El Líbano, Naim Qassem y el Estado en suspenso
En un momento de extremada sensibilidad regional, donde los expedientes de seguridad libaneses se cruzan con el curso de las negociaciones regionales e internacionales, tres temas estrechamente vinculados se imponen en el panorama interior: las amenazas del secretario general de Hezbolá, el jeque Naim Qassem, la controversia en torno al intento de reposicionar la «carta libanesa» en el juego de la negociación regional, y finalmente el expediente de los desplazados y sus concentraciones dentro de la capital, especialmente en barrios densamente poblados como Béchara el-Khoury. Estos temas, pese a su aparente disparidad, remiten en profundidad a una sola y misma pregunta: ¿en qué medida sigue siendo el Líbano un Estado capaz de controlar su propia decisión interior y sus fronteras de seguridad y sociales?
Las recientes amenazas de Naim Qassem no eran simplemente un discurso político de uso interno; surgían en un contexto regional tenso, articulado alrededor de las negociaciones sobre el futuro del sur libanés, de la aplicación de la resolución 1701 y de la redefinición de las reglas de enfrentamiento tras la última guerra. En este marco, el discurso puede leerse como un mensaje con doble destinatario: hacia el interior, la reafirmación de que el expediente de las armas y el papel militar del Partido permanecen fuera de todo arreglo interno unilateral; hacia el exterior, la señal de que cualquier acuerdo concerniente al Líbano no puede disociarse de Irán y de su papel en la región. Esto es lo que reactiva la idea de que Hezbolá pretende devolver la «carta libanesa» a Irán en su totalidad, sustrayéndola de la influencia del Estado libanés.
Por ello resulta llamativo que una respuesta política directa y enérgica no haya provenido desde el interior libanés, mientras que la posición del secretario de Estado norteamericano se imponía como la más explícita. Esta disparidad en las reacciones refleja una realidad sutil inherente al sistema libanés: el Estado elude la escalada interna directa en los expedientes soberanos sensibles, mientras que Estados Unidos considera que toda amenaza a la estabilidad o al proceso diplomático constituye un menoscabo directo de sus intereses y al papel que desempeña en la gestión de los equilibrios regionales.
En cambio, este clima político no puede disociarse de la realidad social y de seguridad en el interior de la capital libanesa. La propia Beirut vive bajo una doble presión: la de la fractura política regional, y la del deterioro social y económico interior. Es en este contexto donde el expediente de las concentraciones de desplazados en barrios como Béchara el-Khoury emerge como una de las manifestaciones de la fragilidad del Estado en la gestión del espacio público.
Las concentraciones informales en los bordes de las carreteras y en los barrios superpoblados no pueden abordarse únicamente como una cuestión humanitaria, ni únicamente como una cuestión de seguridad. Son la consecuencia directa de la ausencia de una política de Estado clara para la gestión del desplazamiento dentro de las ciudades, y de la falta de capacidad municipal y administrativa para organizar el espacio urbano de la capital. Con el tiempo, estas concentraciones se transforman en focos de presión social: saturación de las arterias, debilitamiento de los servicios, fricciones cotidianas con los vecinos y ausencia de una supervisión regulatoria eficaz.
Pero el peligro real no reside en la existencia de estas concentraciones en sí mismas, sino en el entorno general que las rodea: un Estado en crisis, una fractura política aguda, un estrangulamiento económico y una tensión regional abierta. En tales circunstancias, cualquier vacío administrativo o social puede convertirse en un punto de fragilidad susceptible de ser explotado o de estallar ante la primera crisis.
Es precisamente en este punto donde la articulación del nivel político, por un lado, con los niveles de seguridad y social, por otro, se vuelve necesaria. Pues cuando los mensajes políticos procedentes de actores regionales e internos se intensifican en torno al futuro de la decisión libanesa, mientras que simultáneamente la capacidad del Estado para controlar el tejido cotidiano de la capital se reduce, se dibuja un cuadro único cuya constatación central es la erosión progresiva del concepto de Estado central.
Sin embargo, sería inexacto caracterizar la situación como un colapso o como una «bomba de relojería» inevitable. El Líbano, a pesar de todas sus crisis, conserva todavía un margen de estabilidad relativa, fruto ella misma de complejos equilibrios internos y regionales que impiden la explosión total. Pero esta estabilidad sigue siendo frágil, y cualquier entrecruzamiento entre escalada política de un lado y deterioro social del otro puede elevar considerablemente el nivel de los riesgos.
En conclusión, las amenazas de Naim Qassem reflejan la permanencia del conflicto en torno a la definición de quién detenta realmente el poder de decisión en el Líbano, mientras que las concentraciones de desplazados en Beirut revelan los límites de la capacidad del Estado para gestionar sus propios asuntos cotidianos. Entre estos dos niveles, el Líbano aparece como un Estado que opera en un espacio extremadamente estrecho, atrapado entre una soberanía amputada y presiones internas acumuladas, lo que hace que cualquier expediente menor sea susceptible de transformarse en emblema de una crisis mayor, si no se aborda en el marco de una visión de conjunto propia del Estado y no de los ejes de alineamiento.