Líbano: entre la inercia y la guerra impuesta, el Estado en el ojo de la tormenta de Hezbolá

El Líbano se encuentra hoy dividido por una profunda fractura vertical, especialmente desde que el Poder Ejecutivo decidió prohibir toda actividad militar de Hezbolá. Mientras tanto, la situación en el terreno sigue deteriorándose, a medida que el conflicto entre Israel y Hezbolá se amplía de forma sostenida.

La apertura del frente sur, sumada a las respuestas políticas y mediáticas de Hezbolá, en las que critica al Consejo de Ministros y al Presidente de la República y arremete contra el Líbano en su conjunto, puede calificarse, en el mejor de los casos, como irresponsable, cuando no abiertamente desafiante. Los primeros en pagar el precio son los propios simpatizantes del grupo; después, el país entero.

Los seguidores de Hezbolá y sus familias, que huyen de las amenazas y bombardeos israelíes, enfrentan su quinto desplazamiento desde 1992. Sin embargo, no hay garantía de que esta vez sea temporal, sobre todo si, como afirmó el ministro de Defensa de Israel, el país amplía su ocupación en el sur del Líbano para establecer una zona de amortiguamiento que se extienda hacia el norte.

Desafiando toda lógica, muchos simpatizantes de Hezbolá aceptan esta situación. Expresan una confianza absoluta en su dirigencia, lealtad a la República Islámica de Irán y la certeza de una victoria sobre Israel, pase lo que pase. Están convencidos de que su destino es morir vengando la muerte de Jamenei. Esta lógica suicida resulta profundamente inquietante y la inacción del gobierno corre el riesgo de prolongar un statu quo que erosiona al Estado.

Desde el alto el fuego de noviembre de 2024, Israel ha atacado de manera constante a la dirigencia y la infraestructura de Hezbolá, sin provocar represalias. Al mismo tiempo, el grupo persistió en negarse a restablecer la soberanía del Estado, incumpliendo así sus compromisos en ese sentido.

Hasta ahora, los ataques israelíes se habían desarrollado en un marco geográfico definido y previsible. Sin embargo, desde el 2 de marzo, el Líbano ha sido arrastrado a una nueva “guerra de apoyo”, inspirada en el modelo de 2023 y 2024, versión 2.0, completamente innecesaria y sin impacto en el conflicto más amplio entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Cada vez resulta más evidente que Hezbolá no modificará su postura y seguirá privilegiando la ideología por encima del pragmatismo que alguna vez dijo defender. Ante la disyuntiva entre el suicidio y opciones que garantizarían la seguridad de sus simpatizantes, ha optado por el suicidio, un camino que no puede imponer al resto de los libaneses, quienes han elegido el Estado de derecho, continúan creyendo en él y llevan cincuenta años intentando construirlo.

La ocupación siria del Líbano durante treinta años, seguida de la hegemonía de Hezbolá y el movimiento Amal, erosionó el Estado desde dentro. Facilitó el arraigo de sus partidarios, así como de otros vinculados a feudos corruptos, en la administración pública, el aparato judicial y las instituciones de seguridad, socavando sistemáticamente sus cimientos.

Sin la presencia de un puñado de verdaderos resistentes, discretos pero activos dentro de estas instituciones, el Estado habría dejado de existir hace tiempo.

La pasividad, la peor opción

En los últimos catorce meses, el Ejecutivo y el Presidente de la República han evitado confrontar a Hezbolá, adoptando una postura pasiva mientras en Medio Oriente se producía un cambio dinámico. Nicolás Maquiavelo consideraba que la pasividad era la peor opción: si quienes ejercen el poder permanecen pasivos y neutrales, terminan siendo presa del vencedor. El Líbano no puede darse el lujo de distanciarse de Estados Unidos, donde reside más de un millón de libaneses, incluidos ciudadanos con doble nacionalidad y estadounidenses de origen libanés. Entre ellos hay senadores, miembros del Congreso y funcionarios como Thomas Barrack, Massaad Boulos, Darrell Issa, Daren Lahoud y muchos otros que trabajan incansablemente en apoyo al Líbano.

Siguiendo con Maquiavelo y, sobre todo, en tiempos de beligerancia, el Líbano no puede adoptar una posición pasiva entre Washington y Teherán. Esa neutralidad se ha vuelto sinónimo de ruina. Una vez más, Israel amplía su ocupación en el sur del país y tanto Hezbolá como Irán son completamente incapaces de impedirlo o disuadirlo. Por el contrario, contribuyen a proporcionar el pretexto que Israel necesita para ocupar más territorio libanés y desplazar a sus habitantes.

Algunos observadores sostienen que hacer cumplir la última decisión del Consejo de Ministros conduciría a una guerra civil o a un enfrentamiento armado entre el ejército y Hezbolá. Estos argumentos no se sostienen: tras todo lo que ha soportado, Hezbolá no puede permitirse un choque directo con la institución militar ni el riesgo de aislar aún más a la mayoría de los libaneses.

Otros analistas escépticos dudan de la capacidad del ejército para ejecutar la decisión del gobierno. En un momento histórico como este, solo verdaderos hombres y mujeres de Estado, cada vez más escasos, podrían marcar la diferencia, con una visión clara y un plan preciso que evite que el país derive en una guerra civil o en un enfrentamiento interno. Por ejemplo, el Consejo Supremo de Defensa, integrado por el Presidente de la República, el Primer Ministro y los ministros de Defensa, Interior, Finanzas y Economía, debería reunirse en sesión abierta y supervisar, hora por hora, la misión de desarmar a Hezbolá, en lugar de dejar al ejército solo frente a una situación políticamente compleja que se arrastra desde hace cuarenta años.

El Consejo Supremo de Defensa podría así asumir plenamente la iniciativa y sus responsabilidades, ya que el poder de decisión recae en él y no en los militares. De ese modo, reafirmaría también la primacía de la autoridad civil sobre el ejército en una crisis como la actual.

Dejadas a su suerte, las acciones militares pueden tener importantes repercusiones políticas. Por ello, el ejército debe contar con respaldo político no solo mediante una decisión del Consejo de Ministros, sino también de una supervisión estrecha y constante que garantice la correcta aplicación de dicha decisión.

Además, la Comisión Parlamentaria de Defensa brilla por su ausencia. Sin embargo, le corresponde reunirse periódicamente, con la frecuencia que exija la gravedad de la situación, para interpelar, asumir responsabilidades y, cuando sea necesario, adoptar las medidas legislativas pertinentes a fin de orientar las acciones emprendidas y proporcionar los recursos necesarios para que el ejército cumpla con éxito la misión que le ha sido encomendada.