La crisis educativa: cuando el Estado fracasa dos veces

A pocos días del inicio del año escolar, las escuelas y preparatorias públicas se encontraron ante un problema que debería haber quedado resuelto antes incluso de abrir sus puertas: ¿qué profesores necesita cada plantel y cuántas horas de enseñanza requiere?

El problema surgió a raíz de la decisión del Ministerio de Educación de aplazar la incorporación de los docentes por contrato pagados con cargo a los fondos de las escuelas y preparatorias, así como de los llamados docentes “auxiliares”, hasta concluir un censo de necesidades y determinar los posibles excedentes. Como resultado, cerca de 3,500 profesores esperan saber qué ocurrirá con sus horas de clase, mientras algunas escuelas se han visto obligadas a reducir sus jornadas debido a la falta de docentes.

Una mirada histórica

Si volvemos sobre un capítulo de la historia política libanesa que sigue plenamente vigente, la principal responsable de las batallas en torno a la contratación indiscriminada y al empleo por contrato en la educación pública ha sido la propia clase política, con su sistema de reparto confesional de cuotas. El presidente del Parlamento, Nabih Berri, y el movimiento Amal, junto con los demás componentes del poder, estuvieron entre los principales padrinos de este sistema.

El auge de las contrataciones indiscriminadas: en los años previos al colapso, particularmente entre 2014 y 2018, en vísperas de las elecciones legislativas, el sector público de la educación fue saturado con más de 5,000 maestros y maestras mediante nombramientos y contratos indiscriminados bajo distintas modalidades de “contratación”. A ello se sumó la invención de la categoría de los “auxiliares”, un estatus híbrido creado para emplear a protegidos políticos y, al mismo tiempo, impartir clases a refugiados con apoyo internacional. Estos docentes quedaron excluidos de las prestaciones de la Cooperativa de Funcionarios Públicos con el fin de limitar la responsabilidad jurídica del Estado hacia ellos.

La brecha estructural, entre puertas traseras y redes de favoritismo: a partir de la experiencia de la profesora Mona Jahmi, se pone de relieve una corrupción estructural mediante la cual docentes de planta de matemáticas, física o idiomas son trasladados, bajo presiones políticas, a puestos de supervisores o responsables de laboratorios y bibliotecas. Es decir, a funciones con poca o ninguna carga docente real, casi sinecuras. Trabajan apenas 12 horas y después se van a dar clases al sector privado, mientras el Estado firma nuevos contratos, con el consiguiente despilfarro de recursos, para colocar a protegidos políticos y cubrir las horas que quedan vacantes.

De vuelta al problema actual

Lo que ocurre hoy en la educación pública en Líbano no es una crisis pasajera provocada por una mala decisión administrativa o por un simple retraso técnico en la “evaluación de necesidades”. Lo que vemos es el derrumbe acumulado de un sistema que de pronto queda al descubierto, porque el poder ha decidido, una vez más, ocuparse de las consecuencias del caos en lugar de sus causas.

Cerca de 3,500 docentes por contrato y auxiliares se encontraron de pronto fuera de las aulas al inicio del año escolar, después de que sus contratos fueran suspendidos bajo el argumento de una “reevaluación de las necesidades reales”. A primera vista, la decisión parece racional: la guerra ha modificado la distribución de los alumnos, algunas escuelas cerraron, otras fueron convertidas en centros de acogida, y es evidente que los recursos deben reorganizarse. Pero el problema no está en el principio, sino en el momento en que se toma la decisión y en lo que ese retraso revela sobre una falla estructural.

El Estado, que durante años no supo cuántos profesores necesitaba ni cómo distribuirlos, decidió de pronto “descubrirlo” en vísperas del inicio del año escolar.

Esto no es una reforma. Es una declaración de quiebra.

Por su parte, los docentes por contrato se presentan como víctimas de una decisión arbitraria, y esa descripción no carece de fundamento. La decisión llegó tarde, dejó a miles de familias en una espera angustiante y puso en riesgo el funcionamiento normal de escuelas que, de hecho, se vieron obligadas a reducir sus horarios por falta de personal. Pero este relato, por parcialmente justo que sea, no basta.

