Acoso, intimidaciones: las mujeres, blancos preferidos de la IA

Imágenes manipuladas, sexualización, campañas de desprestigio y acusaciones de traición: en el Líbano, la inteligencia artificial ofrece nuevas herramientas para el acoso dirigido a mujeres con presencia pública. El caso de una ministra y los testimonios de dos periodistas ilustran un fenómeno mundial que avanza más rápido que los mecanismos jurídicos y técnicos destinados a frenarlo.

Un diablo rojo con cuernos y tridente, pero con un rostro conocido: gafas, cabello corto decolorado y pendientes circulares. No se trataba de una simple caricatura, sino de una de las decenas de imágenes generadas con inteligencia artificial que inundaron las plataformas con la ministra de Educación y Enseñanza Superior, Rima Karamé, como blanco. Su firme insistencia en mantener los exámenes oficiales pese al tenso clima de seguridad que acompañaba a la guerra había desatado una amplia ola de indignación.

Quienes estaban indignados no debatieron la decisión educativa con argumentos pedagógicos. En cambio, surgieron cuentas con versiones distorsionadas y burlonas de su nombre, así como páginas de odio creadas expresamente contra la ministra. Las imágenes que la representaban como un demonio, una bruja o una «villana» se multiplicaron.

Una de ellas le injertaba el rostro sobre el cuerpo de Gargamel, el famoso villano de la serie animada Los Pitufos. Al someterlas a la herramienta de detección Hive Moderation, ambas imágenes obtuvieron una probabilidad del 99,9 % de haber sido generadas por inteligencia artificial. La herramienta estimó, con un grado de certeza notablemente inferior —el 75,7 %— que el modelo utilizado podría ser Gemini 3.

Segunda imagen difundida: el análisis de Hive Moderation estimó en un 99,9 % la probabilidad de que hubiera sido generada por inteligencia artificial. Cabe recordar que los detectores de contenido generado por IA son herramientas probabilísticas que pueden producir tanto falsos positivos como falsos negativos.

El mismo patrón se repitió con mujeres que contaban con una protección mucho menor que la de una ministra. Maya*, joven periodista libanesa, publicó durante la guerra un vídeo grabado sobre el terreno que tuvo una amplia difusión.

Según su testimonio a la autora de esta investigación, su única «recompensa» fue la aparición de una cuenta anónima que difundía imágenes sexuales falsas de ella, generadas por inteligencia artificial y acompañadas de frases como «Israel quiere a Maya». Un doble intento de atentar contra su integridad y de poner en duda su lealtad. Este episodio no ha podido, sin embargo, ser corroborado hasta la fecha por una fuente independiente.

La periodista Lynn*, por su parte, descubrió que una fotografía suya tomada durante un reportaje sobre el terreno había sido manipulada para hacerla aparecer entre dos soldados israelíes apuntándole con sus armas. La imagen había sido publicada por una cuenta extranjera seguida por decenas de miles de personas.

Tras sufrir una agresión física mientras filmaba en Beirut, ella misma contabilizó 148 comentarios bajo una publicación que relataba el ataque: críticas a su apariencia, insinuaciones sexuales y acusaciones de colaboración con el enemigo.

«Los comentarios me hicieron más daño que la propia agresión. Con la persona que me atacó, me enfrenté y ahí quedó todo. Pero esas cosas que leía, escritas por personas escondidas detrás de cuentas falsas, eran mucho más duras», relata.

La versión del ministerio: una campaña organizada, no un debate educativo

Una fuente cercana a la ministra de Educación asegura que ella y su ministerio tuvieron conocimiento de la campaña desde su inicio, y que esta fue escalando progresivamente desde la difusión de información falsa hasta los ataques personales, hasta convertirse en una auténtica «tendencia» en las redes sociales.

Según esta fuente, el ministerio intentó, al mismo tiempo, explicar su postura y publicar estudios y cifras sobre el número de alumnos y desplazados, así como sobre el programa escolar. «Pero estos mensajes no llegaban, o tenían un alcance mucho menor que la campaña dirigida contra ella.»

La fuente describe una campaña «violenta, en la que se utilizaron todos los medios posibles», entre ataques personales e insultos. Algunos días, el teléfono de la ministra recibía entre 700 y 1.000 mensajes en períodos cortos de tiempo, provenientes de lo que ella califica como «trolls electrónicos organizados», que usaban números ficticios y, en ocasiones, reales, algunos de los cuales pertenecían a estudiantes.

