que el Estado libanés todavía no ha reconocido oficialmente la violencia contra las mujeres», explica Leila Awada, abogada y cofundadora de Kafa. Tuvimos la experiencia con la ley sobre violencia doméstica. Durante ocho años, pedimos la adopción de un texto para proteger a la mujer, pero el Parlamento acabó votando una ley que englobaba a todos los miembros de la familia. Lo mismo ocurre con la ley contra el acoso sexual, que no prevé ningún mecanismo para proteger a las mujeres, a pesar de que ellas son las principales víctimas. »

Una ley árabe ejemplar

Kafa comenzó en 2017 a trabajar en un proyecto de ley destinado a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. En ese momento, se lanzaron llamamientos para elaborar una ley árabe ejemplar en la materia.

Presentado en 2024 al Parlamento por algunos de los llamados diputados del cambio, el documento se inspira ampliamente en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. Concluido y firmado el 11 de mayo de 2011 en Turquía, entró en vigor el 1 de agosto de 2014. Hasta la fecha, cuenta con la firma de 43 Estados miembros del Consejo de Europa y de la Unión Europea, habiéndose retirado Turquía en 2021, seguida en 2025 por Letonia. Está ratificado por 37 Estados, así como por la UE. Vinculante para los Estados parte, permanece abierto a los países que no son miembros del Consejo de Europa.

Cuatro ejes

El texto presentado por Kafa se basa en cuatro ejes: la prevención, la protección, las sanciones y la reparación.

En el marco de la prevención, las autoridades deberían, a modo de ejemplo, incluir en los materiales pedagógicos capítulos dedicados a la igualdad de género, luchar contra el abandono escolar, formar investigadores cualificados para tramitar las denuncias, desarrollar programas para empoderar a las mujeres a nivel social y económico y modificar las leyes discriminatorias hacia las mujeres…

A nivel de protección, se debería brindar apoyo psicológico, médico y social a las víctimas de violencia doméstica. El Estado también debería poder ofrecer consultas jurídicas gratuitas, ayudar a las mujeres a encontrar trabajo y proporcionarles un refugio. La ley también prevé programas terapéuticos para los autores de violencia.

En materia de sanciones, el documento presentado por Kafa preconiza varias medidas que van desde definiciones claras de las diferentes formas de violencia –como la violación o la violencia económica– hasta el endurecimiento de los procesos judiciales.

También prevé el deber de denuncia, la facilitación de la presentación de denuncias según el lugar de residencia de la víctima, la suspensión de las disposiciones que otorgan circunstancias atenuantes, la criminalización de todas las formas de violencia contra las mujeres, el establecimiento de una jurisdicción especializada en todas las etapas de la investigación y del juicio, así como la posibilidad para la víctima de obtener una orden de protección.

En cuanto a la reparación, Kafa propone la creación de un fondo para apoyar a las mujeres víctimas de violencia asegurando el pago del anticipo previsto para la víctima en las decisiones judiciales, el pago parcial o total de la indemnización a la víctima, así como los gastos necesarios para la rehabilitación de los autores de violencia.

Una estrategia nacional

«El documento preparado por Kafa constituye una estrategia nacional sobre cómo el Estado debe actuar para proteger a las mujeres y prevenir la violencia», precisa Leila Awada. La prevención pasa, en particular, por la eliminación de las causas estructurales de esta violencia, entre las que figuran las leyes comunitarias sobre el estatuto personal. De ahí la importancia de un código unificado, tanto más cuanto que las quince leyes en vigor instauran una injusticia no solo entre hombres y mujeres, sino también entre las propias mujeres, cuyos derechos y deberes siguen rigiéndose por la ley de la comunidad a la que pertenecen. »