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Mirada posada

Entre la desaparición del derecho y la consagración de la ocupación: la causa palestina en peligro

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En Gaza, una escena surrealista: Ramadán en un entorno postapocalíptico (Foto MAJDI FATHI / NurPhoto / NurPhoto vía AFP)
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Por Rami Rayess
Publicado mar 1, 2026 - 23:25

El giro peligroso que atraviesa la causa palestina es quizá el más crítico desde la Nakba de 1948, no solo por la abolición al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, la confiscación de sus tierras y el establecimiento de otro Estado sobre ellas, sino también por la naturaleza del proyecto israelí, que adopta un carácter colonial y expansionista y busca engullir cada vez más territorios. Con ello, borra de facto la solución de dos Estados e impide la emergencia de un Estado palestino dentro de sus fronteras mínimas, es decir, las de 1967.

Los proyectos de colonización que el gobierno israelí aprueba en cascada no son más que la punta del iceberg de lo que está planificado. Estos planes buscan transformar el rostro de Cisjordania, donde ya se han asentado más de 800.000 colonos, con el objetivo de consumar la expansión territorial y, al mismo tiempo, aniquilar cualquier perspectiva seria de la creación de un Estado palestino. A medida que el rechazo internacional a la expansión de los asentamientos se diluye hasta quedar reducido a condenas verbales, la situación en Cisjordania se vuelve cada vez más oscura: los colonos, bajo la protección del ejército israelí, irrumpen en pueblos y ciudades, sembrando destrucción en viviendas, bienes y cultivos.

Es cierto que las posiciones árabes e islámicas que condenan estas medidas no han disminuido, pero siguen siendo incapaces de modificar la realidad existente, o al menos de congelarla, más aún cuando reiteran su adhesión a la Iniciativa Árabe de Paz adoptada en la cumbre de Beirut de 2002, a la que Israel no ha prestado atención significativa desde entonces. Por el contrario, ha buscado debilitar a su supuesto “socio” palestino, la Autoridad Nacional Palestina surgida de los Acuerdos de Oslo (1993), y ha desviado deliberadamente la mirada ante el fortalecimiento de su adversario histórico, el movimiento Hamás.

Mientras las sucesivas administraciones estadounidenses presumen de su alineación con Israel y compiten por haberle brindado el mayor respaldo político, militar y material, el actual presidente, Donald Trump, considera haber dado pasos decisivos en esa dirección. Fue él quien, en su primer mandato, decidió reconocer a Jerusalén como capital de Israel, ignorando el carácter plural de la ciudad y su simbolismo religioso e histórico, y trasladó la embajada de su país a la ciudad tres veces santa. También reconoció la soberanía israelí sobre el Golán, territorio sirio ocupado desde 1967.

Si la causa palestina ha generado una amplia simpatía popular, expresada en manifestaciones de protesta en numerosas capitales europeas durante meses consecutivos, ese descontento no se ha reflejado plenamente en las políticas de los gobiernos occidentales, que han cerrado los ojos ante las masacres perpetradas en la Franja de Gaza. Así han expuesto abiertamente una política de doble rasero frente a las situaciones de Ucrania y Palestina, sugiriendo que la sangre palestina es una sangre barata, mientras que la sangre ucraniana merece todo el apoyo del mundo. Es evidente que toda vida humana es valiosa y que nunca puede considerarse trivial su derramamiento.

Estas políticas han conducido en la práctica a la “demonización” del palestino, a quien se le impone la etiqueta de terrorismo incluso cuando aspira a liberar su tierra, mientras que han “humanizado” al israelí, encuadrando sistemáticamente su conducta dentro de la “legítima defensa”, pese a que es él quien ocupa el territorio. Si el ataque contra civiles es un acto atroz, condenable en todo tiempo y lugar, lo que ocurre en Palestina no comenzó el 7 de octubre de 2023, como lo señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, al afirmar que estos hechos “no surgieron de la nada”, declaración que le valió desde entonces fuertes presiones políticas y mediáticas por parte de Israel y de sus aliados dentro y fuera de Naciones Unidas.

La propaganda israelí, apoyada en enormes capacidades a escala global, ha logrado invertir numerosas verdades e incluso fabricar relatos al servicio de sus intereses y del discurso que ha construido de forma constante: que no hace más que defenderse en todo lo que emprende, incluso al precio de la muerte de más de 70.000 civiles en Gaza, algunos de ellos fallecidos deliberadamente por hambre y sed, y aun cuando se bombardean hospitales, centros médicos y de atención, escuelas, universidades, clubes culturales e instalaciones deportivas.

Las redes sociales, principal espacio de socialización para jóvenes y adolescentes, tampoco han contribuido a corregir el relato, en gran parte por la censura severa ejercida por las empresas propietarias y gestoras de estas plataformas, que han bloqueado cientos de cuentas y sitios que reflejaban posiciones favorables a Palestina y contrarias a la corriente dominante que respalda a Israel y su guerra implacable contra el pueblo palestino.

Aquí vuelve a plantearse el problema de la narrativa: Israel ha afirmado siempre que combate al movimiento Hamás, cuando en realidad ha atacado al conjunto del pueblo palestino, como lo demuestra el nivel de destrucción en la Franja de Gaza, que supera el 80 %. De igual forma, los eslóganes sobre la liberación de los rehenes por la fuerza resultaron vacíos: pese a la devastación total, Israel no logró ese objetivo y tuvo que recurrir a mediaciones políticas para liberar a sus cautivos, vivos o muertos, mediante acuerdos de intercambio.

Las cifras publicadas por el Instituto de Estudios Palestinos indican que el número de hospitales destruidos o fuera de servicio en la Franja de Gaza asciende a 38; las universidades y centros de educación destruidos, a 165; las escuelas, a 670; y las mezquitas, a 835. Las estadísticas alarmantes continúan: 1.670 trabajadores de la salud asesinados, 140 miembros de la defensa civil, 787 policías y agentes encargados de la seguridad de la ayuda humanitaria, 203 empleados de UNRWA, 254 periodistas y 1.023 científicos, académicos y docentes.

Es evidente que el conflicto ha adquirido dimensiones inéditas, favorecido por una impunidad total y por una violación sin precedentes de las leyes y normas internacionales, lo que pone al mundo entero a prueba y plantea preguntas fundamentales sobre los valores que algunos Estados han proclamado y celebrado durante décadas: derechos humanos, democracia, igualdad y justicia. Al mismo tiempo, abre interrogantes profundos sobre la naturaleza del nuevo orden internacional, dominado por la ley del más fuerte y la indiferencia frente a los derechos fundamentales de los pueblos oprimidos.

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