La campaña se convirtió también, según esta fuente, en una manera de ganar visibilidad: «Todos los que querían hacerse notar, despertar simpatía o ponerse en primer plano comenzaron a publicar contenidos sobre la ministra, hasta que el debate sobre los exámenes y la educación desapareció en favor de ataques contra su persona: unas veces su cabello, otras sus accesorios, otras el color de su falda.»

A pesar de ello, la ministra no presentó ninguna denuncia judicial, una actitud que la fuente explica por su deseo de «no personalizar el asunto». «Hablaba apoyándose en la ciencia y en los datos; por eso no emprendió acciones legales personales contra nadie.»

En cuanto a las soluciones, la fuente menciona un plan de «cohesión social» en el que trabaja el ministerio dentro del marco de los programas escolares, en coordinación con los ministerios de Cultura, Información y Juventud y Deportes. La regulación jurídica de los comportamientos en las redes sociales sigue, por su parte, siendo estudiada por el ministerio de Información.

Más allá del acoso: una ciberintimidación sistemática

Lo que une el caso de la ministra con el de las dos periodistas va más allá del simple «acoso digital» en sentido estricto. Se trata de un ciberacoso sistemático dirigido específicamente contra las mujeres presentes en el espacio público: manipulación de su imagen, demonización, burla y cuestionamiento de su competencia, sin que una sola de sus decisiones o ideas sea realmente debatida.

Las cifras internacionales demuestran que lo que ocurre en el Líbano se enmarca en un fenómeno mundial en plena agravación. Según la encuesta Tipping Point, publicada en diciembre de 2025 por ONU Mujeres y la Comisión Europea, en cooperación con la UNESCO y el ICFJ, y con la participación de investigadores de City St George's, University of London, en 119 países, el 70 % de las mujeres que trabajan en la esfera pública han sufrido violencia digital en el ejercicio de su actividad. El 41 % declaró haber sufrido también daños en el mundo real relacionados con dicha violencia, mientras que esta proporción alcanza el 75 % entre las periodistas.

En el Líbano, las últimas estadísticas de las Fuerzas de Seguridad Interior, citadas por ONU Mujeres, indican que el 80 % de las víctimas de violencia digital denunciada son mujeres.

Cuando la inteligencia artificial entra en juego, las cifras se vuelven aún más alarmantes. Según el estudio State of Deepfakes, publicado en 2023, el 98 % de los vídeos deepfake disponibles en línea son de naturaleza pornográfica y el 99 % de sus víctimas son mujeres. El estudio también señalaba un aumento del 550 % en el número de estos vídeos entre 2019 y 2023.

La segunda parte de Tipping Point, publicada en abril de 2026, revela además que el 6 % de las mujeres presentes en la esfera pública ya han sido víctimas de deepfakes, mientras que el 12 % han sufrido la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. Una de cada cuatro mujeres ha sido diagnosticada con ansiedad o depresión relacionada con la violencia digital, mientras que el 41 % practica alguna forma de autocensura en sus publicaciones para evitar los ataques.

¿Cómo se fabrica este tipo de contenido y cómo detectarlo?

Producir este tipo de contenido ya no requiere conocimientos técnicos especiales. Una sola fotografía disponible públicamente es suficiente para generar, en cuestión de minutos, decenas de versiones degradantes mediante modelos de generación de imágenes.

Y, como señala Lynn, «diez segundos de tu voz bastan para fabricar una conversación entera que nunca tuviste».

Por el contrario, herramientas de detección como Hive permiten estimar la probabilidad de que un contenido haya sido generado artificialmente e intentar identificar el modelo utilizado. Esta herramienta fue la que se empleó en el marco de esta investigación para examinar las imágenes y vídeos dirigidos contra la ministra Karamé.

Sin embargo, la detección sigue siendo más lenta que la propagación. Cuando el resultado del análisis está disponible, la imagen ya ha llegado en ocasiones a miles de pantallas. Y dado que estos contenidos están «elaborados de forma profesional», explica la periodista, «la gente los creerá, porque ya casi nadie es capaz de distinguirlos».

