Una crisis financiera con profundas raíces políticas

La crisis libanesa, que surgió oficialmente en el otoño de 2019, ha sido explicada casi exclusivamente por factores técnicos: ingeniería financiera del Banco del Líbano, beneficios bancarios, paridad libra-dólar, tasas de interés, transferencias de capital, déficit comercial y consumo. Estos factores deben analizarse, sin duda, pero no bastan por sí solos para explicar el colapso en su totalidad.

Las causas políticas, de seguridad y administrativas —saqueo del sector público, contrataciones caóticas en la administración del Estado, gastos sin presupuestos regulares, clientelismo, politización de la justicia, contrabando, economía informal e implicación en conflictos regionales— han sido ampliamente ignoradas. El gobierno de Hassane Diab no es el único responsable de una crisis que llevaba décadas gestándose. Sin embargo, ciertas decisiones tomadas o asumidas durante su mandato aceleraron la ruptura.

En primer lugar, no se adoptó de manera inmediata ninguna ley coherente de control de capitales. Este vacío permitió restricciones arbitrarias, agravó la desigualdad entre depositantes y facilitó la fuga de parte de la liquidez. Una ley de excepción, similar en su principio a las medidas aplicadas tras la guerra de 1967, la crisis del Banco Intra o la destrucción de aeronaves civiles en tierra durante el raid del 28 de diciembre de 1968, habría reducido los daños…

En segundo lugar, el gobierno Diab decidió el impago de los eurobonos en marzo de 2020, al rechazar un vencimiento de 1.200 millones de dólares. Las reservas del Banco del Líbano se estimaban entonces en cerca de 29.000 millones de dólares. El Líbano podría haber honrado los vencimientos inmediatos mientras negociaba una reestructuración ordenada con los acreedores y el FMI. El impago no preparado destruyó la credibilidad soberana, cerró el acceso a los mercados y agravó el aislamiento financiero.

En tercer lugar, el gobierno de la época subvencionó más de 300 productos en lugar de apoyar directamente a los hogares. El sistema favoreció el acaparamiento, los monopolios y, sobre todo, el contrabando hacia Siria. Su costo habría alcanzado entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. Este gasto irracional contradice el argumento de que las reservas debían preservarse rechazando el pago de 1.200 millones en marzo de 2020.

En cuarto lugar, el plan elaborado con Lazard corría el riesgo de hacer recaer la mayor parte de las pérdidas sobre los depositantes y el sector bancario existente, con el objetivo de reemplazar los bancos actuales por cinco nuevas instituciones bancarias. La promesa de devolver los depósitos carecía de una respuesta concreta sobre el financiamiento, los activos movilizados y el calendario.

Estas decisiones aceleraron la caída de las reservas, la crisis de liquidez, la economía en efectivo y la marginalización internacional del Líbano. Recordarlas no significa exonerar al Banco del Líbano, a los bancos ni a los gobiernos anteriores. Es necesario establecer todas las responsabilidades en función de los poderes reales y las obligaciones legales, sin convertir a un solo sector en chivo expiatorio.

La recuperación exige restablecer la autoridad del Estado, controlar las fronteras, combatir el contrabando, garantizar la independencia judicial, aprobar una ley justa y financiada para la restitución de depósitos, llevar a cabo una reestructuración bancaria transparente, negociar la deuda y reformar la administración pública.

La distribución de las pérdidas debe respetar la naturaleza jurídica de cada compromiso. Las deudas del Estado, las del Banco del Líbano, las obligaciones de los bancos y los derechos de los depositantes están interrelacionados, pero no son idénticos. Confundirlos permitiría trasladar automáticamente la carga hacia los ciudadanos.

Debe darse prioridad a los pequeños depositantes, con montos, plazos y fuentes de financiamiento claramente definidos. Los activos públicos pueden contribuir a la recuperación a través de sus ingresos futuros, siempre que permanezcan protegidos, inventariados y gestionados con transparencia. No deben ser malvendidos ni cedidos a estructuras que escapen al control democrático.

Del mismo modo, los accionistas deben asumir su parte de responsabilidad dentro de los límites de la ley, mientras que las transferencias ilícitas y los enriquecimientos injustificados deben ser objeto de investigaciones judiciales serias. Reestructurar antes de determinar los recursos sería poner el carro delante del caballo. La crisis es financiera en sus manifestaciones, pero política en sus raíces; ninguna solución duradera podrá ignorar esta realidad.

El restablecimiento de la confianza dependerá, en última instancia, de la restauración de las relaciones del Líbano con sus socios árabes e internacionales, del cumplimiento de las normas financieras mundiales y de una política económica orientada exclusivamente al servicio del interés nacional.