De Brest-Litovsk al Líbano

Entre las lecciones de la historia y las presiones de la guerra, la misma pregunta reaparece: ¿puede un Estado exhausto diferir su derrota mayor mediante un acuerdo difícil, o bien un pacto concluido bajo un desequilibrio de fuerzas termina pesando duraderamente sobre la soberanía y la estabilidad?

Cuando los Estados entran en la hora del peligro existencial, la pregunta ya no es cómo vencer, sino cómo prevenir el colapso total. En este sentido, el debate libanés que se desarrolla hoy en torno a la iniciativa lanzada por el presidente Joseph Aoun para abrir un camino hacia negociaciones directas entre el Líbano e Israel bajo patrocinio internacional desborda los límites de la controversia política ordinaria y plantea una cuestión más profunda relativa a los límites del realismo posible cuando el propio Estado se ve amenazado en su cohesión y en su capacidad de subsistir.

La iniciativa ha suscitado una fractura visible entre quienes ven en ella un intento realista de detener el colapso e impedir la expansión del conflicto, y quienes estiman que cualquier negociación llevada a cabo bajo la presión de las armas y en un contexto de fuerzas desequilibradas corre el riesgo de convertirse en un acuerdo severo impuesto al Líbano, con efectos duraderos sobre su soberanía y su futuro político. En tales momentos, la historia regresa para ofrecer sus precedentes: el de Estados o regímenes políticos que se encontraron ante una elección de extrema dificultad — la de aceptar un acuerdo doloroso para conjurar el colapso total.

A raíz del triunfo de la Revolución bolchevique en 1917, la nueva dirección rusa se encontró ante una realidad brutal: un Estado exhausto, un ejército en descomposición, una economía al borde del agotamiento tras años de guerra mundial. En ese instante, Vladimir Lenin comprendió que la continuación de la guerra contra Alemania podía precipitar la caída del nuevo poder antes de que hubiera podido asentar sus fundamentos; por ello encomendó a León Trotsky la negociación del fin del conflicto.

La decisión, sin embargo, no se impuso fácilmente. La dirección bolchevique se dividió en torno a la postura que debía adoptarse. Lenin abogaba por la aceptación de la paz, por dura y humillante que fuera, considerando que la prioridad era salvar la revolución y ganar el tiempo necesario para reconstruir el Estado. Trotsky, por su parte, intentó trazar un camino intermedio que permitiera detener los combates sin necesidad de firmar un tratado deshonroso, mientras que una corriente dentro del partido, encabezada por Nikolái Bujarin, rechazaba todo acuerdo con Alemania y llamaba a continuar lo que denominaba la “guerra revolucionaria.”

Las realidades militares zanjaron el debate con rapidez. El ejército alemán reanudó su ofensiva y avanzó en territorio ruso sin encontrar resistencia digna de mención, obligando a la dirección bolchevique a aceptar la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 1918.

El tratado fue severo: obligó a Rusia a ceder vastas extensiones territoriales y a sufrir importantes pérdidas económicas, hasta el punto de que fue calificado en su momento como una paz infamante. Sin embargo, Lenin consideró que esta etapa, forzada y provisional, estaba destinada a proteger la empresa política de mayor envergadura: la supervivencia de la propia revolución.

Y en efecto, menos de un año después, Alemania fue derrotada y el tratado cayó por sí solo, mientras que el poder bolchevique lograba consolidarse, librar la guerra civil y salir victorioso de ella. Desde entonces, este episodio se ha convertido en un ejemplo clásico en la historia política: el de la aceptación de un acuerdo duro para salvar un proyecto o un Estado amenazado de colapso.

Este ejemplo se invoca hoy con frecuencia en los debates políticos libaneses, especialmente en el contexto de la guerra abierta con Israel y de las catastróficas repercusiones que golpean al país. El Líbano atraviesa una situación de extrema fragilidad: una economía en ruinas, un tejido social resquebrajado, millones de ciudadanos amenazados por el desplazamiento o la pobreza desde que sus ciudades, sus pueblos y sus hogares fueron destruidos — presiones de un peso inmenso que gravitan sobre el tejido social y amenazan la unidad y la cohesión del país.