El problema radica en la sociedad antes que en la herramienta

«Con el desarrollo de la inteligencia artificial, el acoso digital ha cambiado no solo de intensidad, sino también de naturaleza. Ahora vemos desinformación fabricada a partir de imágenes y vídeos, y es siempre más peligrosa para las mujeres que para los hombres», explica Abed Qataya, director de contenido digital de SMEX, una organización especializada en derechos digitales.

Qataya observa que las campañas se intensifican en los momentos políticos clave: cuando una mujer se postula como candidata o cuando toma una decisión polémica, como ocurrió con la ministra Karamé.

«El insulto se utiliza frecuentemente contra las mujeres que trabajan en la esfera pública, y se vuelve personal; ni siquiera intentan debatir sobre política o sobre hechos concretos», explica.

Y añade: «El peligro no proviene únicamente de las herramientas de inteligencia artificial ahora disponibles, sino también de la forma en que la sociedad piensa y concibe a las mujeres».

En el plano jurídico, el Líbano parece ir a la zaga de la rapidez con que evoluciona la amenaza. Qataya explica: «En el Líbano no contamos con leyes específicamente dedicadas al ámbito digital. Tenemos el Código Penal, la ley de 2018 sobre transacciones electrónicas y datos personales y la ley de 2020 que tipifica el acoso como delito», pero ningún texto aborda de manera específica los contenidos falsificados ni la violencia digital de género.

«No tenemos un plan nacional, ni siquiera una comisión nacional dedicada a esta cuestión», añade.

Lynn comparte esta valoración desde su propia experiencia: «Lo primero que necesitamos son leyes reales que permitan exigir responsabilidades de verdad. ¿A quién voy a denunciar? ¿A X?»

También considera que las propias autoridades no toman suficientemente en serio la violencia digital: «Piensan que no es violencia de verdad. Para ellas, la violencia real es cuando alguien viene y te golpea».

De la legislación a las plataformas: cuatro niveles de acción

Los tres casos examinados en esta investigación —una ministra demonizada por una decisión educativa, una periodista cuyas imágenes sexuales falsas fueron fabricadas y una tercera colocada digitalmente entre las armas de dos soldados israelíes— exigen una acción en cuatro niveles que ya no puede postergarse.

Los legisladores deben adoptar un marco jurídico que criminalice explícitamente la producción y difusión de contenidos falsificados de carácter malicioso, endurecer las sanciones contra el chantaje sexual y económico, y crear la comisión nacional reclamada por los defensores de los derechos digitales.

Los medios de comunicación y las instituciones públicas deben adoptar protocolos de protección claros, que abarquen desde la gestión de comentarios abusivos hasta la asistencia jurídica y psicológica, en lugar de dejar que las mujeres afectadas enfrenten solas cientos de mensajes hostiles.

Las plataformas digitales deben agilizar el procesamiento de denuncias y mejorar la detección de contenidos generados por inteligencia artificial. En cuanto a las mujeres presentes en el espacio público y sus equipos, Qataya les recomienda invertir en competencias de seguridad digital, tanto en el plano técnico como en el psicológico.

Mientras tanto, la primera línea de defensa sigue estando en manos del propio público: antes de compartir una imagen «comprometedora» o «impactante» de una mujer de la vida pública, debería plantearse una pregunta antes que cualquier otra: ¿quién la fabricó y con qué propósito?

* «Maya» y «Lynn» son seudónimos utilizados, a petición de ellas, para proteger la identidad de ambas periodistas.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Unión Europea y del Gobierno de los Países Bajos, en el marco de la beca dedicada a la inteligencia artificial en los medios de comunicación para la región de Oriente Medio y Norte de África. Su contenido no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea ni del Gobierno de los Países Bajos.

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa —Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI— para la búsqueda y estructuración de fuentes durante la preparación de este trabajo. La herramienta Hive, por su parte, se empleó exclusivamente para verificar contenidos sospechosos de haber sido generados por IA, y no para producir contenido. Todo el contenido fue revisado y se verificó la exactitud de cada dato y fuente mencionados antes de su publicación. Asimismo, se realizaron todos los esfuerzos posibles para eliminar cualquier sesgo en los resultados, ya sea en el lenguaje, la presentación de los hechos o la selección de fuentes. La responsabilidad editorial íntegra de este trabajo recae en su autor.