Nabih Berry, el arquitecto de la ocupación iraní del Líbano

En un momento decisivo de la trayectoria libanesa, la expulsión del embajador iraní no puede considerarse un gesto diplomático ordinario. Es, sencillamente, la primera prueba real de la capacidad del Estado libanés para decir “no” a un proyecto regional que ha vaciado su soberanía de contenido durante años.

Pero, como siempre, el problema no es solo externo. Está dentro, y más precisamente en quienes se presentan como socios en la gobernanza.

En el centro de este escenario se encuentra Nabih Berri, el omnipresente presidente del Parlamento.

Berri, que hoy intenta presentarse como garante de la estabilidad, es, en realidad, uno de los principales arquitectos de su colapso. El hombre que durante años se definió como una “válvula de seguridad” se ha convertido, en la práctica, en una válvula de bloqueo, obstaculizando cualquier intento serio de cuestionar la hegemonía de Hezbolá y la influencia de Irán en el Líbano.

Digámoslo con claridad: el problema no es únicamente la expulsión del embajador iraní, sino el sistema que permitió que ese embajador actuara como un soberano de facto, eludiendo abiertamente las normas diplomáticas y hablando por encima del propio Estado libanés. Y cuando finalmente se adopta una medida mínima de responsabilidad, Berri aparece para cuestionar su pertinencia, como si la soberanía libanesa fuera negociable.

Lo que hace hoy Berri no es mediación. Es protección.

Sabe perfectamente que la expulsión de un embajador no expulsará al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del Líbano. Aun así, se niega incluso a este mínimo enfrentamiento político.

¿Por qué? Porque cualquier cuestionamiento serio derrumbaría inevitablemente el sistema en el que ha invertido profundamente: un entramado de corrupción y clientelismo, que durante décadas ha servido de cobertura política a las armas de Hezbolá.

Más grave aún, Nabih Berri, quien en otro momento afirmaba poder “contener” a Hezbolá y reintegrarlo al aparato estatal, hoy prácticamente ha desaparecido. No hay liderazgo, no hay claridad, solo un coro de advertencias sobre el riesgo de “provocar a la comunidad chiita”, como si la soberanía misma fuera una ofensa confesional.

Esa es la ecuación que Berri intenta imponer: cualquier intento de enfrentar las armas de Hezbolá o la influencia iraní se convierte en una agresión contra toda una comunidad. Es una fórmula profundamente cínica y peligrosa, no una protección de la comunidad chiita, sino su secuestro al servicio de un proyecto regional que poco se preocupa por sus vidas o su futuro.

Lo que vemos hoy es, en parte, un intento tardío de rescate, no solo del Estado, sino de una parte importante de los chiitas libaneses cuya capacidad de acción política ha sido sistemáticamente anulada. La ironía es evidente: las mismas fuerzas que se oponen a Hezbolá y a sus aliados son, con frecuencia, las que ofrecen refugio y dignidad a las familias desplazadas, mientras que sus propias regiones en el sur se convierten en campos de batalla.

En cuanto a las amenazas de retiro ministerial, apenas rozan el teatro político. El problema no son dos ministros reemplazables, sino una estructura armada que opera por encima y al margen del Estado. Si Berri cree que la presión de la calle o el fantasma de una guerra civil revertirán el rumbo actual, se equivoca gravemente.

El Líbano ha cambiado

Hezbolá ya no puede presentarse de manera creíble como un movimiento de “resistencia”, no después de haber dirigido sus armas hacia el interior ni tras alinearse con una agenda regional iraní. Tampoco se puede exigir a los ciudadanos libaneses que acepten una estabilidad basada en compromisos interminables con quienes arrastran al país a guerras que no eligieron ni pueden sostener.

Sí. El riesgo de escalada existe. Sí, las tensiones son reales. Pero el peligro mayor reside en la perpetuación de esta negación colectiva, en una lógica política que insiste en normalizar lo anormal y en convertir al agresor en un socio legítimo de gobierno.

Hoy, el Estado libanés enfrenta una disyuntiva clara: continuar por la vía de la complicidad, como proponen Berri y sus aliados, o comenzar, aunque sea con cautela, a recuperar su autoridad.

Expulsar al embajador iraní puede no ser suficiente, pero es un mensaje.

Un mensaje a los libaneses, antes que a la comunidad internacional, de que aún hay quienes se niegan a que el Líbano siga siendo una plataforma para las guerras ajenas. Y, sobre todo, un mensaje a Nabih Berri: la era de los equilibristas ha terminado. Quienes creen que pueden seguir administrando este colapso como si fuera un simple detalle político pronto descubrirán que el suelo ya cede bajo sus pies.

El Líbano no necesita hábiles maniobradores dentro del Estado. Necesita un Estado.

Y un Estado no puede existir mientras quienes lo dirigen actúan como sus propios sepultureros.

Si hace falta recordarlo: lo que presenciamos hoy no es más que una repetición distorsionada del 6 de febrero de 1984, cuando el lema del “fin de la injusticia” fue invocado para justificar un golpe de fuerza contra el Estado, que terminó transformando las armas de un supuesto instrumento de justicia en una herramienta de dominación. Quienes tomaron las armas aquel día no lo hicieron para defender al Estado: lo consideraron inexistente y decidieron reemplazarlo. El resultado no fue su restauración, sino su entierro. La ironía es contundente: quienes decían combatir la injusticia terminaron convirtiéndose en sus principales agentes, monopolizando el poder, infiltrando las instituciones y reproduciendo el mismo sistema que afirmaban combatir.

Hoy, Nabih Berri y sus aliados reciclan esa misma experiencia fallida: el mismo pretexto, las mismas armas, el mismo desenlace, un Estado capturado y un pueblo obligado a aplaudir su propia subordinación en nombre de la “dignidad” y los “derechos”.

Habrá que reescribir esa historia.