En este contexto, algunos sostienen que el realismo político puede imponer a veces la aceptación de arreglos difíciles o desiguales para poner fin a la guerra y prevenir el colapso del Estado y la sociedad. Otros, en cambio, rechazan esta perspectiva y consideran que cualquier acuerdo desequilibrado corre el riesgo de convertirse en un diktat permanente, consolidando el desequilibrio de fuerzas y debilitando duraderamente la soberanía del Estado.

Este debate se nutre también de una lectura de las experiencias libanesas previas con Israel, donde las sucesivas etapas de negociación y entendimiento muestran que el margen de maniobra libanés se fue reduciendo progresivamente a medida que el desequilibrio de fuerzas se acentuaba y la capacidad del Estado para controlar plenamente los componentes de su poder se deterioraba. Desde el Acuerdo del 17 de mayo, que contenía amplias dimensiones políticas y de seguridad pero se desmoronó antes de ser aplicado, hasta el Acuerdo de Abril, que organizó las reglas de enfrentamiento sin abordar el fondo del conflicto, pasando por la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y el conjunto de entendimientos y arreglos de seguridad que la siguieron con el objetivo de contener las hostilidades, las realidades del terreno y del campo político empujaban gradualmente hacia condiciones cada vez más restrictivas de la capacidad de acción libanesa.

Desde esta perspectiva, algunos observadores consideran que la pregunta no concierne únicamente a la naturaleza de un eventual acuerdo hoy, sino también a si las condiciones actuales — por duras que sean — podrían resultar menos costosas que las que se impondrían mañana si la degradación militar y política continuara y el desequilibrio de fuerzas se profundizara aún más.

El dilema libanés no está ligado únicamente a las condiciones de un posible acuerdo, sino también a la persistencia de un discurso político que sigue negándose a reconocer los límites del poder y a distinguir entre realismo y capitulación — cuando la perpetuación de esta lógica corre el riesgo de arrastrar conjuntamente a la sociedad y al Estado hacia una profundización del colapso, y de hacer más severo el costo de cualquier arreglo ulterior para el Líbano, en los planos político, económico y de soberanía.

La diferencia entre la época de Brest-Litovsk y la nuestra reside, sin embargo, también en la naturaleza del sistema internacional. En 1918 no existía ningún marco institucional mundial capaz de auspiciar los acuerdos o garantizar su cumplimiento. Hoy, a pesar de todas las carencias y disfunciones que afectan al orden internacional, la existencia de las Naciones Unidas y de una red de mecanismos diplomáticos y jurídicos puede ofrecer un mínimo de garantías. En el caso del Líbano, el patrocinio internacional, combinado con la tutela árabe, podría constituir una red de seguridad para cualquier acuerdo eventual, contribuyendo a garantizar el compromiso de las partes y a reducir el riesgo de que dicho acuerdo se derrumbe o se reduzca a una mera tregua provisional.

Pero cualquier discusión seria sobre un posible acuerdo en el Líbano choca directamente con la cuestión de las armas fuera del marco del Estado, que constituye el nudo más cargado de consecuencias en la definición de la posición negociadora del Líbano y de los límites de su capacidad para honrar cualquier acuerdo futuro. La presencia de Hezbolá como fuerza militar que detenta un poder de decisión operativa que desborda el marco institucional del Estado confiere a cualquier negociación un carácter intrínsecamente doble: una negociación entre el Estado libanés e Israel por un lado, y un debate interno no resuelto sobre quién tiene la última palabra en materia de guerra y paz por el otro. Sin que esta contradicción sea resuelta, cualquier arreglo corre el riesgo de permanecer precario, pues el éxito de un acuerdo no depende solo de los textos, sino de la existencia de una autoridad única capaz de monopolizar la decisión soberana y de asumir los compromisos que de ella se derivan.

Por ello, la pregunta que se plantea hoy ante los libaneses no es únicamente si un acuerdo es necesario o posible, sino cómo formularlo en el seno de un marco internacional que garantice su perdurabilidad y preserve al Líbano de convertirse una vez más en escenario de un conflicto abierto.

Porque en definitiva, el problema no es que un acuerdo sea duro, sino que su rechazo hoy abra el camino a condiciones más duras aún mañana. Los Estados no se miden únicamente por su capacidad de resistencia, sino también por su aptitud para reconocer el momento en que salvar lo que aún puede salvarse se convierte en la condición misma de su supervivencia.