¡Intervención humanitaria en Teherán y legítima defensa en Caracas!
¿Quién no celebró el secuestro de Nicolás Maduro, el dictador que empujó al éxodo a ocho millones de sus compatriotas, es decir, una cuarta parte de la población de Venezuela?
¿Pero significa esto que la administración estadounidense tenía derecho a llevar a cabo este audaz ataque en las inmediaciones de Caracas? Según la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que sacraliza la soberanía nacional y garantiza la paz entre naciones, un país solo puede recurrir a la fuerza armada en dos casos: la legítima defensa y la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad que lo autorice. Sin embargo, un país puede intervenir en el territorio de otro para responder a la demanda urgente de su gobierno legítimo: ¿Acaso los marines estadounidenses no desembarcaron en nuestras costas en 1958 a petición del presidente Camille Chamoun?
La legítima defensa según el artículo 51
Otra opinión: Bruno Retailleau, senador francés, aprobó la emboscada del 3 de enero con el pretexto de que el presidente venezolano se había hecho cómplice de los narcotraficantes. A sus ojos, la captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos fue solo una operación de legítima defensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Es difícil suscribir tal tesis: el narcotráfico no constituye, a los ojos de la jurisprudencia internacional, un acto de «agresión armada» que justifique dicha legítima defensa. El líder de los Republicanos habría hecho mejor en invocar una intervención humanitaria, como no dejaría de hacer un Donald Trump, horrorizado por la represión que impera en Irán.
¿Hay una obligación de intervenir por parte de los Estados?
La intervención humanitaria transgrede alegremente los principios de soberanía e integridad territorial de un tercer país, como fue el caso en Bosnia-Herzegovina (1992-95) y en Kosovo (1999). Allí se llevaron a cabo operaciones militares, no a petición de un gobierno legítimo como en Líbano en 1958, sino CONTRA dicho gobierno. A esta «guerra en nombre de la humanidad», Jean-Baptiste Vilmer le da la siguiente definición: «El uso de la fuerza por un Estado con el fin de detener graves violaciones de los derechos humanos de individuos que no son nacionales del Estado interviniente y sin el consentimiento de las autoridades locales».
Los defensores de esta doctrina la justifican en nombre de la urgencia. Y Estados Unidos podría proceder de esta manera en Irán; podrían argumentar la denuncia que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 23 de enero, de la «represión sin precedentes» ejercida en el país de los ayatolás. En esa fecha, más de 5000 muertos y 25000 arrestos llevaron al Alto Comisionado Volker Türk a pedir a Teherán que reconsiderara su posición y pusiera fin a su «represión brutal, incluidos los juicios sumarios y las penas desproporcionadas».
Sin embargo, desde entonces, el número de víctimas ha aumentado y se habla de más de 30000 muertos!
¡Un «ataque humanitario» en nombre de la libertad!
¿Puede la magnitud de las infracciones a los derechos fundamentales justificar la injerencia humanitaria de la maquinaria de guerra estadounidense? En teoría, una intervención solo se impone ante una violación masiva e ininterrumpida de los derechos humanos. Si este no es el caso, ¿debemos abstenernos de actuar hasta que el horror no haya alcanzado un cierto umbral, por ejemplo, el de 50000 víctimas?
Se entiende que si un «ataque humanitario» viniera a auxiliar a los manifestantes iraníes, estaría empañado por algunas transgresiones a la norma jurídica, transgresiones que juristas puntillosos no dudarían en denunciar. Pero, ¿y qué? Se trata de una liberación y no se anda con rodeos. No se concede el beneficio de la duda a quienes pisotean el derecho, ni se concede libertad a los enemigos de la libertad!