Cómo el Estado se convirtió en intermediario…

El acceso al Estado en el Líbano ya no recorre el camino directo que debería seguir en cualquier sistema político moderno. La relación que tendría que fundarse sobre derechos claramente definidos y obligaciones mutuamente reconocidas se ha ido transformando en una compleja red de vías informales, en la que el ciudadano ya no trata directamente con el Estado, sino con quien le «abre el acceso» a él. Pero la mutación no se ha detenido ahí, puesto que la intermediación ha dejado de ser un simple puente tendido entre el ciudadano y el Estado para convertirse, en muchos casos, en un sustituto integral de aquel, a través de la construcción de dispositivos paralelos que reproducen el Estado fuera de sus propios límites.

Lo que presenciamos hoy va mucho más allá de la corrupción ordinaria. Ya no se trata de transgredir reglas existentes, sino de desplazarlas por otras. El ciudadano ya no obtiene lo que le corresponde por derecho a través del canal institucional, sino mediante un intermediario que redefine ese derecho como prestación de servicio, o a través de una institución alternativa que surge fuera del Estado cumpliendo no obstante sus funciones. En este sentido, el problema ya no radica únicamente en la debilidad del Estado, sino en la emergencia de un cartel paralelo que actúa en su lugar y reconfigura la relación entre el ciudadano y la autoridad.

Esta transformación no se produjo de manera súbita. Comenzó con un debilitamiento metódico del Estado, a través de la parálisis de sus instituciones, el retraso sistemático de sus servicios y la progresiva erosión de la confianza depositada en él. Las fuerzas políticas se adentraron entonces en ese vacío, no solo mediante la mediación, sino instituyendo estructuras alternativas en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales. Con el tiempo, el ciudadano dejó de recurrir al Estado salvo como opción subsidiaria, encontrándose atrapado en una doble dependencia, dividido entre un intermediario que le allana el camino y una institución paralela que le garantiza la prestación.

En los distintos sectores, esta ecuación se ha reproducido de manera idéntica. En los servicios esenciales, el Estado ha dejado de ser la referencia efectiva, cediendo su lugar a carteles paralelos de producción y distribución. En el ámbito de la salud, el acceso a la atención médica ya no depende únicamente de las instituciones oficiales, sino de un entramado de redes de apoyo y estructuras de sustitución. En la educación, han surgido mecanismos de becas y ayudas fuera del marco institucional tradicional. Y en el mercado laboral, la competencia por sí sola ya no determina las oportunidades, desplazada por la pertenencia a redes de influencia.

En el sector financiero, esta mutación se manifiesta con una agudeza particular. El sistema bancario ha dejado de ser un marco unificado sometido a normas legibles, para convertirse en un espacio donde las relaciones personales se entrecruzan con las disposiciones legales. Durante la crisis, no todos los depositantes se encontraban en pie de igualdad ante el acceso a sus fondos, y surgieron canales paralelos para gestionar transferencias y liquidaciones. La pregunta ya no era cuál era el derecho, sino quién podía ejercerlo efectivamente. El dinero mismo se transformó así, pasando del estatuto de derecho legal al de privilegio condicionado por la influencia.

A pesar de todo ello, el cartel no se impuso únicamente por la coacción, sino que prosperó porque respondía a una necesidad real. En ausencia del Estado, el ciudadano busca una solución rápida antes que un largo proceso jurídico. Y a medida que se erosiona la confianza en las instituciones, la relación personal resulta tanto más eficaz. Esto es lo que ha permitido al cartel paralelo no solo mantenerse, sino expandirse y arraigarse.

El resultado trasciende ahora el simple retroceso del Estado y atañe a la emergencia de una dualidad estructural plena. El ciudadano vive entre dos sistemas: uno oficial y debilitado, otro paralelo y en ocasiones más operativo. Los derechos no han desaparecido, pero se han escindido entre estos dos sistemas, ahondando la dependencia y vaciando de contenido la propia noción de ciudadanía.

Lo más inquietante de este cuadro no reside en la existencia misma de la intermediación, sino en el éxito del sustituto. Cuando el cartel paralelo se revela más rápido y más presente, el Estado queda relegado al rango de opción secundaria. El problema ya no está en la debilidad del Estado, sino en el hecho de que ya no se percibe siempre como una necesidad a los ojos del ciudadano.

En esta realidad, la pregunta ya no es cómo reformar el Estado, sino si el vínculo que lo une al ciudadano subsiste todavía. Entre un intermediario que conecta al ciudadano con el Estado e instituciones de sustitución que prescinden de él, se perfila un nuevo modelo de gobernanza que ya no reposa sobre el Estado únicamente, sino sobre la pluralidad de centros de poder y de prestación.

Y aquí aflora la pregunta verdadera: ¿nos hallamos ante un Estado debilitado que pugna por recuperarse, o ante un cartel que ha logrado edificar su propio sustituto?