Porque hay una pregunta que debe plantearse, quizá por primera vez con seriedad: ¿cómo fueron contratados originalmente estos docentes? ¿Y hasta qué punto están calificados?

Entonces aparece otra capa de la crisis, aún más dolorosa. Las propias escuelas ya no están en condiciones de cumplir normalmente con su función educativa: pasillos llenos de desplazados, escasez de agua y diésel, falta de higiene y una convivencia imposible entre la vida del desplazamiento y la vida escolar. Mona dice: “No se puede enseñar entre olores de comida y movimiento constante”, y añade que “la educación a distancia es la peor experiencia educativa”.

Llegados a este punto, todas las controversias administrativas pierden casi todo su sentido. Estamos ante una realidad que roza la catástrofe: niños sin estabilidad, sin apoyo psicológico y sin un entorno educativo mínimo. La violencia aumenta, la capacidad de concentración se deteriora y hasta la memoria empieza a resquebrajarse bajo la presión del desplazamiento y la desintegración social.

Y, sin embargo, el poder insiste en tratar el asunto como si fuera únicamente un expediente de contratos.

Pero el testimonio de la propia profesora tampoco absuelve al sistema educativo. Va más lejos y, ante todo, revela lo que normalmente se evita decir: “Hay una cultura de dejadez en la educación pública”, además de una falla flagrante en la distribución del personal. Hay profesores destinados a puestos administrativos o a funciones sin tareas reales, mientras algunos de quienes permanecen en las aulas “enseñan de cualquier manera”, como dice la expresión popular, a pesar de que su desempeño en la educación privada es excelente gracias a la supervisión y el seguimiento.

Al mismo tiempo, se recurre a contratos para cubrir la falta de docentes en materias esenciales, a veces mediante intervenciones políticas directas: “Una llamada de un político… Denle un contrato, aunque sea por unas cuantas horas”. Sin embargo, esta tarea debería corresponder al Consejo de la Función Pública.

Es precisamente aquí donde se concentra el problema.

La contratación, que en principio debería ser una herramienta flexible para cubrir faltantes, se ha convertido en una de las vías del clientelismo. Y la paradoja es que el propio poder, o sus extensiones, que permitió que este sistema sin control se inflara, ahora invoca el caos resultante para congelarlo.

En otras palabras, castiga las consecuencias de lo que él mismo creó.

La doble crisis

Docentes por contrato pagan el precio de decisiones arbitrarias.

Y el sistema educativo está penetrado por la contratación política y la mala gestión.

Pero hay algo todavía más grave: el momento que podría haberse convertido en una oportunidad para una reforma de fondo, mediante una redistribución del personal, la incorporación a la planta permanente con criterios claros y el fin del desorden, termina reducido a una simple gestión de crisis, aplazada como todas las demás crisis en Líbano.

En el trasfondo hay algo aún más profundo: la ausencia del Estado como regulador imparcial.

Las escuelas del sur ya no son solamente instituciones educativas. Se han convertido en refugios. Los padres ni siquiera cuentan con documentos que acrediten el nivel escolar de sus hijos. Algunos no saben en qué grado deben inscribirlos.

Esto no es un detalle. Es el derrumbe de la relación más elemental entre el ciudadano y el Estado.

Cuando se llega a este punto, el debate sobre un “contrato” o una “hora de clase” empieza a parecer una discusión técnica sobre un suelo que se está hundiendo.

Lo que esta crisis revela, sencillamente, es que el poder en Líbano siempre fracasa dos veces.

Fracasa cuando administra los sectores públicos con la lógica del reparto de cuotas y el clientelismo. Y vuelve a fracasar cuando pretende “reformarlos” sin tocar las raíces mismas de esa lógica.

Entre ambos fracasos, los docentes quedan a la deriva, el sistema educativo se desintegra y toda una generación es abandonada a su suerte.

Lo que en última instancia está amenazado es el propio futuro de Líbano, cuando esta generación crezca cargando con todas estas carencias y todos estos problemas.

En una palabra: una catástrofe.