¿Nuestro problema reside realmente en la doctrina de Hezbolá?
Una opinión ampliamente extendida en el Líbano sostiene que el desacuerdo de los libaneses con Hezbolá radica en su doctrina y en su adhesión a la wilayat al-faqih tal como la teorizó Jomeini. Pero la cuestión merece ser planteada de otra manera: ¿el problema reside realmente en la doctrina en sí misma, se comparta o se rechace, o más bien en la imposición de esa doctrina y de las prácticas que deriva sobre toda la sociedad y el Estado?
No tenemos ningún derecho a cuestionar aquello en lo que creen los demás, ni a poner en duda su pleno derecho a abrazar las ideas y convicciones que elijan, sean cuales sean. Todo individuo, toda comunidad, puede construir libremente su propia visión del mundo, ya sea religiosa o política. Esa es una dimensión de la libertad de conciencia, una libertad consagrada por la Constitución libanesa y que, en su principio mismo, no debería estar sujeta a discusión.
Cada persona, individual o colectivamente, es libre de percibir el mundo a su manera y de construir su propia arquitectura intelectual y espiritual sin tutela alguna. Pero lo que se vuelve motivo de objeción, rechazo e incluso de profunda preocupación es el momento en que la doctrina deja de ser una elección libremente asumida, personal o colectiva, para convertirse en una fuerza que impone su ley sobre los demás y en un proyecto que busca arrastrar a toda una sociedad hacia caminos que no ha elegido. La dificultad se agrava cuando la doctrina se transforma en una autoridad superior a la del Estado o en un instrumento destinado a imponer sus decisiones a una sociedad plural y diversa, porque en ese momento ya no estamos en el terreno de la “creencia”, sino en el de la coerción. La objeción, entonces, no recae sobre “en qué crees”, sino sobre “cómo y por qué pretendes obligar a otros a someterse a esas creencias”.
En ese punto, ya no se trata de una divergencia de opiniones o de una diversidad de convicciones, sino de un peligroso deslizamiento del espacio de la libertad hacia el del autoritarismo y la dominación. Si considero que las creencias ajenas no son asunto mío, sí me conciernen plenamente las situaciones en las que esas creencias se convierten en el pretexto para arrastrarme a una guerra, modificar mi modo de vida o imponerme una realidad política contra mi voluntad. Esta postura no surge de ninguna hostilidad hacia una comunidad o corriente de pensamiento en particular: es una defensa del pluralismo, del derecho a la diferencia y del respeto a los límites de toda autoridad.
El problema, por lo tanto, no reside en “aquello en lo que creemos”, sino en “la manera en que traducimos esa creencia en los hechos”. Porque cuando la convicción se convierte en el pretexto para imponer decisiones cruciales sobre una sociedad plural, monopolizar las armas y utilizarlas como instrumento de amenaza, y luego decidir soberanamente sobre la guerra y la paz fuera del marco del Estado y sus instituciones, entonces se han cruzado los límites de la libertad para entrar en la lógica del despotismo y la dominación. Esto se manifestó recientemente en las declaraciones de algunos dirigentes y partidarios de Hezbolá, quienes afirmaron que sus armas permanecerán hasta la llegada del Mahdi. En este punto, se sobrepasan los límites de la razón y se roza el delirio colectivo.
En una sociedad como la del Líbano, fundada por naturaleza sobre el pluralismo y un equilibrio delicado, todo intento de imponer un modelo único, ya sea ideológico o religioso, solo puede generar un profundo desequilibrio. No porque ese modelo sea necesariamente erróneo en sí mismo, sino porque es impuesto fuera de todo consenso y en violación de las reglas de la convivencia.
Por ello, se vuelve necesario poner las cosas en su justo lugar: defender la libertad de creencia no significa aceptar que esta sea impuesta a los demás, y el pluralismo no implica en absoluto que un grupo se erija como tutor de las decisiones de todos.
Lo que necesitamos hoy no es un debate doctrinal que solo profundizaría las divisiones mientras ignora lo esencial, sino un acuerdo claro sobre los límites de la práctica: la libertad del individuo o del grupo termina donde comienza la de los demás, y ninguna idea, sea cual sea, puede transformarse legítimamente en una autoridad que se imponga sobre la sociedad y el Estado.
Sin embargo, esta problemática no puede comprenderse plenamente si se limita únicamente al nivel de los comportamientos o de las decisiones políticas aparentes del entorno de Hezbolá. Aquí aparece toda la importancia del enfoque desarrollado por Waddah Charara, quien no observó el fenómeno como un simple conjunto de prácticas, sino como una estructura coherente que produce una forma particular de compromiso, disciplina y lealtad. En el Estado del Hezbolá, el Partido aparece como un espacio que supera la organización política para constituir una “sociedad dentro de la sociedad”, dotada de su propia lógica para definir la legitimidad, la pertenencia y el deber.
Desde esta perspectiva, el compromiso de los individuos pertenecientes a esta corriente, o su obediencia a sus mandatos, deja de ser una simple elección personal para convertirse en parte integral de un espíritu colectivo que reconfigura su percepción del mundo y de su lugar en él. Ese espíritu colectivo no se basa únicamente en la convicción, sino en un sistema simbólico y profundamente significativo, articulado alrededor del martirio, el sacrificio, lo sagrado y la pertenencia a una causa que trasciende las fronteras nacionales. Precisamente ahí reside la dificultad del debate, porque ya no estamos frente a una simple decisión política susceptible de ser discutida y cuestionada, sino ante una estructura mental y ética de notable cohesión.
Pero incluso comprendiendo esta estructura, la pregunta fundamental sigue en pie: ¿esa cohesión interna justifica convertirla en una fuerza que se imponga hacia el exterior? ¿Y puede un espíritu colectivo, por coherente y convencido de sí mismo que sea, pretender reducir una sociedad diversa a sus propias categorías e imponerle su trayectoria?
El verdadero desafío, por tanto, no consiste ni en deconstruir la creencia en sí misma ni en embarcarse en una controversia doctrinal que podría resultar estéril, sino en trazar la frontera entre el ámbito donde ese espíritu colectivo tiene derecho a vivir y expresarse libremente y aquel que no puede cruzar cuando está en juego el destino de toda una sociedad.
En ese sentido, el debate más riguroso no resulta ser un enfrentamiento entre creencias, sino una lucha por los límites de la autoridad y por determinar quién tiene el derecho de decidir el destino común. Y ahí, comprender el fenómeno ya no basta: es necesario reafirmar un principio simple y decisivo, a saber, que ninguna fuerza es legítima cuando pretende situarse por encima de la sociedad a la que supuestamente pertenece, y que ninguna idea puede transformarse en un destino impuesto a los demás.