


La reunión celebrada recientemente en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, centrada en la aplicación de la Resolución 2797 adoptada el pasado 31 de octubre en relación con el Sáhara marroquí, no constituye en modo alguno un acontecimiento ordinario. La presencia de Argelia, representada por su ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, reviste especial importancia por cuanto sitúa el debate en su verdadera dimensión: el conflicto en torno al Sáhara es, en su esencia, un diferendo marroquí-argelino, mientras que el Frente Polisario no es sino un instrumento utilizado por el régimen argelino para justificar una guerra de desgaste emprendida contra Marruecos desde hace casi medio siglo, es decir, desde que el Reino recuperó sus provincias saharianas tras la retirada del colonizador español en noviembre de 1975.
Marruecos estuvo representado en la reunión por su ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, en un encuentro celebrado bajo los auspicios de Massad Boulos, enviado especial estadounidense para África. Asistieron asimismo el ministro mauritano de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Ould Merzoug, un representante del Polisario y el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura.
No es la primera vez que Argelia participa en una reunión vinculada al futuro del Sáhara. Sin embargo, es la primera ocasión en que interviene en un debate cuyo fundamento explícito es la Resolución 2797, que consagra la iniciativa marroquí de autonomía como el único documento actualmente sobre la mesa de negociaciones.
Según fuentes conocedoras de los trabajos, Argelia intentó reintroducir la cuestión del “derecho de autodeterminación”, pasando por alto que la resolución del Consejo de Seguridad subraya con claridad la autonomía “en el marco de la soberanía marroquí”. Más aún, el régimen argelino no habría estado dispuesto a participar en negociaciones relativas a la autonomía de no ser por las presiones estadounidenses. Esas mismas presiones llevaron a Marruecos a presentar un documento detallado de cuarenta páginas que desarrolla su visión de la autonomía. Conviene recordar que la iniciativa original, presentada por el rey Mohamed VI en 2007 desde El Aaiún, capital del Sáhara, constaba apenas de tres páginas y se articulaba en torno a dos principios: la afirmación de la soberanía marroquí y la instauración de una amplia descentralización.
Lo esencial hoy radica en la dimensión política de la participación argelina en la reunión de Madrid. Argel no habría acudido al encuentro sin la convicción de que no existe margen para mejorar sus relaciones con Washington sin entablar negociaciones sobre el futuro del Sáhara basadas en la propuesta marroquí. Habría preferido mantener sus reservas respecto a la Resolución 2797 y seguir escudándose en el Polisario para sostener su posición. Sin embargo, la constatación de que tal estrategia comprometería cualquier intento de fortalecer sus vínculos con Estados Unidos — en un contexto de deterioro de las relaciones con Francia y de divergencias estratégicas con Rusia en torno a Malí — ha conducido a este giro.
A ello se suma el reconocimiento estadounidense, en 2020, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, reconocimiento al que se sumaron posteriormente varios países europeos. Tal hecho pone de relieve la inexistencia de perspectivas para el proyecto destinado a convertir el territorio en un satélite dentro de la órbita argelina. La estabilidad del Sahel aparece cada vez más vinculada al control de Marruecos sobre sus provincias saharianas, antes que a la libertad de acción del Polisario en una región marcada por redes extremistas y circuitos de contrabando de toda índole.
La adhesión de Argelia a la reunión de Madrid constituye, por tanto, un paso hacia la lógica y el realismo político — y quizá también hacia la superación de un complejo histórico respecto de Marruecos y de su condición de potencia predominante en el norte de África. No se trata en absoluto de un gesto menor. Se trata de determinar si Argelia desea finalmente liberarse del peso del pasado y del sueño de acceder al océano Atlántico sin el consentimiento explícito de Marruecos.
El Sáhara marroquí dispone de una extensa fachada atlántica, y el puerto de aguas profundas de Dajla se ha convertido en pieza clave de las aspiraciones africanas de apertura marítima. Argelia cuenta con una oportunidad real de establecer un corredor terrestre hacia el océano a través del territorio marroquí. Ello exige cooperación con Rabat, en lugar de mantener la ruptura diplomática, el cierre de fronteras desde 1994 y la prohibición de sobrevuelo del espacio aéreo argelino por aeronaves con destino a Marruecos.
En última instancia, el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara podría abrir la puerta a una reorientación estratégica en Argel, lejos de apuestas estériles y de escaladas retóricas que incluso la condujeron a respaldar al régimen sirio encabezado por Bashar Asad.
En términos más claros, nada impediría permitir a los ciudadanos argelinos visitar Marruecos y observar los avances en materia de desarrollo e infraestructuras, pese a la ausencia de recursos energéticos comparables. Tal paso expresaría una voluntad de pertenecer al futuro en lugar de permanecer prisioneros de consignas revolucionarias que el tiempo ha dejado atrás.
¿Cuándo reconocerá Argelia la marroquinidad del Sáhara, en vez de ver a su ministro de Asuntos Exteriores abandonar discretamente una reunión en Madrid para evitar ser fotografiado junto a su homólogo marroquí?